Alfredo Griz Cruz Lunes, 01 de Mayo del 2023
Escribir bien es la mejor venganza (Dorothy Parker)
Por Alfredo Griz
La ruta del fentanilo en el Caribe mexicano es la más segura de toda la república. Tiene todas las condiciones geográficas, climáticas, de infraestructura, y de seguridad para producir y distribuir este opioide que tiene asolado a gran parte del planeta y en particular a Estados Unidos, donde se han registrado cien mil muertes al año por el consumo y sobredosis. Ahora existe la certeza de que esta droga sintética ya se cocina en la Península de Yucatán.
El Gobierno de Yucatán, con la falsa promesa de seguridad que le ha vendido a la sociedad, lo que ha hecho son grandes negocios al amparo de los barones de la droga, negocios que van desde las mafias inmobiliarias, el trasiego de cocaína, el tráfico humano y de migrantes, pesca ilegal y tráfico de pepino de mar, así como el trasiego y la venta de marihuana desde Oaxaca y Veracruz, con opción a venta en Yucatán. Además de esta lista negra, ahora la producción de fentanilo es parte de la principal actividad económica en el estado.
El negocio de fentanilo que inició con la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad, la cual ahora tiene la protección de Ministerios Públicos Federales, se ha extendido en los grupos de narcotraficantes que pagan una onerosa renta a las autoridades estatales y federales para poder producir y vender dicho opioide.
Tras las revelaciones por el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conocido como los Guacamaya Leaks dejó en evidencia el nivel de corrupción y omisión de las autoridades sobre la presencia de varios cárteles en Yucatán. Información que se dio a conocer también por otras instancias especializadas sobre narcotráfico, entre éstas, por el Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, pero también por el Atlas de Seguridad y Defensa por México, que dimos a conocer una entrega anterior sobre el fentanilo en Yucatán.
Sin embargo, un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) da seguimiento a gobiernos estatales y municipales, de toda la península, incluídos los del partido MORENA, sobre los vínculos con cárteles y otros grupos delictivos en el sureste de México.
Dicho reporte también existe en la Sección Segunda del Ejército mexicano, donde la Sub-sección de inteligencia, y a decir de lo que se ha filtrado en los Guacamaya Leaks, el ejército y otras autoridades federales, tienen conocimiento de las actividades delictivas de más de 12 grupos del crimen organizado en Yucatán y de sus vínculos con el gobierno y su policía estatal. Los que destacan en la producción del fentanilo en la región son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Éste último con una alianza de una mafia local enquistada desde hace años y nombrada como La Familia Epitacio, originarios de Oaxaca, aliados también de ingenieros y empleados de jerarquí en la Comisión Federal de Electricidad Yucatán, donde comenzaron a producir y vender fentanilo, negocio que se intensificó tras las obras del Tren Maya.
Las cosas no se quedan ahí. Agencias estadounidenses, tienen al Gobierno de México con el dedo en la llaga tras los últimos reacomodos de la Drugs Enforcement Adminsitration (DEA). En Estados Unidos también se removieron sus activos en todo Latinoamérica, precisamente porque ya muchos de sus agentes tenían nexos con el crimen organizado. Datos a destacar es que de los 500 agentes que hay dispersos por todo el mundo, una veintena se encuentran en México que tienen como base las siguientes ciudades: Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, la Ciudad de México y Mérida.
La presión que la DEA ha tenido a través del Congreso de los Estados Unidos no ha sido poca y, en ese sentido, la referida agencia ha generado mucho mayor actividad y revelado muchos de los reportes que antes tenían ocultos, precisamente por el escándalo en marzo de 2022, donde DEA ordenó la destitución de su director regional en México, Nicholas Palmeri, luego de que su oficina de Asuntos Internos descubriera los vínculos que sostenía con abogados defensores de narcotraficantes. Se encontró además evidencia de que Palmeri visitó la casa de uno de ellos en Los Cayos de Florida, archipiélagos destacados como zona turística de alto poder adquisitivo, sin ningún objetivo laboral, transgrediendo las reglas de la institución.
En esa investigación también salieron a relucir los nexos y acuerdos del crimen organizado en Yucatán, relacionados con el gobernador Mauricio Vila Dosal y su secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saiden Ojeda y otras autoridades. Según la información, se crea una falsa percepción de seguridad para poder hacer de la entidad yucateca un lugar perfecto para el crimen sin que haya sangre ni extrema violencia como en los otros estados, por ejemplo, el vecino Quintana Roo.
El Congressional Research Service (CRS o Servicio de Investigación del Congreso) mantiene férrea presión sobre las agencias dedicadas a investigar estas actividades dada la crisis del fentanilo que se está viviendo en Estados Unidos. En dichos reportes encontramos que en Yucatán, tanto el Ejército mexicano como la DEA, están enterados de que empresarios y funcionarios públicos, entre éstos alcaldes, tienen negocios y relaciones con los cárteles de la droga y de que las instituciones dedicadas a la procuración de justicia o a la seguridad pública les brindan protección en específico a determindas zonas y grupos delictivos.
En un documento confidencial, del conjunto que tiene Los Ángeles Press, se especifica el nombre del gobernador y de su secretario de seguridad pública como personas de interés. Y dice que "Como resultado de las investigaciones que ha realizado esta administración y con especial énfasis en el estado de Yucatán, las oficinas de la DEA asignadas a esa localidad han dado informes muy claros de la colaboración del Gobernador de ese estado, Mauricio Vila Dosal y el jefe de la policía, Luis Felipe Saiden Ojeda, con al menos dos de los 12 grupos criminales que tienen identificados en ese territorio mexicano".
Con letras en rojo, se destaca que "Ante esto y a la espera de que surjan más informes sobre las actividades antes mencionadas, se ha solicitado información de estas dos personas (el gobernador de Yucatán y su funcionario de seguridad pública) a todos los organismos de seguridad con el fin de determinar si cuentan con bienes económicos y propiedades en el país".
En este sentido, tal como han sido los reportes de narcotráfico en la península, es impensable que el gobernador Mauricio Vila Dosal y su secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saiden Ojeada, no tengan conocimiento o relación alguna con los grupos del crimen organizado. Pero además este crimen no sólo se refiere al tráfico de estupefacientes, sino también, según los reportes, a los delitos de pesca Ilegal y trasiego del pepino de mar (Isostichopus badionotus), así como la protección a las mafias italianas y colombianas que ya se han enquistado en Yucatán.
En uno de esos reportes especifican, con especial atención, estas actividades y salen a relucir el nombre de dichos funcionarios, así como dejan entre ver que hay una lista de empresarios, yucatecos en su mayoría dedicados al blanqueo de activos de procedencia ilícita.
Los reportes revelados por el hackeo de Guacamaya Leaks, los reportes de la Sección Segunda del Ejército Mexicano, los reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise), los de la DEA y del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, coinciden y dejen ver, por una parte, que lo que hay es una falsa percepción de seguridad en Yucatán, pero oro otra, es que en dichas averiguaciones destaca una red de connotados políticos, empresarios y funcionarios de Seguridad Pública, así como empleados federales de CFE y Pemex, hasta jueces locales, todos radicados en la península, pero algunos con activos económicos y propiedades en Estados Unidos.