Agostina Vega tenía 14 años, la misma edad que Chiara Páez, la adolescente embarazada cuyo asesinato dio origen a 'Ni Una Menos'. Ambas fueron ultimadas por sus novios.
Por Isabel Debre
BUENOS AIRES, Argentina (AP) — En mayo de 2015, el atroz asesinato de una adolescente embarazada de 14 años llamada Chiara Páez a manos de su novio de 16 años desencadenó una ola de protestas multitudinarias en Argentina que eventualmente se convirtieron en un movimiento que marcó a toda una generación en América Latina bajo el lema de “Ni una menos”.
Ahora, 11 años después de que la primera protesta del movimiento creó una conciencia colectiva sobre lo que llegaría a conocerse como femicidio —el asesinato de mujeres y niñas por razón de su género—, el país vuelve a convulsionarse de ira.
Esta vez, el motivo es el asesinato de Agostina Vega, de 14 años, en la ciudad de Córdoba. Llegó a la casa de un amigo de la familia la noche del 23 de mayo con la intención de recoger un regalo para su madre. En cambio, fue agredida sexualmente y ahorcada, según indican los resultados iniciales de la necropsia. Su cuerpo fue desmembrado con un cuchillo de cocina.
Sus restos fueron hallados en una zanja de desagüe el sábado, una semana después de su desaparición, mientras las vigilias en su provincia de origen han terminado en enfrentamientos con la policía.
La indignación se ha extendido por todo el país y, el miércoles, miles de manifestantes se congregaron para la protesta anual de Ni Una Menos en el centro de Buenos Aires. Muchos sostenían carteles impresos con los rostros y nombres de mujeres que han sido asesinadas o que desaparecieron en los últimos años, incluida Agostina. Su caso aportó nueva energía y propósito al movimiento, amplificando las exigencias de acción gubernamental e intensificando las críticas hacia el presidente Javier Milei.
Milei, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump, ha calificado al movimiento feminista como “una pelea ridícula y antinatural”, ha promovido eliminar el femicidio del código penal y ha recortado fondos a programas de apoyo a víctimas de violencia de género como parte de su guerra cultural y su campaña de reducción de gastos.
Este año, abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, un destacado grupo argentino de derechos humanos, han contabilizado 63 femicidios registrados. Pero ellos y otros activistas sostienen que lograr esa clasificación puede ser una batalla cuesta arriba frente al gobierno. Algunos han elaborado una lista de más de 100 nombres de mujeres asesinadas este año, argumentando que muchas no están correctamente catalogadas.
Las denuncias de femicidio en Argentina cayeron un 12% en comparación con 2024, alcanzando 200 casos el año pasado, según estadísticas publicadas por la Corte Suprema. Abogados de las víctimas afirman que el cambio no refleja una disminución de la violencia por motivos de género, sino un fracaso a la hora de clasificar adecuadamente los delitos.
“Si no nombramos esta forma específica de violencia, no podemos comprender el problema en toda su dimensión ni diseñar políticas eficaces para prevenirlo”, señaló Lucila Galkin, directora del programa de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
Las dudas acechan el manejo del caso de Agostina
Tras la muerte de Agostina, los manifestantes dirigieron su ira contra las fuerzas de seguridad locales y quemaron neumáticos en las calles de Córdoba. Su familia presentó una denuncia por desaparición la mañana siguiente a su ausencia, pero pasaron más de 80 horas antes de que los teléfonos de toda la provincia vibraran con una alerta de secuestro infantil, según el abogado de la familia, Gustavo Vaca.
Un día después de su muerte, un taxista informó que había llevado a la menor a la casa del amigo de la familia, Claudio Barrelier, de 33 años, algo que confirmó el registro de cámaras de seguridad.
La familia de Agostina se ha quejado de que las fuerzas de seguridad estaban absorbidas por la preocupación ante posibles hechos de violencia de hinchas durante un importante partido de fútbol que se jugaría ese día en la ciudad de Córdoba. Tres días después, la policía allanó la casa de Barrelier, exnovio de la madre de Agostina.
