Tres miembros de la Comisión de la Verdad dan cuenta de las irregularidades y atropellos de la Secretaría de Gobernación en el desarrollo de sus funciones.
Barrera, Fernández y Pérez, miembros de la Comisión de la Verdad, llaman a Claudia Sheinbaum a corregir los abusos cometidos por la Secretaría de Gobernación luego de la salida de Alejandro Encinas.
Los Ángeles Press
En un comunicado de siete páginas, tres de los miembros de Mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, comúnmente conocido como Comisión de la Verdad dan cuenta con detalle de la manera en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de la salida de Alejandro Encinas, hizo todo lo posible por desdeñar los hallazgos de esa Comisión.
Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart, integrantes del Mecanismo también señalan que hubo "falta de voluntad política para apoyar sus labores en tramos críticos".
Reprochan el que haya fracasado el "eje de justicia" y lamentan que "las circunstancias" hayan orillado a "la renuncia de dos de los integrantes del Comité de Impulso a la Justicia".
También denunciaron, en el último día del gobierno de López Obrador "el desmantelamiento del equipo de investigación especializado en Guerra Sucia que ocurrió con la reorganización de la Comisión Nacional de Búsqueda".
Dan cuenta de la "ausencia de apoyo para dar curso a la iniciativa de Ley de Memoria y la formación de un Centro Nacional de Memorias", al tiempo que recuerdan que esa fue una de las promesas incumplidas por López Obrador.
Dan cuenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas carece de facultades y recursos para construir una "ruta solvente de reparaciones para las víctimas de 1965 a 1990".
Finalmente, dan cuenta que hubo "falta de claridad presupuestal" en "muchos tramos del proceso y entorpeció el trabajo de investigación y que orillo, entre otras cosas a la renuncia de una de las comisionadas del Mecanismo y de miembros del equipo de investigación durante el primer año".
La cuenta del Mecanismo en la red social antes conocida como Twitter publicó el comunicado, como se puede ver aquí o después de este párrafo.
El texto del comunicado se publica íntegro a continuación
Texto íntegro del mensaje de los comisionados Barrera, Fernández y Pérez
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2024.
- A las víctimas de la violencia de Estado de 1965 a 1990
- A la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo
- A la sociedad en general
- A los medios de comunicación
Los comisionados del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Historico (MEH) de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ) Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart denunciamos que el gobierno mexicano desconoce los hallazgos del informe final del MEH Fue el Estado (1965-1990) y retoma sólo algunos de sus elementos a modo. Con ello, el gobierno desconoce la existencia de miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos documentadas en un informe hecho en el marco de una comisión de la verdad y cuyos agravios sufridos fueron constitutivos de la violencia política estatal sistemática y generalizada característica del periodo 1965-1990 en México. Instamos de manera enfática a que la administración entrante retome los trabajos de la Comisión, reconozca de manera plena los hallazgos de este informe, reivindique a todas las víctimas sin distinción y atienda a las recomendaciones que emitimos para construir una ruta hacia la no repetición desde una perspectiva comprometida de derechos humanos.
Emitimos este comunicado ante la postura adoptada por la actual administración por medio de la Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración en días pasados. A continuación, relatamos lo acontecido.
Tuvimos noticia—aunque no fuimos convocados—de que el día 25 de septiembre la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación presento en una sesión privada por Zoom el documento titulado Informe Final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión, Al parecer, con ese evento, al que sólo se invitó a algunas víctimas y colectivos y al que únicamente se convocó a una de las personas comisionadas, la Subsecretaría ha dado por cerrado este ejercicio que, allá por diciembre de 2021 genero grandes expectativas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión, en la ciudad de Chihuahua.
En ese resumen, la Subsecretaría apunta en su página sexta que, hasta antes de la creación de esta Comisión, los ejercicios de esclarecimiento “no lograron investigar a profundidad y sancionar los crímenes atroces cometidos durante aquel periodo; esto propició impunidad para los perpetradores, así como una profunda injusticia para las víctimas, sus familiares y para la sociedad mexicana en su conjunto”. Con esto, admite la importancia de reconocer los crímenes del pasado, sancionar a los perpetradores y reivindicar a las víctimas.
