Guadalupe Lizárraga Miércoles, 03 de Diciembre del 2025
Alejandro López Ponce de León revela colusión y omisiones en fiscalía de Jalisco tras el secuestro de Wendy Coral Franco.
Por Guadalupe Lizárraga
El defensor de derechos humanos Alejandro López Ponce de León, coordinador nacional de Centros de Reclusión y Ceferesos de la organización Capellanía Armada Mundial de Paz, fue atacado a balazos ayer en la noche dentro de su domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El agresor, según relató la propia víctima desde el hospital, se identificó como emisario de José Rafael González Díaz, sujeto denunciado reiteradamente ante las autoridades por un intento de despojo de tierras y por amenazas de muerte.
Desde la camilla del hospital y con asistencia médica, aún convaleciente por dos impactos de arma de fuego, López Ponce de León envió un video a Los Ángeles Press para recordar que llevaba más de un año solicitando protección a las autoridades federales y estatales —entre éstas, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Jalisco— sin recibir una respuesta efectiva.
Su caso está directamente vinculado a la defensa de Wendy Coral Franco Flores, dueña de una parcela en Zacualco de Torres, Jalisco, quien fue víctima de secuestro, tipificado como desaparición forzada, un crimen por el que ambos han responsabilizado a José Rafael González Díaz y a su círculo cercano.
Secuestro, contratos apócrifos y omisiones oficiales
La documentación entregada a este medio —incluida la extensa denuncia enviada a la Secretaría de Gobernación y a la Presidencia de la República— exhibe un patrón de irregularidades que derivaron en el atentado contra López Ponce de León.
En el expediente consta que Wendy Coral Franco recibió un título parcelario y cuenta con el certificado de derechos sobre tierras de uso común, documentos expedidos por el propio gobierno federal. Sin embargo, terceros elaboraron contratos falsificados para despojarla de la tierra. Uno de esos documentos —que obra en la carpeta de investigación 4908/2025— presenta fechas contradictorias: indica haber sido elaborado el 12 de septiembre de 2024, pero firmado el 14 de agosto del mismo año. A pesar de ello, la agente del Ministerio Público Claudia María Cortés Flores se negó reiteradamente a integrar el contrato original y a investigar sus inconsistencias.
Esta omisión ha sido denunciada una y otra vez por las víctimas, quienes afirman que Cortés Flores ha actuado con parcialidad e incluso habría favorecido a José Rafael González Díaz.
Otra de las denuncias por el hostigamiento de González Díaz fue enviada a este medio el 3 de septiembre de 2025. En ese mensaje, dirigido a la directora de Los Ángeles Press, lo saluda como “Doc” (doctora) y reitera que las amenazas las ha recibido de José Rafael González Díaz, a quien responsabiliza junto con los dueños de los anexos —como se les conoce a los centros de rehabilitación— Creser, S.A. y Despertar, S.A., bajo la dirección de José Sainz Guardado y Jaime Sánchez. De igual manera responsabiliza desde entonces a la agente del Ministerio Público Claudia María Cortés Flores.
El oficio que contradice a la fiscalía
El 10 de noviembre de 2025, la misma agente del Ministerio Público denunciada por omisiones y presunto encubrimiento, Claudia María Cortés Flores, firmó un oficio dirigido a la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque en el que otorgó medidas de protección de temporalidad indefinida a favor de Wendy Coral Franco Flores y Alejandro López Ponce de León, ordenando vigilancia domiciliaria y auxilio policial inmediato.
Este documento firmado por la agente del Ministerio Público reconoce formalmente el riesgo en el que se encontraban las víctimas y expone el domicilio exacto donde fueron atacados posteriormente, lo que evidencia una contradicción central: mientras la funcionaria afirmaba no contar con elementos suficientes para avanzar en la investigación del secuestro, las amenazas y el intento de despojo, simultáneamente certificaba por escrito que las vidas de Wendy Coral Franco y Alejandro López Ponce de León estaban en peligro. Esto refuerza la acusación de que, pese a tener conocimiento pleno de su situación, no actuó con la debida diligencia para prevenir el atentado que finalmente ocurrió.
- En una de las misivas oficiales, López Ponce de León y Wendy Coral advierten:“Desde este momento hacemos responsable a la Ministerio Público Claudia Cortés Flores de cualquier daño que nos pudiera suceder.”
Las denuncias también incluyen la existencia de contratos simulados de compraventa y el pago irregular de 456 mil pesos por la renta de la misma parcela a un tercero, aun cuando Wendy estaba secuestrada en el anexo Creser y no podía autorizar transacciones.
El secuestro de Wendy Coral y la actuación de los anexos privados
El testimonio de Wendy Coral, plasmado en las cartas enviadas a Presidencia y Gobernación, señala que durante su secuestro fue llevada a dos anexos: Crecer y Despertar. En el primero, según consta en la declaración de una testigo llamada Monserrat, Wendy fue golpeada, torturada y atendida por un médico identificado como Montelongo, quien habría ordenado su traslado por sangrado de boca y ano.
En el segundo anexo, del cual fue rescatada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la fiscalía jalisciense, se documentó que nunca presentó indicios de consumo de drogas, contradiciendo la versión inicial que pretendía justificar su reclusión forzosa.
Pese a estas evidencias, la Fiscalía estatal no ha solicitado órdenes de aprehensión contra los responsables operativos de los anexos.
Las alertas ignoradas por el Estado
Las víctimas acreditaron haber presentado denuncias y solicitudes de protección ante diversas instancias del Estado mexicano, lo cual reitera Alejandro López Ponce de León en el video grabado desde el hospital.
A pesar de ello, ninguna autoridad generó medidas de protección efectivas ni incorporó los elementos entregados en la Ciudad de México a la carpeta local. La propia Wendy Coral señala que al contactar a Presidencia le respondieron que el estado de Jalisco “no tenía conocimiento de nada”.
En uno de los párrafos más contundentes del expediente integrado desde hace un año, las víctimas expresan su desesperación:
“¿Qué debemos hacer? ¿Pedir asilo humanitario? ¿Esperar a que los victimarios nos quiten la vida?”.
---