México, con menos jueces que toda Latinoamérica

Costa Rica, el país con el mayor número de jueces en América Latina con 27 por cada 100 mil habitantes.

Otros Datos: el vínculo entre el número de jueces y la violencia. 

Por Rodolfo Soriano-Núñez

¿Hay una relación entre el número de jueces que prestan sus servicios en un país y la violencia o, de manera más general, los crímenes que se cometen en ese país?

Aunque el sentido común podría llevar a suponer que, efectivamente, tener un mayor número de jueces ayuda a reducir el número de delitos que se cometen en algún país, la evidencia disponible no es tan contundente como en entregas previas de esta serie.

La relación existe. Los datos están ahí, pero no es un indicador que pueda considerarse como absoluto o como una suerte de píldora mágica que, por sí misma, resuelva el problema de sociedades tan violentas como muchas de las que existen en América Latina. A diferencia de lo que ocurre con la distribución del ingreso o con la corrupción, con el número de jueces los resultados obligan a ser muy cuidadoso.

En primer término, porque hay muchos países que no reportan adecuadamente este tipo de información a agregadores de datos. En este caso, uno de los repositorios de este tipo de información es una agencia de la Organización de Naciones Unidas que trabaja con la información que ofrecen los gobiernos de cada país. Se trata de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, la UNODC por sus siglas en inglés.

Agregadores que suelen tener gran cantidad de información en otros asuntos, como el Banco de Datos Abiertos del Banco Mundial, no cuenta con este tipo de información o, al menos, no la hace disponible por medio de esa página Web.

Hay una cantidad notable de índices que uno supondría deberían considerar este tipo de información, pero la información misma no está disponible en todos los países, de modo que resulta difícil creer que quienes integraron esos índices hubieran podido contar con acceso especial a ese tipo de información.

Es el caso de, por ejemplo, el Índice Global de Impunidad, que la Universidad de las Américas en México publica desde mediados de la década pasada, por medio de su Centro Sobre Impunidad y Justicia.

Lamentablemente, ellos mismos enfrentan problemas similares que hacen que la más reciente edición del Índice no cuente con información sobre el número de jueces y magistrados para países que son muy importantes cuando se trata de comparar a México para tratar de encontrar una solución al problema de la violencia que nos afecta como país. No incluyen, entre otros, a Argentina, Belice, Brasil, o El Salvador, entre otros.

En una situación similar está el Índice del Estado de Derecho o Rule of Law Index del World Justice Project que, es muy útil, pero que se construye a partir de una metodología mixta que incluye, por una parte, cuestionarios levantados en una encuesta con el público en general a la que se agrega un cuestionario a expertos en la práctica del derecho, pero que no ofrece información estadística como la del número de jueces por cada 100 mil habitantes. Una explicación muy completa de su metodología se puede consultar aquí.

En todo caso, como con otros aspectos del problema de la violencia que azota a México y otras sociedades de América Latina, se hace lo que se puede con la información que efectivamente está disponible.

En este sentido, en esta ocasión se tomó la información que contiene la base de datos construida por la UNODC. Como se verá en las gráficas a continuación, la información arranca en algunos casos en 2003 y en algunos países llega a 2021. Sin embargo, hay países, como Brasil que no reportan esta información de modo que se tuvo que recurrir a otras fuentes de información. Ello plantea todo tipo de problemas y obliga a explicar lo que se encontró.

Cuando fue posible dar con la información, se incorporó en los cálculos que se presentan aquí. Ello era necesario pues hay países sin información o con sólo dos o tres años de información. Y no son necesariamente los “sospechosos usuales” de falsear o de plano no entregar información, como en el caso de Venezuela. Canadá, por ejemplo, no reporta a la UNODC sus datos sobre esta variable desde 2003, el único año para el que hay información disponible.

Pensé que podría dar con esos datos en los distintos sitios de Internet del gobierno canadiense, que ofrecen todo tipo de información y, para mi sorpresa, no me fue posible. Algo similar ocurrió con Belice y Honduras. Conseguí algunos pocos datos para esos dos países de América Central y aunque ofrecen correlaciones muy robustas, tan robustas que en el caso de Belice es de 1, es decir, es una correlación perfecta, no es posible emocionarse, porque en total sólo conseguí información para los años 2014 y 2019. Son dos observaciones, de modo que no se puede considerar como útil (del todo) la información que ofrecen esas observaciones.

Para Honduras pude conseguir datos de 2015, 2019, 2020 y 2021. Su correlación es casi perfecta, pues arroja un valor de 0.95, pero dado el número tan reducido de observaciones, me resisto a entusiasmarme con esos datos. En un caso similar está Brasil que, de hecho, no reporta esos datos a la UNODC. Las observaciones que conseguí proceden de otra fuente. En todo caso, dado que la correlación en Honduras es positiva, sólo probaría que en la medida que han aumentado los jueces, aumentan también los homicidios.

