Abuso sexual en Brasil o cómo librarse legalmente de un delito

La fiscal Catharina Verboonen, decidió archivar una investigación de varios años sobre las prácticas sectarias y abusivas en los Arautos o Heraldos, una orden católica fundada en Brasil.

Además de poderosos aliados en Brasil, los Arautos, fundados en 1999, son la variante de catolicismo intransigente preferida del presidente colombiano Aberlardo de la Espriella.

Por Rodolfo Soriano-Núñez

Este es un relato sobre cómo las autoridades de un país de América Latina se reconocen incapaces de ofrecer justicia a sus ciudadanos y a cualquier otra víctima de un delito en su territorio. Esa no es la opinión de quien escribe estas líneas.

Esa es la resolución de una funcionaria del gobierno de São Paulo, Brasil, que no exonera los delitos perpetrados contra jóvenes aspirantes a ingresar a los Heraldos del Evangelio, o Arautos do Evangelho, una organización religiosa similar a una orden, fundada en Brasil en 1999.

La funcionaria, la fiscal de São Paulo Catharina Verboonen (contenido en portugués), explica esto a lo largo de las 17 páginas en tamaño oficio de un documento oficial. Si bien califica en repetidas ocasiones las prácticas de los Arautos como reprobables y reconoce violaciones varias a los derechos humanos, concluye que la persecución penal es imposible.

Es un relato que termina, al menos hasta ahora, en São Paulo, una de las mayores metrópolis de Brasil y América Latina, pero con raíces y ramas en otros países de América Latina, en Canadá y en todo el mundo católico, dado que los Arautos han logrado desarrollar, gracias a su estrecha relación con Tradición, Familia y Propiedad, una organización cívico-política fundada en 1960 en Brasil por Plinio Corrêa de Oliveira.

En este punto resulta imposible profundizar en los orígenes de los Arautos y en cómo coronan, en más de un sentido, el proyecto político y religioso de Corrêa de Oliveira tanto en Brasil como en América Latina en general.

Las huellas de la influencia en constante expansión de Tradición, Familia y Propiedad en distintos países son evidentes para quien quiera verlas: en Brasil, donde apoyan a la familia Bolsonaro; en el mundo angloparlante y en el germanoparlante, donde existen organizaciones hermanas que llevan alguna variante de su denominación original en portugués como Tradição, Família e Propriedade o simplemente “TFP”, como se le conoce abreviadamente en varias lenguas occidentales.

En América Latina, la expresión más reciente y masiva de la influencia de la TFP ocurrió el viernes 28 de agosto en la Plaza de Bolívar, un lugar emblemático de Bogotá, Colombia, donde Abelardo de la Espriella, el recién instalado presidente, encabezó una multitudinaria vigilia pública, llamado "velatón", organizada en el marco de la respuesta del gobierno colombiano a los terremotos del 10 de agosto.

Entre las numerosas celebridades, políticos y empresarios asistentes, fue posible ver, ataviados con sus túnicas de “estilo medieval” a la altura de la rodilla y diseñadas para exhibir botas de equitación, algo ajeno a un hábito de fraile, a al menos seis sacerdotes de los Caballeros de la Virgen, una rama de la familia de los Arautos, quienes ayudaron a De la Espriella a coronar una imagen de bulto de Nuestra Señora de Fátima.

Aun si el de hoy es un relato sobre cómo las autoridades de São Paulo, Brasil —con cerca de 45 millones de habitantes, casi los que tienen por sí solas Argentina o Canadá— reconocen prácticas reprobables y sin embargo concluyen que es imposible proceder penalmente, el asunto tiene repercusiones en todo el mundo católico.

No sólo porque São Paulo es el motor económico de Brasil y su estado más poblado, sino porque antes de su fallecimiento en abril de 2025, el papa Francisco había lanzado, a petición de prelados brasileños, una investigación, una denominada Visita Apostólica, a los Arautos.

Entregas previas de esta serie, enlazadas antes y después de este párrafo, han explicado lo que implica una Visita Apostólica como mecanismo utilizado por la Iglesia católica para intervenir en una diócesis u orden e investigar lo que allí sucede.

