Rodolfo Soriano-Núñez Lunes, 01 de Diciembre del 2025
“Viejos” casos de abuso persiguen a la Iglesia Católica en todo el mundo. Durante la última década, los obispos franceses buscan abordarlos.
A diferencia de Francia, en México los obispos evitan reconocer la magnitud de la crisis de abuso y, sin embargo, nuevos y “viejos” casos socavan su credibilidad.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
La semana pasada, el mundo conmemoró el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia de Género. Italia tipificó el feminicidio como delito, con la pena más severa posible: cadena perpetua. Funcionarios de los gobiernos de Francia y México presentaron proyectos para reformar sus leyes y reducir los diferentes tipos de violencia de género.
Una característica del proyecto de ley francés, disponible aquí (contenido en francés), es su interés en facilitar la denuncia de este tipo de violencia. Este diseño, centrado en facilitar la denuncia, refleja los efectos de una vasta reflexión nacional sobre la escala de la violencia sexual luego de varios casos de alto perfil.
Entre los más notables, el de Gisèle Pelicot, y las revelaciones sobre la escala del abuso en colegios católicos, organizaciones sin fines de lucro y movimientos católicos, e incluso en familias, como lo muestran los testimonios de personas que acusan a sus padres, e incluso a sus madres, de haber abusado sexualmente de ellos, como se puede ver en este programa de la TV francesa (audio en francés).
En México, no ha habido una reflexión similar sobre la magnitud de la violencia sexual, religiosa o de otro tipo. La mayoría de los pocos sobrevivientes mexicanos que han alcanzado alguna medida de justicia en tribunales, lo han logrado en tribunales de Estados Unidos.
Esto sucedió en las iglesias Católica y de la Luz del Mundo. En el primer caso, ocurrió tras las investigaciones sobre lo que ocurría en la arquidiócesis de Los Ángeles, California a finales de los ochenta, cuando al menos un sacerdote mexicano fue enviado allí por el ahora arzobispo emérito de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Aunque las víctimas angelinas de Nicolás Aguilar Rivera lograron cierta justicia, como parte de un acuerdo más amplio sobre abuso sexual del clero en la arquidiócesis de Los Ángeles, sólo algunas de las víctimas mexicanas del mismo sacerdote lo lograron, y sólo gracias al sistema judicial estadounidense.
Otras víctimas mexicanas agredidas por Aguilar Rivera en su país aún esperan, muchos años después, cierta justicia en tribunales mexicanos. No es que la justicia mexicana desconociera por completo lo que Aguilar Rivera hacía. De hecho, fue declarado culpable por un juez mexicano en 2003, pero su sentencia (texto en inglés) fue de un año de prisión y, para colmo, le liberaron a los nueve meses.
Ocho años después, como prueba el texto enlazado en el párrafo anterior, esto alentó a algunas víctimas mexicanas a buscar la ayuda de un juez de Estados Unidos para que considerara su caso a través de la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros, y sólo gracias a ese recurso externo, lograron un fallo a su favor.
Algo similar ha ocurrido en los últimos diez años aproximadamente con los líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo. A mediados de los noventa, los medios locales de Guadalajara publicaron informes sobre la magnitud de los abusos perpetrados por el entonces líder de esa iglesia, Samuel Joaquín Flores.
Como sucedió con Marcial Maciel, el caso mediático contra los líderes de la Iglesia Luz del Mundo se construyó primero en medios angloparlantes de Estados Unidos, dispuestos publicar testimonios de víctimas mexicanas en California.
Aunque ya desde los noventa hubo presión sobre las autoridades estatales de Jalisco y federales en México para investigar los abusos de Samuel Joaquín Flores, se toparon con muros de complicidad, construidos durante muchos años en los que su iglesia actuó como un bloque electoral muy eficiente en los comicios locales en el área metropolitana de Guadalajara y Jalisco en general.
Fue al otro lado de la frontera donde comenzó el ajuste de cuentas legal. A partir de 2019, los numerosos rumores y acusaciones de abuso contra la Iglesia Luz del Mundo llevaron a un juicio en tribunales de California, que concluyó en 2022 con la condena de Naasón Joaquín García, hijo biológico de Samuel Joaquín y entonces líder de la organización religiosa, por abuso sexual a gran escala, con una pena de 15 años de prisión.