Para Ecuador pude conseguir datos de la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes para 2003, 2004 y 2018. Las dos primeras las reportó a UNODC. La de 2018 pude conseguirla en una comparación elaborada por el Poder Judicial de su vecino, Perú. Sin embargo, su serie para la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes inicia en 2007, por lo que no es posible construir una correlación con esos datos.

Afortunadamente, para dos de las sociedades latinoamericanas más violentas, Colombia y El Salvador, la base de datos de UNODC cuenta con abundante información. También es posible realizar un análisis para Costa Rica, una sociedad que es la menos violenta de América Central, con sólo tres huecos en el indicador para jueces y con una serie completa de homicidios.

Nicaragua tiene series casi completas para las dos tasas y al calcular la correlación arroja un valor mucho muy robusto, de  -0.91, una correlación negativa pero casi perfecta que deja ver que, efectivamente, en la medida que aumenta el número de jueces disminuye el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, pero tengo serias dudas acerca de la veracidad de la información que ofrece el régimen encabezado por Daniel Ortega.

En el caso de México, no es posible observar una correlación. México apenas empezó a entregar datos a UNODC en 2010, por lo que la serie sólo cuenta con once observaciones consecutivas. Aunque la gráfica deja ver un marcado aumento de 2010 a 2011 en el número de jueces por cada 100 mil habitantes, pues el valor pasó de 4.29 a más de nueve en 2011, en 2012 el valor volvió a bajar hasta ubicarse en 4.46.

No sé si el valor de 2011 es producto de un error involuntario o si formó parte de las mentiras que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa dijo en materia de justicia y seguridad pública, pero es notable que en 2014 el indicador se reduce a sólo 1.37 jueces por cada 100 mil habitantes. Se observó una ligera mejora en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues fue de 2.69, pero los siguientes dos años, 2019 y 2020, el último para el que hay información en el banco de datos de UNODC, hubo caídas.

Dada la dantesca crecida del número de homicidios desde 2007 y hasta 2020, el último año para el que se tienen los dos datos considerados en esta entrega de esta serie Otros Datos, la correlación es inexistente, de sólo 0.05. Eso no quiere decir que el vínculo entre las dos tasas no exista. Sólo demuestra que en el caso de México, dado que aumentó tanto la tasa de homicidios, de 22.58 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010 a 28.37 en 2020, el efecto es minúsculo, irrelevante.

Para el caso de Estados Unidos, la serie en el repositorio de UNODC inicia en 2004, pero lo hace con un número muy alto de jueces por cada 100 mil habitantes. El número es de 10.7 y se mantiene en valores similares en 2005, 2006 y 2007. A partir de 2008 ocurre una caída abrupta en ese indicador, pues pasa a 0.71 jueces por cada 100 mil habitantes. Desde ese punto en adelante, hasta 2021, el indicador es muy estable.

Dado que no tengo registro de alguna reforma del poder judicial de Estados Unidos de gran escala durante el gobierno de George W. Bush, y dado que—en general—el gobierno de Estados Unidos es muy conservador, incluso cuando está en manos de demócratas, preferí sacar esas cuatro observaciones (de 2003 a 2007) del ejercicio.

Costa Rica y Colombia

A partir de la información disponible para los países que se consideran en esta serie, es posible decir que efectivamente hay casos, como Costa Rica y Colombia, en los que el aumento en el número de jueces por cada 100 mil habitantes va de la mano con reducciones importantes en las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes.

La correlación en el caso de Costa Rica es muy robusta, de 0.7, por lo que es un dato que quien quiera que desee resolver el problema de la violencia en México y otros países de América Latina debe considerar siempre y cuando se consideren también otros aspectos del funcionamiento del sistema de justicia de Costa Rica, así como el hecho que es muy posible que el carecer de un ejército haga que los políticos no puedan recurrir a la “solución” de militarizar la seguridad pública.

Habrá quien vea esa valor de la correlación como un fracaso, pues en la medida que aumenta el número de jueces ha aumentado el de homicidios, pero es necesario considerar el contexto centroamericano para entender por qué el modelo costarricense es una mejor alternativa que la militarización como la han intentado México o El Salvador.

Costa Rica ronda los 28 jueces por cada 100 mil habitantes. Eso es casi el triple de los que tienen sus vecinos en Centroamérica y más de 15 veces más que los que tiene México, pero además es un país que no está afectado, como México y otros países de América Latina por la desconfianza que genera la corrupción y en el que se respetan libertades fundamentales como la de prensa.

