Guadalupe Lizárraga Martes, 05 de Mayo del 2026
Análisis documental revela contradicciones judiciales y una selección de pruebas que mantiene proceso contra Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe, mientras mandos policiales quedaron fuera de la investigación de Ayotzinapa.
Por Guadalupe Lizárraga
Serie especial | Segunda entrega (de tres)
El 4 de noviembre de 2021, Emmanuel de la Cruz Pérez Arizpe fue detenido y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Seis días después se le dictó la prisión preventiva oficiosa. Allí permaneció más de tres años sin sentencia.
En diciembre de 2024, su defensor obtuvo un amparo para modificar la medida cautelar tras una primera negación. El encierro dejó de tener muros federales, torres de vigilancia y custodios con armas intimidantes, pero no desapareció. Se trasladó a su casa. Desde entonces, su domicilio se convirtió en la extensión doméstica del castigo penal sin sentencia por un delito que no cometió: la desaparición forzada de los 42 estudiantes y un soldado encubierto como alumno de la Normal de Ayotzinapa.
La primera parte de esta investigación mostró parte de las evidencias que sustentan la inocencia de Emmanuel: el registro de la bitácora de su patrulla y la reconstrucción operativa que demuestran que no estuvo en el lugar de los hechos; que no tenía además mando ni capacidad de decisión en la cadena jerárquica de la Policía Federal para ordenar una emboscada contra los estudiantes; que los peritajes balísticos no vincularon sus armas con disparos esa noche ni tampoco realizó alguna detención. Aun así, fue presentado en los medios como uno de los responsables directos de la desaparición de los estudiantes. La fabricación mediática con la voz de Anabel Hernández no dejó duda en el espectador, y la acusación penal sin pruebas terminó de hacer el resto.
El suboficial de la Policía Federal en Guerrero desde 2014 quedó atrapado entre una acusación construida sobre dos datos mínimos —pertenecer a la corporación y estar de servicio esa noche— y una narrativa pública que necesitaba culpables para proteger a los mandos responsables. La declaración del narcotraficante Gildardo López Astudillo, convertido en testigo protegido bajo la clave “Juan”, dejó abierta una pregunta que atraviesa el expediente: por qué la hipótesis de infiltración, cooptación y pagos de Guerreros Unidos dentro de la Policía Federal se cargó con tanta fuerza contra un suboficial que no fue señalado directamente, mientras los mandos mencionados con nombres y apellidos quedaron fuera de una investigación equivalente.
El amparo en revisión 30/2025 confirma una fractura clave en el expediente. Emmanuel de la Cruz fue liberado por falta de elementos para procesarlo por delincuencia organizada, pero siguió sujeto a proceso por desaparición forzada.
De acuerdo con su defensor, esa diferencia jurídica expone una contradicción de fondo: los señalamientos sin pruebas no alcanzaron para sostener que Emmanuel formaba parte de la estructura criminal de Guerreros Unidos, pero sí fueron usados para mantener viva la imputación por desaparición forzada contra los estudiantes, apoyada en el mismo contexto acusatorio. El expediente no lo vincula a Guerreros Unidos, pero lo conserva como responsable de una desaparición atribuida a la actuación coordinada de policías y el grupo delictivo.
“Se contradicen. Me quitaron delincuencia organizada porque no encontraron pruebas, pero para la desaparición forzada dicen que recibía dinero de la delincuencia organizada. Entonces, ¿era parte de la delincuencia o no?”, cuestiona Emmanuel de la Cruz en entrevista con Los Ángeles Press.
También señala que la resolución retomó diligencias relacionadas con lugares a los que la fiscalía fue conducida por “Juan, su testigo estrella", aunque esas actuaciones no tienen relación directa con él. Según Emmanuel, el tribunal justificó las contradicciones entre testigos bajo el argumento de que cada uno observó los hechos desde una perspectiva distinta.
“Dicen que los estudiantes que estuvieron presentes y no vieron lo que declara el chofer Gregorio Jaimes Reyna, ahora 1.2.A, tenían otra perspectiva; que no me hayan visto no quiere decir que no estuve en el lugar. Resolvieron como les pidió la FGR”, acusa.
