Corrupción, el otro hilo de la madeja en la violencia

La corrupción ha sido una clave del fracaso de las iniciativas para contener la violencia.

Otros datos

Por Rodolfo Soriano-Núñez

La corrupción afecta desde la manipulación de los indicadores y reportes que deberían servirnos para comprender qué sucede en materia de violencia hasta la manera en que se fabrican culpables.

En sentido inverso, los países que han sabido hacerle frente al aumento en los hechos de violencia, lo han logrado al reducir las oportunidades para que la corrupción ocurra.

Vienen a la mente los casos de Canadá y Uruguay con el tema de la legalización del consumo de la cannabis, la marihuana. Dada la frecuencia del consumo, dada la evidencia acerca de que los daños son similares o menores a los del consumo de alcohol o tabaco, las respuestas de Ottawa y Montevideo a la realidad del consumo de esa droga, les han evitado los daños que padece México, donde el paradigma de la prohibición genera las condiciones para que la corrupción, la fabricación de culpables y la violencia campeen.

No es que en el gobierno de México no se reconozca el peso y los efectos de la corrupción, sino que los gobiernos del país, ya desde finales de los setenta, había asumido que la “disciplina” que nos dicen existe en las filas de las Fuerzas Armadas es la garantía de que el problema se va a resolver.

Ello ha dado pie a la militarización que vivimos desde que el expresidente José López Portillo decidió lanzar la versión mexicana de la Operación Cóndor. Esa realidad, deficiente en las últimas dos décadas del siglo XX, empeoró cuando Felipe Calderón, en diciembre de 2006, elevó la apuesta del gobierno con el componente, muy probablemente sugerido por sus asesores de imagen y propaganda de hablar en términos bélicos y desplegar “el poder del Estado” en entidades como Michoacán donde, al final de su gestión, no se logró absolutamente nada.

Calderón, el día de su toma de posesión, en el acto que se organizó a sí mismo en el Auditorio Nacional, dijo:

Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas.

Pero ténganlo por seguro, ésta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia.

Pongamos fin a la impunidad de los delincuentes que amenazan nuestras vidas y familias.

Otros han documentado la manera en que Calderón habló de la guerra en los primeros meses de su gestión y aunque, oficialmente mutó a partir de marzo de 2007 en la llamada Estrategia nacional de prevención del delito y combate a la delincuencia, su discurso continuó plagado de referencias bélicas, militares.

Lejos de resolver los problemas de fondo, la estrategia se convirtió en una pesadilla que años después, en 2020, él todavía trata de justificar en su libro, publicado ese mismo año, Decisiones difíciles, al decir que…

La política de seguridad de mi administración no era, ni remotamente, producto de las decisiones de un sólo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos -civiles y militares- y, desde luego, también había una colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos… La información en la que se sustentaba la estrategia de seguridad provenía de múltiples fuentes (p. 275).

La realidad es que no sólo bañó al país en sangre. Ninguno de los objetivos declarados de la política de seguridad se lograron y, al considerar lo logrado en materia de combate a la impunidad, una de las claves de su discurso en el Auditorio Nacional el 1 de diciembre de 2006, no hubo avances. Incluso, uno podría argumentar que con el fracaso del llamado Michoacanazo, con cero sentencias a favor del gobierno federal, quien resultó derrotado el 12 de abril de 2011, cuando se libró al último inculpado en ese operativo, fue el gobierno de Calderón.

En lo que hace a la corrupción en México y su vínculo con la violencia conviene tener presente que el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional, refiere que Calderón recibió al país en 2006 con un índice de 3.3, bastante mediocre ya entonces.

En 2007, logró una ligerísima mejora a 3.5 y en 2008 a 3.6. Sin embargo, para 2011 el valor ya era de 3 y su gobierno cerró, un año después, en 3.4.

Una victoria pírrica respecto del indicador con el que inició su gobierno, comprado con la sangre de miles de víctimas, toda vez que en ese mismo periodo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 9.71, (malo, pero manejable), a 23.52 en 2011. Al año siguiente, se redujo a 22.14, como se puede ver en la gráfica a continuación.

Lo que vino después con Enrique Peña Nieto fue la profundización de los dos problemas. Uno podría decir incluso que en la medida que el peñanietismo se consumía en los jugos de la corrupción que su líder consideraba inevitable, por ser parte de la cultura en México, aumentaba la tasa.

