Alfredo Griz Cruz Viernes, 20 de Marzo del 2026
Morris Roy Lester acusa a su denunciante, una doctora con atención psiquiátrica y recursos económicos, capaz de utilizar influencias judiciales para impulsar un expediente en su contra con respaldo de la Fiscalía CDMX.
Despacho 14
El violento oficio de escribirPor Alfredo Griz
A Morris Roy Lester no lo detuvo primero la policía. Lo detuvo una historia. Una versión repetida, afinada, colocada en los lugares correctos hasta adquirir forma de expediente. El golpe no fue la orden de aprehensión ni la audiencia en el Reclusorio Norte; el golpe fue anterior, doméstico, casi invisible: el día en que decidió que Rachel Fiszman tenía que irse de su casa. A partir de ahí, lo que parecía una separación se convirtió en una trayectoria que desembocaría en una imputación por intento de feminicidio, una prisión prolongada sin sentencia y un conjunto de instituciones —Fiscalía, juzgados, sistema familiar— operando a velocidades en su contra. En ese trayecto, el nombre del Hospital Ángeles aparece desde lo íntimo hasta lo penal: primero como el lugar donde se congeló un proyecto de vida —un embrión, una tercera hija— y después como el escenario de la acusación más grave.
Morris Roy Lester llegó a México en 2006. Conoció a Rachel Fiszman semanas después. Se comprometieron en 2010, se casaron en 2011 y ese mismo año nació su primer hijo; en 2015 llegó el segundo. Durante años, la biografía familiar se sostuvo sin fracturas visibles. El punto de quiebre, según su relato, llega el 18 de julio de 2021, cuando decide terminar la convivencia por episodios crecientes de violencia dirigidos a los niños. La separación no abre una negociación; abre una secuencia. Rachel Fiszman denuncia. Luego vuelve a denunciar. Y vuelve otra vez. Primero por violencia doméstica, después por violencia hacia los hijos, más tarde por hechos de mayor gravedad. En los expedientes previos, el resultado no consolida las acusaciones: un proceso concluye tras una suspensión condicional que, cumplida, equivale legalmente a una absolución; otro es desechado por falta de causa probable, con apelaciones y amparos que no prosperan. La narrativa, sin embargo, no se detiene. Escala.
En paralelo, los hijos dejan de ser solo el centro afectivo y se vuelven territorio de disputa. Rachel Fiszman se los lleva a la Ciudad de México. Morris Roy Lester sostiene que fue de forma ilegal. Se activa una Alerta Amber. Intervienen autoridades federales. Los menores son localizados tras un operativo que, de acuerdo con la versión integrada en el expediente, incluyó una persecución en calles de la capital. Son retirados de su madre. La custodia pasa a Morris Roy Lester en julio de 2023. El dato ordena lo que sigue: un mes después, es detenido. Entre esos dos momentos —custodia otorgada y detención ejecutada— se instala una pregunta que recorre todo el caso: por qué el sistema actúa cuando actúa y, sobre todo, por qué no lo hizo antes.
La acusación que reconfigura el expediente se presenta el 24 de diciembre de 2022. Rachel Fiszman denuncia un intento de feminicidio. El hecho, afirma, ocurrió dos meses antes: el 24 de octubre de 2022. El lugar es preciso: Hospital Ángeles Escandón, Torre B, piso 6. La escena, en su versión, es directa: Morris Roy Lester entra, llega al consultorio de Rachel Fiszman y la estrangula durante varios minutos; no hay intervención inmediata; solo una persona cercana acude en su auxilio. El problema no es la gravedad del señalamiento —que lo es— sino el entorno en el que se ubica: uno de los hospitales privados más grandes de la Ciudad de México, con control de accesos, seguridad privada, cámaras de video vigilancia y protocolos reforzados por COVID en ese periodo. En ese entorno, la ausencia de reacción institucional y de testigos independientes introduce una tensión que no se resuelve en lo público. El Hospital Ángeles aparece como escenario crítico y, al mismo tiempo, como zona de sombra.
Cuando el caso se vuelve visible, sale a relucir que no es la primera vez que este nosocomio se ve envuelto en problemas legales, antes ya el Hospital Ángeles Puebla había emitido un comunicado. Condenando la violencia, anuncio en ese entonces la suspensión preventiva del médico involucrado y reafirma principios éticos. Principios y ética que se vuelven a poner en entredicho con este nuevo escándalo. El texto delimita: sitúa los hechos en el ámbito privado y no reconstruye lo ocurrido dentro de sus instalaciones.
En el caso de Morris Roy Lester no hay explicación técnica, no hay cronología operativa, no hay aportación probatoria. En el expediente, además, se consigna que Grupo Ángeles no dispone de los videos de seguridad del momento señalado. En una acusación que se ubica dentro de su infraestructura, la inexistencia de ese material no es un detalle accesorio; es la ausencia del elemento objetivo más directo para confirmar o desmentir la escena. El Hospital Ángeles no acusa ni defiende, pero tampoco esclarece. Y en esa neutralidad, su nombre permanece.
Frente a esa versión, Morris Roy Lester sostiene otra que no admite zonas grises: el 24 de octubre de 2022 no estuvo en el Hospital Ángeles; estuvo en su domicilio en Cuernavaca, Morelos, a más de sesenta kilómetros, enfermo, sin salir. Dos geografías incompatibles. Dos relatos que no pueden coexistir. Entre uno y otro debería mediar evidencia verificable: registros de acceso, videograbaciones, geo localización, trazas digitales, testimonios independientes. En lo público, esa confrontación no aparece resuelta. La acusación avanza; la coartada queda como afirmación de parte.