Desde entonces, esta acción se ha intensificado. En septiembre de 2025, ocurrió una investigación federal más amplia. Naasón Joaquín García, aliados y familiares, incluida su madre, enfrentan ahora cargos separados de abuso y tráfico sexual en una corte federal de Nueva York.
Negar no resuelve
A pesar del intenso debate sobre el legado de Marcial Maciel, la Iglesia Católica en México elude el tema. La visita apostólica que finalizó en 2010 consolidó la noción de Maciel como un personaje mítico, el "abominable depredador solitario", como se le ha descrito en distintas entregas de esta serie, la más reciente enlazada después de este párrafo.
Al examinar el n.º 2 del Comunicado de Prensa publicado el 1 de mayo de 2010, se lee:
«2. La visita apostólica ha podido comprobar que la conducta del P. Marcial Maciel Degollado ha causado serias consecuencias en la vida y en la estructura de la Legión, hasta el punto de hacer necesario un camino de profunda revisión.
«Los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del P. Maciel, confirmados por testimonios incontestables, representan a veces auténticos delitos y revelan una vida carente de escrúpulos y de verdadero sentimiento religioso. Dicha vida era desconocida por gran parte de los Legionarios, sobre todo por el sistema de relaciones construido por el P. Maciel, que había sabido hábilmente crearse coartadas, ganarse la confianza, familiaridad y silencio de los que lo rodeaban y fortalecer su propio papel de fundador carismático.»
La visita de 2009-10 permitió a la Legión de Cristo gestionar, a su manera, la crisis que, como se ha demostrado en entregas anteriores de esta serie, se ve afectada por el mito de Maciel como un depredador solitario y sigue sin prevenir los abusos, como demuestra el texto enlazado después de este párrafo.
A diferencia del ahora suprimido Sodalicio de Vida Cristiana del Perú, cuyos líderes decidieron declarar la guerra al finado papa Francisco para negar la escala del abuso, la Legión de Cristo ha estado dispuesta a aceptar las “pellizcos” de Francisco y antes de Benedicto XVI, al mantener e incluso fomentar el mito tóxico de Maciel como el “depredador solitario”, apenas atenuado, a veces, por la metáfora de la “manzana podrida”.
Lejos de una reforma radical de la “orden” fundada por Maciel, la disciplina de la Legión frente a Roma ha sido recompensada. Fernando Vérgez Alzaga es el primer miembro activo de la Legión en ingresar al Colegio Cardenalicio, mientras que un antiguo miembro de la orden, el cardenal Kevin Joseph Farrell, preside dos organismos pontificios clave: el de Inversiones y, para sorpresa de nadie, el de Asuntos Confidenciales, guardián de los secretos más delicados.
Lo hace como prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Desde esa posición, Farrell desempeña un papel clave en la conducción de movimientos laicos hasta ahora exentos de escándalos de abusos sexuales y que desempeñan un papel clave en los esfuerzos de paz formales e informales de Roma en lugares como Ucrania y Oriente Medio, como la Comunidad Sant‘ Egidio.
Sin embargo, también tiene autoridad sobre otros afectados por muchos de los mismos problemas que se encuentran en la Legión de Cristo o el Sodalicio, como el Emmanuel, que fue el tema de una entrega anterior de esta serie, enlazada después de este párrafo, que demuestra la facilidad con la que los movimientos bajo la autoridad de Farrell caen en muchas de las mismas trampas que configuran la crisis de abusos sexuales en la Iglesia Católica.
Si uno va más a fondo en la biografía de Farrell, uno encuentra que desempeñó un papel clave en la Legión durante sus años en Monterrey, México. Fue uno de los reclutas de Maciel en Irlanda. Como su hermano Brian Farrell, el ahora secretario emérito del Dicasterio para Promover la Unidad de los Cristianos, Kevin Farrell era la manifestación corpórea del sacerdote blanco (güero), rubio, hablante nativo del inglés, que Maciel adoraba usar para buscar donativos de los mexicanos de clase alta, los Whitexicans, que se solazaban al apoyar el tipo de catolicismo que Maciel promovía.
Kevin Farrell dejó Monterrey y la Legión de Cristo cuando decidió unirse a la arquidiócesis de Washigton, D.C., como sacerdote diocesano en 1984, durante el tiempo de James Aloysius Hickey como arzobispo ahí.