Basta comparar la nada que emerge de Brasil y de América Latina en general con las noticias de Francia, donde más de 200 sacerdotes y religiosos católicos, mujeres y varones de 37 diócesis u órdenes distintas, firmaron una carta abierta que pide al papa León XIV abordar verdaderamente las causas del abuso sexual en su país.

El caso de los Arautos cobra mayor relevancia ya que, a pesar de las múltiples fallas en el manejo de la crisis de abusos sexuales por parte de la Conferencia del Episcopado Brasileño, similar al resto de América Latina, al no estar dispuesta a reconocer la verdadera escala de la crisis en sus diócesis u órdenes, como ya ha ocurrido en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y España, es necesario destacar que Francisco inició la investigación en respuesta a las solicitudes de prelados brasileños.

Los propios Arautos culpan a obispos brasileños por la Visita Apostólica. Fieles a algunas de las estrategias más comunes en la Iglesia Católica para influir en la Curia Romana y, en última instancia, en el pontífice en funciones, publicaron un libro e innumerables artículos en sus revistas y sitios web, no sólo en portugués, sino en tantos idiomas occidentales como les fue posible, para retratarse como víctimas de abusivos prelados brasileños, incapaces de reconocer el valor de su trabajo.

Desde la muerte del papa Francisco, la intensísima operación en redes sociales de los Arautos ha intentado presionar a León XIV para que ponga fin a la Visita Apostólica y, en última instancia, los deje volver a sus prácticas, las cuales incluyen el reclutamiento de candidatos menores de edad a la vida religiosa en internados, donde los estudiantes están bajo el control absoluto de las órdenes religiosas que los dirigen.

En algunos casos, estos internados se presentan incluso como “seminarios menores”; pero lo cierto es que ya desde tiempos de Benedicto XVI Roma hizo todo lo posible por desalentar este tipo de “seminarios menores”, al haber sido identificados como lugares propensos a diferentes tipos de prácticas abusivas.

Ahí es donde ocurrieron muchas de las prácticas más perjudiciales reconocidas en el memorando de Verboonen, y esos “seminarios menores” son blanco frecuente de acusaciones. Son también una trinchera donde muchas de las organizaciones más sectarias deciden desafiar las resoluciones de Roma.

En la sección “Post Data” del texto enlazado después de este párrafo, hay un ejemplo de cómo Isidro Puente Ochoa, un sacerdote de la arquidiócesis de Tijuana, México, que fue autorizado por un antiguo titular de esa diócesis para dirigir un “seminario menor”, estuvo dispuesto a incurrir en un cisma con Roma —con el apoyo de organizaciones tradicionalistas de Estados Unidos— antes que aceptar las nuevas normas que prohibían la inscripción de candidatos menores de edad a la vida religiosa.

Es notable que, en su mayor parte, la reacción de los Arautos contra la Visita Apostólica y la intervención no ocurre en portugués, sino en italiano y, hasta cierto punto, en inglés.

Para ver cómo los Arautos desafían las restricciones impuestas por Roma a sus operaciones, uno debe buscar en la red con el criterio “Araldi del Vangelo” (italiano para Arautos do Evangelho) y leer lo que publican regularmente en dos plataformas principales. La primera opera desde www.araldimissioni.it como su portal oficial en italiano, además de publicar ahí una bitácora o blog.

Aunque se presenta como un sitio devocional, se usa para desafiar la intervención. En secciones como “Araldi del Vangelo Commissariati” (y comunicados de prensa relacionados con su campaña global), alojan textos que critican la Visita Apostólica de 2017 y el Commissariato Pontificio de 2019 ordenado por Francisco.

Su mensaje encuadra la intervención como una persecución de jerarcas vaticanos y brasileños abusivos, alegan faltas al debido proceso, irregularidades procesales y un ataque ideológico al tradicionalismo, una compleja subcultura del catolicismo, cercana en algunos aspectos a organizaciones cismáticas como la Sociedad Sacerdotal San Pío X, que afirman, a pesar de esas afinidades, ser “verdaderamente católicas”.

