El informe advierte que el Cártel de Sinaloa ya opera con capacidades tecnológicas comparables a sistemas de inteligencia utilizados por gobiernos y agencias estatales.
Los Ángeles Press
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2025 que el Cártel de Sinaloa utilizó capacidades de espionaje digital para rastrear a funcionarios del FBI en México, identificar a sus contactos y ubicar a posibles informantes que posteriormente fueron intimidados o asesinados.
La información aparece en un informe oficial de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, difundido este año como parte de una evaluación sobre las vulnerabilidades tecnológicas enfrentadas por agencias federales estadounidenses en operaciones contra el crimen organizado.
El documento detalla que un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa logró acceder a información sensible de un agente del FBI destacado en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México desde 2018. Entre los datos comprometidos estaban registros de llamadas, geolocalización y movimientos del funcionario. La organización criminal también obtuvo acceso a cámaras de videovigilancia de la capital mexicana para seguir en tiempo real los desplazamientos del agente y las reuniones que sostenía con posibles colaboradores.
La investigación federal sostiene que esa información fue utilizada por integrantes del cártel para identificar, intimidar y en algunos casos asesinar a fuentes e informantes vinculados con investigaciones estadounidenses.
El reporte no precisa el número de víctimas ni la identidad del hacker involucrado. Tampoco establece públicamente la forma exacta en que se vulneró el sistema de videovigilancia de Ciudad de México. Las autoridades estadounidenses evitaron divulgar detalles técnicos sobre la infiltración y sobre el alcance real de la operación de espionaje.
El caso encendió alertas dentro de las agencias de seguridad de Estados Unidos sobre la capacidad de organizaciones criminales mexicanas para desarrollar operaciones de inteligencia digital comparables a las utilizadas por actores estatales. El informe advierte que los grupos del narcotráfico ya no dependen únicamente de redes de corrupción, vigilancia física o infiltración humana, sino que ahora combinan herramientas tecnológicas, monitoreo urbano y extracción de datos para localizar objetivos y neutralizar investigaciones.
Tras la difusión del informe, autoridades del C5 de Ciudad de México rechazaron responsabilidades directas de la administración actual y señalaron que las vulnerabilidades del sistema podrían remontarse a gobiernos anteriores.
Por qué es relevante ahora
Es relevante ahora porque el caso confirma públicamente algo que durante años había sido tratado como sospecha o hipótesis dentro de investigaciones sobre narcotráfico y seguridad: que los cárteles mexicanos ya operan con capacidades avanzadas de inteligencia digital y vigilancia tecnológica, incluso contra agencias federales de Estados Unidos.
La revelación del Departamento de Justicia ocurre además en un momento de alta tensión bilateral entre México y Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, la expansión territorial del Cártel de Sinaloa y el debate político en Washington sobre considerar a los cárteles como organizaciones terroristas.
El informe tiene otro elemento delicado: expone que infraestructura urbana de vigilancia en Ciudad de México habría sido utilizada para espionaje criminal. No se trata solamente de teléfonos hackeados. El expediente describe el uso de cámaras públicas para seguir reuniones, trayectos y contactos del FBI en territorio mexicano. Eso coloca bajo escrutinio la seguridad de los sistemas de videovigilancia gubernamental y la posible infiltración criminal dentro de estructuras institucionales.
También resulta significativo porque el documento rompe con la narrativa tradicional sobre los métodos de operación del narcotráfico. Durante décadas, los cárteles dependieron de corrupción policial, halcones, infiltrados y vigilancia física. El caso muestra una transición hacia modelos híbridos donde convergen hackers, monitoreo urbano, extracción masiva de datos y rastreo digital en tiempo real.
La publicación coincide además con un contexto internacional donde agencias de inteligencia y seguridad han advertido sobre la profesionalización tecnológica del crimen organizado. El uso de spyware, drones, interceptación de comunicaciones y análisis de datos ya forma parte de operaciones criminales en varios países. El informe del DOJ coloca al Cártel de Sinaloa dentro de ese escenario global.
En términos políticos, el caso golpea tanto a México como a Estados Unidos. Para Washington representa una falla de contrainteligencia dentro de operaciones sensibles del FBI. Para México abre preguntas sobre el control real de los sistemas de seguridad pública y la profundidad de la infiltración criminal en instituciones encargadas de vigilancia y monitoreo.