Reforma judicial, 'improcedente' concluye Mesa de Diálogo en Chiapas

La jueza de distrito Jazmín Robles Cortés explicó que la elección de jueces en Chiapas sería comparable a la de un gobernador, porque implicaría una campaña electoral en toda la entidad. 

La mesa de análisis sobre la reforma judicial se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Por Cinthya Alvarado Enríquez

Tuxtla Gutiérrez.- En la Mesa de Diálogo sobre la Reforma Judicial, organizada por el Poder Judicial Federal del Vigésimo Distrito con sede en Chiapas, el diagnóstico de la Reforma Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal fue calificado como "inviable e improcedente". Jueces, abogados de colegios y barras, especialistas en materia electoral, sociólogos y trabajadores del Poder Judicial de la Federación analizaron exhaustivamente los aspectos del texto, el proyecto y la jornada electoral contemplados en la reforma.

Juan Martín Salas Farrera, del Colegio de Abogados Electorales de Chiapas, expuso que los lineamientos para el proceso electoral propuestos por el Ejecutivo no están claros. Preguntó: "¿Quién podrá designar? ¿Qué pasa si no se designa a nadie? ¿Cuál será la duración del período de precampañas o de la campaña? Tampoco queda claro cómo se ejecutará ni cuánto costará." Añadió que un proceso electoral con estándares internacionales requiere una cadena de custodia que garantice el traslado de los votos, un proceso de verificación, y aspectos como si será electrónico o con papeletas, el costo y los candados de seguridad de esas papeletas, el personal a contratar, y la expansión del personal electoral para atender el proceso, incluyendo la invitación y capacitación de la ciudadanía.

Como especialista en temas electorales, Salas Farrera señaló que la reforma no presenta lineamientos claros en cuanto a certeza, imparcialidad y máxima representatividad. Preguntó: "¿Qué tanto vale la pena?" y advirtió que existen escenarios no contemplados sobre la operatividad de la reforma.

Por su parte, la jueza de distrito Jazmín Robles Cortés explicó que la organización del Poder Judicial es incompatible con la organización electoral: “La visión de elegir a jueces y magistrados es incompatible con la dinámica electoral. La estructura del Poder Judicial no siempre corresponde a la división territorial o administrativa de los estados”. La jueza Robles detalló que, mientras los estados y municipios tienen una división territorial, los 32 distritos judiciales no se identifican claramente con los estados. Algunos distritos abarcan partes de dos estados, y en el caso de Chiapas, el Vigésimo Circuito abarca solo el estado completo, pero se divide en tres sedes: Tapachula, Cintalapa y Tuxtla. Explicó que la elección de jueces implicaría una campaña en toda la entidad, comparable a una elección de gobernador.

La jueza Robles indicó que la reforma no contempla aspectos necesarios como la actualización normativa, la diferencia entre un círculo judicial y un centro electoral, la elección de otros juzgadores, la sincronización de elecciones federales y locales, y la composición pluricultural de Chiapas. En Chiapas, los puestos que inciden directamente son 38 titulares federales: 23 jueces federales y 15 magistrados federales. Además, se tendrían que elegir otros puestos, como los ministros y órganos especializados que tienen jurisdicción en el estado.

Campañas sin fondos: elecciones costosas sin resultados satisfactorios

La Elección popular de los jueces es incompatible con la Ciencia del Derecho: litigante Carlos Burguete Perola.

Entre el público asistente a la Mesa de Análisis en la Casa de la Cultura Jurídica se encontraban especialistas, trabajadores y usuarios del Poder Judicial, como el sociólogo y litigante Carlos Burguete Perola, quien señaló que la propuesta de reforma no respeta el principio de progresividad del derecho ni la ampliación de derechos, y que la independencia de la justicia se ve comprometida.