La segunda plataforma es *Rivista Araldi del Vangelo* (www.rivistacattolica.it), traducible libremente como *Revista de los Heraldos del Evangelio*. Es la edición italiana de su publicación mensual oficial en portugués (Revista Arautos do Evangelho). Junto a textos espirituales y biográficos sobre el fundador de la orden João Scognamiglio Clá Dias y Plinio Corrêa de Oliveira, la revista cuestiona, critica y ataca la intervención vaticana en curso al exaltar a Clá Dias como chivo expiatorio (vittima espiatoria) de las élites romanas.

Retrata el régimen de la orden como un baluarte de la ortodoxia asediado por fuerzas modernizadoras en Roma. Adicionalmente, entre los medios católicos conservadores italianos que amplifican la reacción contra Francisco se encuentra La Nuova Bussola Quotidiana (contenido en italiano), que publica regularmente artículos que encuadran la investigación vaticana como una ola arbitraria contra las órdenes tradicionalistas.

Uno encontrará una narrativa similar al revisar su vasta operación en redes sociales, donde el uso de sus uniformes parece proyectar el tipo de convicción de estilo militar que se esperaría de un oficial militar de alto rango con experiencia.

Difícilmente son pioneros en ello. Basta recordar la defensa que hizo la Legión de Cristo de su “carisma” y de su fundador como víctima de “los rojos” o “los comunistas” para ver un refrito, en italiano o portugués, de un viejo culebrón hecho en México.

El papel de las autoridades

Más revelador resulta, sin embargo, que la noticia sobre el archivamiento (arquivamento) de la investigación oficial a los Arautos en Brasil ofrece una oportunidad para observar qué tan relevantes son las autoridades civiles para comprender la impunidad como la norma en América Latina cuando se trata de abusos sexuales, de parte de clérigos o de otra índole.

Eso no exime a Roma de su propia responsabilidad en cuanto a aplicar una política global efectiva y con dientes para enfrentar la crisis, pero está claro que la Conferencia del Episcopado Brasileño, como uno de muchos ejemplos posibles, podría ver el escrito de archivo de la fiscal paulista Catharina Verboonen como algo similar a una exoneración, aun cuando no lo sea.

Y cuando uno observa toda América Latina, emergen señales similares. Mientras se escriben estas líneas en la Ciudad de México, noticias provenientes de Santiago de Chile dan cuenta de otro caso más en el que las víctimas de abusos sexuales ven rechazadas sus demandas por la prescripción de la acción penal, tal como lo señala este texto de la Red Chilena de Sobrevivientes de Abusos.

En ese sentido, los obispos de la región parecen estar en una posición bastante cómoda, con poca o ninguna presión para aplicar realmente sus propias normas, mientras siguen el guión de Roma sobre prevención, al organizar breves seminarios para hablar del tema, pero sin dar muestras de estar dispuestos a pasar de las palabras a los hechos. El hecho de que la actividad más reciente de Tutela Minorum en América Latina haya tenido lugar en Brasilia, capital de Brasil (véase el mensaje de Facebook tras este párrafo) —el país donde la justicia simplemente no puede ocurrir— es una raya más del tigre.

Una ironía más incisiva y evidente surge al contrastar las respuestas oficiales de los episcopados europeo y latinoamericano ante la cuestión de qué hacer con los mosaicos elaborados por Marko Rupnik —el depredador y antiguo jesuita que aún es sacerdote católico— en las basílicas de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, y Nuestra Señora de la Aparecida, en Brasil.

Cualesquiera que sean las deficiencias que puedan identificarse en la respuesta de los obispos franceses a la crisis de abusos sexuales clericales en su país —y las hay muchas—, resulta imposible soslayar el hecho de que están dispuestos a retirar de la vista pública los mosaicos de Rupnik en Lourdes. Mientras tanto, a 8 mil 640 kilómetros de distancia, los obispos brasileños están dispuestos a buscar excusas para mantener los mosaicos de Rupnik en Aparecida, mientras otras conferencias episcopales, como la de España, no muestran disposición a seguir el ejemplo de sus hermanos franceses.

