El testimonio de Cinthya Alvarado reveló cómo la criminalización de la prensa se ha convertido en una herramienta de control estatal frente a la documentación de los abusos.
Los Ángeles Press
Tapachula, Chiapas — A cuatro años de una de las agresiones más graves contra la libertad de prensa en el contexto de la crisis migratoria en México, este 6 de enero se conmemora la detención arbitraria y tortura sufrida por la periodista Cinthya Alvarado Enríquez por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos de la Guardia Nacional.
En enero de 2022, mientras documentaba la persecución y detención de personas migrantes en el Parque Ecológico de Tapachula, Alvarado, corresponsal de Los Ángeles Press, fue interceptada por agentes migratorios. Fue detenida de manera ilegal, retenida por aproximadamente cinco horas en un vehículo oficial, golpeada y amenazada por el entonces subdelegado del INM en la frontera sur, el general en retiro Hugo Salvador Cuéllar Fuentes, y posteriormente entregada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante su retención, la periodista sufrió maltrato físico, verbal y psicológico, según su propio testimonio y registros judiciales consultados en aquel momento. Las autoridades iniciaron contra ella tres carpetas de investigación por delitos fabricados: tráfico de personas, homicidio en grado tentativa y presunta venta de documentos falsos, acusaciones que medios oficiales difundieron a nivel nacional para desacreditar su trabajo periodístico.
A pesar de su liberación 48 horas después, la agresión dejó secuelas institucionales profundas: la confiscación temporal de su teléfono y pertenencias, la creación de narrativas mediáticas difamatorias y advertencias para no continuar cubriendo temas migratorios. Alvarado también denunció públicamente estas violaciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presentó denuncias por tortura ante la propia FGR.
Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos han señalado que este caso ejemplifica patrones de hostilidad y represión contra la prensa que documenta abusos en zonas de alta vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de la atención a personas migrantes en tránsito por México.
En los cuatro años transcurridos, la exigencia de justicia y la reparación integral del daño para Alvarado continúa siendo reclamada por colegas y organismos civiles, mientras persisten señalamientos de prácticas de corrupción y violencia dentro del INM que demandan apertura y celeridad en las investigaciones correspondientes.
Contexto y demandas actuales
Representantes de organizaciones de prensa han recordado que el caso de Alvarado se enmarca en un clima de creciente riesgo para periodistas que cubren temas migratorios, donde detenciones arbitrarias y agresiones no solo contravienen las obligaciones de México en materia de derechos humanos, sino que también disuaden la cobertura independiente de violaciones a derechos fundamentales.
A cuatro años de distancia, el testimonio de Cinthya Alvarado sigue resonando como un llamado de alerta sobre los riesgos que enfrentan las y los periodistas en zonas fronterizas y en contextos de crisis humanitaria, y sobre la urgencia de mecanismos efectivos de protección y de rendición de cuentas para funcionarios públicos que vulneren la libertad de expresión y el derecho a informar.
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