En Colombia la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes está lejos de la costarricense, pero es también muy superior a la de México y similar a la de El Salvador. Eso hace necesario preguntarse qué hace que paises con mayor cantidad de jueces que México tengan tasas de violencia similares a las de México. Aumentar el número de jueces no resuelve por sí mismo el problema. Es necesario aparejar el aumento en el número de juzgadores con mejoras en la calidad del desempeño de las policías, tanto preventivas como judiciales o ministeriales.

También son necesarias reformas, quizás similares a las emprendidas por Chile, que atemperen algunos de los peores aspectos de la tradición judicial franco-española con la que se desarrollaron los países de América Latina. Su formalismo extremo y su dificultad para adaptarse a nuevas realidades fueron algunos de los argumentos que llevaron a Chile a realizar su, así llamada, reforma procesal penal entre 2000 y 2005. Lamentablemente, como otros países de América Latina, Chile no ha encontrado la fórmula para evitar aumentos en su tasa de homicidios. En ese sentido, su muy robusta correlación (¡-0,74!), parece contradecir el espíritu de la reforma con la que inició este siglo.

Lo que no puede escatimársele a Colombia es el hecho que su correlación es negativa y robusta. Ahí se cumple la idea de que al aumentar el número de jueces y reducir la impunidad, se desalienta la violencia. 

Si de plano no se desea aumentar el número de jueces, como es el caso en Estados Unidos, optar por un modelo que o desaliente la comisión de crímenes con mejoras en la prevención y/o la vigilancia, o que aliente el que los imputados prefieran llegar a un acuerdo que pase por la admisión de algún tipo de culpa antes de llegar a un juicio donde puede perder más. Ese es el argumento, por ejemplo, de la inmensa mayoría de los episodios de series de televisión estadunidense como Law & Order.

Lo que no puede decirse gracias, entre otros ejemplos, a El Salvador, es que el tener más jueces por cada 100 mil habitantes garantice que se reducirá la violencia como la captura la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Como se puede ver en esta gráfica, en El Salvador cuando se había aumentado ligeramente el número de jueces ocurrió en 2018 y 2019 un repunte en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Aunque en El Salvador ha ocurrido una ligera mejora en la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes, las variaciones en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes responden a otros factores que pueden ser más relevantes en ese país. Eso será más notable cuando se empiecen a evaluar las medidas tomadas por Nayib Bukele en el marco de la pandemia.

En lo personal me parece aterrador el que un gobierno, del signo que sea, suprima o desconozca los derechos humanos fundamentales, pero es claro que hay una caída importante en el número de homicidios que obligará a que se refinen los análisis de qué se debe hacer para enfrentar el tipo de violencia criminal que padecen México y América Central.

Es necesario agregar otros factores al análisis para comprender mejor qué explica la violencia en países como México, El Salvador Guatemala, Honduras o Belice.

En lo que hace a la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes debe hacerse notar que México es el peor parado en todas las comparaciones que vengo haciendo en esta serie, excepto la que lo compara con Sudáfrica y Filipinas y la que se hace con los países de la zona del Tratado México, Estados Unidos, Canadá.

Lo es cuando se compara a México con América Central y la República Dominicana, así como en el resto de las comparaciones que involucran a países de América Latina.

Lo es cuando sólo se compara a México con El Salvador, Guatemala y Honduras, el llamado Triángulo Norte de América Central, además de Belice.

Ocurre de igual modo cuando se le compara con los países de América del Sur.

También ocurre al comparar a México con los países de América Latina con grado similar de desarrollo, sin importar si están en Centro o Sudamérica.

La única “excepción” es cuando se le compara con Filipinas y Sudáfrica. En ese caso, Filipinas tiene en la última observación reportada en el repositorio de UNODC un valor de 1.8 jueces por cada 100 mil habitantes en 2017, contra el 1.98 de México en 2020.

El cálculo de las correlaciones para los países con suficientes datos para poder realizarlos, que se presenta a continuación, deja ver que el número o la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes es un factor que no puede soslayarse cuando se trata de encontrar soluciones a la violencia. Tristemente, en México, a la par que Andrés Manuel López Obrador ha optado por militarizar más la seguridad pública, también ocurre una amarga confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que amenaza con regresarnos, por otra vía, a los peores tiempos del régimen que el PRI encabezó durante el siglo XX.

Es necesario considerar los datos de este ejercicio a la luz de lo que se ha observado en entregas previas de esta serie. Efectivamente, es posible decir que en medida que una sociedad es más desigual es más violenta. Es posible decir lo mismo de una sociedad que se percibe como propensa a la corrupción. También es posible decirlo en el caso del respeto a la libertad de expresión, de prensa. En la medida que una sociedad reprime a quienes expresan sus ideas, se eleva la probabilidad de que ocurran actos de violencia contra las personas a las que se quiere silenciar.

Con voz propia

Violencia y libertad de prensa, el círculo vicioso