Los Ángeles Press
En el marco de la 52º Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Lima, Perú, defensores de los derechos humanos de personas privadas de libertad en México llevaron una denuncia colectiva por la tortura y tratos crueles e inhumanos en las cárceles mexicanas, así como el sustento jurídico internacional de la ilegalidad de la prisión preventiva y la figura del arraigo.
Con el acompañamiento de la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, la periodista Guadalupe Lizárraga y los defensores Alejandro López Ponce de León, del Colectivo Dignidad y Derechos Humanos, y José Humbertus Pérez Espinoza, de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, AC, presentaron una queja colectiva de más de mil 500 internos en los diferentes Centros Federales de Readaptación Social y centros estatales.
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El tema de la Asamblea General de la OEA es el de seguridad alimentaria de la región y la protección de los derechos humanos con el lema «juntos contra la desigualdad y la discriminación» y se desarrollará entre el 5 y el 7 de octubre en el Lima Convention Center, en la capital peruana, que por tercera vez será anfitrión de la cumbre, tras las ediciones de 1997 y 2010.
La Asamblea General, órgano principal de la OEA, reúne a las delegaciones de los estados miembro, como cada año desde 1971, para definir mecanismos, políticas y acciones para la región, además de decidir las autoridades al frente de organismos descentralizados.
La comitiva mexicana, por su parte, presenta por primera vez una denuncia colectiva a nivel internacional por las violaciones de derechos humanos en las cárceles y será recibida en audiencia con otros organismos de derechos humanos y autoridades miembros de la Asamblea.
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El documento que encabeza la Red Solidaria Década contra la Impunidad señala como responsable al Estado mexicano de cometer actos de tortura de manera sistemática y generalizada a las personas privadas de libertad, así como la prohibición de alimentos, agua potable, el aislamiento, como medidas disciplinarias o de consigna, que son toleradas por los mismos jueces.
A continuación el documento parcial:
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