En Chihuahua, la denuncia sacude a la Fiscalía Zona Occidente.
Búho Penal
En el corazón del sistema de procuración de justicia de Chihuahua zona occidente, se gestó un caso que inicia con una denuncia por violencia política de género y hostigamiento laboral, continúa con procedimientos administrativos y electorales que avanzaron lentamente y culmina, por ahora, con la remoción de dos figuras clave de sus cargos originales. Más allá de nombres y puestos, el caso abre una discusión profunda sobre cómo se investigan las denuncias al interior de la Fiscalía General del Estado y qué sucede cuando una mujer decide denunciar desde dentro del propio sistema.
Todo comenzó cuando Dalia Iveth Reyes Zamarrón, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Zona Occidente y entonces candidata a jueza penal, decidió hacer públicos y formales una serie de hechos que, según su dicho, constituían violencia política en razón de género, hostigamiento laboral y abuso de poder. Los señalamientos se dirigieron contra su superior jerárquico, Víctor Rosario Sánchez Domínguez, quien en ese momento se desempeñaba como coordinador de Ministerios Públicos. Dalia sostuvo que, a partir de su postulación al cargo judicial, el trato hacia ella cambió de forma drástica, traduciéndose en descalificaciones profesionales, discusiones constantes, presiones laborales y un entorno que calificó como hostil y desgastante.
Las denuncias no quedaron únicamente en el ámbito mediático. Dalia acudió a las vías institucionales y presentó escritos ante Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado y ante el Instituto Estatal Electoral, al considerar que los hechos encuadraban dentro de la violencia política de género prevista en la legislación electoral y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Desde ese momento, el caso entró en un cauce jurídico-administrativo que, con el paso de los meses, fue percibido como lento y sin resoluciones claras, alimentando la sensación de incertidumbre y de posible protección institucional.
A partir de la visibilidad del caso, múltiples personas se manifestaron públicamente en apoyo a Dalia Reyes, reprobando cualquier forma de violencia contra las mujeres, especialmente cuando proviene de estructuras de poder. Paralelamente, surgieron voces más críticas que, siempre desde el terreno de los dichos y opiniones, hablaron de autoritarismo, influencias internas y de una cultura institucional que tiende a minimizar o diluir este tipo de denuncias. En ese contexto, también se recordó un antecedente penal documentado relacionado con Víctor Sánchez, el cual fue resuelto mediante un mecanismo de justicia restaurativa, antecedente que algunos sectores utilizaron para cuestionar la actuación institucional, sin que ello implique afirmar responsabilidad alguna en los hechos actualmente denunciados.
Durante todo este proceso, Dalia Reyes mantuvo una postura firme y coherente, reiterando su versión de los hechos tanto ante la autoridad como en el espacio público. Señaló que denunciar tuvo consecuencias personales y profesionales significativas, incluyendo desgaste emocional y afectaciones económicas. Por su parte, Víctor Rosario Sánchez Domínguez optó por no emitir pronunciamientos públicos, y dentro de los procedimientos negó haber ejercido violencia política de género. No obstante, reconoció que existieron discusiones de tono elevado con Dalia, las cuales justificó como diferencias propias del trabajo cotidiano en una fiscalía, postura que marcó el contraste entre ambas narrativas.
Con el transcurso del tiempo, las denuncias promovidas no se tradujeron en resoluciones de fondo visibles. Los expedientes permanecieron en análisis y, en la práctica, el caso entró en una etapa que muchos describieron como una “congeladora institucional”. Ante este escenario, Dalia Reyes tomó la decisión de aceptar el ofrecimiento de un cambio de adscripción, explicando que continuar una batalla legal prolongada dentro de la misma estructura que denunciaba resultaba inviable para su estabilidad emocional y su seguridad. Dalia Reyes fue removida de su adscripción original a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), decisión que ella misma ha explicado como una medida necesaria para preservar su integridad emocional y continuar su carrera profesional sin seguir expuesta a un entorno que consideraba hostil. Su determinación fue percibida como una forma de autoprotección y de cierre parcial, más que como un desistimiento de su verdad.
Respecto de Víctor Rosario Sánchez Domínguez, se conoció únicamente un cambio de adscripción, al pasar de la Coordinación de la Unidad de Lesiones y Daños a la Unidad de Medidas Judiciales. No se explicó públicamente si la decisión respondió a una medida preventiva, una sanción encubierta o un simple reacomodo interno, lo que abrió la puerta a diversas interpretaciones. Hay quienes afirman que la remoción buscó disminuir la presión del caso y contener el conflicto, como una forma de “enfriarlo”. Otros sostienen que se trata de un escarmiento, una sanción informal que evita el reconocimiento público de responsabilidad, pero que sí implica un desplazamiento funcional tras la denuncia. Sin embargo, también hay quienes señalan que el cambio le otorga incluso mayor poder, al colocarlo en un área estratégica encargada de recaudar la reparación del daño, con capacidad de incidir o incluso condicionar beneficios preliberacionales, lo que supondría un mayor control sobre la ejecución de las sanciones. Finalmente, otras versiones indican que la remoción obedece a la intención de que esté en contacto directo con la forma en que se vive al interior de los centros penitenciarios, para que se vaya adaptando a lo que le espera.
El hecho objetivo es que, al día de hoy, ambas figuras ya no ocupan los cargos que detentaban al inicio del conflicto, sin que exista una resolución pública definitiva que determine responsabilidades o exoneraciones. Esta situación coloca el foco en la forma de operar de la Fiscalía, particularmente en la atención de denuncias internas. Si una agente del Ministerio Público, con formación jurídica y conocimiento del sistema, enfrenta dilaciones y falta de respuestas claras, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con las personas ciudadanas que acuden a denunciar sin recursos, sin redes de apoyo y sin visibilidad pública?
Más allá del respaldo a la lucha contra la violencia de género, este caso exhibe prácticas estructurales del Ministerio Público que merecen una revisión profunda. La concentración de poder, la discrecionalidad en los movimientos internos, la lentitud de los órganos de control y la tendencia a resolver conflictos mediante reacomodos administrativos, en lugar de resoluciones de fondo, generan una percepción de impunidad que erosiona la confianza social.