En el primer año de este siglo, luego de la decisión de Juan Pablo II de promover al infame depredador Theodore McCarrick a esa arquidiócesis, Farrell ascendió a obispo auxiliar de la capital de Estados Unidos. Un año después de la renuncia de McCarrick, en 2007, Benedicto XVI nombró a Farrell como obispo de Dallas, Texas. En 2016, cuando el papa Franciso tenía ya una pésima relación con la Conferencia de Obispo Católicos de Estados Unidos, el papa Bergoglio llamó a Farrell a Roma para que ocupara su actual cargo.
Investigaciones
Theodore McCarrick, ¿muerto el perro se acaba la rabia?
Gestionar, no resolver la crisis
En este punto, es imposible obviar otro problema al repasar cómo la Iglesia Católica en general se ha mostrado reticente a confrontar realmente el legado de Marcial Maciel. Por un lado, es evidente que la visita apostólica a la Legión nunca abordó las causas profundas de los abusos a gran escala cometidos ahí.
El lenguaje empleado en el comunicado oficial de 2010 confirma la disposición del Vaticano a gestionar, en lugar de condenar, la crisis, que fue, en su mayor parte, el procedimiento habitual de la Curia Romana con Juan Pablo II y Benedicto XVI.
Esas limitaciones son más evidentes cuando se consulta la versión en inglés de ese mismo comunicado. Aunque originalmente el comunicado se publicó en español, italiano e inglés, en años previos, las versiones en italiano e inglés desaparecieron del dominio www.vatican.va.
Ahora, el único recuerdo de la traducción oficial al inglés está en un rincón olvidado del sitio web de Catholic Culture o en su correspondiente "testigo" en Internet Archive. Cualquier otro enlace a la versión en inglés de la declaración está perdido en la vastedad de la internet.
E incluso si ambas versiones son similares, cabe destacar los pequeños detalles en la traducción al inglés. Mientras que el texto original en español califica las acciones de Maciel de “comportamientos gravísimos” y afirma que construyó una defensa basada en “coartadas”, la traducción oficial al inglés suavizó estos hechos. Rebajó la gravedad de los hallazgos a simplemente “graves” y, crucialmente, redujo la red de mentiras y encubrimientos a simplemente “una coartada”, en singular.
Al suavizar el lenguaje, la versión en inglés busca aludir una presentación de la crisis como una de magnitud institucional abrumadora, con una narrativa centrada en un individuo malvado, más manejable para fines de relaciones públicas. Estas decisiones lingüísticas obligan a preguntarse por qué es necesario suavizar el lenguaje, ya de por sí suave, del comunicado en español.
Y el asunto no es una curiosidad lingüística. Luego de México, quizás más que España o Roma, Estados Unidos es un espacio clave para comprender la expansión y desarrollo de la Legión de Cristo, sin perder de vista que ahí las posibilidades de demandar y la capacidad de las víctimas para organizarse son notablemente mayores ahí a las observadas en el mundo de habla española.
En conjunto, 15 años después del final de una visita apostólica que nunca fue a fondo, es difícil no encontrar en estas decisiones un intento, de mantener la ficción de Maciel como el “abominable depredador solitario”.
Rezagos
Dadas las fallas institucionales y la dependencia de la justicia extranjera, México carece de las herramientas y la voluntad política para abordar la violencia religiosa, sexual y de otro tipo, que se encuentra en Estados Unidos o Francia.
La Conferencia del Episcopado Mexicano no ha encargado ni desarrollado una investigación similar a la del Reporte Sauvé de Francia. De igual modo, no existe memoria en México de al menos un intento de convocar un equivalente a la Comisión real sobre abusos sexuales en instituciones religiosas en Australia.
Incluso si existiera la voluntad política para impulsar algo similar, las violaciones de derechos humanos son tan comunes en México, muchas de ellas perpetradas por instituciones de gobierno, que sería difícil justificar por qué se debería abordar el abuso sexual del clero antes de la cifra dantesca de más de 100 mil personas "desaparecidas" en los últimos 60 años en el país.
Intentos aún más limitados, como las audiencias de un comité ad hoc en la Asamblea Nacional Francesa provocadas por la violencia en el colegio católico de Bétharram, son inconcebibles en México.