La advertencia
Un documento administrativo fechado en 2018 permite ubicar otro antecedente de la forma en que Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe comenzó a ser tratado dentro de la propia Policía Federal. Todavía no había sido formalmente incorporado al proceso penal por el caso Iguala, pero ya era llamado de manera constante a comparecencias, interrogatorios y procedimientos internos.
“De hecho, a mí, durante el sexenio de Peña Nieto, me investigaron. Me la pasaba en PGR, me la pasaba en SEIDO, en Asuntos Internos, y nunca me encontraron nada”, reitera a Los Ángeles Press. “La orden de aprehensión fue sin sustento, y así pasé tres años en El Altiplano. Ahorita llevo casi dos años en arraigo domiciliario, vigilado por la Guardia Nacional aquí afuera y la Policía Estatal. Exhibido como delincuente”.
En el oficio PF/DSR/CEDF/UOSPEE/131/2018, fechado el 19 de enero de 2018, Emmanuel fue citado a comparecer ante el Comité Técnico de Substanciación “A” del Consejo Federal de Desarrollo Policial. La instrucción se relacionaba con los oficios PF/DSR/DGAEJ/00131/2018 y PF/CEDP/CTS”A”/0005/2018, este último firmado por el inspector José Emmanuel Altamirano Aguilar, presidente de ese comité.
Para Emmanuel, ese documento se convirtió en la huella escrita de una advertencia recibida durante aquella audiencia interna.
“Ahí mismo me dijeron: mira, el hilo se corta por lo más delgado y la orden viene de arriba. Sabemos que no hiciste nada, pero alguien tenía que pagar”, relata a Los Ángeles Press.
Según su testimonio, quien pronunció esa frase fue el propio inspector José Emmanuel Altamirano Aguilar, cuyo nombre aparece vinculado al procedimiento administrativo en el oficio referido.
“La policía me abrió un proceso administrativo con compañeros que estuvieron ese día y declararon en mi contra, diciendo que yo era parte de Guerreros Unidos, para ellos deslindarse del caso”, afirma Emmanuel. “Entonces pactaron con Asuntos Internos para no tener problemas y culparnos a otros. Pero sólo lo hicieron para el proceso administrativo. Me corrieron. La misma policía fue juez y parte. Ellos me juzgaron, ellos todo, y me corrieron en 2019”.
La advertencia cobró fuerza años después: una cadena de decisiones donde la responsabilidad se desplazó hacia el suboficial con menor margen de defensa dentro de la estructura policial.
La asimetría
Mientras Emmanuel de la Cruz Pérez Arispe era sometido al encierro siete años después de los hechos de Iguala, otros dos policías federales procesados dentro del mismo caso Ayotzinapa conservaron una relación mucho menos estricta con el Estado. No sólo no quedaron colocados bajo el mismo nivel de control físico y exclusión institucional; también aparecen favorecidos con ingresos públicos, contratos o prestaciones durante el mismo periodo en que Emmanuel enfrentaba prisión preventiva, arraigo domiciliario y vigilancia militar.
El entonces inspector Luis Antonio Dorantes Macías, jefe de la Policía Federal en Iguala, y su subalterno, el oficial Víctor Manuel Colmenares Campos, quedaron en una zona de protección institucional que contrasta con el trato reservado al suboficial. De acuerdo con documentos de Transparencia, sus nombres aparecen vinculados a ingresos públicos durante su proceso y después de su detención o encarcelamiento, mientras Emmanuel quedó bajo una medida restrictiva, sin sentencia, sin libertad plena y sin una continuidad económica estatal documentada.
Dorantes, actualmente preso en el Cefereso No. 1, El Altiplano, aparece con ingresos del erario desde 2021 a través del Instituto Nacional Electoral (INE), con montos mensuales aproximados de entre 5 mil 880 y 14 mil 501 pesos netos por actividades o contratos de honorarios. A partir de 2022 también se le ubica con pagos asociados al Poder Judicial, por alrededor de 22 mil 023 pesos netos mensuales, en el periodo 2021-2022, cuando ya estaba procesado.
