El caso de Jesús Primitivo Maldonado expone graves violaciones a derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Los Ángeles Press
Organizaciones de derechos humanos lanzaron una acción urgente para exigir atención médica integral e inmediata para Jesús Primitivo Maldonado Topete, persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 12, en Guanajuato, ante lo que califican como una “negligencia criminal” que ha agravado su estado de salud.
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Alerta Temprana Red y familiares del interno denunciaron que las autoridades penitenciarias han actuado con indolencia frente al deterioro progresivo del detenido, quien padece múltiples enfermedades graves sin recibir tratamiento adecuado, oportuno ni continuo.
De acuerdo con la información documentada, el pasado 28 de febrero de 2026, su madre, Rebeca Topete Cuevas, constató durante una visita que la condición de su hijo continúa agravándose. Aunque se le ha proporcionado medicamento, este ha sido administrado de forma esporádica, lo que ha impedido cualquier mejoría sostenida.
Entre los síntomas reportados se encuentran edema en miembros inferiores, dolor articular, pérdida de peso constante y un cuadro severo de estreñimiento sin tratamiento adecuado. A esto se suma la falta de personal médico suficiente, así como un trato que las organizaciones califican como cruel, inhumano y degradante, agravado por la presión institucional ante las constantes denuncias y acciones urgentes promovidas por la familia.
Un caso marcado por tortura y violaciones sistemáticas
El caso de Jesús Primitivo Maldonado se remonta a marzo de 2010, cuando fue detenido en Mexicali, Baja California, acusado de homicidio. Tanto él como otro implicado denunciaron haber sido torturados para obtener confesiones, situación que, según las organizaciones, nunca fue investigada de manera adecuada.
A pesar de estas denuncias, en 2011 fue condenado a más de 25 años de prisión. Diversos recursos legales, incluidos amparos y resoluciones judiciales, han señalado la necesidad de reponer el procedimiento y realizar peritajes conforme al Protocolo de Estambul, sin que hasta la fecha se haya garantizado plenamente el esclarecimiento de los actos de tortura denunciados.
El caso también ha estado marcado por al menos cinco traslados involuntarios entre distintos centros penitenciarios del país —de Baja California a Oaxaca, Chiapas, Estado de México y finalmente Guanajuato—, lo que ha interrumpido tratamientos médicos, debilitado su defensa legal y afectado gravemente la economía familiar.
Enfermedades graves y atención insuficiente
Según informes médicos citados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Maldonado Topete padece hepatitis C, insuficiencia hepática crónica descompensada, hipertensión portal, ascitis, várices esofágicas y otras complicaciones que requieren atención especializada permanente.
Las organizaciones advierten que su condición lo mantiene en un estado de alta vulnerabilidad, con limitaciones para moverse por sí mismo, presencia de úlceras por presión e infecciones recurrentes. En 2023, incluso estuvo al borde de la muerte tras desarrollar cirrosis hepática derivada de las condiciones de reclusión.
A pesar de la gravedad del cuadro clínico, denuncian que el CEFERESO 12 no cuenta con la capacidad médica necesaria para garantizar su atención integral, lo que podría constituir una violación a sus derechos fundamentales.
Responsabilidad del Estado y estándares internacionales
La LIMEDDH subraya que el acceso a la salud es un derecho humano que el Estado debe garantizar, incluso —y con mayor razón— en el caso de personas privadas de la libertad. La falta de atención médica especializada, advierten, puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea.
“El Estado no solo debe proporcionar medicamentos, sino garantizar tratamientos adecuados, seguimiento clínico y condiciones dignas de atención”, señalan.
Exigencias de la acción urgente
Ante este panorama, las organizaciones y familiares han solicitado:
- Atención médica integral, inmediata y especializada para el interno.
- Investigación y sanción de los responsables por la negligencia denunciada.
- Facilidades para el acceso a medicamentos proporcionados por la familia.
- Apoyo a la madre del detenido para poder visitarlo.
- Su traslado a un centro penitenciario cercano a su lugar de origen o a una institución con capacidad médica adecuada.
- La aplicación de beneficios de libertad anticipada conforme a la ley.
- Reparación integral del daño por las violaciones a derechos humanos.
Impacto familiar y dimensión humanitaria
El caso también ha tenido consecuencias directas en la salud de su madre, quien, según las organizaciones, presenta cuadros de hipertensión, ansiedad y depresión derivados de la búsqueda constante de justicia y atención médica para su hijo.
Para la LIMEDDH y Alerta Temprana Red, el caso de Jesús Primitivo Maldonado Topete sintetiza una cadena de violaciones que incluye tortura, falta de debido proceso, traslados arbitrarios y abandono médico.
“Se trata de un patrón que refleja no solo negligencia institucional, sino una falla estructural en la garantía de derechos humanos dentro del sistema penitenciario mexicano”, concluyen.