Ignacio García Martes, 04 de Febrero del 2025, 12:59
Foro Público
Desde septiembre del año pasado la violencia en Sinaloa ha escalado de forma acelerada tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, por las disputas que mantienen “Los Chapitos” y “Los Mayos” por el control del Cártel de Sinaloa y la ciudadanía ha exigido la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya por ser incapaz de garantizar condiciones de paz y seguridad para la población.
El gobernador emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha sido acusado de colaborar activamente con el crimen organizado, ya que el líder del Cártel de Sinaloa afirmó, tras su detención, que se reuniría con el mandatario estatal para resolver una disputa que mantenía con el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén.
Casi al mismo tiempo de la detención de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el adversario político del gobernador de Sinaloa fue asesinado, pero en primera instancia la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), controlada por el gobernador, informó que el diputado local había sido ultimado en un asalto en una gasolinería.
Sin embargo, en una carta que escribió El Mayo Zambada desde Estados Unidos describió que fue aprehendido tras un engaño para mediar una disputa que mantenía el gobernador de Sinaloa con el ex rector de la UAS, e incluso afirmó que fue asesinado en el mismo lugar y al mismo tiempo en el que él fue secuestrado.
Días después la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, confirmó que el ex rector de la UAS no fue asesinado en la gasolinería como la fiscalía estatal afirmó, ya que se trataba de un montaje para librar de cualquier sospecha al propio gobernador.
Y aunque en la carta que envió el Mayo Zambada pedía mantener la calma en Sinaloa, ocurrió todo lo contrario, la violencia se incrementó y comenzaron las disputas entre los grupos internos que se disputaron el control de Culiacán, en medio de las acusaciones contra Rubén Rocha, quien ha negado cualquier participación con el crimen organizado.
No obstante, desde la contienda electoral de 2021, Rubén Rocha fue acusado de haber recibido financiamiento del crimen organizado e incluso en una entrevista reconoció que quien gobierna la entidad debe estar en contacto con los grupos criminales a través de personeros, lo que ha sido retomado en las últimas semanas ante las condiciones de violencia que se suscitan en la entidad.
La violencia que se ha intensificado en Sinaloa ha generado un clima de miedo en la población que no sabe cuándo ni dónde se producirá un enfrentamiento entre los grupos criminales y un gobierno estatal incapaz de garantizar condiciones de seguridad para desarrollar diferentes actividades económicas, las cuales en algunos casos se tuvieron que suspender por temor a balaceras o quemas de establecimientos.
Aunque el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo cobijó y después la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, ha hecho lo propio, el gobernador de Sinaloa se ha convertido en un lastre político para Morena, ya que cada vez son más grandes y frecuentes las manifestaciones sociales que exigen la salida del mandatario estatal.
La ciudadanía está harta y enojada de vivir con miedo todos los días, una caída pronunciada en el turismo, con la suspensión constante de clases en los planteles educativos, los cierres de establecimientos comerciales a temprana hora y el miedo latente de la violencia que rodea al estado.
Para ampliar la molestia colectiva, el gobernador dijo que se vivía tranquilamente en Sinaloa, lo que fue señalado por las organizaciones de la sociedad civil como un acto de cinismo que está completamente alejado de la realidad y que lo único que provoca es incrementar el malestar de la población.
El costo político para Morena es cada vez mayor, la popularidad de Rubén Rocha se mantiene en los lugares más bajos entre los gobernadores del país, y aunque aún faltan más de dos años para las elecciones estatales en Sinaloa, es probable que el partido guinda pierda esa entidad.
Mientras más tiempo Rocha Moya siga al frente de la entidad, menores serán las probabilidades de que Morena conserve el estado, ya que al igual que otros gobernadores emanados del partido guinda también han sido señalados por los altos niveles de violencia e inseguridad en sus demarcaciones, así como por escándalos de corrupción.
De la misma manera, Guerrero enfrenta una situación similar a la de Sinaloa, donde los grupos del crimen organizado se enfrentan en una guerra civil clandestina que ha provocado un baño de sangre, y la mandataria estatal Evelyn Salgado ha sido criticada por preferir cantar con el Coque Muñiz, mientras que Chilpancingo es uno de los centros de la violencia en el país, donde, además, el alcalde Alejandro Arcos fue decapitado unos días después de rendir protesta.
También el actual gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, de Morena, ha evidenciado que el ex secretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena, era líder del grupo criminal conocido como “La Barredora”, durante las administraciones del ex secretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y su sucesor, Carlos Manuel Merino, y causante de la violencia que se incrementó en la entidad en los últimos años.
De la misma manera, el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez, acusó omisiones de su antecesor, el también morenista, Rutilio Escandón, uno de los personajes más cercanos a López Obrador, de provocar el crecimiento de la violencia en esa entidad que se ha convertido en el centro de las batallas entre los cárteles de las drogas y la trata de migrantes centroamericanos.
Asimismo, la gobernadora morenista de Morelos, Margarita González Saravia, denunció a su antecesor, el ex futbolista y actual diputado federal, Cuauhtémoc Blanco, de un desvío de más de 40 millones de pesos de la administración estatal durante el proceso de entrega-recepción.
Así, ha comenzado el canibalismo político en el interior de Morena, con una serie de disputas de los gobernadores en turno con sus antecesores, ante la pérdida del poder político que concentraba López Obrador y que Sheinbaum no ha ocupado, lo que puede derivar en el nacimiento de las viejas tribus perredistas.
El costo político para Morena será mayor con estos ataques internos que pueden provocar una lucha intestina que es distinta a la disciplina política que caracterizó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que fue tan efectiva durante décadas.
La presidenta puede ejercer el control político como lo hacía el PRI con la “carta” de la desaparición de poderes por parte del Senado, como en su momento lo hizo Carlos Salinas para expulsar a los gobernadores que no fuesen fieles, y que en la actualidad también puede servirles para conservar algunos estados y apaciguar los ánimos en entidades como Sinaloa.
Nota aparte: Los gobernadores anteriormente eran simples gestores de las decisiones presidenciales en el sistema priísta, pero con la alternancia panista, éstos comenzaron a acaparar mayor poder ante los vacíos del presidencialismo, y con el morenismo nuevamente desempeñaron un rol secundario con la concentración de poder del líder moral del partido y que parece haberse perdido con la nueva presidencia en medio de nuevas disputas entre los gobernadores y sus predecesores.