En el caso de Dorantes, la diferencia de trato tampoco significa ausencia de control penal, sino una administración distinta de la medida cautelar. Según su abogado, quien además es su padre, Dorantes fue trasladado al Cefereso No.1, porque incumplió el arraigo domiciliario que se le había concedido. El dato no borra la asimetría con Emmanuel; la confirma por otra vía. Antes de regresar al penal, el mando de la Policía Federal en Iguala había obtenido una medida menos gravosa que la prisión, mientras Emmanuel permaneció durante años bajo el régimen más restrictivo y, cuando salió del Altiplano, tras el amparo obtenido por su defensa, fue trasladado a un encierro domiciliario con vigilancia permanente.
A Dorantes se le concedió una salida que después perdió; a Emmanuel se le mantuvo como el eslabón sobre el que recayó la responsabilidad de la Policía Federal la noche de Iguala.
El oficial Víctor Manuel Colmenares también obtuvo una revisión de medida cautelar. En el acta mínima del 25 de julio de 2024, derivada de la causa penal 5/2020, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo revocó la prisión preventiva justificada al considerar que habían variado objetivamente las condiciones que la sustentaron. A cambio, le impuso una garantía económica de 50 mil pesos, prohibición de salir del país, prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas, ofendidos, testigos, coimputados o personas de la corporación policial a la que pertenecía. Se le impuso resguardo domiciliario y, aunque el acta especifica “vigilancia permanente”, información recabada por Los Ángeles Press señala que sólo le piden la firma, pero no tiene la vigilancia de la Guardia Nacional.
Colmenares no quedó absuelto ni fuera del proceso, pero sí accedió a una medida cautelar distinta al encierro penitenciario, mientras su vínculo económico con el Estado se reconfiguró en una pensión de jubilado.
En 2020 aparece con un sueldo previo de 16 mil 462 pesos mensuales en seguridad pública. Para 2025, los documentos lo ubican ya como jubilado o pensionado del ISSSTE, con una pensión mensual de 30 mil 787 pesos. Su nombre sigue dentro del proceso penal que continúa contra Dorantes, Colmenares y Emmanuel, pero su relación con el Estado no se suspende. Por el contrario, se transforma en una prestación de mayor beneficio económico.
A Emmanuel, en cambio, el Estado le reservó otro trato. Auto de formal prisión por desaparición forzada, en arraigo militar y sin ingresos públicos. Es la misma causa penal, el mismo testigo protegido usado por la FGR con actores ubicados en distintos niveles de la cadena de mando, y la consecuencia no fue la misma para quien no estuvo en el lugar de la agresión.
Dorantes era mando. Colmenares estaba por encima de Emmanuel dentro de la estructura operativa. Emmanuel era el suboficial subordinado. Sin embargo, sobre él recayó el castigo más visible, más físico y más severo. Emmanuel mismo se pregunta: “¿Por qué se ensañaron conmigo?”.
El caso de Cabrera, el coordinador interino
En el caso del supervisor operativo José Antonio Cabrera Méndez, la asimetría sube un nivel más. Se trata de quien fungió como segundo coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero, interino de Omar García Harfuch.
Cabrera aparece en el expediente citado por Leonardo Octavio Vázquez, entonces secretario de Seguridad Pública, quien se refiere a él como “un coordinador estatal identificado como Cabrera”, cuando la cronología y documentos oficiales reconstruidos en el Informe Pascal todavía ubicaban a García Harfuch en la coordinación estatal.
Pese a haber estado la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en las oficinas de Iguala, apenas unas horas después de los hechos, Cabrera no fue llamado a declarar ni procesado por el caso Ayotzinapa. Su trayectoria policial no se interrumpió. Al contrario: los registros patrimoniales y de ingresos públicos lo colocan años después dentro del aparato de seguridad, con un cargo superior y con salarios altos.
