Guadalupe Lizárraga Viernes, 24 de Abril del 2026
Iñaki Blanco reaparece en el debate público entre señalamientos de encubrimiento y su papel actual como analista en temas de seguridad.
Por Guadalupe Lizárraga
Iñaki Blanco Cabrera, quien fue procurador de Justicia de Guerrero durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, vuelve a aparecer en el debate público. Esta vez, por los señalamientos contenidos en el llamado Informe Pascal y por su historial en otros casos polémicos.
De acuerdo con ese informe, Blanco habría ordenado borrar videos del sistema de vigilancia C4 de Iguala la noche de los ataques. En particular, se señala la desaparición de las grabaciones de una cámara ubicada en el puente del Tecnológico, en la salida hacia Taxco. Esa cámara habría captado el paso de los vehículos vinculados con la agresión y el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado sin vida, con signos de tortura, en torno a las 3 de la mañana del 27 de septiembre de 2014.
Estos señalamientos se suman a las críticas que, desde hace años, han hecho organizaciones y especialistas sobre cómo se manejaron las primeras evidencias del caso Ayotzinapa.
Pero no es el único antecedente. En 2010, Iñaki Blanco participó como testigo de cargo en el caso Wallace, promovido por Isabel Miranda Torres, alias La señora Wallace, quien denunció el supuesto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda en 2005. Años después, la investigación de Los Angeles Press en 2014 —única indagatoria exhaustiva que documentó la falsedad del caso— demostró inconsistencias y evidencias de que el supuesto fallecido habría estado con vida después de la fecha en que se aseguró su muerte.
Hoy, Blanco se presenta como experto en inteligencia policial y escribe sobre el uso de herramientas de análisis en la procuración de justicia. Su nombre también aparece en discusiones sobre el papel de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa, especialmente en torno a los funcionarios que han sido protegidos dentro de la investigación.
Sin embargo, hay una contradicción difícil de ignorar. En sus textos, Blanco advierte sobre los riesgos de usar información sin controles claros, de operar en la opacidad o de convertir reportes de inteligencia en pruebas sin sustento. Pero esos mismos señalamientos han sido dirigidos a su propia actuación cuando tuvo poder: la desaparición de evidencia en Ayotzinapa y su papel de testigo de cargo en el caso Wallace en el que Los Ángeles Press demostró la fabricación de pruebas. Entre lo que hoy escribe y lo que hizo entonces, hay un cuestionamiento de fondo sobre la coherencia de su trayectoria.
El caso Ayotzinapa, a más de una década, sigue sin resolverse y continúa marcado por omisiones y nuevas líneas de investigación. El caso Wallace, fabricado en 2005, mantiene a sus víctimas todavía en prisión, pese a que está demostrada su inocencia en tribunales.