Frente a Sheinbaum, Omar García Harfuch insistió en no calificar como "terroristas" los actos de organizaciones criminales.
En concreto el funcionario de Sheinbaum se negó a hacerlo con un ataque en Coahuayana, Michoacán, en que de acuerdo con su versión estaría involucrado el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Los Ángeles Press
La actividad de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional estuvo centrada en celebrar los números de la llamada “estrategia nacional de seguridad” que, según Claudia Sheinbaum y sus colaboradores dan los resultados que él país necesita.
De igual modo, la mandataria señaló que “en los próximos meses” tendrá una reunión con Donald Trump. El anuncio ocurrió después de que, en las declaraciones que Trump suele hacer —a menudo salpicadas de insultos a los medios que no se alinean con su narrativa sobre el gobierno de Estados Unidos—, se refiriera a la deuda de agua que México mantiene con ese país.
Aunque se quiso presentar ese encuentro como una oportunidad para resolver los otros problemas de la relación bilateral, se antoja difícil que sea así. En primer lugar porque suele ser que quienes obtienen algo de Trump son quienes se alinean con su visión del mundo o le hacen regalos para halagarlo o participan de los negocios de sus familiares.
En todo caso, el anuncio se hizo y habrá que ver cuántas semanas toma para materializarse en el entendido de que, además, Estados Unidos está a punto de ingresar al periodo de las campañas por las elecciones legislativas que el próximo año plantean un riesgo real a Trump y el Partido Republicano, por lo menos, de perder el control de la Cámara Baja del Congreso.
Las alarmas en Palacio Nacional se encendieron porque Trump amenazó a Sheinbaum con imponer un arancel adicional a los ya existentes del orden de cinco por ciento contra México por la deuda de agua.
El tratado de aguas, firmado a principios del siglo XX por ambos gobiernos para regular el uso de los recursos de ríos en el norte de México y sur de Estados Unidos, es la columna vertebral de las frágiles economías agropecuarias y del desarrollo urbano de ciudades desde Tijuana hasta Nuevo Laredo y más al sur aún.
Anularlo como se insinuó ayer en Washington implicará una negociación que colocaría a México en una posición de franca desventaja, agravada por el contexto de la elección legislativa intermedia que promete ser difícil para Trump por lo que no sería difícil que usara de manera más intensa la retórica antinmigrante y antimexicana que ha usado desde que debutó como político.
La situación para México es más difícil aún porque sigue sin haber una solución real, concreta, al problema del gusano barrenador. Hoy mismo, Sheinbaum habló de que su gobierno “busca acelerar la construcción” de las plantas en que se produce lo necesario para combatir esa plaga que evidencia, además, el descuido con el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador permitió a México el ingreso de ganado robado a ganaderos de América Central, de donde llegó esa plaga.
En concreto se ha documentado la manera en que Hernán Bermúdez Requena, el secretario de seguridad pública durante el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, facilitó el ingreso de ese ganado desde América Central con las consecuencias que ahora padece México.
Respecto de la situación en materia de seguridad, debe destacarse que ya desde finales de la semana pasada, distintas organizaciones de derechos humanos publican críticas a la estrategia de seguridad del gobierno federal, como la que aparece después de este párrafo o aquí.
Esas críticas hacen ver la manera en que en la medida que disminuyen los homicidios, apenas cuando se compara a Sheinbaum sólo con los resultados de López Obrador en el tema, aumentan, una vez más los números de los así llamados “desaparecidos”.
La actividad inició, como ya es frecuente en los días en que está en Palacio Nacional Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del gobierno federal, con la idea de que sólo cuando se consideran los números reportados al inicio del actual gobierno, hay una reducción del 37 por ciento en los homicidios.
El problema de esa cifra, desde luego, es que quien tenga memoria de la manera en que la situación era antes de la llegada de Sheinbaum, puede entender con relativa facilidad que el modelo de la actual administración está muy lejos de ser la solución al problema de seguridad, pues las cifras son similares o peores a las que se reportaban con Enrique Peña Nieto y mucho peores que las que se reportaron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
En todo caso, como ha ocurrido al menos una vez en cada uno de los doce meses del años, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, insistió en que se reducen los homicidios, porque se atacan las causas de la violencia.
Según Rodríguez, la estrategia de Sheinbaum ha atendido a casi tres millones 70 mil personas, lo que, según ella, implica abordar casi cuatro millones 700 mil causas, entre las que ella misma habló de seis mil 855 “jornadas de paz” en las que participaron poco más de dos millones 110 mil personas.
García Harfuch habló, en cambio, del arresto de mil 761 personas por delitos de alto impacto sólo en el mes de noviembre, lo que eleva el total de arrestos en los poco menos de 14 meses de gobierno.
De manera más específica, García Harfuch y otros miembros del gabinete de Sheinbaum, hablaron de los logros del Plan Michoacán a un mes de su inicio. Esos logros son: 972 arrestos, 945 armas de fuego, como más de 130 mil cartuchos confiscados.
De igual modo se incautaron 23 toneladas de droga de distintas drogas, se destruyeron 17 laboratorios clandestinos y se tomó control de más de cinco millones de litros de precursores químicos para operar esos laboratorios en la producción de drogas.
¿No es terrorismo?
Finalmente, antes de que se hablara de la crisis agropecuaria por el gusano barrenador, García Harfuch recicló una de las teorías favoritas del gobierno de México al decir que los recientes ataques a elementos de la policía municipal de Coahuayana, Michoacán no son terroristas.
Según el nieto de Marcelino García Barragán, fue un enfrentamiento entre grupos de delincuentes en aquel estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación y una organización de menor calado llamada Cárteles Unidos. De acuerdo con lo que dijo en Palacio Nacional, el ataque ocurrió porque un jefe de la policía municipal, que opera bajo el modelo de policía comunitaria, es en realidad operador de uno de los cárteles en pugna.
Lo que es peor, García Harfuch insistió en que, según él no se le puede calificar de ataque terrorista, a pesar de que el “enfrentamiento” incluyó el uso de un coche bomba. También dijo que, en su opinión, ni el derecho mexicano ni el internacional permiten que se les califique así, a pesar de que México reformó a principios de año distintas leyes para alinearlas con las de Estados Unidos que justamente permiten calificar de terroristas ese tipo de actos que, por definición, buscan infundir terror en las poblaciones civiles.
En todo caso, García Harfuch dijo que la Fiscalía General de la República hará “nuevos peritajes” de lo ocurrido en esa población de Michoacán, ubicada justo en la frontera con Colima, a 80 kilómetros al sur de Manzanillo y más de 280 kilómetros al sur de Morelia.