Argenis Esquipulas Lunes, 05 de Mayo del 2025
Flores murió el 15 de abril; se estimó que se trataba de un suicidio, pero la Fiscalía de Chiapas ahora investiga los hechos como asesinato.
Flores Tovar logró eludir la acción de la justicia por más de diez años gracias a una densa red de impunidad en el gobierno del estado de Chiapas.
Por Argenis Esquipulas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 5 de mayo. Una presunta red de explotación sexual infantil que operaba dentro del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, conocido como El Amate en Cintalapa, Chiapas, puso en jaque al sistema penitenciario de Chiapas.
Ello es así en la medida que involucra a funcionarios del penal, una mujer detenida en Oaxaca y un exdirector del penal, actualmente prófugo. El escándalo estalló luego del asesinato en abril de este año de un interno clave para comprender la operación de esta red: Yudiel Flores Tovar, alias El Coyote Consentido.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de cuatro custodios penitenciarios por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y el ejercicio ilegal del servicio público. Los detenidos sólo se identifican parcialmente con el primer nombre como Luis Miguel “N”, José Avelino “N”, Miguel Ángel “N” y Óscar Antonio “N”. Todos formaban parte del cuerpo operativo de la Secretaría de Seguridad del estado de Chiapas.
“Vamos a actuar con contundencia. No habrá impunidad para ningún servidor público que se aparte de sus responsabilidades legales”, declaró el fiscal durante una conferencia de prensa.
La investigación tiene como figura central a Yudiel Flores Tovar, un comunicador y presunto activista social, influencer según algunos, cuya imagen pública ocultaba una vida criminal. Sentenciado en 2021 a 67 años de prisión por trata de personas y explotación sexual infantil, Flores Tovar ya había sido fichado incluso por las autoridades estadunidenses del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y contaba con una alerta roja de la Interpol al menos desde 2010.
Bajo el seudónimo Ronald Franco, se le vinculó a la distribución de al menos 23 videos y 176 imágenes explícitas de abuso infantil.
A pesar de las alertas internacionales, Flores Tovar permaneció libre durante más de una década, protegido por una red de influencias locales que, surgidas en los gobiernos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco, crecieron y le garantizaron impunidad, incluso a pesar de las denuncias presentadas en medios independientes. Fue detenido recién en 2021, en la segunda mitad del sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, cuando el daño ya estaba hecho.
Las autoridades reportaron su muerte, ocurrida dentro del penal en abril pasado, oficialmente como suicidio. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación afirman que se trató de un homicidio cometido por otros dos internos, a quienes se identifica parcialmente, según la norma impuesta en México, como Francisco “N” y Marco Antonio “N”, presuntamente por venganza o para silenciarlo.
La Fiscalía informó el 15 de abril en un comunicado (disponible aquí) de la muerte y las condiciones sospechosas en las que se encontró su cadáver en la celda de El Amate.
Ambos se encuentran recluidos en el módulo 4, celda 3, y ya se inició el proveso para imputarlos por ese hecho.
La muerte de Flores Tovar detonó una serie de diligencias que revelaron la presunta existencia de una red de explotación sexual infantil operada desde dentro de El Amate. La fiscalía estatal informó que autoridades del penal habrían permitido el ingreso de menores de edad bajo identidades falsas, con la colaboración de custodios y personal administrativo.
Uno de los hallazgos más delicados derivó en el arresto, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca, de Christian “N”, quien se hacía pasar por madre de menores para facilitar su ingreso al penal, de modo que Flores Tovar tuviera contacto con ellos. Fue trasladada a Chiapas, donde enfrenta cargos por pornografía infantil.
La Fiscalía también anunció una recompensa de 500 mil pesos por información que conduzca a la captura de otro individuo identificado como Pascual Martínez Hernández, exdirector de El Amate, quien presuntamente permitía estas actividades dentro del penal. Hasta el momento, se encuentra prófugo.
Este caso ha dejado en evidencia las profundas fallas estructurales del sistema penitenciario en Chiapas, notorio por la falta de controles y la corrupción permitieron que una red criminal operara durante años dentro de un centro de reinserción social.
Organismos de derechos humanos han exigido una investigación independiente, así como el acompañamiento de instancias federales e internacionales para evitar que el caso quede impune. Por su parte, la Fiscalía asegura que continuará con las detenciones y procesamientos correspondientes.
El asesinato de Flores Tovar, lejos de cerrar un capítulo, abrió una investigación aún más compleja que podría revelar una trama más amplia de complicidad y explotación dentro del sistema penitenciario chiapaneco.