Investigaciones
Bétharram, un espejo para todas las naciones
Lo mismo podría decirse de la respuesta de las autoridades mexicanas a casos de violencia sexual en escuelas públicas. El viernes 28 de noviembre, el medio francés Franceinfo publicó un texto sobre un profesor en un escuela de educación media (lycée) en Marne, quien construyó una red de complicidades e impunidad que operó entre 1997 y 2021. Denunciarlo fue la tarea de una colega profesora, Marie-Pierre Jacquard (abre contenido en francés).
En México, hay un caso similar en el Sistema de Universidades del Estado de Oaxaca (SUNEO), donde Virginia Illescas, a un elevado riesgo personal, denunció abuso sexual en la institución.
Aunque Jacquard enfrentó el rechazo de colegas, eventualmente su denuncia resonó y ella permanece como profesora. Virginia Illescas no fue tan afortunada.
Aunque las autoridades mexicanas reconocieron que había abuso de estudiantes del SUNEO, a Illescas las hostigaron y echaron de su empleo: la castigaron por haber protegido a sus estudiantes. El texto, vinculado después de este párrafo, ofrece todos los detalles del caso.
México violento
Abuso sexual e impunidad en las universidades de Oaxaca
Y a diferencia de la toma de conciencia y admisión de culpa que se produjo después de que exalumnos de Bétharram y otros colegios católicos revelaran la magnitud de los abusos en sus aulas, es difícil imaginar que exalumnos de colegios católicos en México preparen el escenario para una toma de conciencia similar. Después de todo, acceder a un colegio católico en México es, mayormente, un símbolo de privilegio, y es difícil imaginar que alguien renuncie a sus privilegios en México.
Basta leer sobre otro caso francés para comprender el poderoso impacto de Bétharram en otras víctimas de abuso, sexual o de otro tipo. En la misma región donde está la escuela en Marne, hubo otro caso, también en la educación media, donde una estudiante víctima de abuso relató a los medios (abre contenido en francés) el impacto que tuvo Bétharram en su decisión de denunciar:
- «El caso Bétharram me afectó profundamente. Luego leí un artículo sobre el caso Bayen. Me di cuenta, por los testimonios de los jóvenes, de que se trataba del mismo modus operandi que mi abusador. Después leí el testimonio de Marie-Pierre Jacquard… En mi caso, también había alguien que quería denunciar sus acciones a la autoridad educativa regional. Ella sufrió la misma presión que Marie-Pierre. Esta mujer había logrado reunir suficiente información para denunciar. Contacté con Marie-Pierre y sentí que era hora de hablar.»
Quizás más importante, no hay un equivalente mexicano a los efectos del juicio de Dominique Pelicot. Gracias a la presión de Gisèle Pelicot, el juicio de Dominique y sus más de 50 cómplices fue público, contra la tradición en Francia, pero fiel a la idea de ella como la víctima del abuso de que la «vergüenza cambie de bando» (la honte change de camp).
La justicia que lograron los sobrevivientes mexicanos de Aguilar Rivera en Los Ángeles, California, si bien esencial y restauradora para esas personas, fue en última instancia importada, y sólo se comprende gracias a las virtudes del sistema de justicia estadounidense.
Si algo ha aprendido la opinión pública mexicana es que la mayor probabilidad de lograr justicia es si hay un juez estadounidense dispuesto a llevar el caso ante su jurisdicción, lo cual, en la práctica, es una propuesta contraproducente, pues implica una operación extremadamente costosa y compleja.
Más relevante aún, esas valientes luchas en cortes de Estados Unidos no logran generar la masa crítica necesaria en México para impulsar cambios legislativos. Ni siquiera para presionar a las fiscalías estatales para que investiguen casos similares en México. Basta observar cómo ni las fiscalías estatales de Jalisco, el Estado de México o Baja California, los estados con mayor presencia de fieles de la Luz del Mundo, ni en la Fiscalía General de la República, buscan juicios similares para la rama mexicana de esa iglesia.
Más allá del muro
En 2021, antes del fallo sobre Naasón Joaquín García en California, una sola integrante de la Cámara de Diputados mexicana, Adriana Dávila Fernández, promovió un punto de acuerdo que pusiera alguna presión para que el Poder Ejecutivo informara sobre su colaboración con el gobierno de Estados Unidos en los abusos cometidos en la Iglesia de la Luz del Mundo en México.