De acuerdo con los datos de Transparencia, Cabrera recibió ingresos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México por 86 mil 831 pesos brutos y 65 mil 232 pesos netos en 2023, y por 81 mil 285 pesos brutos y 61 mil 204 pesos netos en 2024. Para 2025, su declaración patrimonial lo ubica como coordinador en el área de despliegue operativo. Cabrera no sólo quedó fuera del proceso penal, sino que se consolidó en el aparato institucional de seguridad de la Ciudad de México con ingresos superiores a 80 mil pesos mensuales. Se movió en la zona de mando y reforzó su lugar dentro del Estado.
El caso de García Harfuch
En la línea superior de mando se encontraba Omar García Harfuch. El seguimiento documental realizado por el analista del Grupo Pascal a los oficios de la Policía Federal permite ubicarlo como titular de la Coordinación Estatal en Guerrero el 27 de septiembre de 2014, unas horas después de la desaparición forzada de los estudiantes. Aunque el nombre aparece parcialmente sombreado, al final del destinatario se distingue una “H”, que según el analista es del apellido Harfuch. El asunto administrativo del documento no es lo relevante. Lo relevante es la fecha, el destinatario y la posición institucional que ocupaba cuando los estudiantes acababan de ser desaparecidos.
La secuencia posterior también importa. El 14 de noviembre de 2014, otro oficio aparece dirigido a José Antonio Cabrera Méndez, señalado ya como encargado interino de la Coordinación Estatal en Guerrero. Ese documento fija el desplazamiento dentro de la estructura: Harfuch aparece como referencia de mando en los registros inmediatos al 26 y 27 de septiembre, mientras Cabrera emerge después como encargado interino. La sustitución no aparece antes de los hechos de Iguala. Aparece después. Y, de acuerdo con el análisis documental, García Harfuch habría salido de la Coordinación Estatal hasta diciembre de 2014.
El analista del Grupo Pascal lo explica en entrevista con Los Ángeles Press desde la lógica interna de la propia corporación:
“La Policía Federal era un enorme aparato burocrático y se mandaban copias a infinidad de unidades de la Policía Federal. Si Harfuch hubiese estado en Michoacán, tal como lo afirmó públicamente, habría dejado papelería de oficios en Guerrero y en Michoacán: oficio cuando se registró su llegada, el hotel a donde se le hospedó, a quién se le asignó labores de escoltas, viáticos, etcétera, etcétera. Además de las copias de la supuesta comisión en oficinas centrales de la entonces Policía Federal. Sin embargo, de lo que sí hay registro es de sus dos reuniones a las que convocó él mismo, en la Base Vértice de Acapulco, el 26 de septiembre de 2014. Pero incluso el oficio de noviembre de 2014 todavía él está a cargo de la Coordinación Estatal de Guerrero. Él salió de la Coordinación hasta diciembre de 2014”.
La importancia de esa reconstrucción no está en un trámite aislado ni en un oficio de rutina. Está en la cadena de mando. Mientras Emmanuel de la Cruz, suboficial sin capacidad de decisión, fue perseguido penalmente durante años bajo una acusación armada con indicios indirectos, la documentación revisada coloca a Harfuch en un nivel institucional superior, con mando estatal sobre la Policía Federal en Guerrero en las horas críticas del caso Ayotzinapa.
En ese mismo bloque documental aparece otro dato: el oficio de noviembre de 2014 dirigido a Cabrera menciona a Lourdes López Lucho Iturbe, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la SEIDO. Su nombre fue registrado en las investigaciones de El falso caso Wallace de Los Ángeles Press en agosto de 2014. Participó en la fabricación de pruebas, favoreciendo a Isabel Miranda Torres y hostigando a quienes investigábamos ese expediente.
La aparición de López Lucho en la ruta documental de la Policía Federal ahora vinculada al caso Ayotzinapa abre otra zona de interés para el Informe Pascal y para Los Ángeles Press. Su nombre no es una firma burocrática. Arrastra el antecedente del caso Wallace, y ahora aparece en otro expediente de alto impacto, marcado por la misma lógica: castigar hacia abajo y proteger hacia arriba; cargar el peso penal sobre los eslabones más débiles y dejar intactos los nombres que sostienen el poder institucional.
---
PRIMERA PARTE: