Carta abierta de abogado Alejandro Garduño Real por acoso y discriminación en Defensoría Pública

Ciudad de México, 16 de abril de 2021

Al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador

Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al Pueblo de México

A la Opinión Pública

Me dirijo a ustedes con todo respeto, de esta manera, abierta y transparente por su enorme gravedad, sobre los recientes hechos que ponen en riesgo mi vida como abogado defensor y que obstaculizan la justicia para dos de mis defendidos, Jacobo Tagle Dobin, conocido por el Caso Wallace, y Francisco García Medel, por el caso de Nelson Vargas.

El 14 de abril del año en curso, se me notificó mi cese laboral, del Instituto de la Defensoría Pública, sin ningún motivo o causa que lo justificara. Esto, como continuidad del acoso y hostigamiento, que he recibido desde que acepté la asignación de los casos mencionados. Incluso, sufrí un atentado que me obligó a separarme de mis hijos aún menores de edad, siendo yo su único sostén emocional y económico, al ser padre soltero.

Sin incurrir en falsas modestias, mi trayectoria profesional ha sido impecable. Ingresé al Poder Judicial de la Federación el 27 de septiembre del 2001, y para septiembre de 2021 estaría por cumplir 20 años de servicio, sin haber recibido nunca una amonestación por menor que fuera.

En el año 2016, participé en el curso para Defensor Público Federal. En 2017, me dieron el nombramiento como Defensor Público Federal. Al momento de mi ingreso, estuve en otras instancias, y con posteridad me asignaron al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.

El día 05 de abril de 2019, acepté y protesté el cargo en la causa penal 35/2006, ante el extinto Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales instruida contra Jacobo Tagle Dobin, en el asunto mejor conocido como «Caso Wallace «. La causa penal se encuentra en etapa de instrucción, se desahogan las pruebas que fueron ofertadas dentro del segundo periodo probatorio (el cual feneció en el año 2014), no obstante se han ofertado pruebas documentales y algunas otras supervenientes. La causa fue turnada en el mes de octubre de 2019, al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, y radicada como causa penal 286/2019. Se han solicitado en favor de Jacobo Tagle Dobin, traslados, como es su derecho, cambio de medida cautelar y se han presentado pruebas diversas.

El trece de enero de 2020, fui amenazado vía telefónica. Las amenazas estaban relacionadas con la causa penal en comento, lo que hice del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual me fueron asignadas medidas de seguridad, tales como prenda de seguridad, escolta y vehículo patrulla. Reporté varios incidentes en contra de mi seguridad, durante el período que duró la comisión de la escolta, misma que fue terminada el trece de enero de 2021. No obstante, solicité la continuidad de la misma, por los problemas de seguridad que se habían presentado de forma reiterada a mi persona.

Así mismo, denuncié las amenazas recibidas, ante el Ministerio Público de la Federación, misma que se radicó con la integración de una carpeta de investigación, a la que se le ha dado seguimiento y en la cual, incluso, se ha ampliado en dos ocasiones por incidentes y atentados en mi contra.

El 22 de marzo de 2021, recibí la noticia de que estoy obligado a comparecer ante el Ministerio Público por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 231 fracción I, del Código Penal Federal, de la que se advierte que la señora María Isabel Miranda Torres y su asesor jurídico o asesor victimal, Yohann Iván Torres Pérez, figuran como denunciantes, quienes solicitaron iniciar carpeta de investigación en mi contra, la cuál, se radicó ante el Ministerio Público con el número SZS-EIL-EI-C3-149/2021, lo que aparentemente se realiza con la finalidad de amedrentar a la defensa, como ha sucedido con todos los abogados que me antecedieron para llevar la defensa de este mismo caso, con los coprocesados de mi defendido.

Todo lo anterior lo hice del conocimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, cuya respuesta fue que me brindaría el apoyo necesario. Sin embargo, lo que recibí fue el cese de mi trabajo.

El día 26 de marzo del presente año, se llevó a cabo una audiencia informativa, dentro de la causa 359/2019, la cual se instruye contra Francisco García Medel, en el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte. En esa ocasión, en la cual el procesado Francisco García Medel hizo uso de la voz y manifestó ante el juez que el día 14 de enero del 2020, una vez concluida la diligencia informativa programada en la data anotada, su defensor, el licenciado Alejandro Garduño Real, había recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte explícitas. Mi defendido había escuchado toda la conversación telefónica dado que el suscrito se encontraba en diligencia y contestó en altavoz y escuchó las amenazas hechas al momento de concluir la audiencia.

Cabe señalar que esta causa penal se instruye en contra de mi defendido por los hechos mediáticos del “Caso Nelson Vargas”, por lo que el procesado manifestó, ante el juez que teme por su seguridad, así como por la seguridad de su defensor, en este caso el de la voz. Su proceso, se encontraba paralizado desde 2014, y una vez que el suscrito asumió el cargo, en esa causa penal, se empezaron a promover pruebas encaminadas hacía una sentencia absolutoria, ya que no hay señalamientos contundentes para demostrar que mi defendido tenía participación en los hechos que se le imputan. Por el contrario, se han aportado diversas pruebas, con las cuales se podrá constatar que es una persona inocente.