Barrelier está detenido como principal sospechoso del caso y niega haber matado a la menor. Los investigadores señalan que su historial delictivo muestra que había sido arrestado por secuestrar a una joven hace un año, pero fue liberado bajo fianza de 3.500 dólares después de 20 días.
La semana pasada, ante una lluvia de acusaciones por demoras, el fiscal principal Raúl Garzón dijo que las autoridades “no hacen ninguna autocrítica”.
Los llamados a caracterizar el asesinato de Agostina como un femicidio han ido en aumento. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se ha negado a hacerlo.
“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal”, declaró Monteoliva a los periodistas el lunes, en sus únicos comentarios públicos sobre el caso.
Los defensores insisten en que usar el término femicidio —que conlleva penas más severas que otras formas de homicidio, con una condena obligatoria de prisión perpetua en Argentina— es crucial para una persecución penal eficaz y para la protección de las víctimas.
"“Si no nombramos esta forma específica de violencia, no podemos comprender el problema en toda su dimensión ni diseñar políticas eficaces para prevenirlo”, señaló Lucila Galkin, directora del programa de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.
Milei ha librado su guerra cultural contra las políticas de género
Milei ha librado una guerra cultural contra las políticas vinculadas al género, a las que considera una consecuencia peligrosa del socialismo.
Después de que el mandatario arremetiera contra el delito de femicidio en la cumbre de Davos el año pasado, al afirmar que, en la práctica, legaliza “que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, su ministro de Justicia anunció planes para eliminar esa categoría del código legal.
Eso no prosperó, pero su gobierno ahora trabaja para endurecer las penas para las mujeres que denuncien falsamente casos de violencia de género. La iniciativa está a la espera de debate en el Congreso.
En los últimos dos años y medio, Milei disolvió el Ministerio de las Mujeres de Argentina, cerró su instituto contra la discriminación, recortó drásticamente los programas de apoyo a víctimas de violencia de género, prohibió el uso de lenguaje inclusivo de género en documentos oficiales y retiró fondos a la capacitación en cuestiones de género para estudiantes de escuelas públicas y empleados estatales.
Entre los programas afectados está Acompañar, que asistió a 350.000 mujeres con una ayuda equivalente a seis meses de salario mínimo antes de que se le retiraran los fondos. Una línea telefónica de atención las 24 horas para ayudar a víctimas perdió dos tercios de su presupuesto y la mitad de su personal el año pasado. También fue desmantelado un programa patrocinado por el gobierno que brindaba asistencia legal gratuita a personas que sufrían violencia doméstica o abuso sexual.
El caso más reciente brinda urgencia a la protesta anual
El miércoles, los manifestantes se congregaron en la Plaza del Congreso, frente a la sede del Congreso Nacional, como lo han hecho cada año desde la muerte de Chiara Páez en 2015.
Laura Lenaza, de 41 años, dijo que no había asistido a una protesta en casi una década. Pero el impacto de los casos recientes la llevó a presentarse acompañada de su hija de 17 años, Milena.
“Yo lucho por mí, por mi hermana que tiene 11 años y por todas las mujeres que conozco”, dijo la joven mientras apretaba la mano de su madre.
María Cacharo, de 54 años, señaló que fue con su hija de 18 años para honrar a su hermana, quien fue asesinada por su esposo hace varios años.
“Cada vez hay menos recursos, y somos nosotras las que tenemos que cargar con eso,” dijo sobre el impacto de la reducción de gastos de Milei en las mujeres, y agregó que le enferma la manera en que la policía manejó el caso de Agostina.
Con carteles que decían “Justicia por Agostina”, su familia encabezó el miércoles una marcha en Córdoba para exigir responsabilidades por su asesinato bajo la bandera del movimiento que alguna vez convirtió a Argentina en un faro regional de acción social y legal en materia de igualdad de género.
“Creo que este femicidio, que generó tanto dolor, tanta consternación y que tanto nos movilizó a todos, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de entender que esto es un problema que nos habla a todos nosotros como sociedad”, comentó Galkin sobre el caso de Agostina.
“Estamos siendo obligados a volver a discutir cuestiones que creíamos saldadas”.