Es inadmisible que, a pesar de esa claridad, el resumen deje de lado a cientos de víctimas que rindieron su testimonio al MEH. Se trata de personas que confiaron en un ejercicio promovido por esta administración y que esperan el reconocimiento estatal de la violencia de Estado de la que fueron objeto. Estas personas se acercaron al MEH y hablaron—en muchos casos por primera vez—para relatar las violaciones graves de derechos humanos a las que fueron sometidas. Es inaceptable que, tras el pormenorizado informe Fue el Estado (1965-1990) en el que se documentan con detalle las violaciones graves a derechos humanos contra once conjuntos de víctimas, el Estado, en voz de la Subsecretaría, decida invisibilizar a nueve de estos, y con ello, a amplios sectores de la sociedad mexicana que también padecieron de manera cruenta la violencia política del Estado de forma sistemática y generalizada durante el periodo.
Como lo prueba el informe Fue el Estado (1965-1990), la penetración de esta violencia fue mucho más amplia de lo que imaginábamos. Sí, se volcó sobre organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y disidencias laborales sindicales y redes de apoyo contra la represión, comunidades campesinas indigenas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, periodistas. Pero, durante este mismo periodo, el Estado también arrasó comunidades enteras de poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; ejecutó a habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; torturó a personas marginalizadas y criminalizadas, desplazó a grandes poblaciones del movimiento urbano-popular; torturó a disidencias sexo-genéricas; desplazó a cientos por su disidencia religiosas; y desapareció a personas refugiadas en la frontera sur de México y hasta torturó a integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales a manos de sus propios mandos. Todas estas violaciones graves constituyeron parte de un mismo fenómeno sistemático y generalizado de contrainsurgencia.
No se trata de una omisión menor, ésta implica el desconocimiento de la existencia de 4,300 de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos identificadas en una investigación realizada en el marco de una comisión de la verdad. Implica también el desconocimiento de la existencia de 6,097 violaciones graves contra estas víctimas dentro de las que se encuentran 23 masacres y adicionalmente el desconocimiento de 116,756 víctimas estimadas de desplazamiento forzado en 63 eventos de las que el informe Fue el Estado (1965-1990) da cuenta para los conjuntos de víctimas que el resumen ejecutivo de Segob busca invisibilizar.
Omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal. Es un intento por borrarlas de la historia nacional. Es una omisión grave en la que incurre el Estado para la que no ofrece ningún fundamento metodológico ni legal. Esta exclusión revictimiza a las personas, y resulta una falta de respeto para quienes dieron su testimonio y para la seriedad con la que se tomó una encomienda que adoptamos con completa responsabilidad junto con nuestros equipos, de realizar una investigación para las víctimas y la sociedad mexicana con independencia, imparcialidad y el más alto estándar y rigor posible dadas las condiciones que la administración dispuso para este ejercicio. Gobiernos anteriores buscaron invisibilizar los agravios de este periodo de nuestra historia simulando ejercicios de verdad. Es lamentable que actores dentro de este gobierno busquen repetir la funesta historia. Esta omisión perpetua la violencia contra las víctimas y la impunidad de sus perpetradores. Lamentablemente constituye a todas luces uno más de los factores de persistencia de los que habla el informe Fue el Estado (1965-1990) y sólo termina por dar la razón al título de la obra.
Aunque ha habido gobiernos en varias latitudes que no han reconocido algunos hallazgos plasmados en los informes de sus comisiones de verdad, o casos en los que no se asumieron las recomendaciones a cabalidad, es por mucho irregular lo que ocurre en este caso: que un gobierno que funda una comisión invisibilice sus resultados, no los reciba formalmente, no los publique y ni siquiera los presente ante la máxima autoridad que le indica su marco legal, esto es, ante el presidente de le República. La Subsecretaría de Derechos Humanos, designada para presidir la Comisión, optó no sólo por dejar fuera de su presentación de resultados y de su página oficial el informe Fue el Estado (1965-1990), sino que en la breve mención que hace de este trabajo en ese resumen ejecutivo que presenta como su informe final, reduce al mínimo aquello que retoma y, además de excluir a nueve de once conjuntos de víctimas omite las recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas.
Subrayamos esto último, pues los hallazgos sobre perpetradores que contiene Fue el Estado son una aportación clave para establecer los elementos de contexto en procesos judiciales de un amplio espectro de víctimas de la violencia estatal del periodo. Esto es, no es sólo relevante para los casos de víctimas de los contextos que el resumen ejecutivo borró, sino para todas las víctimas del periodo, pues como lo prueba nuestro informe, los perpetradores que cometieron las violaciones contra estas víctimas pertenecían a los mismos circuitos, y muchas veces eran los mismos que cometieron violaciones, por ejemplo, contra organizaciones político-militares y movimientos estudiantiles.
