José Elías Lixa presentó un contrato que vincula a Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de un abogado defensor de El Mayo Zambada, con la Cámara de Diputados durante la legislatura pasada.
Los Ángeles Press
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, presentó el lunes un contrato que evidencia una relación entre la Cámara de Diputados y Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio de Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
Según el documento revelado por Lixa, el contrato fue firmado durante la legislatura pasada, cuando la Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el entonces diputado Sergio Mayer, contrató los servicios de asesoría jurídica del despacho de abogados en el que Ramírez Muñoz y Penilla Rodríguez son socios. El vínculo entre estos abogados y el narcotraficante ha levantado controversia, dada la notoriedad de Zambada y su implicación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El líder panista señaló que este hecho plantea serias interrogantes sobre los posibles vínculos entre el gobierno y figuras cercanas a organizaciones delictivas, lo que podría perjudicar la imagen de la actual administración. “Es inaceptable que la Cámara de Diputados haya contratado a una firma ligada a defensores de un narcotraficante de la magnitud de El Mayo Zambada”, expresó Lixa.
Por su parte, el PAN aprovechó para advertir que si Zambada decide colaborar con las autoridades de Estados Unidos, las declaraciones del capo podrían vincular a funcionarios de Morena con actividades ilícitas. "Si El Mayo decide hablar y hacer acusaciones en su contra, será difícil para el gobierno de Morena evitar las implicaciones", señaló un comunicado oficial del PAN.
Este incidente aumenta la presión sobre la administración actual, generando un debate sobre la ética en las relaciones entre funcionarios públicos y actores vinculados con el crimen organizado. La situación también abre la puerta a investigaciones adicionales sobre posibles irregularidades en contratos públicos y su relación con actores delictivos.