Es como si ciertos sectores de la Iglesia Católica apostaran aún por la amnesia colectiva, como si, de alguna manera u otra, en el futuro se fueran a olvidar los abusos de Rupnik. Para empeorar las cosas, mientras el segundo juicio canónico del antiguo jesuita permanece en una especie de limbo, Roma parece incapaz de decidir entre el reconocimiento francés de que Rupnik cometió atrocidades o la cínica actitud brasileña desplegada en Aparecida, que opta por la disonancia cognitiva generada por este caso.

Más aún, este relato se ajusta al patrón que esta serie ha documentado en varias entregas sobre cómo en América Latina la Iglesia Católica, con el apoyo de otras élites, se allana al lema de la política en muchos países de la región: “aquí no pasa nada”.

“Aquí no pasa nada” porque, como prueba este caso, aun cuando Verboonen reconoce abusos, sexuales o de otra índole, en las instalaciones de los Arautos, también se declara incapaz de investigar y procesar las múltiples instancias de dichas prácticas.

Por si fuera poco, es un relato similar en muchos aspectos a los que emergen del Opus Dei en España, la Legión de Cristo en México, el Instituto del Encarnado Verbo en Argentina y, entre muchos otros ejemplos, el Sodalicio de Vida Cristiana en Perú.

Es un caso paradigmático que explica por qué el Vaticano creó, durante el último siglo, el tipo de condiciones de “tormenta perfecta” para la crisis de abusos sexuales clericales al legitimar e incentivar, especialmente durante el largo pontificado de Juan Pablo II, el sello de catolicismo apocalíptico y del fin de los tiempos que facilita el abuso, sexual o de otro tipo, en grupos y organizaciones de corte sectario como los Arautos y muchas otras consideradas a lo largo de varias entregas de esta serie.

Pero es también un caso paradigmático para comprender por qué las repúblicas latinoamericanas han sido el medio fértil donde el abuso tiene amplias oportunidades de ocurrir; por qué policías, fiscales y jueces pueden simplemente desechar multitud de casos y por qué, cuando les es posible, hacen todo lo posible por desalentar cualquier rendición de cuentas sobre la escala y la prevalencia del abuso sexual.

No es que el abuso sea exclusivo de grupos similares a órdenes como los Heraldos, el Sodalicio o el Camino Neocatecumenal. Se encuentran abusos a gran escala en órdenes aparentemente liberales —para los estándares católicos— como los jesuitas, tal como lo demuestra el escándalo en curso en Bolivia. Lo que ocurre es que el abuso en los Heraldos, el Opus Dei o el Sodalicio se mezcla además con una visión del mundo de tipo sectario que no sólo rechaza al “mundo” como, en teoría, todo cristiano está llamado a hacer, sino que también lleva a sus miembros a rechazar el liderazgo de sus propios jerarcas por considerarlo “contaminado” o “cercano al mundo”.

La anatomía de la impunidad

Resultaría imposible traducir el documento en el que la Fiscalía Pública de São Paulo examina el extenso cuerpo probatorio reunido durante varios años donde se documentan las prácticas abusivas y sectarias de los Arautos. La mecánica de cómo funciona esta impunidad en la práctica se expone directamente en la resolución oficial de archivo de la fiscalía paulista, disponible en su idioma original portugués tras este párrafo en formato PDF.

Documento original en portugués después de la traducción al español.

La Defensoría Pública reconoce haber entrevistado a más de cuarenta antiguos miembros o aspirantes a la organización. Al hacerlo, conforma una imagen de los Arautos que llevó a las autoridades brasileñas a calificarlos como una “institución total”.

Eso no es un elogio. En los sesenta, el sociólogo canadiense Erving Goffman desarrolló la noción de “institución total” como aquella donde la despersonalización, el aislamiento forzado y la jerarquía estricta no eran efectos secundarios accidentales, sino características principales de cómo se ejerce el control sobre grupos humanos relativamente grandes. Goffman y sus discípulos desarrollaron una serie de estudios sobre los efectos que estas “instituciones totales” tenían en las personas que participaban en ellas por su voluntad o forzadas por diversas razones.

