Rodríguez anunció que se reunirá el viernes con Cecilia Flores, coordinadora de uno de los grupos de familias que buscan a desaparecidos en México.
El Diálogo Nacional por la Paz de la Iglesia Católica presentó al gobierno federal un listado de doce demandas de grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
Los Ángeles Press
Con la presidente Claudia Sheinbaum de viaje por Honduras, donde asiste a la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC la conducción de la actividad matutina del gobierno federal quedó a cargo de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La titular de esa dependencia se atuvo al tono y temas que han dominado las actividades en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en las últimas semanas. Se insistió, sobre todo, en las acciones vinculadas al así llamado Plan México que es la respuesta de México a los aranceles de Donald Trump y, de manera más específica, al fortalecimiento de la producción de energía eléctrica, aunque debió abordar el tema de los desaparecidos.
Aunque no se dedicó mayor tiempo al tema, hubo una pregunta sobre la crisis de desaparecidos en México. Ayer, el Senado de la República hizo un pronunciamiento en que, como lo había hecho antes el Poder Ejecutivo repudió lo que señala la Organización de Naciones Unidas acerca de la incapacidad del gobierno de México para atender esa crisis.
Lejos de reconocer algún error de parte del gobierno de México, los senadores insistieron en la idea de presentar al gobierno de Claudia Sheinbaum como víctima de la Organización de Naciones Unidas.
El Senado manifestó “su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Frouville, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas”.
En el mismo tono en el que lo vienen haciendo los gobiernos de México desde finales del siglo XX, exculparon a la actual administración y negaron que “la desaparición forzada se lleve a cabo de manera general o sistemática en el territorio, bajo jurisdicción de México”.
Los senadores reprocharon que emita “semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU”, le reprochan carecer de pruebas e incluso señalan que carece de “facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentados sus procesos internos”.
Lo que provocó la ira de los senadores mexicanos fue el que el Comité publicara, luego de su sesión en Ginebra, Suiza, un par de párrafos relativos a la situación en México en los que se dice, de manera textual, según una traducción extraoficial de Los Ángeles Press lo siguiente:
Durante la sesión, el Comité también decidió activar el procedimiento del artículo 34 de la Convención para México, según el cual, “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, podrá, tras recabar del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre la situación, señalar urgentemente el asunto a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas”.
En sus palabras de clausura, el presidente indicó que, como primer paso del procedimiento, el Comité recabará información del Estado Parte (México en este caso, nota de LAP), lo cual no prejuzga en modo alguno los siguientes pasos del procedimiento, y recordó que, en cuanto al cumplimiento de su mandato, el objetivo del Comité es “mantener la cooperación y los intercambios constructivos con el Estado para lograr nuestro objetivo común, que es la plena aplicación de la Convención”.
El texto completo del comunicado en inglés, el idioma de trabajo de ese y otros comités de la ONU, está disponible aquí.
En este sentido, lejos de tratarse de una condena o de un exceso o un abuso del poder del funcionario de Naciones Unidas como lo reprocharon los senadores y una vez más hoy la secretaria de Gobernación, es sólo el anuncio del inicio de un proceso que, si el gobierno de México lo toma con seriedad, podría servir para que limpiara el nombre de la actual y/o de anteriores administraciones, pero que —dado el tono del comunicado del Senado— parece más un intento, para una vez más, negarse a cualquier forma de diálogo que implique reconocer que se cometen abusos en México.
A pesar de ello, Rodríguez insistió en que dialogará con los familiares de desaparecidos en México. Anunció que se reunirá con Cecilia Flores, la coordinadora de uno de los grupos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, este viernes 11 de abril a las 11 de la mañana en la Ciudad de México.
Conviene recordar, sin embargo, que el lunes, en una entrevista con el diario La Jornada, Rodríguez ya dejó ver que el gobierno de Sheinbaum volverá a iniciar de cero todo el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas, pues desconoció en esa entrevista que exista alguna cifra confiable sobre el tema en México.