Su discurso está disponible aquí (abre un PDF), y si bien es útil para destacar las razones para llevar a cabo en México una investigación similar a la que llevó a cabo la Fiscalía de California, no ocurrió cosa alguna en el Congreso ni otro lugar de México.
La realidad mexicana contrasta marcadamente con la manera en que es posible concertar movimientos de alto perfil en Francia, Alemania y Estados Unidos, donde grupos de víctimas, apoyados por los medios y una amplia gama de organizaciones sin fines de lucro, presionan constantemente a los gobiernos nacionales y subnacionales para que desarrollen investigaciones sistemáticas.
El panorama de la defensa de los derechos en México sigue fragmentado por el miedo, los privilegios, la desconfianza mutua y la persistente falta de voluntad de las instituciones políticas y religiosas para reconocer sus errores. Lejos de eso, los católicos acérrimos, sus contrapartes en la Luz del Mundo, así como los fieles de cualquier partido político del país, jamás aceptan un error propio.
Lo que resulta es una base de víctimas balcanizada, incapaz de forzar un diálogo nacional que lleve a reconocimientos similar a los ocurridos en otros países.
Y por mucho que se esté dispuesto a culpar al gobierno, es importante admitir que los reconocimientos más efectivos y significativos hasta ahora en las cuatro décadas de la crisis de abusos sexuales del clero han sido resultado de la voluntad de las élites religiosas católicas de aceptar sus propios errores.
Ese ha sido el caso del Reporte del John Jay College, encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, y el “exitoso fracaso” de los obispos alemanes incapaces de publicar su informe nacional en 2013, saboteado por su propio miedo a reconocer la profundidad de la crisis, pero que, en última instancia, sirvió para impulsar los informes diocesanos actuales, de los cuales publicaron tres este año, como relata el texto enlazado después de este párrafo en la sección “Los reportes alemanes”. Finalmente, está el Reporte Sauvé francés, que sigue siendo el recuento más ambicioso y exhaustivo del alcance del abuso sexual, que fue patrocinado por la propia jerarquía católica francesa.
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Reconocer sus errores
Y en Francia no ocurre sólo a escala nacional. Apenas este martes 25 de noviembre, el obispo de Nevers, Grégoire François Bruno Drouot, de 49 años, el segundo más joven de Francia, al enfrentarse a un nuevo caso de abusos sexuales por parte del clero en su diócesis, a 210 kilómetros al sur de París, en el centro de Francia, reconoció los fallos institucionales del pasado (abre contenido en francés).
Esta atención a los casos históricos se basa en precedentes judiciales. Semanas antes de la declaración de Drouot, un tribunal de Val-de-Marne (cerca de París) juzgó y condenó a Jacques Delfosse, un sacerdote de 88 años con más de 50 acusaciones de abuso sexual, que se remontan a los sesenta (abre contenido en francés).
El caso demostró que incluso los abusos históricos, acaso olvidados, ahora se procesan activamente, lo que probablemente impulsó a Drouot a tomar la iniciativa y evitar el escándalo que ocurre cuando los “viejos” casos reaparecen para desacreditar a las diócesis católicas.
Ese día, el obispo Drouot envió comunicados de prensa a los medios locales para solicitar testimonios de posibles víctimas de lo que en México y la mayoría de los países latinoamericanos se consideraría un caso “viejo” y muerto.
Casos como el del finado sacerdote Gastón Rouzeau, quien estuvo asignado a la parroquia de Saxi-Bourdon et Saint-Saulge de 1958 a 2005, difícilmente recibirían alguna atención en América Latina. Sin embargo, es posible que haya víctimas vivas y Drouot, en ese sentido, reconoce la necesidad de buscar sus testimonios para lidiar con las consecuencias del abuso de Rouzeau.
Recientemente, México vivió la reaparición de un similar caso "viejo" que involucra a un ahora finado sacerdote. El texto vinculado luego de este párrafo ofrece los detalles.
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Nuevos casos “viejos” de abuso sexual en la Ciudad de México
Y en países donde las élites religiosas no desean mirarse al espejo para reconocer sus propios errores, siempre existe la posibilidad de convocar algo similar a la Real Comisión de Australia, creada en 2013, que profundizó en los casos de las iglesias Católica y Anglicana, entre otras muchas, además de realizar investigaciones y análisis sistemáticos de lo sucedido en materia de abuso en otros entornos institucionales.