Ante tal circunstancia, el juez tomó cartas en el asunto y envió al Director de Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, para que él a su vez, en su calidad de superior jerárquico del suscrito, informara al Consejo de la Judicatura Federal, a través Consejo de Disciplina y Vigilancia, para que –de ser procedente–, se me asignara nuevamente la escolta. Ya que en este caso, se vulneran la defensa técnica y material, de acuerdo con el artículo 14.3, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Dado que no se me permitió continuar con la escolta y por ende, no me proporcionaron los medios materiales para el debido cumplimiento de mi función, se entorpeció la defensa, violando los derechos constitucionales y humanos de mi defendido y de mi persona.

Quiero especificar que una vez que el oficio del juez llegó al Instituto Federal de Defensoría Pública, me convocaron a una junta, en la cual me manifestaron que darían seguimiento en mi apoyo. No obstante, el día 13 de abril, vía telefónica la licenciada Claudia Maribel, quién hasta ese momento era mi jefa inmediata superior, me convocó a que acudiera el día 14 de abril, a las 9:30 horas, al Instituto Federal de Defensoría Pública, diciéndome que la reunión era para llevar a cabo la estrategia de defensa relativa a la carpeta de investigación que me había iniciado la señora María Isabel Miranda Torres, aludiendo a ella como “la señora Wallace”, lo cual era totalmente falso, ya que era para notificarme mi cese al cargo como Defensor Público Federal, motivo por el cual me trasladé a dichas oficinas en la hora y fecha indicada, y una vez que estuve en presencia de ella, me notificó mi cese del cargo como defensor público federal. Yo le solicité que me informaran el motivo por el cual me estaban cesando, y me manifestó que me tenía que trasladara a las oficinas del licenciado Carlos Gustavo Cruz Miranda, para que me informará el motivo por el cual me estaban cesando, sin que el citado Carlos Gustavo Cruz Miranda, me diera respuesta alguna y me comentó que tenía que firmar en ese momento, dado que si no lo hacía las consecuencias serían graves. En ese momento pedí una audiencia con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros y la respuesta del licenciado Carlos Gustavo Cruz, fue que no se encontraba en esas oficinas, sino que estaba despachando desde su casa, por lo que no podía recibirme, sin que hasta la fecha tuviera más respuesta que el cese laboral.

Cabe destacar que soy una persona con capacidades diferentes, dado que utilizo silla de ruedas para trasladarme de un lugar a otro, por lo que se me están vulnerando mis derechos humanos, e irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, casi a diario pública en sus redes sociales que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran sujetos a un proceso en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento, dado que serví 20 años al Poder Judicial de la Federación, del cual depende el Instituto de la Defensoría Pública.

Quiero hacer énfasis en que, de igual forma que a mí, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, también despidió a defensores públicos adscritos a la SEIDO, relacionados con el caso Ayotzinapa. Adicionalmente, en el proceso del caso Wallace, se asignó a un defensor para llevar otra diligencia y al no tener oficio de designación por parte de la Dirección General, y al haberse negado a asistir en la diligencia, también fue cesado del cargo de ese defensor.

Por último, hago mención que hay personas que ocupan el cargo de Defensor que no hacen la labor como tal y que el maestro Netzaí Sandoval, los tiene en el Instituto cobrando sin hacer nada, además que para acceder al cargo de Defensor Público, se requiere de un examen y los compadres, amigos y familiares de dicho Director, están con nombramientos de Defensor sin siquiera contar con el curso. Asimismo cabe mencionar que en esta administración despidieron injustificadamente a casi todo el personal que labora en el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin ningún argumento sólido, comenzaron a cambiar a oficiales administrativos y Defensores Públicos al interior de la República, sin sustento legal, sin importarles que ya tenían establecido un hogar y estabilidad económica, separando familias, sin tomar en cuenta que el cambio a otro estado de la república, implica pagar renta y diversos gastos, y eso no les importó.

Deseo mencionar que con todos estos cambios que se han hecho con la suspensión y cese de personal, tanto oficiales administrativos, así como defensores públicos federales que llevaban casos sensibles por el grado de irregularidades debido a injerencias externas, los nombramientos vacantes por el cese de cargos, los están dando a allegados del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros.

Hago esta denuncia con plena consciencia de la responsabilidad que ello implica, y temo por mi vida. Sin embargo, el silencio de quienes tenemos en nuestras manos el enorme deber moral de procurar la justicia en nuestro país, nos hace cómplices de la grave fractura del Estado de derecho al favorecer las mismas prácticas de corrupción judicial y abusos de gobiernos anteriores.

Atentamente

Lic. Alejandro Garduño Real