Por su parte, el juez Mario Felipe Mata Ríos presentó datos de la pasada elección del 2 de junio, en la que participaron 1 millón 532 mil personas como funcionarios de casillas. El costo de esta elección ascendió a 12 mil 66 millones de pesos, a lo que habría que sumar los gastos de organización, logística y materiales como mamparas y boletas. Según Mata Ríos, el gasto total sería mucho mayor y desmintió la afirmación de Ricardo Monreal sobre un presupuesto menor a 3,500 millones de pesos.

Mata Ríos también explicó que, con 33 boletas a nivel nacional y 28 en Tapachula, si las elecciones fueran ordinarias, estas se tendrían que combinar con las boletas de diputados locales y presidentes municipales. En el caso de elecciones federales, se sumarían boletas para presidente de la República, senadores y diputados federales. Esto implicaría que no habría suficiente espacio para tantas casillas. En todo el país, se instalaron 170 mil 858 casillas, lo que en combinación con el número de boletas resultaría en una cantidad aún mayor.

“Esta reforma no es viable. Todas las premisas en las que se basa son falacias. El supuesto punto inicial de la reforma, que afirma que no hay corrupción, es cuestionable. ¿Cómo se puede decir que no hay corrupción cuando todos los litigantes prefieren recurrir al Poder Judicial para resolver sus asuntos? Este poder, que representa menos del 1% del presupuesto nacional, es el único que garantiza justicia”, concluyó Mata Ríos.

¿Por qué la Reforma Judicial no representa la voz de la mayoría?

El juez Jorge Alberto Orantes López realizó un análisis crítico sobre la falta de transparencia de la reforma. De un padrón de 100 millones de habitantes, votó el 60.95%, es decir, 59.39 millones de personas. Sin embargo, no se sabe cuántos de esos votantes están de acuerdo con la reforma ni cuántos de los 41 millones que no votaron están a favor o en contra. Orantes López destacó que el 25% de los votantes apoyaron a la oposición, que probablemente está en contra de la reforma. Así, la promoción de la reforma judicial se basa en un discurso engañoso.

"Aunque las mayorías son válidas en términos democráticos, el Poder Judicial debe defender también a las minorías vulnerables; Orantes López.

El abogado Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, pidió a los miembros del Poder Judicial que no pierdan el tiempo en fortalecer las premisas de una reforma con la que no están de acuerdo. Señaló que “un beneficio de esta discusión es que parece que el funcionario se percibe como enemigo del ciudadano; por eso los poderes deben reconocer que la gente desea ser escuchada y que se le haga justicia”.

Por su parte, el doctor Manuel del Jesús Márquez, miembro del Colegio de Abogados del Soconusco, sugirió presentar una contrapropuesta. Criticó la reforma por no mejorar la administración ni eliminar la corrupción, y por ignorar la formación, los esfuerzos y la sobreexplotación en el Poder Judicial. Propuso que se sometan a votación los gabinetes nacionales y locales, así como el secretario general de gobierno, para legitimar la designación y el nombramiento de los funcionarios que administran el erario.

Elmer Benítez Aguilar, de COPARMEX, expresó que la reforma pretende centralizar el poder y retroceder 40 años, lo que representa una concentración de poder que amenaza la democracia.

El Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Abogados, Noé Lazca Albores, señaló que “La Constitución ha sido constantemente violada. El gobierno federal se ha dejado llevar por ocurrencias que han dañado al país·. Abundó que en cinco años y nueve meses, se pretende destruir un órgano de control constitucional: la Suprema Corte de la Nación, que es la única que ha permitido a los abogados llevar adelante el trabajo en defensa de las víctimas de excesos del poder.

"Desgraciadamente, muchos mexicanos no comprenden la magnitud del daño que se causará a un poder que ha equilibrado a los poderes Ejecutivo y Legislativo": Lazca Albores. 

"Los 35 millones de votos, cuya procedencia es incierta, y las discrepancias entre los votos totales y la población real en muchos lugares, fueron alterados. Esta elección será muy dañina y afectará el Estado de derecho. Tenemos numerosos ejemplos y no se debe permitir. Vamos a luchar y a invocar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el abogado Albores.

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