Cinthya Alvarado Enriquez Viernes, 21 de Marzo del 2025
En los hechos del Lunes Negro, 43 víctimas de la brutal represión, y exige la inhabilitación de los funcionarios responsables.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
Como víctima del Lunes Negro en Tapachula, Cinthya Alvarado sigue luchando por justicia, lo que también implica la inhabilitación de aquellos que obstruyen la ley.
En el Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula, durante el caso del Lunes Negro (27 de enero de 2020), la periodista Cinthya Alvarado Enríquez solicitó la revisión de las firmas de los involucrados en el proceso, como el ex secretario de Seguridad Pública Municipal, Pedro Enock García Palazuelos Domínguez.
La batalla por que se haga justicia en este caso ha sido larga y desigual. Alvarado ha mantenido una resistencia constante, alzando la voz ante diversas autoridades, y enfrentando los más de 9 amparos solicitados por la defensa de los implicados, quienes, según se sabe, habrían sido respaldados económicamente por Rosa Irene Urbina Castañeda. Urbina, quien asumió el cargo de presidenta tras la muerte del ex presidente Gurría, a quien se le aplicó un juicio político relacionado con este mismo caso.
¿Por qué Pedro Enock continúa protegiendo a Rosa Urbina, ex síndico y expresidenta, a Luis Miguel Del Pino Acotto, ex secretario general de gobierno, a Marco Viaña Arenas, ex director general de gobierno, ambos presentes el día de los hechos, y a Viridiana Figueroa, ex regidora, entre otros regidores? Si bien sus cargos políticos pueden eximirlos de ser culpables, son, sin duda, responsables de lo sucedido, pues no cumplieron con su obligación de promover la justicia. En cambio, se unieron a las campañas denostativas y a la persecución política contra la periodista Alvarado.
Han pasado cinco años y, a pesar de los obstáculos, la periodista ha continuado su lucha en diversos escenarios para lograr que el caso avance. Actualmente, el juicio está en la etapa intermedia, donde ya no hay vuelta atrás, y será un juez quien determine la sentencia por cargos que no admiten fianza. La brutal golpiza, la tortura y la incriminación de 43 personas —incluyendo a una mujer, personas mayores, indígenas y ciudadanos— a manos del Ayuntamiento, constituyen presuntamente delitos con todas las agravantes.
El Lunes Negro de 2020 no es el primer caso de abuso de poder en Tapachula. El 31 de diciembre de 1946 fue asesinada María Herrán Ramos, una luchadora social que abanderaba al partido cívico que reclamaban fraude electoral contra Ernesto A. Córdova orquestado desde el Estado imponiendo al candidato del PRI, Luis Guízar Oceguera. El paralelo entre ambos eventos es claro: dos gobiernos que, en lugar de escuchar las demandas de la población, decidieron reprimir y castigar a los ciudadanos de Pavencul que reclamaban un kilómetro de los 64 en mal estado de su carretera.
Lo que resalta a todas luces, señaló Alvarado, es la impunidad con la que ambos abusos fueron olvidados. Funcionarios como la diputada federal Rosa Urbina y la ahora oficial mayor Viridiana Figueroa, quien era regidora encargada de la seguridad en Tapachula, continúan ejerciendo poder sin que se les haya hecho rendir cuentas. Figueroa, según Alvarado, "nunca ha trabajado por el bien común ni por la justicia, mucho menos por la seguridad, sino solo para sus propios intereses. Ahora, con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, pretende convertirse en la siguiente presidenta municipal sin méritos, solo por su cercanía con él."
Alvarado, quien recientemente salió del Centro de Justicia Penal, donde se llevarán a cabo más audiencias relacionadas con el caso, exige que estos funcionarios públicos sean inhabilitados para ocupar cualquier cargo público. "Lo que han hecho hasta ahora no ha servido para nada y solo ha obstruido la justicia. Según la ley de servidores públicos, estas personas no deben volver a ocupar ningún puesto, deben quedar inhabilitados, tal como lo establece la ley", subrayó la periodista.