Una vez más, también, Rodríguez puso a disposición el buzón electrónico unidh@segob.gob.mx, como mecanismo para que los grupos de familiares de personas desaparecidas se pongan en contacto con ella.
En ese sentido, el Diálogo Nacional por la Paz, una instancia de diálogo vinculada a la Iglesia Católica en México publicó la tarde del martes un texto en el que hacen pública la posición de los grupos de familiares desaparecidos con los que vienen trabajando desde hace varios años. Está disponible en su totalidad en su cuenta de Facebook.
Las demandas principales de las familias de los desaparecidos son:
- Revisar los perfiles de los funcionarios que están al frente de la atención a las familias de los desaparecidos: empatía, sensibilidad y colaboración con los colectivos de las familias.
- Fortalecer las fiscalías estatales para combatir la impunidad: incrementar las capacidades de investigación y combatir la gobernanza criminal.
- Fortalecer los servicios forenses para identificar los 72 mil cuerpos que están en morgues o fosas comunes y poner en funciones los Centros de Identificación Humana.
- Conformar mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas de las familias de los desaparecidos.
- Se necesita reconocer legalmente el trabajo de los colectivos de búsqueda y los esfuerzos que han hecho para avanzar en la localización de las personas desaparecidas.
- Aceptar la colaboración de organismos internacionales para atender el fenómeno de la búsqueda.
- La nueva ley tiene que garantizar la seguridad de los colectivos de búsqueda y sancionar penalmente a los funcionarios que obstaculicen la justicia en la búsqueda de los desaparecidos.
- Coordinación entre los distintos niveles de gobierno: subsecretaría de derechos humanos, fiscalía general, fiscalías estatales, comisión nacional de derechos humanos y comisiones de búsqueda.
- Fortalecer la investigación del Rancho Izaguirre y romper alianzas entre gobernantes y crimen organizado.
- Atender la niñez desaparecida, tener protocolos diferenciados, campañas de prevención de la desaparición y una educación para la paz.
- Llevar a cabo un registro nacional de fosas comunes.
- Fortalecer la seguridad ciudadana capaz de atender la micro criminalidad y estrategias federales para atender la macro criminalidad.
Según el Diálogo Nacional por la Paz la secretaria de Gobernación se mostró dispuesta a iniciar “un proceso para dar seguimiento a las demandas aquí mencionadas”, aunque no hay claridad sobre cómo ocurrirá ese proceso.
Al inició de la actividad en Palacio Nacional, Rodríguez celebró, según el guión heredado de Andrés Manuel López Obrador, la restauración del antiguo régimen de propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y se dio cuenta de inversiones que según la titular de Gobernación rondarían los 32 mil millones de pesos con los cambios en las centrales, así llamadas, “de ciclo combinado” de Salamanca, San Luis Potosí, Querétaro y Mérida como las más importantes. Se les llama de ciclo combinado porque operan con distintos mecanismos para generar electricidad.
Además, se informó que la CFE colocará bonos por un monto total de 15 mil millones de pesos para fondear sus operaciones en los próximos años.
No quedó claro si esa cifra se mantendrá luego de los cambios observados en los mercados de bonos de gobierno provocados por los aranceles de Donald Trump que harán que se encarezca el acceso al crédito, pues empresas de otros gobiernos también tratarán de concurrir a un mercado que se verá más exigido y que muy probablemente encontrará dificultades para operar en un escenario completamente distinto al que existía antes de los aranceles que, por cierto, continuaron afectando la operación de prácticamente todos los mercados a escala global en la mañana de este miércoles.
En el mismo tono celebratorio, se dio cuenta del funcionamiento del Tren Maya y de Mexicana de Aviación. El Tren Maya logró movilizar su primer millón de pasajeros el 7 de abril pasado. Una vez más se prometió que se resolverán los problemas con las así llamadas, “aplicaciones” digitales para adquirir boletos para ese servicio turístico.