Ignacio García Martes, 01 de Julio del 2025, 12:53
Foro Público
Estados Unidos y México tienen una larga y tormentosa relación bilateral, que se puede explicar en diferentes ciclos o momentos. Desde la independencia de México, las relaciones entre ambos países han sido complejas, pasando por una guerra que dejó a México sin más de la mitad de su territorio, hasta la incorporación de un tratado de libre comercio que se firmó en 1994 con Canadá.
El gobierno de Estados Unidos ha asumido prácticamente desde su fundación un rol poco amistoso. La famosa frase del sexto presidente de la historia de la Unión Americana, John Quincy Adams, sobre que “Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes” retrata con claridad la postura de esa nación.
Debido a la asimétrica relación bilateral entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano ha adoptado un rol de sumisión respecto a las decisiones que tome el vecino del norte, principalmente desde que se convirtió en la principal potencia económica y militar del mundo.
Aunque las relaciones bilaterales entre ambos países parecieron mejorar con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, en los últimos años se ha visibilizado un distanciamiento claro entre los gobiernos de las dos naciones. Por un lado, Estados Unidos desconfía permanentemente de las acciones de combate a la inseguridad y violencia en México por parte del gobierno, dado que considera que hay nexos marcados entre los cárteles de las drogas y las autoridades locales, y, por el otro, México está inconforme con la labor intervencionista que ha asumido.
El intervencionismo estadounidense no es nuevo. Desde el periodo posrevolucionario Estados Unidos ha estado presente en la política mexicana, dada la compleja relación económica y comercial que mantienen, así como el flujo migratorio que coloca los límites entre ambas naciones en el cruce fronterizo más transitado del mundo.
Los expedientes secretos que se han revelado recientemente muestran cómo los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) estuvieron presentes en el territorio mexicano, e incluso los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez mantuvieron una coordinación estrecha con esta instancia de inteligencia.
Con el inicio del periodo neoliberal en 1982, en la administración de Miguel de la Madrid, México se doblegó aún más ante Estados Unidos, con un intervencionismo más evidente en diferentes ámbitos de la vida pública mexicana, donde los embajadores estadounidenses se reunían directamente con los mandatarios mexicanos para dictar temas de la agenda.
Trump y la política de golpeteo
Así, los gobiernos de De la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto mantuvieron una política de sometimiento ante Estados Unidos, siendo unos de los momentos más álgidos en las relaciones bilaterales los que se vivieron en la gestión de George W. Bush, cuando recrudeció las políticas migratorias con el cierre de las fronteras tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, el gobierno estadounidense adoptó una política más agresiva, pues los ataques fueron mediáticos y con constantes embates que se caracterizaron por vulnerar la soberanía nacional.
La “famosa construcción del muro” fronterizo que sería pagado por México, las acusaciones xenófobas que señalaban que todos los mexicanos de ser “bad hombres” y las advertencias de una supuesta intervención militar en territorio mexicano, fueron parte de la ríspida relación que mantuvo México con Estados Unidos.
Incluso Trump decidió utilizar a México como tercer país seguro con las amenazas arancelarias para contener la migración centroamericana, por lo cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por someterse y utilizar a la Guardia Nacional como policía migratoria.
Las amenazas de Trump no terminaron durante su primer mandato, pues con Joe Biden las intervenciones sigueron, pero a través de medidas menos mediáticas, como las estrategias de detención de Ismael El Mayo Zambada como líder del Cártel de Sinaloa sin informar al gobierno mexicano.
La operación, que fue calificada por algunos como “quirúrgica”, fue realizada de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos, debido a que existía una elevada desconfianza por parte de las autoridades estadounidenses sobre la labor de sus homólogas mexicanas en la administración de López Obrador.
Previamente el gobierno mexicano también “fue sorprendido” con la detención del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, mando militar en el sexenio de Peña Nieto, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en octubre de 2020, y tras el cabildeo político de la administración de López Obrador, finalmente fue deportado a México, donde no se inició ninguna investigación penal en su contra.
La política Abrazos, no balazos del tabasqueño dejó en evidencia una postura de desconfianza del vecino del norte, dado que no reforzó las acciones de combate a los principales grupos criminales que operan en el país.
Con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos, la administración del republicano volvió a atacar a México, con amenazas cada vez más radicales que han colocado a Claudia Sheinbaum en una situación de mayor vulnerabilidad.
Aunque México depende de su excesiva relación económica con Estados Unidos, el gobierno de Sheinbaum tampoco confía en la administración de Trump, que se ha caracterizado por ser imprevisible, mientras que las referencias de los nexos entre ex funcionarios y actuales servidores públicos vinculados al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha molestado de sobremanera en Palacio Nacional.
El retiro de las visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, evidenciaron la amplia desconfianza que existe del gobierno de Estados Unidos hacia México, dado que ni siquiera la presidenta Sheinbaum fue informada sobre estas acciones implementadas por la administración norteamericana, que sospecha de las operaciones de lavado de dinero de distintos actores políticos mexicanos.
A esta situación se suma que el gobierno de Estados Unidos declaró a los bancos CIBanco, Intercam y Vector como responsables de lavar dinero para empresas asociadas a los cárteles de las drogas. Lo hizo sin alguna notificación previa a México y con ello generar más dudas sobre el futuro de las inversiones a la banca mexicana. El asunto es más sensible pues el fundador de esas empresas es Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República en el sexenio pasado.
Así, mientras Estados Unidos cada vez confía menos en México, lo mismo ocurre desde Palacio Nacional, aunque por las relaciones asimétricas de dependencia, el gobierno mexicano tiene menos elementos para buscar una relación más amplia.
Nota aparte: México debe lidiar con el vecino abusador, que al mismo tiempo es el casero y el jefe de la vecindad, mientras que Estados Unidos suele tratar con desdén a su vecino del sur, al cual responsabiliza de todos los males sociales que padece por el tráfico de drogas y el crecimiento de la violencia e inseguridad.