En el caso de los Arautos, el carácter “total” de la institución es lo que facilita las recurrentes acusaciones de abuso no limitadas al ámbito sexual. Estas incluyeron la destrucción de los lazos familiares, el aislamiento de la sociedad, la despersonalización, la obediencia incondicional, la disciplina de militar, los castigos físicos, el abuso psicológico, el trabajo infantil, la discriminación racial, la discriminación contra personas LGBT, la desatención de enfermedades y acusaciones de abuso sexual. La Defensoría concluyó que estas prácticas representaban un grave patrón de violaciones de derechos que afectaba a niños y adolescentes.

Este es un patrón, dicho sea de paso, muy similar a lo que hoy se sabe sobre las prácticas de reclutamiento y formación de la Legión de Cristo en México, del Opus Dei —ya sea en España, Argentina o el Reino Unido—, del Instituto del Encarnado Verbo en Argentina y del ya mencionado Sodalicio en Perú, donde las prácticas llegaron al extremo de obligar a los aspirantes a ingerir combinaciones de alimentos que algunos considerarían repugnantes, así como a realizar públicamente actos simulados de índole sexual con sillas u otros objetos inanimados.

Verboonen acepta las denuncias y las pruebas presentadas como suficientemente graves para justificar una investigación penal. Se entrevistó a algunas víctimas y se recabaron pruebas adicionales.

Verboonen explica cómo el abogado representante de una de las presuntas víctimas intenta entonces ampliar la investigación. Las solicitudes resultan reveladoras: el abogado pide a las autoridades investigar la estructura legal de los Arautos, sus corporaciones afiliadas, escuelas, finanzas, administradores, cadenas de mando, métodos de disciplina, estructuras operativas y conexiones entre múltiples organizaciones. El argumento central es que las acusaciones de abuso no pueden comprenderse sin entender la institución que las produjo.

Lamentablemente, Verboonen rechaza las peticiones porque el derecho penal brasileño se ocupa de perpetradores identificables, no de análisis amplios de estructuras institucionales. Vuelve repetidamente a la idea de que la legislación penal en Brasil castiga a personas naturales, no a organizaciones, religiosas o de otro tipo.

Puesto que la investigación es de naturaleza penal, la fiscal ve escaso valor en explorar la arquitectura organizacional de los Arautos. La indagatoria se reduce, por tanto, de una pregunta sobre una institución a una pregunta sobre si individuos específicos cometieron delitos específicos.

Lo que sigue tiene una estructura casi repetitiva. La fiscal reconoce que las pruebas apuntan hacia irregularidades graves. Verboonen afirma explícitamente que la investigación descubrió diversas violaciones a los derechos humanos. Se refiere reiteradamente a las prácticas de los Arautos como reprobables. En ningún momento retrata a la institución como inocente. Sin embargo, cada categoría de abuso choca contra barreras que terminan por hacer imposible la persecución penal.

El sistema disciplinario descrito por antiguos miembros es un ejemplo. Los testigos describen “capítulos”, palabra que en los mundos de habla portuguesa y española evoca prácticas y culturas medievales y coloniales en las que los miembros eran sometidos a humillaciones colectivas, acusaciones y escrutinio. Una vez más, quien haya leído sobre lo que ocurría en el Sodalicio en Perú o en la Pía Unión Sacerdotal en Santiago de Chile, la organización del clero diocesano controlada por Fernando Karadima, el relato es demasiado similar para verlo como “mera coincidencia”.

Estas y otras prácticas son clave para entender cómo los mandos superiores “quebraban” a los aspirantes, para evaluar hasta dónde estaban dispuestos a obedecer. Algo similar debe decirse sobre las “peculiares” vestimentas de los Arautos.

Como lo demuestra la imagen de uno de sus actos públicos cerca de la Basílica de Nuestra Señora de la Aparecida, son el “kitsch católico” mismo: hábito marrón como el de un fraile franciscano, pero que no llega a los tobillos para presumir sus botas militares, con una gran cruz que cubre la mayor parte del cuerpo, tal como algunas ilustraciones tipo comic representan a los soldados participantes en las Cruzadas.

Al observarlos, resulta imposible no pensar en ellos como un intento de convertirse en la encarnación misma de lo que el Sodalicio peruano declaraba como la meta última para sus miembros: mitad monjes, mitad soldados.

