Rubio delineó prioridades que podrían impactar directamente en la configuración del próximo sexenio mexicano.
Por José Luis Camacho Acevedo
La agenda de Marco Rubio en su breve estadía en México dejó fuertes señales sobre cuáles son los intereses prioritarios de su país en la relación con México.
Las declaraciones de Rubio, después de su entrevista con la presidente Claudia Sheinbaum, fueron un seguimiento a la tronante afirmación de Donald Trump esa misma mañana, en la que aseguró que en México existía un narco-gobierno y que la presidenta Sheinbaum “tenía miedo”.
En resumen, Rubio estableció como una prioridad el combate eficaz a los cárteles que operan en territorio nacional.
Migración, comercio y hasta el gusano barrenador también fueron considerados como parte de los acuerdos logrados entre Sheinbaum y Rubio.
Hubo traspiés que reflejaron la posición de nuestro país en ese espinoso tema, como el del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien en la conferencia de prensa celebrada en su oficina “cantinfleó” en sus respuestas cuando los periodistas le pidieron su opinión sobre Nicolás Maduro y las acciones de Estados Unidos que han cercado navalmente a Venezuela.
Pero, en lo esencial, Marco Rubio estableció una ruta de trabajo en la que destacarán, sin duda, personajes como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el titular de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, González; y el secretario de Comercio, Marcelo Ebrard.
Y, de acuerdo con la tradición que marca la costumbre del poder en la sucesión presidencial en México, todos los mencionados en el párrafo anterior se convirtieron en precandidatos para, en su momento, ser quienes pidan competir por llegar a sentarse en la Silla del Águila.
El comunicado conjunto marcaba de manera clarísima esa ruta de trabajo y, en consecuencia, quiénes serán sus operadores:
“Los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua. El objetivo es trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales. Además, colaboramos para atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera. Esta cooperación, a través de acciones específicas e inmediatas, fortalecerá la seguridad a lo largo de nuestra frontera compartida, detendrá el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y pondrá fin al tráfico de armas.”
De tal suerte que, para México, las cartas en materia de acuerdos con Estados Unidos están echadas manifiestamente.
Estados Unidos no quiere tener un gobierno dominado por el crimen organizado en una nación con la que comparte 3 mil kilómetros de frontera.
Nuevamente deben de tener los nervios crispados personajes como Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, Mario Delgado, Alfonso Durazo, los amigos de Andy, Pío López Obrador, Adán Augusto López y toda la banda que estableció acuerdos y recibió beneficios de las organizaciones criminales más poderosas de México.
Se respetará la soberanía —que fue uno de los grandes logros de la presidente Sheinbaum—, pero la cacería de las organizaciones calificadas como terroristas por parte de las agencias estadounidenses, como la DEA, la CIA y todas las que formarán parte del ahora llamado “grupo de alto nivel”, ya es algo irreversible.
No será una tarea fácil, ni para México ni para Estados Unidos, pero la decisión de luchar contra el crimen organizado en México ya está tomada.
Una ganancia lateral para Claudia Sheinbaum es que la determinación de Estados Unidos elimina del panorama político al expresidente López Obrador, a quien puede colocarse en la tesitura de ser extraditable.