Guadalupe Lizárraga Viernes, 10 de Octubre del 2025
Investigaciones de Los Ángeles Press desmienten que Schultz haya sido testigo colaborador y revelan coacción y extorsión de agentes federales.
Por Guadalupe Lizárraga
Ciudad de México. — El asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017 en Chihuahua, continúa envuelto en una red de impunidad, manipulación judicial y graves omisiones por parte de las autoridades. El pasado 8 de octubre, la familia de Hugo Amed Schultz, vinculado al caso, fue amenazada tras la difusión de versiones falsas por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y su reproducción acrítica por el diario La Jornada.
Las amenazas, presuntamente provenientes de integrantes del grupo Los Salazar, surgieron después de que el portal policiaco Hermosillo en Llamas 2 replicara la nota publicada por La Jornada el 23 de marzo de 2025, firmada por Gustavo Castillo, en la que se afirma que la FEADLE considera a Schultz Alcaraz —exalcalde de Chínipas— como testigo colaborador. Según dicha versión, su supuesto testimonio habría sido clave para emitir órdenes de aprehensión contra Crispín Salazar Zamorano y Jaciel Vega Villa, presuntos miembros de esa organización.
No obstante, investigaciones de Los Ángeles Press han demostrado que Schultz nunca fue testigo colaborador de la FEADLE. Por el contrario, fue sentenciado mediante un juicio abreviado impuesto bajo coacción y amenazas por los agentes Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez, quienes además extorsionaron a la familia con 900 mil pesos a cambio de no fabricarle una carpeta de investigación al hijo mayor de Schultz por delitos de secuestro.
Estos mismos funcionarios participaron en la fabricación del caso mediante tortura a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, frente a su esposa e hijos menores tras su detención en diciembre de 2017, y en la manipulación de declaraciones y tortura de Édgar Salazar Gaxiola, hijo de Crispín Salazar Zamorano, con el objetivo de que incriminara a su padre en 2021.
Además, Schultz fue presionado directamente por el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a finales de mayo de 2017, para que declarara contra Los Salazar. Al negarse, su testimonio fue alterado desde la fiscalía estatal bajo la firma del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, y filtrado a medios de comunicación para sostener la versión oficial.
Los Ángeles Press ha presentado pruebas documentales y testimoniales que involucran directamente al gobierno de Chihuahua durante el mandato de Corral Jurado, cuestionando la narrativa oficial que responsabiliza exclusivamente al crimen organizado.
Hasta ahora, la FEADLE no ha explicado la existencia de dos cartulinas —una blanca y otra gris— colocadas en la escena del crimen con el mismo “narcomensaje” atribuido a El 80, en el que la supuesta víctima era el propio exgobernador Javier Corral, aparecidas un minuto después de la llamada de emergencia realizada por la hija de Miroslava.
Tampoco ha esclarecido por qué la policía municipal de Chihuahua a su llegada retiró los videos de seguridad de las casas aledañas sin dar a conocer su contenido, ni por qué una unidad del Ejército fue desplegada a las 6:54 horas, cuando aún no se conocía la identidad de la víctima y no correspondía a su competencia intervenir en el lugar de los hechos. Tampoco se ha explicado por qué Javier Corral estuvo en la escena del crimen y dentro de la casa de Miroslava de 9:25 a 10:48 horas, acompañado del Ejército, y extrayendo la computadora de la víctima, entre otras incógnitas que esta periodista ha expuesto en su libro Reporte Miroslava (2024).
Ocho años después, el Estado mexicano mantiene intacta la red de complicidades que permitió el asesinato de Miroslava Breach y la fabricación de culpables.