Ese es, por cierto, el título del revelador libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz sobre el Sodalicio: Mitad monjes, mitad soldados. Buscar a tales individuos, una suerte de quimera católica, ha sido un tema recurrente en las órdenes católicas desde las llamadas órdenes militares que participaron en las Cruzadas para reclamar la Tierra Santa como territorio cristiano; pero como prueba el caso de los Caballeros Templarios, terminan por ser un problema para la iglesia que dicen proteger.

Como suele ocurrir, las organizaciones de corte militar son tan autorreferenciales que sus miembros se muestran cada vez menos dispuestos a recibir órdenes incluso del propio papa. Nuevamente, las similitudes con el Sodalicio y el modo en que, para proteger a esa organización, sus miembros estuvieron dispuestos a atacar al papa Francisco, como se puede ver en el texto enlazado después de este párrafo, no son una coincidencia. Las actitudes en el Sodalicio y en los Arautos al presentarse como víctimas de Francisco son gotas de agua extraídas del mismo pozo.

Verboonen va más allá al describir castigos que incluían privación de alimentos, marchas forzadas, traslado de cargas pesadas, malestar físico prolongado y humillaciones públicas. La fiscal no niega esas prácticas. De hecho, afirma explícitamente que los métodos disciplinarios que provocan sufrimiento físico o psicológico no están permitidos en Brasil.

Sin embargo, concluye que la acción penal no puede prosperar porque las personas responsables no pueden ser identificadas con la certeza requerida en los procesos penales. Las prácticas parecen haber sido generalizadas. Desafortunadamente, en su opinión su propia difusión hace más difícil en lugar de más sencillo procesarlas.

La misma lógica se aplica a la discriminación racial. La fiscal escribe que no cabe duda de que los miembros de piel oscura eran asignados de manera desproporcionada a labores de limpieza y cocina, e impedidos de acceder a la ordenación sacerdotal. Sin embargo, concluye que la persecución penal por racismo no puede proceder porque la responsabilidad no se puede vincular a individuos identificables. El patrón discriminatorio parece ser institucional, pero la ley exige actores identificables.

El asunto de la discriminación racial resulta aún más sensible dado que por estos días un eje de conflicto entre Argentina y Brasil, que recuerda las disputas arancelarias y retóricas entre Estados Unidos y Canadá, tiene que ver con el arresto de turistas argentinos acusados insultar a brasileños no blancos durante sus visitas a Brasil.

Un análisis similar se aplica a la discriminación contra personas LGBT. Los testigos describen entornos en los que los adolescentes percibidos como homosexuales eran confrontados colectivamente, denunciados o presionados. La fiscal caracteriza estas prácticas como muy reprobables. Sin embargo, una vez más, la conducta se describe como generalizada, colectiva y difusa en toda la institución. Dado que no se puede aislar a perpetradores específicos, el procesamiento judicial se vuelve imposible.

Las acusaciones de abuso sexual producen tal vez la sección más impactante del documento. Aquí la fiscal aborda las denuncias referidas a los llamados “ósculos” o besos que supuestamente daba João Scognamiglio Clá Dias, fundador de la organización, en la boca a jóvenes seleccionadas.

Verboonen menciona asimismo una denuncia referente a un niño en la década de 1990 y otra acusación discutida en un documental de HBO emitido recientemente en Brasil. Sin embargo, el hecho central que domina esta sección es que João Scognamiglio Clá Dias murió. Dado que la responsabilidad penal se extingue con la muerte del imputado, prácticamente todo análisis en torno a su persona concluye en ese punto. Otras acusaciones tropiezan con problemas de prescripción o resoluciones previas de archivo. De este modo, aun allí donde se pudieron haber cometido conductas delictivas, la vía procesal hacia la rendición de cuentas ya no existe.

La discusión sobre la explotación laboral sigue un patrón similar, casi indistinguible de los reportados en el Opus Dei, Regnum Christi —la rama “laica” de la Legión de Cristo— y el Sodalicio, entre muchas otras organizaciones católicas.