El índice se estancó en 2014 y 2015 y empeoró hasta el final del sexenio de Peña Nieto, mientras la tasa crecía implacable. De hecho, la tasa alcanzó el que hasta ahora es el pico máximo de los últimos 32 años en 2018 con el apocalíptico indicador de 29, mientras el índice se sumía en un valor de 28.

Durante el actual sexenio, sería imposible que hubiera cambios significativos en alguno de los dos indicadores.

La militarización sigue, incluso alentada ahora por la incorporación de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina en consejos del gobierno federal que no habían pisado antes los generales y almirantes.

Por si fuera poco, serán dueños de la nueva compañía Mexicana, de destinos turísticos como a las Islas Marías, y de las obras de infraestructura, insignia de la actual administración, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya.

No en balde, la tasa oscila en el rango de los 27 a los 29, mientras el índice se ha estancado en un valor de 31, reflejo de una realidad en materia de combate a la corrupción afectada por decisiones absurdas como la de matar de inanición al Instituto Nacional de Acceso a la Información.

Y es cierto, como en otros aspectos de su gestión, Calderón y Peña hicieron un lodazal del INAI. Calderón se lo entregó a personajes de la extrema derecha mexicana, al Yunque. El segundo, lo hizo un paracaídas dorado al servicio de sus incondicionales, pero dado el carácter rotativo de sus órganos colegiados y los procedimientos previstos, la actual administración hubiera podido rescatarlo y mejorarlo.

Optó por no hacerlo porque eso le garantiza lo que quiere: la oportunidad para trolear a sus adversarios y hacer cada vez más opaca la administración de los recursos públicos.

En América Latina la historia es, en gran medida, la misma. Salvo el ejemplo virtuoso de Uruguay que contuvo un ligero ascenso en su tasa con una vigorosa mejora en su índice, que pasó de ser mediocre en los noventa (con valores similares a los de El Salvador o México) a ser el mejor de América Latina en la actualidad, comparable a los del sur de Europa. El resto de la región está consumida o por la realidad de la violencia o por la preocupación que acompaña la incapacidad para mejorar en materia de transparencia y rendición de cuentas, para ser -en otras palabras- menos corruptos.

A pesar de ello es digno de destacar, una vez más, como en el caso de la distribución del ingreso, el caso colombiano. A la par de las iniciativas para desactivar la violencia política, introdujeron mejoras en la distribución del ingreso, discutidas la semana pasada en esta serie Otros Datos, mientras mejoraban -así fuera de manera limitada- el desempeño de sus órganos de control de la corrupción.

Hay países, desde luego, que es necesario observar con detenimiento. El primero, uno de nuestros vecinos al sur, Guatemala, que tiene una lamentable historia en materia de combate a la corrupción y sus males asociados, como la impunidad. Más allá de lo que nos dice el índice, que es claro en ese sentido, conviene tener en mente la historia de la muerte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que fue una de las buenas noticias que la atención al tema trajo a escala global.

Y hubo mejoras en el índice gracias a ello. Pasó de 2.2 en 2004 a un pico de 3.4 en 2009 y, luego de la expulsión y disolución de la CICIG en 2019, está en la banda de los 24 puntos en la nueva metodología del índice, una calificación peor que mediocre, de las peores a escala global.

Eso es algo que debería preocupar al gobierno de México como un tema de seguridad nacional, pero que -dado que al actual gobierno mexicano le importa un pepino la transparencia- no puede convertirse en un tema de la agenda bilateral México-Guatemala.

Otro más es nuestro otro vecino al sur, Belice. La ausencia de información en materia de corrupción se acopla de manera casi perfecta con lo que sabemos de la violencia ahí, similar en todo a la que padecen México, El Salvador, Guatemala y Honduras, pero camuflada por las diferencias lingüísticas y de diseño institucional, entre estos cuatro y la antigua Honduras Británica.

Como en el caso de Guatemala, México debería considerar la opacidad en su frontera con Belice una cuestión de seguridad nacional, pero es difícil hacerlo cuando el gobierno de México también le apuesta de manera activa a la opacidad.

El otro es, desde luego, El Salvador. Lo que se ve ahí como epifanía del populismo punitivo es culpa, al menos parcialmente, del narcisismo de Nayib Bukele, similar en más de un sentido al de Andrés Manuel López Obrador, pero también al de Felipe Calderón.

Incluso hay quienes elevan la calificación negativa de las políticas del actual gobierno de El Salvador y las llaman darwinismo punitivo. Es decir, sólo los más aptos para lidiar con la violencia en las calles y la violencia del Estado sobreviven.

