Ignacio García Martes, 26 de Agosto del 2025, 12:00
Foro Público
Este lunes el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, confesó ante la corte estadounidense que sobornó durante décadas a políticos, policías y mandos militares para operar impunemente en México. El hecho resulta en sí un suceso que la población sabía, pero que se requería una aceptación explícita de quien encabezó a una de las organizaciones criminales más importantes del país.
El capo operó como uno de los líderes del narcotráfico desde la administración de José López Portillo, pasando por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Estas declaraciones involucran implícitamente a los ex presidentes que permitieron que el cártel no sólo operara, sino que se extendiera más allá de las fronteras.
Zambada entregó millones de dólares a funcionarios de alto nivel en México para distribuir y enviar drogas a Estados Unidos. El narcotraficante dijo que ha existido una estrecha relación con las autoridades mexicanas y prueba de ello es que el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, está preso en una cárcel de máxima seguridad en la Unión Americana.
Los efectos de las declaraciones del capo son inciertos, sin embargo, ayudan a dibujar una radiografía sobre las relaciones del crimen organizado con las altas esferas del gobierno mexicano, en donde irremediablemente las miradas apuntan a los ex presidentes.
A diferencia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien nunca aceptó haber sido distribuidor de drogas en Estados Unidos, su socio sí aceptó su culpabilidad, y durante décadas mantuvo un bajo perfil que le permitió operar con la complicidad de las autoridades mexicanas.
Mientras que el Chapo se convirtió en una de las figuras más visibles del crimen organizado en México, centro de los reflectores de la opinión pública, el Mayo Zambada controló al cártel mientras su socio permanecía en la cárcel y consolidó a la organización criminal como una de las más grandes del mundo.
El capo aceptó colaborar con las autoridades norteamericanas y por ello la fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte en contra de Zambada, por lo cual habrá que esperar cuáles serán los elementos que entregará el narcotraficante que podría inculpar directamente a distintos actores políticos.
Las declaraciones de Zambada involucran también a políticos del régimen actual. El 25 de julio de 2024, cuando fue capturado, se entrevistó, según datos de la DEA, con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya que el capo operaba como mediador en la resolución de conflictos locales entre los actores políticos.
Con la información que le otorgue el capo al gobierno estadounidense, muchos políticos mexicanos estarán nerviosos, pues podrían convertirse en los siguientes García Luna, pues ya han existido antecedentes de otros ex funcionarios federales acusados de nexos con el crimen organizado como el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020.
¿Caerá otro político de alto nivel?
Genaro García Luna se convirtió en el primer ex secretario de Estado que fue sentenciado por vínculos con el crimen organizado, pero con las declaraciones de Zambada podría acompañarlo algún otro político de alto nivel que haya recibido sobornos millonarios para que operara el Cártel de Sinaloa.
Si Zambada desea, puede involucrar directamente a distintos políticos mexicanos que fueron beneficiados por la organización criminal que encabezó y que podría ser benéfico o perjudicial para el gobierno mexicano, si el alfil señalado forma parte del régimen actual o puede ser un personaje del pasado que sería aprovechado por la retórica de Palacio Nacional.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cabildeó con la administración estadounidense para la deportación de Salvador Cienfuegos, quien una vez que pisó suelo mexicano evitó la cárcel. El señalamiento del máximo mando de la estructura castrense en México durante el sexenio de Peña Nieto representaba una afrenta para la credibilidad de las instituciones militares.
Mientras que García Luna decidió guardar silencio y no declarar en contra de su ex jefe, Felipe Calderón, ni inculpar a otros políticos, Zambada puede aprovechar este momento para negociar beneficios para sí mismo y señalar a otros políticos vinculados al crimen organizado que recibieron favores económicos.
Además, para el sistema de justicia estadounidense los dichos son evidencias suficientes que pueden ser utilizadas en un proceso judicial contra cualquier personaje de la vida pública mexicana. Zambada quiere buscar mejores acuerdos que los que tienen tanto el Chapo Guzmán como Genaro García Luna, que se encuentran en condiciones de máxima privación de la libertad.
Si en las acusaciones de Zambada aparece un personaje vinculado a la “4T”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dirá que necesitarán pruebas suficientes, aunque para el sistema judicial estadounidense no es necesario y podría acompañarse esos señalamientos con las declaraciones de Ovidio Guzmán López, otro de los hijos del Chapo Guzmán, quien también aceptó colaborar con la fiscalía norteamericana.
Así, las fichas en el tablero las tiene el gobierno estadounidense que puede acusar a su homólogo mexicano de no hacer lo suficiente para combatir al crimen organizado, después de que fueron señalados como organizaciones terroristas, por las cuales podría incluso intervenir en el territorio mexicano.
El show de Bondi
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, presentó su propio espectáculo tras la confesión de Zambada. La funcionaria norteamericana celebró que el capo aceptara su culpabilidad y por ello afirmó que pasará toda su vida tras las rejas, como si todas estas acciones se debieran a la administración de Donald Trump, sin embargo, olvidó que la detención del capo ocurrió en el gobierno de Joe Biden.
Exaltó que por primera vez en la historia uno de los grandes narcotraficantes mexicanos ha aceptado su responsabilidad, lo que le dará puntos a favor al gobierno de Trump, en cuanto a una narrativa basada en un verdadero combate al crimen organizado.
El gobierno de Trump quiere mostrar que existe una lucha frontal contra el crimen organizado y la fiscal se atrevió a decir que con la detención del Chapo y el Mayo el Cártel de Sinaloa desaparece, aunque evidentemente se trata de una enorme mentira, ya que existe una guerra entre las fracciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos” en Culiacán, Sinaloa, que ha provocado más de mil 500 muertes en los últimos meses.
El propio Zambada le dijo en una entrevista a Julio Scherer que todos son piezas reemplazables, y por ello ahora están por surgir nuevos liderazgos en la estructura criminal en Sinaloa, mientras que la violencia sigue recrudeciendo en distintos ámbitos.
Nota aparte: México es el centro de las disputas de los cárteles de las drogas, que incluso se confrontan permanentemente causando dejando miles de muertos cada año y zonas ingobernables, donde las autoridades locales, estatales y federales están completamente vinculadas.