La secuencia institucional tampoco encaja con la urgencia que suele acompañar delitos de esta naturaleza. Si el hecho se ubica en octubre de 2022 y la denuncia en diciembre del mismo año, la orden de aprehensión se emite hasta el 22 de agosto de 2023 y se ejecuta el 26 de agosto. Diez meses entre el hecho y la captura. Ocho meses entre la denuncia y la detención. Durante ese lapso, Morris Roy Lester no desaparece: vive en su domicilio, acude de forma regular al juzgado familiar, intenta ver a sus hijos. Según su versión, el Ministerio Público conocía su ubicación y no lo citó a declarar en la fase inicial. No es una prueba de inocencia; es una anomalía temporal que exige explicación. La detención ocurre después de que obtiene la custodia. El orden de los hechos no prueba una tesis por sí mismo, pero introduce una fricción que atraviesa todo el expediente.
El día de la detención cierra la primera etapa. 26 de agosto de 2023. Morris Roy Lester es arrestado frente a sus hijos y trasladado a prisión preventiva. No hay sentencia. Hay imputación por intento de feminicidio. A partir de ahí, el tiempo se mide en meses de reclusión: más de treinta, es decir más de dos años, hasta este punto. Mientras tanto, la historia familiar no se detiene. Tras la detención, Rachel Fiszman vuelve a llevarse a los menores, en lo que la versión de Morris Roy Lester describe como una violación de órdenes judiciales y restricciones vigentes.
Se activa una segunda Alerta Amber. Los niños son localizados y terminan bajo resguardo institucional para después ser entregados a un familiar materno. El expediente señala que no hubo verificación de antecedentes, evaluación psicológica ni acreditación de condiciones materiales, y que las autoridades no han transparentado el documento legal que respalda esa entrega pese a requerimientos judiciales. Morris Roy Lester, quien tenía custodia legal, queda fuera: sin contacto, sin información, sin acceso.
En ese punto, el caso deja de ser únicamente penal y se convierte en una superposición de frentes: familiar, ministerial, judicial y mediático. La Fiscalía de la Ciudad de México conduce la investigación; la causa penal queda radicada en el Noveno Tribunal del sistema acusatorio; el expediente se integra bajo la carpeta CI-FIAR/C/UI-1 C/D/00104/12-2022. La imputación se sostiene.
La denunciante, Rachel Fiszman, reclama una pena de 46 años y 8 meses y una reparación cercana a tres millones de pesos. El proceso avanza hacia etapas donde se definirá qué pruebas entran a juicio y qué narrativa sobrevive al filtro judicial. En la trastienda, aparecen los mismos nombres con insistencia: Rachel Fiszman, el Hospital Ángeles como escenario no esclarecido, y el despacho González Casanova y Asociados vinculado a varias de las acciones legales impulsadas. Morris Roy Lester habla de influencia, de presión, de dinero a autoridades. No lo acredita aquí; lo coloca como línea de investigación.
Las irregularidades del caso Morris
El expediente también deja ver otra capa: decisiones administrativas y de asignación irregulares que abren preguntas. La investigación fue conducida por una unidad de alto impacto y no por la especializada en feminicidio; la denuncia se presentó dos meses después de los hechos; la orden de aprehensión se ejecutó casi un año después del supuesto ataque; el acusado no fue citado en la fase inicial para rendir declaración. Cada elemento, por separado, puede encontrar explicación técnica.
En conjunto, configuran un patrón que exige escrutinio. En el centro de ese patrón vuelve a aparecer el mismo punto ciego: el Hospital Ángeles. Un lugar con infraestructura suficiente para documentar lo ocurrido y, sin embargo, sin el registro disponible que permitiría reconstruirlo con precisión. La institución emite un posicionamiento general, pero no aporta la pieza que convertiría una versión en evidencia o la desmentiría de forma concluyente.
En la práctica, el caso se sostiene sobre capas que no terminan de cerrarse: testimonios vinculados, tiempos extendidos, ausencia de material clave, decisiones que no se explican públicamente. En ese terreno, la presunción de inocencia y la protección a víctimas dejan de ser principios abstractos y se convierten en una tensión operativa. El sistema debe resolverla en juicio. Mientras tanto, Morris Roy Lester permanece en prisión preventiva, sin sentencia, con un expediente que avanza y una vida detenida.
El nombre completo —Morris Roy Lester— queda fijado en la causa penal, en los oficios, en los listados de audiencia. Pero también queda fijado en una narrativa que se ha ido construyendo por acumulación. No por una sola prueba concluyente, sino por la reiteración de una versión que encontró cauce institucional. Desmontar o confirmar esa narrativa exige lo que hasta ahora no aparece de forma pública: evidencia dura, verificable, contradictoria. Y el Hospital Ángeles es clave. No como actor que determine culpabilidades, sino como espacio donde, según la acusación de Rachel Fiszman, ocurrió el hecho que sostiene todo el caso y donde debería existir —o explicarse por qué no existe— el rastro objetivo de lo ocurrido.
La historia no se resuelve en este tramo. Se concentra. Se tensa. Se prepara para una etapa donde cada omisión pesa más que cada declaración y donde la arquitectura del proceso se pone a prueba. Porque si hasta aquí se observa cómo se arma la acusación alrededor de Morris Roy Lester —con Rachel Fiszman como eje denunciante y el Hospital Ángeles como escenario de lo no esclarecido—, lo que sigue es otra cosa: cómo se mantiene en pie cuando se le exige demostrar lo que afirma y explicar lo que falta. Y en ese punto, la pregunta deja de ser qué se dijo que ocurrió y pasa a ser cuál de todas las versiones va a sobrevivir cuando el expediente tenga que sostenerse solo. (Continuará…)