Marlaya, empresa se perfila como eje de una red que articuló evasión fiscal, contrabando de combustible y vínculos con el crimen organizado.
Los Ángeles Press
Marlaya SA de CV, una empresa “fantasma” vinculada con la red de contrabando de combustible descubierta hace un año en Tampico, defraudó al fisco con más de 29 mil millones de pesos. Para dimensionar la magnitud, este monto equivale al costo de construir 42 hospitales generales de zona o 134 unidades de medicina familiar del IMSS.
El daño a la hacienda pública es dos veces mayor que el escándalo de Segalmex durante el sexenio de López Obrador y cuatro veces superior a La Estafa Maestra, ocurrida en el gobierno de Peña Nieto, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La cifra del desfalco fue determinada oficialmente el 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3 del SAT, con sede en Jalisco. En ese documento se estableció que Marlaya acumuló adeudos fiscales por más de 29 mil millones de pesos, principalmente por impuestos no declarados.
¿Cómo operaba la empresa?
Marlaya fue creada en noviembre de 2016 en Guadalajara con un objeto social amplio, lo que le permitía facturar prácticamente cualquier servicio o producto. En mayo de 2018 amplió formalmente su actividad para incluir la comercialización de hidrocarburos, lo que abrió la puerta a su participación en el negocio del combustible.
En documentos mercantiles consta que el delegado en esa asamblea fue Aldo Ignacio Ulloa Temblador, quien a la vez ha fungido como representante de Mefra Fletes, empresa involucrada en dos mega decomisos de 18 millones de litros de huachicol realizados a finales de marzo de 2025 en Tampico, Tamaulipas, y en Ensenada, Baja California.
De hecho, Aldo Ignacio Ulloa Temblador fungió como representante de Mefra Fletes en la asamblea de socios del 20 de marzo de 2019, cuando se integró como administrador único José Isabel Murguía Santiago, hermano del ex alcalde de Teuchitlán, preso por su presunta complicidad en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre.
El representante legal de Marlaya es Aldo Ignacio Ulloa Temblador, quien a la par ha cumplido esa función en Mefra Fletes, empresa que la FGR ha señalado de estar ligada al CJNG.
Vínculos con el crimen organizado
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que estas empresas están conectadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En particular, se ha documentado que los camiones utilizados para transportar el combustible pertenecían a una familia vinculada a autoridades locales y a esta red criminal.
Además, todas estas empresas —Marlaya, Mefra Fletes, Dalcrise, IPS y Ecocarburante— aparecen en la causa penal 325/2025, iniciada tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en marzo de 2025. Este caso reveló una red de contrabando de combustibles que, según las indagatorias, contaba incluso con protección de mandos de la Marina.
De acuerdo con ese expediente, Marlaya tenía un rol específico dentro del esquema: comercializar el combustible introducido ilegalmente desde Estados Unidos hacia México.
¿Dónde está el fraude?
El SAT detectó desde septiembre de 2021 irregularidades en la empresa y comenzó a sancionarla. Tras varios procesos de fiscalización, concluyó que Marlaya operaba como una empresa que simulaba operaciones —las llamadas “factureras”— para evadir impuestos o lavar dinero.
En noviembre de 2025 fue incluida oficialmente en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos). El adeudo principal corresponde a más de 29 mil 100 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR) e IVA no declarados.
La dimensión del caso
Este desfalco ilustra el tamaño del llamado “huachicol fiscal”: no solo implica robo de combustible, sino esquemas complejos de evasión y lavado que afectan directamente las finanzas públicas.
Para ponerlo en perspectiva: una sola empresa vinculada a esta red logró evadir impuestos por un monto equivalente a cuatro veces La Estafa Maestra y el doble del caso Segalmex.