La defensora de derechos humanos Itsmania Platero exige una auditoría inmediata y pone en entredicho la capacidad de las instituciones estatales para garantizar la asistencia prometida a los sectores más vulnerables de Honduras.
Los Ángeles Press
Tegucigalpa, Honduras.— La defensora de derechos humanos Itsmania Platero exigió una auditoría sobre el manejo de más de 90 millones de lempiras asignados al programa gubernamental “Hermano, hermana, vuelve a casa”, tras denunciar presuntas irregularidades en su administración.
El señalamiento reactivó el debate sobre la transparencia en el uso de recursos públicos destinados a migrantes retornados en Honduras, un país donde la migración forzada sigue siendo uno de los fenómenos sociales más complejos.
De acuerdo con Platero, el 98.25% de los fondos carece de trazabilidad verificable. Afirmó que solo una minoría de beneficiarios habría recibido apoyo económico —cercano a los mil dólares por persona— junto con insumos básicos para emprendimientos, según un monitoreo independiente citado por la activista.
A su juicio, las inconsistencias detectadas no solo evidencian fallas administrativas, sino también una vulneración directa de los derechos de las personas retornadas, muchas de las cuales regresan en condiciones de alta precariedad.
La defensora formalizó un pedido ante el Ministerio Público para que se realice una auditoría urgente que permita determinar el destino de los recursos, identificar responsables y establecer medidas correctivas que garanticen transparencia en el futuro.
Según los datos expuestos, la ejecución del programa tuvo un alcance limitado. La mayoría de los beneficiarios no pudo acreditar la recepción de fondos y, en palabras de Platero, “apenas un pequeño porcentaje” accedió a los montos prometidos. El destino del restante 98.25% del dinero sigue sin comprobación efectiva, lo que profundiza las dudas sobre los mecanismos de supervisión estatal.
El impacto humano de estas deficiencias es significativo. Platero advirtió que muchas familias migrantes enfrentan deserción escolar, dificultades para generar ingresos y condiciones de riesgo tras su retorno. Además, denunció que al menos 25 personas han sido asesinadas después de regresar al país, lo que evidencia los desafíos de seguridad asociados al retorno forzado.
En conjunto, la denuncia apunta a una grave falta de control en el manejo de los recursos y a posibles fallas estructurales en la gestión estatal dirigida a poblaciones vulnerables.
Versiones encontradas
El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, rechazó los señalamientos y defendió la legalidad del programa. Aseguró que los fondos fueron entregados directamente en efectivo a unos 37.000 migrantes retornados, quienes firmaban constancias de recepción como mecanismo de control.
Según Paz, la documentación existente respalda una ejecución conforme a la normativa, sin intermediarios y con entrega directa de los recursos a los beneficiarios. Asimismo, atribuyó la denuncia a posibles intereses políticos y la calificó como infundada. Advirtió que, de persistir sin pruebas, podría emprender acciones legales por difamación.
El exfuncionario añadió que, durante el último año, cerca de 43.000 hondureños retornaron al país y aproximadamente 37.000 habrían recibido algún tipo de apoyo económico, de acuerdo con registros oficiales.
Dudas desde el propio gobierno
A las críticas se sumaron observaciones desde el propio aparato estatal. La subdirectora del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (Senprende), Abeli Lozano, indicó que esa institución asignó 50 millones de lempiras con el objetivo de beneficiar a mil migrantes.
Sin embargo, señaló que la ejecución alcanzó el 79.9% y no logró cubrir el monto previsto de 25.000 lempiras —equivalente a unos mil dólares— por persona. Además, afirmó que no se ha encontrado la documentación que respalde la entrega de estos recursos a los beneficiarios.
“Existen irregularidades, desde que se firmó el convenio, porque debió cumplirse a cabalidad”, sostuvo Lozano.
La funcionaria también indicó que, aunque el programa ya concluyó, esto no implica que el Estado deje de atender a la población retornada, la cual continuará siendo incorporada a otras iniciativas gubernamentales. Añadió que el programa aún no ha sido completamente liquidado en términos legales y que, una vez finalizado ese proceso, la información será divulgada de manera detallada y pública.
Un programa bajo escrutinio
El programa “Hermano, hermana, vuelve a casa”, impulsado durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, fue concebido como una estrategia integral para apoyar a migrantes retornados. La iniciativa contemplaba la entrega de un bono de 100 dólares, asistencia alimentaria y capital semilla de hasta 1.000 dólares para emprendimientos, además de capacitación y acceso a servicios sociales.
Su objetivo era facilitar la reintegración económica y social de quienes regresan al país. Sin embargo, las denuncias recientes han puesto en entredicho su ejecución y abren interrogantes sobre la gestión y fiscalización de los recursos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del país.