Cinthya Alvarado Enriquez Viernes, 19 de Enero del 2024
Junto con las denuncias, presentaron evidencias videográficas del hostigamiento de los militares del Batallón 101, ubicado en Chiapas.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
Autoridades ejidales de las comunidades de Chicomuselo, La Concordia y Socoltenango, víctimas de desplazamiento forzado, amenazas, desapariciones forzadas y cobro de piso, han denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) los abusos del Ejército Mexicano. Este acto fue acompañado por el Comité Digna Ochoa, encargado de documentar violaciones de derechos humanos.
A partir de las 12:30 horas, autoridades ejidales, ejidatarios y pobladores de las comunidades Madero, Chejel, Raizal, Puerto Rico, Corona del Rosal, Nueva América (pertenecientes a Chicomuselo), Resplandor y San Isidro (del municipio La Concordia) se dirigieron a la Fiscalía del Estado, distrito Fronteriza Sierra. En este lugar, presentaron pruebas de los abusos cometidos por elementos del Ejército pertenecientes al Batallón 101. Estas pruebas fueron documentadas ampliamente por los medios de comunicación a través de videos que dejaron evidencias claras.
Luis Alonso Abarca Ochoa, coordinador del Comité Digna Ochoa, acudió como observador a petición de los denunciantes. Además, solicitó el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Abarca explicó que lo ocurrido el pasado 16 de enero fue un intento del Ejército por cerrar la única ruta segura que tienen estas comunidades para atravesar la laguna La Concordia. Esta ruta les permite abastecerse de víveres, ya que las carreteras de la Sierra están controladas por cárteles del narcotráfico, quienes no solo se enfrentan entre ellos, sino que también realizan reclutamientos forzados, cobro de piso y mantienen casetas de control donde revisan pertenencias y celulares.
Los ejidatarios tuvieron que colocar cercas y barricadas para obstaculizar el paso a los sicarios y miembros de los cárteles como medida de protección. Sin embargo, se quejan de que el Ejército los persiguió y deshizo dichos cortes a la circulación sin escucharlos. No se emprendieron acciones para perseguir y desarticular a los grupos terroristas, ni se les proveyó protección ni garantías de seguridad. Al contrario, los militares lanzaron gases lacrimógenos, hiriendo a varios de ellos y empujándolos a abandonar sus viviendas de manera abrupta.