Otra característica clave es que los Arautos, tanto como el Opus Dei y muchas otras organizaciones católicas similares a una orden, han reclutado a candidatos menores de edad, al ser percibidos por los líderes como más maleables y más dispuestos a integrarse “voluntariamente” en lo que Goffman llama una “institución total”.

Ese es uno de los temas en los que se enfocó la Visita Apostólica iniciada por el Vaticano, y así es también como ciudadanos canadienses terminaron formando parte de la tragedia global que representan los abusos, sexuales o de otra índole, en los Arautos. Más sobre esto en una próxima entrega.

Una vez más, Verboonen revisa las denuncias sobre trabajo no remunerado, campañas de recolección de fondos, colectas humillantes y colectas internacionales de donaciones. Algunos antiguos miembros reportaron años de trabajo sin compensación alguna. Sin embargo, estas reclamaciones son remitidas a la vía laboral, bloqueadas por la prescripción o frustradas por la imposibilidad de identificar a los responsables.

A lo largo del documento oficial de Verboonen emerge una curiosa inversión: cuanto más institucional parece una práctica, más difícil resulta procesarla judicialmente. Si un testigo declara que todo el mundo incurría en una práctica, que la práctica formaba parte de la cultura, que se enseñaba como algo normal y se administraba de forma colectiva, la fiscal trata repetidamente ese hecho mismo como un obstáculo legal.

La conducta pudo haber sido omnipresente; sin embargo, debido a esa misma omnipresencia, la responsabilidad individual resulta más difícil de establecer. Lo que sociológicamente aparece como evidencia de un sistema institucional, jurídicamente se presenta como un problema probatorio.

El documento llega, por lo tanto, a una conclusión de tono extraordinario. La fiscal no dice que las acusaciones sean inventadas. No dice que las víctimas falten a la verdad. No dice que los Arautos hayan actuado adecuadamente.

Afirma explícitamente que durante la investigación se identificaron diversas violaciones a los derechos humanos. Caracteriza de forma explícita las prácticas de la institución como reprobables. Sin embargo, en las páginas finales sostiene que la acción penal es inviable, que el sustento probatorio es demasiado débil para sostener un proceso criminal y que no encuentra medidas de investigación adicionales capaces de alterar esa realidad. El caso, en consecuencia, se archiva.

Ocurrió lo suficiente como para calificar las prácticas de la institución de reprobables e identificar violaciones graves a los derechos, pero no se puede hacer lo necesario para transformar esos hallazgos en responsabilidad penal.

Una vez más, para quien haya leído sobre las denuncias de abuso, sexual o de otro tipo, en el Opus Dei, la Legión de Cristo, el Instituto del Encarnado Verbo, el Sodalicio de Vida Cristiana y muchas otras organizaciones similares a órdenes católicas de reciente creación, la canción puede cantarse en otro idioma, pero la melodía es la misma.

Eso es lo que otorga a la resolución de archivo su carácter inusual y profundamente insatisfactorio. No es una declaración de inocencia. Es una explicación detallada de por qué los abusos reconocidos no pueden convertirse en la materia prima de lo que en Canadá o Estados Unidos sería un caso emblemático que derivara en condenas y, en última instancia, en la validación de la decisión del papa Francisco de ordenar, el 23 de junio de 2017, la Visita Apostólica, reforzada por su decisión del 28 de septiembre de 2019 de nombrar al cardenal Raymundo Damasceno Assis como Comisario Pontificio.

De regreso a Bogotá

A pesar de las deficiencias del texto de Verboonen que archiva la investigación, el documento se convierte ahora en una bomba de tiempo en las manos de Roma. León XIV debe decidir si ignora los hallazgos de Verboonen o si, basándose en ellos, decide el futuro de los Arautos.

Lamentablemente, quien preste atención al futuro de la Visita Apostólica a los Arautos debe reconocer también cómo estos fueron, en más de un sentido, los personajes principales en la vigilia de la Plaza de Bolívar en Bogotá.

No es que en Bogotá se carezca de experiencia sobre cómo manejar los contactos entre religión y política. A diferencia de la separación “rígida” entre religión y política que se vive en México, en Colombia existe una tradición arraigada de sacerdotes, obispos y cardenales que comparten la tribuna con el presidente y otras autoridades.

