
Por Ignacio García
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sí acudió a una reunión en el 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Iguala, Guerrero, el 7 de octubre de 2014, doce días después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
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El funcionario capitalino fue convocado a asistir a las instalaciones del batallón militar en Iguala como comisario de la Gendarmería a una junta de autoridades que se realizó con carácter «extraurgente». Junto con García Harfuch, asistió también Iñaki Blanco Cabrera, quien fungía como procurador del estado de Guerrero, y había sido testigo de cargo en el caso Wallace en 2010.
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En ese encuentro asistió Tomás Cerón de Lucio, entonces jefe de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), y señalado por su responsabilidad en fabricar la denominada “verdad histórica”, al ordenar la tortura de personas señaladas por su presunta participación en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Actualmente, se encuentra prófugo en Israel.
En esa reunión también acudió el entonces secretario de Seguridad Pública estatal (SSP) de Guerrero, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; José Luis Martínez, fiscal de la PGR; Roberto Hernández Rangel, inspector jefe de la Policía Federal.
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Asimismo, participó Gualberto Ramírez Gutiérrez, integrante de la Unidad de Secuestro de la SEIDO, quien de acuerdo con el Ministerio Público Federal, estuvo presente en las torturas de algunos estudiantes y fue quien ordenó la investigación de los 43. Ramírez Gutiérrez también intervino en el caso Wallace con la intimidación y detención arbitraria del activista Giel Meza y de Enriqueta Cruz Gómez, madre de la inculpada Brenda Quevedo Cruz.
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El general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, Guerrero, fue parte de la lista de autoridades que asistieron a la junta con carácter de urgencia. Actualmente, es uno de los veinte militares implicados en el caso Ayotzinapa con órdenes de aprehensión.
Por su parte, Omar García Harfuch ha negado tener alguna responsabilidad en la fabricación de la denominada “verdad histórica”, por lo que sostuvo que sólo participó en reuniones sin que en ellas se abordara la construcción de la versión oficial que manejó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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