Omisiones y corrupción en juzgados federales de Yucatán

Adrián Fernando Novelo Pérez, juez de Distrito en Yucatán señalado por incurrir en graves omisiones.

Despacho 14

Por Alfredo Griz

La justicia en Yucatán está cada vez más lejos de las verdaderas víctimas y cada vez más cooptada por los compadrazgos y amiguismos dentro del poder judicial. Los jueces y magistrados no han entendido el peligro que representa para la vida democrática del país la nueva reforma judicial, misma que está en ciernes y a la vuelta de la esquina. De ella se quejan, pero por sus propias acciones, ineptitudes, corrupción y omisiones, están dando el pretexto perfecto al gobierno en turno para darle la última estocada a lo que nos queda como democracia en México.

En todo el país es lo mismo, pero Yucatán se cuece aparte, no solo por los regionalismos que existen en todos los ámbitos de la vida de los yucatecos, sino también por la violencia institucional que se ha enquistado y ahora se ha perpetuado dentro de todos los ámbitos públicos y políticos de Yucatán.

El calvario de una madre que lucha primero contra su agresor, quien en un inicio, de manera irónica, quiso ser ombudsman de Yucatán, abogado de profesión y violentador por elección propia. Pero hoy no abordaremos el tema de este victimario. Lo importante es visibilizar el vía crucis de Erika Contreras Pérez, ciudadana originaria de Yucatán, profesionista y madre de una menor de edad que ha sido violentada y sustraída por su propio progenitor. Esta violencia se ha extendido ahora al propio poder judicial, que, a través de tratos y contratos, ha decidido ayudar a una persona que tiene vinculaciones a proceso y varias denuncias por violencia física y lesiones, todas ellas acreditadas y que obran en la Fiscalía General del Estado, con los respectivos dictámenes periciales, que dan cuenta de los golpes y lesiones físicas que el agresor ejerce sobre la ahora víctima.

Del agresor y victimario nos ocuparemos después, pues el desfile de delitos que ha cometido es extenso. Pero ahora nos ocupa el poder judicial, específicamente nos referimos a la violencia institucional, omisión y el sesgo que el juez Primero de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, Adrián Fernando Novelo Pérez, ha ejercido en contra de la ciudadana Erika Contreras Pérez. Este juez favoreció en un juicio de amparo a Mauricio Efraín Estrada Pérez, el violentador de la antes mencionada, quien ya tiene una vinculación a proceso derivada de la siguiente denuncia FGE/COMUN/UNAD T-2301/2024, misma que está radicada en la Fiscalía General del Estado de Yucatán, de la cual ya se desprendió la vinculación a proceso y por la cual el ahora imputado debe firmar cada 15 días.

A pesar de todos los antecedentes que le fueron demostrados al juez, le otorgó un amparo para que el agresor tuviera el amparo de la menor, de iniciales L.E.C., quien ha sido utilizada como bandera mediática y manipulada por diversas autoridades, entre ellas este iluso juez, para seguir ejerciendo violencia psicológica, económica y verbal contra la víctima, Erika Contreras Pérez. Aunado a ello, el juez ejerció violencia institucional al conceder, sin escuchar los alegatos, agravios y los sólidos argumentos que existen contra Mauricio Efraín Estrada Pérez, la llave y el permiso legal para seguir destruyendo la vida tanto de la menor como de la madre.

Este juzgador, que no conforme con estar en la cuerda floja y a punto de abandonar el poder judicial, no solo por la mencionada reforma que nos hará perder gran parte de nuestra vida democrática, sino también por un sistema actual que ha tomado como pretexto la insolvencia moral, el sesgo político y el distingo a la hora de juzgar, ha destrozado la vida de una menor de edad y de una madre desesperada. A pesar de las pruebas de golpizas, violencia psicológica, económica y de todo tipo, que Erika Contreras Pérez presentó ante la autoridad estatal, demostrando el peligro de muerte que corrían tanto ella como su hija a manos del imputado.

Irónicamente, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien se desgarró las vestiduras defendiendo la selva por las obras del Tren Maya y quien se preocupó supuestamente por la ecología, hoy ha demostrado una falta absoluta de congruencia. Le importó un carajo tanto la vida de la madre, Erika Contreras Pérez, como la de la menor, quien ha recibido violencia psicológica por parte de Mauricio Efraín Estrada Pérez. Este agresor la ha expuesto a dictámenes periciales que han sido falseados por parte de uno de sus abogados, un tema que también abordaremos más adelante.

Pero Adrián Fernando Novelo Pérez, para desgracia de muchos yucatecos —y decimos muchos porque son varios los casos en los que este juzgador ha violentado a las víctimas y usuarios del poder judicial— llegó en 2016 a no impartir justicia y hacer de sus tropelías una marca personal. Lo más curioso es que en su currículo aparece que incluso impartió cursos como: "El Método para la Solución de los Problemas Jurídicos", Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, en el Instituto de la Judicatura Federal, extensión Chiapas. Y para ponerle la cereza al pastel de ignominias de este juzgador, también impartió un curso de Mecanismos de Protección de Derechos Humanos, en el mismo Instituto.

Sobra pensar cómo formó a ese recurso humano si este juez carece de sentido común, ética, profesionalismo y, sobre todo, congruencia. Según una fuente externa al caso de Erika Contreras Pérez, este juez está pagando un favor político al imputado, Mauricio Efraín Estrada Pérez, quien ha utilizado a varios personajes incrustados en el poder judicial federal y estatal para seguir violentando de manera institucional a la víctima y seguir destruyendo la vida de su propia hija, a la que, a la corta edad de 5 años, sometió a pruebas periciales de una supuesta violación, que está comprobado que jamás existió. Este juez, Adrián Fernando Novelo Pérez, utilizó esta situación como ariete legal para otorgar el resguardo de la menor al victimario, en lugar de a la madre, quien tiene la sentencia definitiva de la guarda y custodia de la menor otorgada por un juez local.

Por lo pronto, y después de más de dos años de batalla legal, la ahora víctima, quien ha dado una extenuante lucha legal, señala que no se detendrá y mucho menos por amiguismos, complicidades o el sesgo de juzgadores o servidores públicos.

Erika Contreras Pérez señala que es un suplicio lo que le está sucediendo. Es evidente que el poder judicial está corrompido y es utilizado a mansalva para destruir vidas, pero eso no aminorará el impulso ni el ímpetu legal para poder recuperar a su hija. Aunque la ley esté siendo usada de forma maliciosa para dañar tanto a la menor como a ella, por ser su madre, la razón y la congruencia le asisten, y con eso basta para seguir adelante en este calvario legal.

Para concluir esta primera entrega, Erika Contreras Pérez menciona que está consciente de que es una batalla asimétrica, pero no imposible. No solo no dejará de insistir ni de visibilizar su caso, sino que continuará exhibiendo las omisiones y corrupciones que existen dentro del poder judicial. No es la única ciudadana que está en esta situación; Yucatán ya es un estado conocido por tener jueces corruptos que ejercen violencia institucional de manera reiterada.