Tashiro Malekium Lunes, 15 de Diciembre del 2025, 00:00
El decomiso del huachicol se suma a una cadena de operativos que evidencian la profundidad del problema en regiones fronterizas y su impacto en las finanzas públicas.
Por Tashiro Malekium
El pasado jueves 11 de diciembre, en un operativo sorpresa coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), se inspeccionó una gasolinera del Grupo ECO en el municipio de San Quintín, Baja California. La diligencia duró hasta las 21:00 horas y reveló que no se podía verificar la procedencia legal de unos 30 mil litros de hidrocarburos. Inmediatamente, todo fue retenido. Esto es otro golpe directo al huachicol fiscal, esa plaga de evasión de impuestos y venta ilícita que está sangrando al sector energético mexicano desde hace años.
Los detalles del cateo
El operativo lo ejecutaron agentes de la FGR, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Federal Ministerial. Para evitar cualquier escape o sabotaje, el lugar quedó bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al terminar. No solo se llevaron los 30 mil litros de combustible, sino que aseguraron toda la gasolinera, paralizando sus operaciones hasta nuevo aviso. Dos empleados fueron detenidos en el acto, sospechosos de estar metidos en la extracción irregular de combustible.
Esta empresa es parte del Grupo ECO, que opera como distribuidor y comercializador de gasolina principalmente en el noreste, incluyendo Sonora y Baja California. Fuentes cercanas a la investigación me dicen que esto es solo la punta del iceberg en una serie de indagatorias sobre el mercado negro de hidrocarburos en la zona. El contrabando y la evasión fiscal aquí han causado pérdidas millonarias al gobierno, alimentando a las redes criminales que controlan estos negocios sucios.
El contexto del huachicol
El huachicol tradicional es el robo directo de los ductos de Pemex, una práctica que le ha costado al país miles de millones de dólares al año y que está ligada de pies a cabeza con el crimen organizado. Pero el huachicol fiscal va más allá: irregularidades en importaciones, distribución y ventas, como evadir impuestos o falsificar documentos, disfrazando el combustible como aditivos o lubricantes.
En 2025, el gobierno ha apretado el paso contra problema, con decomisos récord que suman millones de litros en varios estados. Por ejemplo, en octubre pasado, las autoridades federales aseguraron 418 mil litros en operativos simultáneos en cuatro estados, uno de los golpes más duros del año.
En Baja California, donde pasó esto, los decomisos han sido masivos: casi un millón de litros en noviembre en Ensenada, y otros como 8 millones en un predio de la misma ciudad en marzo, o más de 60 mil en Tijuana y Tecate en septiembre. Esto muestra cómo el problema persiste en las zonas fronterizas, donde la cercanía con Estados Unidos facilita el contrabando.
Datos oficiales indican que el huachicol genera pérdidas de más de 177 mil millones de pesos solo en 2024 por el huachicoleo fiscal, afectando las finanzas públicas, la seguridad energética y hasta el medio ambiente con riesgos de derrames y explosiones. Otras estimaciones suben la cifra a más de 600 mil millones en daños anuales totales, incluso 809 mil millones entre 2018 y 2024. La actual administración ha priorizado el combate con la Guardia Nacional y la FGR, aumentando operativos este año, incluyendo el desmantelamiento de 96 tomas clandestinas en Baja California, según la gobernadora
Implicaciones y reacciones
Este decomiso en San Quintín podría sacudir la cadena de suministro local, ya que el Grupo ECO es clave en la distribución de combustibles en la península de Baja California. Los residentes ya están preocupados por posibles desabastos temporales, aunque las autoridades juran que tomarán medidas para no afectar a los consumidores.
Hasta ahora, ni el Grupo ECO ni los de la gasolinera han declarado sobre el incidente. La FGR dice que las investigaciones siguen en curso, y no descartan más detenciones o decomisos relacionados. Este caso pone en evidencia la necesidad de transparencia en el sector de hidrocarburos, ya que es vital que las autoridades tengan la confianza de la ciudadanía, en esta lucha contra El trasiego ilegal de carburantes.