Ignacio García Martes, 04 de Noviembre del 2025, 10:03
Foro Público
La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el fin de semana pasado muestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los presidentes municipales en el país ante la amenaza del crimen organizado. Su asesinato no fue el primero y desafortunadamente no será el último.
Desde que en diciembre de 2006 inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, más de cien alcaldes en funciones y retirados han sido asesinados por el crimen organizado, de acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC). Los ediles son las figuras más desprotegidas por el avance de los distintos cárteles de las drogas.
La violencia que azota al país desde hace casi dos décadas muestra el crecimiento de los grupos criminales que controlan diferentes regiones, donde obligan a los alcaldes a alinearse a sus órdenes o ser asesinados, al evidenciar que quienes gobiernan son los narcotraficantes.
Los presidentes municipales, principalmente en las comunidades más rurales y empobrecidas de México, no cuentan con la capacidad para gobernar sin el permiso de los cárteles. Los grupos criminales operan amplias regiones del país, en donde la falta de presencia de la Federación y la colusión de los gobiernos estatales los coloca como centro de cualquier confrontación del crimen organizado.
Los estados en donde han fallecido más presidentes municipales desde 2006 son Oaxaca, Michoacán y Veracruz, entidades que han sido el centro del enfrentamiento de diferentes cárteles desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico y que han dejado en evidencia que los alcaldes son figuras desechables para los grupos criminales.
En este año suman siete presidentes municipales asesinados, pero el que ha cimbrado a la administración de Claudia Sheinbaum es el de Carlos Manzo, el más conocido de las víctimas, quien ante la opinión pública pidió el apoyo de la Federación ante el riesgo que corría su vida por las amenazas del crimen organizado.
En 2024, el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fueron asesinados diez alcaldes, pero el más relevante fue el de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien apenas había comenzado su gobierno municipal, cuando fue asesinado el 7 de octubre del año pasado, con extremo sadismo por parte de los grupos criminales, debido al enfrentamiento entre Los Tlacos y Los Ardillos que operan en la capital de Guerrero.
La violencia recrudece contra los ediles
Entre 2006 y 2012, el sexenio de Felipe Calderón, se registraron 311 ataques contra alcaldes y servidores públicos en la primera etapa de la guerra, pero entre 2018 y 2024, en la administración de López Obrador, según Data Cívica, se contabilizaron mil 257 ataques contra políticos en el país.
Esto revela que conforme ha transcurrido el tiempo, la violencia contra los políticos en el país se ha cuadruplicado, pues las organizaciones criminales también se han diversificado en diferentes rubros como el cobro de derecho de piso para el comercio local, así como el control de la pesca en Baja California, el sector limonero y aguacatero en Michoacán, y la construcción en zonas turísticas del país.
Así, ante cualquier resistencia de los alcaldes o por alguna decisión incorrecta y negociar con otro grupo criminal, esto implica una sentencia de muerte para los presidentes municipales que en reiteradas ocasiones han demandado el apoyo de los gobiernos estatales y de la Federación con en el envío del Ejército y la Marina, pero no bastarían los elementos para garantizar una compleja cobertura en los municipios de mayor vulnerabilidad.
Mientras las policías municipales están desarmadas, poco preparadas y precarizadas, los grupos criminales están adiestrados y mejores armados, por lo cual los elementos de seguridad aceptan las imposiciones de los cárteles para trabajar bajo sus órdenes, y a su vez esta situación de replica con los alcaldes que también se subordinan a los intereses de los grupos armados.
Aunque en la administración de Enrique Peña Nieto se intentó fortalecer a las policías municipales con la Gendarmería que daría apoyo a los cuerpos locales, esta política fracasó, y se evidenció la colusión de las policías locales con los cárteles tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa con la colaboración de los efectivos locales de Iguala, bajo las órdenes del ex alcalde de esa demarcación, José Luis Abarca, quien fue señalado de formar parte de Guerreros Unidos.
El abandono sistemático de las policías municipales y las condiciones de vulnerabilidad de los presidentes municipales han normalizado que los asesinatos de los alcaldes sea una tendencia cada vez menos extraordinaria en México.
Los gobernadores y sus nexos con el crimen organizado
La presidenta de México enfrenta una nueva crisis en el inicio del segundo año de su gobierno, en esta ocasión por las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran los presidentes municipales por la presencia de los grandes cárteles de las drogas, que asesinan a presidentes municipales y líderes agricultores como parte de un mecanismo de control.
La mandataria federal ha anunciado el Plan Michoacán, con el cual pretende reforzar la seguridad y vigilancia en el estado con en el envío de más elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, principalmente en las zonas donde recientemente se suscitaron los hechos de violencia en el estado, debido a la inacción del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
La estrategia, según dijo Claudia Sheinbaum, no será la militarización que caracterizó a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, pero en los hechos representa un reconocimiento de la fallida política de “abrazos no balazos” que pregonó López Obrador y que dejó en mayor vulnerabilidad a los presidentes municipales en los territorios controlados por los cárteles de las drogas.
Aunque aún no ha ocurrido el asesinato de un gobernador en funciones por el crimen organizado, varios ex mandatarios estatales han tenido que renunciar por sus nexos con los grupos criminales como Fausto Vallejo en Michoacán por sus nexos con Servando Gómez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios, o Ángel Aguirre en Guerrero, después de la crisis por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
En 2010, fue asesinado el candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en medio de la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas. Su hermano Egidio Torre Cantú fue electo gobernador, pero antes de terminar su administración fue señalado de colaborar con el crimen organizado.
Así, los ex gobernadores de los estados donde se conformaron los grupos criminales más poderosos han sido señalados con sus nexos, es decir, se alinearon para permitir sus operaciones en sus respectivas entidades a cambio de una serie de beneficios, y es probable que varios de los que estén gobernando en la actualidad en unos años también sean detenidos por las autoridades.
Se suman Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Roberto Sandoval, en Nayarit; así como Javier Duarte en Veracruz; al igual que Roberto Borge, en Quintana Roo; Guillermo Padrés, en Sonora; César Duarte, en Chihuahua, quienes son señalados por hechos de corrupción y relaciones con el crimen organizado.
Nota aparte: En caso de continuar el control del crimen organizado en el estado, se incrementará la violencia contra los munícipes, y que incluso podría presentarse contra gobernadores en funciones que decidan no unirse a los designios de los grupos criminales.