Cabría preguntarse si, dados los ideales de las élites políticas mexicanas de un “Estado laico”, su eslogan para hablar de una estricta separación Iglesia-Estado, esta fuera una posible vía para encontrar una solución al problema. Sin embargo, la realidad es que esta separación ha sido más bien un recurso retórico, un dardo utilizado por las élites políticas para atacarse mutuamente sin ningún efecto real. De lo contrario, no hay manera de explicar no sólo casos católicos como el de Maciel, sino también la situación en la Iglesia de la Luz del Mundo.
Sin olvidar el hecho que, en México, el gobierno federal es uno de los más activos violadores de derechos humanos.
Dadas estas ausencias, es más necesario prestar atención a las posibles consecuencias del proyecto de ley presentado en México. Por un lado, debe quedar claro que no existe un debate real sobre el proyecto de ley. El partido gobernante cuenta con suficientes votos en ambas cámaras del Congreso como para esperar una aprobación expedita. Pero por eso también es necesario prestar atención a los posibles fallos del proyecto de ley.
Por un lado, el proyecto de ley es más preciso al definir qué es el abuso sexual y quién podría enfrentar un castigo más severo si es declarado culpable. Sin embargo, la legislación mexicana, al igual que la de la mayoría de los demás países latinoamericanos, está rezagada con respecto a sus contrapartes europeas y norteamericanas en cuestiones clave.
Un aspecto es el tema apremiante de las reparaciones. Las reparaciones son un tema crítico en México, como demuestra la resolución de la Suprema Corte del 18 de noviembre que rechazó un recurso de amparo para restablecer la obligación del gobierno de asignar fondos para indemnizar a víctimas de diversos delitos. El proyecto de resolución sobre el recurso de amparo está disponible aquí, aunque fue rechazado por mayoría de votos.
Dada la resolución de la Suprema Corte, uno debe preguntarse si al evitar una toma de conciencia sobre el abuso sexual de organizaciones religiosas ayuda a las élites mexicanas a evitar que se resuelva su propio maltrato de víctimas de abusos por las Fuerzas Armadas, la policía y otras instituciones gubernamentales.
Es como si, al hacer de las reparaciones de las instituciones religiosas un objetivo lejano, el gobierno protegiera sus intereses en el tratamiento de los abusos contra los derechos humanos.
Otro tema clave que debe vigilarse es si habrá cambios en la ley vigente sobre la denuncia. Actualmente, la ley mexicana exige la “denuncia inmediata” de los abusos, pero no aclara las consecuencias para las personas o instituciones que ocultan información, lo que deja el mecanismo más crítico para la aplicación de la ley ambiguo e ineficaz.
Si la reforma que se presentará en el Congreso es seria, debería establecer con la mayor claridad posible cuántas horas deben transcurrir desde el descubrimiento o conocimiento hasta la denuncia de un caso de abuso a las autoridades competentes, pero también debería establecer claramente las consecuencias tanto para las personas como para las instituciones involucradas en dichos casos.
Un caso de la frontera
En la mañana del viernes 28 de noviembre, la diócesis de Piedras Negras, Coahuila, publicó un comunicado sobre un caso de abuso sexual que involucra a esa diócesis y a la de Laredo, Texas.
A diferencia de la decisión de la diócesis de Nevers, Francia, de publicar el nombre completo del sacerdote fallecido, las diócesis mexicanas, según lo dispuesto por la ley mexicana, evitan publicar nombre completo de los acusados.
Aun así, es difícil ignorar que, en esta ocasión, la diócesis de Piedras Negras estuvo dispuesta a reconocer la existencia de un problema y a proporcionar, al menos, un nombre parcial del presunto agresor.
La tarjeta con el nombre parcial, aparece antes de este párrafo y está disponible en la cuenta de Facebook de la diócesis.
Una búsqueda simple en esa cuenta de Facebook sólo arroja un sacerdote con ese nombre, el de Luis Efraín Mares Muñoz, con dos coincidencias de 2018. La más reciente es una tarjeta de felicitación por su aniversario de ordenación, disponible como imagen después de este párrafo, y aquí en esa cuenta de Facebook.
Por una razón desconocida, el sitio web de la diócesis de Laredo, Texas, ha estado fuera de línea, y en su cuenta de Facebook no ha encontrado alguna coincidencia con Mares Muñoz.