En esta medida, los hallazgos del informe Fue el Estado contribuyen al reclamo de justicia histórico de las victimas que con su lucha incansable dieron origen a esta Comisión.
Cabe señalar que, además de la invisibilización de las violaciones graves a derechos humanos, el resumen describe en términos falsos e inadecuados, las condiciones en que nos vimos obligados a presentar de manera pública el informe. No actuamos de manera unilateral como se afirma, ni faltando al respeto a las víctimas. Por el contrario, la decisión que tomamos de hacerlo público el 16 de agosto, un día después de que se presentó a la asamblea de víctimas y al resto de mecanismos de la Comisión, fue precisamente por respeto a las víctimas que nos confiaron su testimonio y al arduo, y no siempre fácil trabajo, de nuestro equipo. También estuvo motivada por la falta de una ruta por parte de la Subsecretaría para presentar los hallazgos del esclarecimiento histórico al resto de víctimas, al presidente de la República y a la sociedad como lo indica el Decreto presidencial. De no haberlo hecho así, el informe no sería de conocimiento público, habría quedado reducido a lo que la Subsecretaría tuviese a bien aprobar, como nos lo advirtió en varios puntos del proceso.
Hasta ahora habíamos omitido, en aras de no generar mayor encono hacia nuestro equipo, hablar de la manera injusta y displicente con el que se les trató, por parte de los directivos de la Subsecretaría y por parte de la Jefatura de Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos desde que el Lic. Alejandro Encinas se retiró de la Segob. La primera medida que tomaron los nuevos funcionarios fue intentar tomar el control del equipo de investigación y de la escritura de nuestra parte del informe, violentando así la independencia que nos concede el Decreto presidencial. Al no lograrlo, comenzaron a descalificar los avances de investigación que les compartimos. Se llegó a decir que nuestro equipo no trabajaba.
Recibimos presiones para que la entrega de nuestro informe ocurriese en enero de este año, cosa que resultaba inviable e incompatible con un plan de trabajo y cronograma trazado desde el inicio del MEH. A pesar de ello, aceptamos comprometernos a entregar el informe a la Subsecretaría a mediados de junio, lo cual fue posible gracias al esfuerzo y compromiso extraordinario de nuestro equipo de investigación. Hicimos pública aquella entrega a la Subsecretaría por el riesgo que existía de que se intentara desconocer el trabajo por completo. Fuimos excluidos y maltratados por dicho y por hecho.
El momento más álgido ocurrió cuando, en la sesión de presentación de los informes de los distintos mecanismos de la Comisión a la asamblea de víctimas del 15 de agosto del presente, el subsecretario Arturo Medina dijo que había cosas de nuestro informe con las que la Segob no estaba de acuerdo (particularmente los factores de persistencia, las recomendaciones y el abordaje de un amplio abanico de víctimas). Expreso que lo revisarían y que ellos generarían el informe final de la Comisión. Se argumentó que sólo considerarían aquella información que, a su entender, estuviera circunscrita al objeto y al periodo establecido por el decreto presidencial. Al respecto aclaramos lo siguiente:
- El Decreto de creación de la Comisión publicado el 6 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación mandata realizar una investigación de esclarecimiento histórico de violaciones graves a derechos humanos cometidos durante un periodo específico, no mandata investigar la violencia cometida contra grupos específicos.
- El análisis de las violaciones graves a derechos humanos del periodo, cometidas en el marco de la violencia política de Estado muestra que éstas no se circunscribieron a las víctimas habitualmente identificadas (estudiantes y movimientos armados), sino que ésta fue dirigida contra un amplio abanico de disidencias de manera sistemática y generalizada. El informe muestra como la violencia contra esos otros conjuntos de víctimas no fue periférica sino constitutiva de la estrategia contrainsurgente del Estado.
- El Decreto nos facultó para realizar la investigación “con independencia, imparcialidad y competencia”, así como para realizar la “proposición y emisión de informes relacionados con su objeto, conforme a la normativa aplicable en la materia”.
