Reunión entre jueces y Fiscalía desata alerta por posible intromisión en la independencia judicial en Chihuahua.
Los Ángeles Press
Ciudad Judicial, Chihuahua.— Un encuentro celebrado el pasado 12 de febrero entre jueces penales del Poder Judicial del Estado y representantes de la Fiscalía General encendió alertas internas por un posible quiebre al principio de independencia judicial, en un contexto ya marcado por tensiones, pugnas de poder y señalamientos de presión política contra juzgadores.
La reunión tuvo lugar en el salón principal del noveno piso de la Ciudad Judicial y contó con la presencia de los fiscales César Jáuregui y Heliodoro Araiza. El conversatorio fue convocado por el magistrado Gerardo Acosta, en su calidad de titular del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal (CONSPEN).
De acuerdo con testimonios recabados entre asistentes, el punto de quiebre ocurrió cuando el magistrado Acosta propuso que los jueces se organizaran en equipos de cinco para sostener encuentros periódicos con la Fiscalía, con el objetivo de “generar acuerdos” en torno a la resolución de asuntos penales. La propuesta fue interpretada por varios juzgadores como una forma de coordinación indebida que, en los hechos, colocaría a los órganos jurisdiccionales en una posición de subordinación frente al Ministerio Público.
Liberaciones, presión y contexto incómodo
El planteamiento se dio en un momento particularmente sensible. En semanas recientes, diversos imputados han sido liberados por resoluciones judiciales debido a deficiencias en la integración de carpetas de investigación, omisiones probatorias o falta de información esencial por parte de los agentes del Ministerio Público. Estos fallos han derivado en escándalos públicos que han golpeado directamente a la Fiscalía y han reavivado el discurso político contra los jueces.
En ese marco, varios juzgadores interpretaron la “invitación” como un intento de alinear criterios judiciales para evitar resoluciones adversas a la Fiscalía, aun cuando los expedientes no cumplan con los estándares legales mínimos. Para algunos, la propuesta no apuntaba a fortalecer el sistema, sino a blindar errores ministeriales mediante acuerdos previos.
Voces de inconformidad
Uno de los jueces que expresó abiertamente su preocupación fue Francisco Navarro, conocido como “Paco” Navarro, quien advirtió que este tipo de dinámicas podrían vulnerar la imparcialidad judicial y abrir la puerta a interpretaciones de colusión entre juzgadores y fiscales.
Otros jueces señalaron que el propio magistrado Acosta concentra un poder excesivo en áreas clave como Gestión Judicial, desde donde —afirman— se reparten asuntos de manera discrecional, favoreciendo a jueces afines o “a modo”.
Un perfil que incomoda en la coyuntura actual
El juez Christian Emmanuel Campos Coronado, juez penal de control y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, expresó su preocupación por dinámicas que podrían interpretarse como una coordinación indebida entre órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público. De acuerdo con la información pública en el sitio del Poder Judicial, Campos cuenta con más de 15 años de carrera en la Fiscalía General del Estado. Y su experiencia profesional se desarrolló en investigaciones penales, casos de alto impacto mediático, acompañamiento de víctimas, y formación académica de penalistas. Lo que implica una formación institucional desde la lógica del Ministerio Público.
Por lo que resulta especialmente significativo que sea precisamente un perfil con pasado fiscal como el de Campos, quien cuestione la coordinación indebida entre jueces y Fiscalía, denuncie presiones mediáticas contra juzgadores, y advierta los riesgos a la independencia judicial, según una fuente confidencial. La advertencia de Campos cobra relevancia, porque no proviene de un juez ajeno al funcionamiento interno de la Fiscalía, sino de alguien que conoce sus prácticas, incentivos y límites.
Escalada tras bambalinas
A pocas horas del encuentro, jueces que manifestaron su inconformidad comenzaron a resentir un incremento en el ataque público y político en su contra. Al interior del Poder Judicial del Estado, funcionarios y juzgadores consultados señalaron que esta reacción fue percibida como una consecuencia directa de la resistencia expresada frente a la propuesta de coordinación con la Fiscalía del Estado.
La presidente del Poder Judicial, Marcela Herrera Sandoval, no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público sobre estos señalamientos. De acuerdo con medios locales, Herrera Sandoval enfrenta tensiones entre distintos grupos de magistrados que disputan el control de áreas administrativas y de gestión judicial.
Un debate de fondo
Más allá del episodio puntual, el caso expone un debate estructural: ¿cómo fortalecer la coordinación institucional sin erosionar la independencia judicial? En el sistema penal acusatorio, la separación de funciones entre investigar, acusar y juzgar es un principio básico. Cualquier intento de “armonizar” resoluciones sin corregir primero las deficiencias de las fiscalías corre el riesgo de trasladar el problema a los jueces y comprometer la legitimidad del sistema.
Por ahora, el silencio institucional contrasta con el malestar interno en los pasillos de la Ciudad Judicial, de Chihuahua.