Al examinar la ceremonia en la Plaza de Bolívar, resulta inevitable preguntarse por qué, en lugar del coro de la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de Bogotá, fue un coro de los Arautos el responsable de la parte musical de la vigilia.

Más significativo aún: ¿por qué fueron seis miembros de los Arautos —mitad monjes, mitad soldados— quienes ayudaron a De la Espriella a coronar no una escultura de la Inmaculada Concepción, ni siquiera una de Nuestra Señora de Chiquinquirá —la advocación católica oficial de María, elegida por Roma como patrona de Colombia—, sino a Nuestra Señora de Fátima?

Cualquiera que haya pasado el tiempo suficiente como católico o como observador de lo que transcurre en la cultura católica sabe que Nuestra Señora de Fátima, a diferencia de otras advocaciones de la Virgen María, es la patrona no oficial de la intransigencia religiosa, del pensamiento apocalíptico, de la práctica religiosa rígida y de las posturas conservadoras radicales. En ese sentido, resulta difícil imaginar el intento de De la Espriella de utilizar la vigilia para unir a Colombia tras los terremotos cuando optó por emplear un símbolo religioso tan polarizante como Nuestra Señora de Fátima en lugar de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El hecho de que la ceremonia de coronación de Nuestra Señora de Fátima no fuera realizada ni asistida por el decano o deán de la Catedral de Bogotá, ni por algún otro sacerdote diocesano de Colombia, o por el arzobispo de Bogotá es, en sí mismo, una muestra de los hilos que los Arautos son capaces de mover en momentos en que Roma, tarde o temprano, deberá resolver el futuro de esta organización similar a una orden.

Más aún: ¿fue la decisión de De la Espriella de exhibir la preferencia de su gobierno por los Arautos un mensaje para Roma, una forma de hacer saber a León XIV que el gobierno colombiano está dispuesto a respaldar a los Arautos si en Roma existiera la intención de proceder a su supresión?

Esto cobra mayor relevancia dado que los Arautos tienen ahora el improbable mérito de ser la única organización similar a una orden en América Latina con un registro documentado de abusos sistémicos, reconocidos como tales no por alguna red de sobrevivientes de abusos en Brasil o por medios independientes en Brasil o Colombia, sino por la fiscal del estado de São Paulo, Catharina Verboonen.

Y para ser claros: no es que Verboonen haya hecho todo lo que estaba a su alcance en este asunto. Aun si el suyo es probablemente el primer documento oficial brasileño dispuesto a reconocer la magnitud del abuso en las instalaciones y operaciones de los Arautos, su decisión de archivar la investigación de tres o cinco años —según como se mida— anula la posibilidad de hallar vías alternativas para ofrecer justicia a las 40 víctimas de abusos, sexuales o de otra índole, que estuvieron dispuestas a confiar en el proceso y presentaron su testimonio sobre lo ocurrido con ellas e, indirectamente, con sus familias y allegados.

No hay mención alguna, por citar uno entre varios ejemplos posibles, a la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha rechazado categóricamente la figura de la prescripción como argumento para impedir el acceso a la justicia.

Esta es la primera de varias entregas que examinarán los detalles de lo sucedido allí y los demás elementos que deben tenerse en cuenta sobre cómo ocurre el abuso en los contextos católicos de América Latina y por qué resulta tan difícil para las víctimas acceder a la justicia.

Lo que debe quedar claro, en todo caso, es que la resolución de Verboonen no es simplemente un expediente penal brasileño enviado al archivo muerto. Es una ventana a un ecosistema religioso y político transnacional que se extiende desde São Paulo hasta Roma, desde Canadá hasta Colombia, capaz de influir tanto en la vida religiosa como en la pública a pesar de los abusos documentados en sus propias filas.

* * *

Un resumen de este texto está disponible en audio después de este párrafo.

Nota de producción: El texto del resumen, como el principal, fueron escritos y editados sólo por el autor. La grabación de la lectura del audio se hizo con una herramienta de texto-a-habla (Microsoft Word vía Web). La IA se usó sólo para generar la voz y no para la creación del contenido.