La militarización y las filtraciones de Estados Unidos parecen diseñadas más para controlar y amedrentar que para combatir el narcotráfico.
Por José Luis Camacho Acevedo
Desde que ocurrió la peliculesca captura de Ismael 'El Mayo' Zambada, gracias a la trampa que le pusieron los hijos del Chapo Guzmán, en una presunta vinculación con el todavía gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no se había tenido ninguna noticia del destino que tendría ante las cortes de Estados Unidos, Ovidio Guzmán.
El hijo del famoso “Chapo” fue artífice de la entrega del Mayo a agentes del vecino país, que lo trasladaron a un aeropuerto ubicado en un caserío en las inmediaciones de El Paso, Texas. Fue hasta hace tres días que se conoció que fue absuelto de los delitos que se le imputaban en la corte de Nueva York y que sería sentenciado en Chicago con una condena que le permitiría salir de prisión en tres años.
Días antes de que se conociera la negociación de Ovidio con las agencias estadounidenses encargadas del combate al narcotráfico y al lavado de dinero, sorprendió al mundo que sigue la trama de la narco-política mexicana la noticia de que Genaro García Luna fue trasladado al mismo penal donde se encuentra recluido “El Chapo” Guzmán, acción considerada por especialistas como una presión para que el exjefe de los aparatos de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón decidiera convertirse en testigo protegido tanto de la DEA como del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).
Se especula que el senador Marco Rubio filtró a las autoridades mexicanas una lista con 300 narcopolíticos que Estados Unidos considera peligrosos para la seguridad de ese país.
Cautelosa como es su estilo diplomático, la presidente Claudia Sheinbaum declaró al respecto:
“Son ‘rumores’”, respondió ante la difusión de lo que se denominó la “lista de Marco” –porque se le atribuye al senador estadounidense Marco Rubio–, en la que se incluyen nombres de gobernadores, legisladores y políticos del partido Morena, supuestamente vinculados con el narcotráfico, como si se tratara de información oficial del gobierno estadounidense.
Recordó además un informe de mayo pasado:
“Desde ayer, 14 de mayo, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos negó la veracidad de esa lista. Y hoy, en su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal retomó ese desmentido para advertir que es información falsa, por lo que pidió a los medios de comunicación actuar con responsabilidad.”
Por supuesto, los medios estamos obligados a no dejarnos llevar por las innumerables filtraciones que las agencias de seguridad norteamericanas realizan de manera frecuente.
La recomendación de la mandataria me hizo recordar que, en una ocasión, estando en Nueva York acompañado de unos colegas que años atrás me había presentado el gran experto en política estadounidense Fausto Fernández Ponte (QEPD), interesados en el entonces joven Rafael Caro Quintero, me dijeron, al comentarle mi afición al cine, lo siguiente:
“Si quieres saber cómo funcionan las agencias de seguridad en este país, vuelve a ver la película El Informe Pelícano.
Desde su refugio, una persona llama a un periodista, Gray Grantham, quien antes recibió información sobre el asesinato de un individuo anónimo llamado ‘García’, lo que le motiva a involucrarse plenamente en la investigación. Ambos comienzan una lucha para destapar una conspiración, enfrentándose a poderosos y siniestros personajes, implicando a la Casa Blanca, el FBI, la CIA, despachos de prominentes abogados y un especulador petrolero multimillonario llamado Victor Mattiece, quien orquestó todo para tener en la Corte Suprema a jueces aliados de un gran proyecto petrolero amenazado por un grupo medioambiental que protegía a unos pelícanos en peligro de extinción, y con el que pretende obtener enormes ganancias.”
El Informe Pelícano, escrita, dirigida y producida por Alan J. Pakula, e interpretada por Julia Roberts, Denzel Washington y Sam Shepard (1993).
Creo que, con algunos matices, las cosas siguen funcionando igual.