Los "testigos" del sitio web de esa diócesis en Internet Archive tampoco reportan alguna coincidencia. Por lo tanto, no está claro dónde se encuentra Mares Muñoz en este momento, pero no hay razón para desestimar lo publicado por la diócesis de Piedras Negras.
El caso ocurrió hace 18 años, en 2007, en Piedras Negras, México, la hermana fronteriza de Eagle Pass, Texas e involucra a quien era un varón menor de edad.
Tampoco está claro en este momento si existen reportes vigentes sobre Mares Muñoz en Laredo. Lo único que se sabe hasta el momento es que el obispo James Anthony Tamayo de Laredo impuso restricciones al ministerio de Mares Muñoz por el momento.
El último vestigio digital de su paso por la diócesis de Piedras Negras es un vídeo en que se despide de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, disponible después de este párrafo y aquí. El vídeo se publicó en Facebook el 6 de enero de 2019.
El presbítero Luis Efráin Mares Muñoz se despide de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Piedras Negras, Coahuila, en el último vestigio digital conocido de su ministerio. Video de Facebook, publicado el 6 de enero de 2019.
Hay versiones no confirmadas que señalan que Mares Muñoz obtuvo la ciudadanía de Estados Unidos. Otras fuentes señalan que se le envió durante algún tiempo a la diócesis mexicana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero no hay un registro digital de su paso por esa diócesis en la página de Facebook de esa diócesis. Finalmente, en la tarde del viernes se supo que no está en ejercicio del ministerio en la diócesis de Laredo, Texas.
El caso de Mares Muñoz podría involucrar al menos otra diócesis más. Piedras Negras es una entidad de relativa reciente creación. En 2003, Juan Pablo II tomó territorio de la diócesis de Saltillo para crearla y Mares Muñoz fue originalmente ordenado en Saltillo en 1996.
Si la jerarquía católica de México desea aprender a ser transparente y responsable, esta es una oportunidad para hacerlo al ir a fondo en el expediente de Mares Muñoz como seminarista y joven sacerdote en Saltillo, su tiempo en Piedras Negras y, más recientemente, al otro lado de la frontera en Laredo, Texas.
Postdata
En otros temas, es necesario estar al tanto de lo sucedido recientemente en la arquidiócesis de Tijuana, México, y la de Cádiz, España. Ambas han sido el foco de atención de entregas anteriores de esta serie.
En cuanto a Cádiz, el nombramiento del obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Darío Valdivia Jiménez, como administrador apostólico tras la “problemática” salida de Rafael Zornoza Boy.
Problemática sólo en el sentido de que tuvo que enfrentarse a la polémica mediática tras la noticia de cómo abusó de un menor de edad cuando era sacerdote en la diócesis de Getafe, en el área metropolitana de Madrid.
El texto enlazado después de este párrafo abundó en detalles sobre Sornoza y por qué era un "riesgo seguro" para que el Vaticano presione a los obispos de España para que asumieran su propia historial de abuso sexual por parte del clero.
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Algo similar ha sucedido en la arquidiócesis de Tijuana, la mayor área metropolitana de Baja California, aunque ahí el nombramiento de un administrador apostólico se produjo tras el repentino fallecimiento, el 26 de octubre, de Francisco Moreno Barrón.
Esa arquidiócesis ha registrado varios casos de abuso sexual por parte del clero. Entre 2011 y 2014, surgieron numerosos informes en los medios locales, tanto de Tijuana como de San Diego, sobre la magnitud de los abusos.
Finalmente, unos meses después de la elección del papa Francisco, en 2014, se aplicaron “medidas disciplinarias”, bastante limitadas, con escasas o nulas consecuencias. Los acusados en ese momento eran Jeffrey David Newell, Enrique Tenorio Pérez, Aurelio Castillo Aguilar, Carlos Castillo y Danilo Pietro Zanini.
Al año siguiente, otro sacerdote terminaría en la cárcel, pero no porque Raymundo Figueroa Pérez fuera acusado de abuso sexual, sino porque lideró una especie de rebelión para tomar el control total de un templo bajo su cuidado.
