La relación con un presunto facturero Fernando Salgado y el registro de propiedades en su entorno han puesto en la mira de investigaciones periodísticas y de autoridades de EEUU a la gobernadora de Baja California y a su esposo.
Por José Luis Camacho Acevedo
De ninguna manera ha sido menor el hecho de que el gobierno de Estados Unidos le haya suspendido la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Al darse a conocer que la gobernadora de la entidad fronteriza de mayor dinamismo migratorio con Estados Unidos tenía propiedades en Rancho Santa Fe —una zona exclusiva de San Diego en la que los valores de los inmuebles son más altos que en La Jolla—, de inmediato apareció en escena el conocido facturero Fernando Salgado, asumiéndose como el propietario del inmueble presuntamente comprado por Marina del Pilar Ávila en casi cinco millones de dólares.
Los datos del inmueble, presuntamente ahora propiedad de Salgado, corresponden a la dirección 7910 Nathaniel Ct., Rancho Santa Fe, CA 92127, con un valor de 4,475,000 dólares.
Salgado reside en La Jolla con su esposa, Iveth Arámbula, en el domicilio 2465 Selkirk Row, en una casa valuada en 2,590,400 dólares.
Los Ángeles Press ha documentado la nota con amplitud de detalles:
Fernando Salgado está vinculado directamente a estas tres propiedades:
2465 Selkirk Row, La Jolla, CA 92037 (donde vive, ya que no puede estar en Tijuana debido a las numerosas amenazas que ha recibido de empresarios a los que ha defraudado). Valor: $2,590,400
7910 Nathaniel Ct., Rancho Santa Fe, CA 92127 (presunto prestanombres de la gobernadora). Valor: $4,475,000
7396 Turnberry Ct., Rancho Santa Fe, CA 92067 (domicilio legal). Valor: $8,961,000
En su momento, la directora del influyente semanario Zeta, de Tijuana, Adela Navarro, declaró que, después de que el esposo de la gobernadora, Carlos Torres, intentó ingresar a Estados Unidos y en migración de ese país apareció su nombre con una alerta roja, le informaron que no podría ingresar porque su visa estaba suspendida.
De inmediato, Torres renunció a cualquier cargo público que detentara. El gobierno de California, en una cortesía hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila, le avisó que su visa también se encontraba suspendida, para evitar que pasara por un momento tan desagradable como el que padeció su esposo.
Adela Navarro aseguró no tener información sobre presuntos vínculos de la gobernadora y su esposo con organizaciones criminales. Sin embargo, tanto ella como varios de sus colegas en Estados Unidos saben que existe una investigación de agencias de inteligencia de ese país sobre la posible vinculación de destacadas figuras políticas mexicanas con cárteles que operan el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos.
El asunto de la cancelación de visas para ingresar a Estados Unidos, tanto de la gobernadora como de su esposo, sigue preocupando a los empresarios, no solo del sector turístico de Baja California, sino también de otros sectores estratégicos.
La incómoda relación del facturero Fernando Salgado con la gobernadora Ávila es precisamente una de las líneas de investigación que siguen tanto la DEA como el FBI.
Tan tensas como están las relaciones entre México y nuestro vecino del norte, casos como el que documentamos enrarecen aún más el clima.
Y no se trata únicamente del caso de la gobernadora de Baja California. Ayer, nuestro colaborador Osvaldo Villaseñor publicó una columna sobre el tema:
“El pasado lunes le preguntaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, si aún tenía visa para ingresar a Estados Unidos. La respuesta del gobernador fue que SÍ tenía. 'Todo lo que digan son especulaciones', expresó el mandatario.
Lo que sí es cierto, es que no se ha sabido que el gobernador de Sinaloa haya regresado a Estados Unidos después de aquel 25 de julio de 2024, justo el día en que secuestraron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y asesinaron a Héctor Melesio Cuen.”
Sin duda, el asunto está muy caliente en Baja California, Sonora y Sinaloa.