Las disculpas públicas ordenadas por un tribunal y las medidas cautelares que exigen censura previa en redes sociales alertan el periodismo en Campeche.
Por Diego Gastélum
Bajo mandato del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali ofrecieron una disculpa pública a la gobernadora Layda Sansores San Román, tras ser señalados por emitir comentarios considerados “ofensivos, estereotipados y generadores de violencia política en razón de género”, en un programa transmitido por YouTube y Facebook.
El acto, transmitido en video a través de la plataforma La Barra Noticias, muestra a cada comunicador leyendo un texto previamente dictado para cumplir con el fallo judicial. La sanción fue confirmada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras la apelación de los periodistas.
Pero este no es el único frente que mantiene la mandataria campechana contra la prensa local. Otro proceso legal involucra al periodista Jorge González Valdez —con más de cinco décadas de trayectoria— y al medio Tribuna Campeche, sobre quienes pesan medidas restrictivas impuestas por juezas locales.
En una decisión que ha encendido las alertas en círculos de defensa de la libertad de expresión, el Juzgado Segundo Interino del Sistema Penal ordenó al periódico digital entregar en 48 horas los datos del community manager de sus redes sociales, con el fin de someter sus publicaciones a una revisión judicial. La orden, bajo el pretexto de verificar si existe contenido relacionado con Sansores, establece incluso una multa económica en caso de incumplimiento.
González Valdez, exdirector de Tribuna Campeche, advierte que el ejercicio del periodismo en la entidad se ha vuelto “particularmente difícil” en los últimos años. Las resoluciones judiciales, tanto en tribunales electorales como penales, han comenzado a configurar un patrón preocupante de intervenciones institucionales contra medios y periodistas críticos del gobierno estatal.
Mientras el discurso oficial invoca la protección contra la violencia de género, voces dentro del gremio periodístico y organismos civiles advierten que estas acciones podrían estar siendo utilizadas como una herramienta para restringir el disenso, acallar la crítica y moldear el debate público bajo la lupa del poder.