Tribunal absuelve a Abarca, exalcalde de Iguala, por caso Ayotzinapa

Ignacio García

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Entre los crímenes que se le imputan al exalcalde Abarca está el homicidio de Justino Carbajal Salgado, que le ganó una condena a 20 años de prisión.

Los familiares de las víctimas de Ayotzinapa estiman que se protegió a Abarca al integrar con errores la carpeta de investigación del caso.

Por Ignacio García

El Tribunal Colegiado de Apelación del 19 circuito federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, ratificó la sentencia dictada en el juicio de amparo 70/2022, razón por la cual absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

El tribunal validó la sentencia dictada por el juzgado del primer distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, aunque el exmunícipe permanecerá recluido, pues enfrenta dos sentencias adicionales por hechos delictivos relacionados con su labor como presidente municipal.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez promovió un juicio de amparo en contra de la resolución de la primera instancia.

Debe señalarse que los registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) refieren que la sentencia no es definitiva y no protege a los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El exalcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfrenta una condena a 20 años de prisión por el homicidio de Justino Carbajal Salgado, activista social asesinado en marzo de 2013, por órdenes de Abarca, quien además es acusado de delitos de operar con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa señalaron que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) estuvo mal integrada, por lo cual estiman que se evitó que Abarca enfrente una acusación en su contra.

José Luis Abarca permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) del Altiplano en el Estado de México. Se le señala de ordenar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, debido a sus presuntos nexos con el crimen organizado que opera en la región aledaña a Iguala.