Creo que hay algo de razón para decir eso. En todo caso, lo importante es que uno no debe olvidar la historia del fracaso de décadas de gobiernos del Frente Farabundo Martí y la Alianza Republicana que dejaron de competir y se conformaron con darse turnos en el ejercicio del poder.

No es que la situación de El Salvador sea especialmente peor que la de México. De hecho, en el índice, El Salvador califica mejor que México de manera consistente. Es que cualquier esfuerzo de mejora en El Salvador se estancó en 2004, que es cuando ese país logró su máximo histórico en el índice.

A diferencia de Uruguay, que demuestra la capacidad de la clase política para mejorar la rendición de cuentas y reducir las oportunidades a la corrupción y mantener sus muy bajos registros en la tasa, a pesar de haber legalizado el consumo de cannabis, en El Salvador (como en Honduras, Guatemala, México y otros países de la región) lo que hay es estancamiento, sino es que francos retrocesos.

Lamentablemente no contamos con información de lo que ocurre en Venezuela en materia de homicidios. Es así, entre otras cosas, porque con el pretexto de las sanciones impuestas a ese país, el gobierno de Nicolás Maduro ha obviado hasta lo más elemental del registro de las estadísticas de ese país.

Sin embargo, sí contamos con la información de Venezuela para el índice, como se puede apreciar en la gráfica correspondiente que compara los valores del índice en México y América del Sur.  Lo que esa gráfica muestra es cómo, cuando se le compara con el resto de América Latina, Venezuela -ya desde mucho antes de que Hugo Chávez se hiciera del poder- era un país cuyos ciudadanos percibían con problemas de corrupción.

El cogollo, como se le llama allá a la corrupción, se convirtió en un deporte nacional en el que la democracia cristiana del COPEI, lo mismo que la social democracia de los adecos (como se conocen a partidarios de Acción Democrática), se lucían. Tristemente, con Chávez y Maduro la realidad es tan mala o peor como lo era en tiempos de la extinta República de Punto Fijo.

Las implicaciones de ello no se agotan en la demencial violencia que se vive en Venezuela. Tienen implicaciones para la crisis de migración que se vive ahora mismo en la frontera México-Estados Unidos.

El uso del Índice de Percepción de Corrupción

En este ejercicio se usaron los datos del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Lamentablemente, cuando esa institución decidió hacer un cambio en su metodología, que es siempre algo positivo, no ofreció una salida para hacer comparables los datos obtenidos con la nueva metodología, en uso desde 2012, con la que se usó desde los primeros ejercicios de 1995.

Para facilitar la comprensión de los vínculos entre corrupción y violencia, en esta entrega de Otros Datos se tomó una decisión cuestionable: Para elaborar las gráficas que acompañan a este ejercicio y calcular las correlaciones, todos los datos previos a 2012 se multiplicaron por diez. Como se puede ver en la tabla 1, algunos países como Costa Rica logran alguna mejora, pero no rompe con la lógica del desarrollo de la lucha contra la corrupción en ese país que, por lo demás, es uno de los más eficaces en América Latina en esos asuntos.

Quien considere que ejerzo algún tipo de violencia contra los datos de Transparencia Internacional está en su derecho de hacerlo. En la propia TI llaman a que no se comparen los datos. Para bien o para mal, es el único indicador que tenemos de qué ocurre a escala global en materia de corrupción y es preferible usar esa información a seguir los pasos de quienes promueven el populismo punitivo, que no lleva a lugar alguno.

En todo caso, todos los valores previos se multiplicaron por la misma constante (10), como se puede apreciar en la tabla 1. Creo que ello facilita una comparación que ciertamente no es perfecta, pero que permite comprender si hubo cambios notables en cada país en un periodo más largo que el que ofrecería la serie que inicia, con la nueva metodología, en 2012.

No creo que ello afecte los argumentos clave de este texto: Hay una relación entre la corrupción y la violencia como la expresa la tasa de homicidios. Esa relación varía en intensidad y sentido y es necesario ser muy cuidadoso al analizarla, pero como se puede ver en la última gráfica en este texto, sólo en cinco países la correlación es débil (Filipinas, Brasil, Perú, Guatemala y Panamá). El algunos países esas correlaciones son muy robustas. En un sentido, en México y El Salvador. En otros, como Sudáfrica, en otro sentido.

Por último, los países deben combatir la corrupción porque hacerlo reduce sus índices de violencia, entre otros beneficios.

Quien desee consultar todas las gráficas para cada uno de los países considerados en tabla 1 puede verlas en esta galería.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IPC, 1995-2022.

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