- La investigación realizada se apegó a la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos. No se hizo distinción entre unas víctimas y otras, sino que todos aquellos conjuntos de personas que fueron violentadas por el Estado, en el marco de la violencia política del periodo, fueron incluidas en nuestra investigación.
- La violencia estatal del periodo analizado no se detuvo de tajo en 1990, las inercias institucionales que la hicieron posible continuaron posterior al periodo. Este es un hallazgo derivado del propio trabajo testimonial con las victimas que sufrieron agravios dentro del periodo 1965-1990, lo que motivó a incluir factores de persistencia en el informe. Los factores de persistencia también fueron un hallazgo derivado de la obstrucción del trabajo documental que experimentó el propio Mecanismo en los archivos militares y los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nacion. No incluir factores de persistencia hubiera sido faltar a la verdad.
- Si bien las comisiones de la verdad se ocupan de temas del pasado, su objetivo siempre es que el análisis histórico ilumine el presente y que realice recomendaciones para que aquellos hechos no se repitan nunca más. Esto lo reconoce el propio Decreto al considerar que el esclarecimiento debe contribuir a la no repetición y al facultar el ejercicio para realizar proposiciones además de informes.
- Los análisis históricos, al menos los de historia reciente, no deberían realizarse para erigir monumentos o memoriales únicamente, no son sólo relatos memoriosos. El objetivo es que haya consecuencias en materia de justicia y reparación para las víctimas. Esta Comisión de la verdad debía hablarle al presente y por eso fue necesario decir con toda franqueza qué de aquella violencia persiste como lastre en el presente a pesar de las transformaciones, y como podría allanarse el camino para remediarlo.
Por ello, nuestro informe incluyo recomendaciones que provienen del trabajo directo y la escucha de todas víctimas, pues se incluyeron también todas aquellas recabadas en los testimonios públicos de los ocho Diálogos por la Verdad que llevamos a cabo, así como del análisis de otros ejercicios de esclarecimiento. Las recomendaciones son una parte sustancial de los informes de comisiones de verdad en todo el mundo.
Por todo lo anterior, estamos convencidos de que la exclusión del informe Fue el Estado (1965-1990) del reconocimiento oficial y por tanto de sus hallazgos y de las victimas a las que da voz, así como el maltrato al que nuestro equipo y nosotros estuvimos expuestos ocurrió porque nos negamos en todo momento a someter la investigación y sus resultados a los criterios políticos que intentaron imponernos desde la Subsecretaría y la Jefatura de Unidad, tras la salida de Alejandro Encinas. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército, las recomendaciones emitidas y el señalamiento de factores de persistencia de las violencias documentadas.
Así mismo, por la posición crítica que defendimos en distintos momentos del proceso sobre la gestión de la Comisión en su conjunto y la falta de voluntad política para apoyar sus labores en tramos críticos: el fracaso del eje de justicia y las circunstancias que orillaron a la renuncia de dos de los integrantes del Comité de Impulso a la Justicia; el desmantelamiento del equipo de investigación especializado en guerra sucia que ocurrió con la reorganización de la Comisión Nacional de Búsqueda, la ausencia de apoyo para dar curso a la iniciativa de Ley de Memoria y la formación de un Centro Nacional de Memorias que constituyó parte de la promesa presidencial; la falta de capacidades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para construir una ruta solvente de reparaciones para las víctimas de 1965 a 1990; y la falta de claridad presupuestal que privó en muchos tramos del proceso y entorpeció el trabajo de investigación y que orillo, entre otras cosas a la renuncia de una de las comisionadas del MEH y de miembros del equipo de investigación durante el primer año.
Apelamos a la sensibilidad de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para asumir oficialmente el informe Fue el Estado (1965-1990) como parte de la entrega del MEH reconociendo así a las víctimas y la violencia que el Estado ejerció contra ellas. Confiamos en la atenta escucha que preste al mensaje que este informe lleva entre sus páginas, no sólo por el pasado, sino por lo que significa para seguir transformando el presente. Apelamos a que el equipo que designe para dar continuidad a la agenda de justicia transicional incorpore de manera plena una perspectiva de derechos humanos para la justicia de las víctimas, la memoria, la verdad y la no repetición. Es ahí también donde consideramos que está un proyecto de largo aliento.
Por todas las víctimas del periodo 1965-1990, por todas las víctimas del presente, por todas sin distinción.
ATENTAMENTE
Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart.
Personas expertas que presiden el Mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.