El entonces obispo y actual emérito Rafael Romo Muñoz movilizó los recursos de la arquidiócesis para expulsar a Figueroa Pérez y recuperar el control de la parroquia del Santísimo Sacramento en Rosarito, cerca de Tijuana.Romo Muñoz también permitió el crecimiento de lo que hoy es un cisma total en Tijuana a cargo del sacerdote Isidro Puente Ochoa. Puente Ochoa es parte del legado como obispo en Tijuana de Emilio Berlié Belaunzarán, quien le promovió a monseñor, un título honorífico. Años después, Rafel Romo Muñoz, obispo de 1996 a 2016, le permitió fundar una orden religiosa femenina y, posteriormente, en circunstancias poco claras, un seminario que, a diferencia del seminario diocesano de Tijuana, estaba dispuesto a recibir a varones menores de edad.
Finalmente, tras un prolongado conflicto, Roma decidió cerrar el seminario de Puente Ochoa. En la actualidad, la mayoría de los seminarios prefieren recibir a varones adultos. Los seminarios que aceptan menores son reliquias de un pasado no muy lejano porque, para sorpresa de nadie, a menudo se ven afectados por el abuso de los estudiantes. La decisión de cerrar el seminario fue inmediatamente cuestionada por Puente Ochoa, quien decidió unirse a un movimiento cismático.
Era difícil esperar un resultado diferente, dado que Puente Ochoa usa un canal de YouTube para repasar los temas habituales de los tradicionalistas católicos. Criticó repetidamente tanto al arzobispo Moreno Barrón como al papa Francisco, hasta que Roma decidió retirar el reconocimiento al seminario.
Como suele ocurrir en los movimientos tradicionalistas católicos, en algunos de sus videos se manifiesta contra todos los papas recientes, quizás con la excepción de Pío X, pontífice de 1903 a 1914 y héroe de esos movimientos.
Cuando en septiembre de 2024 el intercambio entre Puente Ochoa y Moreno Barrón alcanzó su punto álgido, tuvieron una confrontación pública sobre doctrina y práctica. Finalmente, a principios de ese año, Puente Ochoa decidió romper con Moreno Barrón, aunque dice que no con Roma, el vídeo que aparece enlazado después de este párrafo fija su posición.
Tras la muerte de Moreno Barrón, León XIV nombró a Mario Nicolás Villanueva Arellano, hasta entonces obispo auxiliar, como administrador apostólico. No está claro por cuánto tiempo.
Si bien formalmente los administradores apostólicos tienen cierta facultad para decidir sobre asuntos sencillos, a diferencia de un obispo titular, deben tener la aprobación de Roma para cualquier decisión importante.
La última vez que ocurrió algo similar en México fue en la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras la muerte del arzobispo Fabio Martínez Casillas, en noviembre de 2023, quien también tenía un pésimo historial en el manejo de casos de abuso sexual por parte del clero. Tanto que fue uno de los 15 obispos incluidos en el texto breve que aparece después de este párrafo.
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En México, 15 obispos y una religiosa encubren abuso sexual
El nombramiento de un nuevo arzobispo allí tardó más de un año, hasta abril de 2025, por lo que, dado el historial de problemas en Tijuana durante los mandatos de Romo Muñoz y Moreno Barrón, no debería sorprender que se produzca un período similar de sede vacante, el período en que no hay obispo en la diócesis.
El nombramiento de un administrador apostólico en Tijuana no es sólo un retraso burocrático. Es un modelo que León XIV vivió cuando se hizo cargo de la diócesis peruana de Chiclayo, en noviembre de 2014.
Francisco lo nombró obispo casi un año después, en septiembre de 2015. Es difícil intuir qué hay detrás de la decisión en Tijuana, pero la situación ahí es grave, como lo probó el texto enlazado después de este párrafo y porque Tijuana es una de las arquidiócesis mexicanas que desoyó la instrucción del papa Bergoglio de 2019 de crear una comisión para prevenir abusos.
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Baja California y el abuso sexual a manos de clérigos
Un resumen en audio de este texto está disponible después de este párrafo.
Nota final: La ilustración principal incluye un fondo tomado de la obra de Sandro Botticelli Inferno, Canto XVIII, disponible en Wikimedia, así como tres de las imágenes usadas a lo largo del texto. Los créditos aparecen en cada una de las imágenes. El resumen en audio utiliza música en el Dominio Público: Aria en Sol (de la Suite Orquestal n.º 3, BWV 1068) de J.S. Bach, con la grabación de la Banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
