Hazael Sayavedra Jueves, 04 de Junio del 2026, 00:00
Morena convierte la soberanía en defensa política mientras evita discutir la intervención del narco en elecciones.
Por Hazael Sayavedra
Hay en la política mexicana un arte finísimo: el de fabricar escudos que sólo protegen al escudado. La más reciente obra maestra de este género es la reforma constitucional que establece la nulidad de una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en los resultados electorales. Aprobada en un maratón legislativo de 22 horas, con 307 votos de Morena y sus socios, y avalada después por los 85 senadores del bloque oficialista, la llamada Ley Monreal es, para quienes la leen sin anestesia, lo que siempre fue: una póliza de seguro electoral disfrazada de patriotismo.
La figura jurídica no necesita aplicarse nunca para cumplir su función. La oposición lo advirtió con una claridad que el oficialismo no pudo refutar: la mera existencia de la causal en la Constitución basta. No necesitan que un tribunal anule nada. Les basta repetir desde la tribuna que cualquier derrota fue obra de una injerencia extranjera ya consignada en la Carta Magna. El argumento está listo, fresco, constitucionalizado. Sólo falta que llegue el momento de usarlo.
La reforma tampoco define con precisión qué constituye “injerencia”. Un artículo en el New York Times, un tuit retuiteado desde el extranjero, una declaración de un organismo internacional: todo puede caber. Todo puede ser pretexto. La ambigüedad no es un defecto de redacción. Es el producto.
Mientras Morena blindaba la Constitución contra el fantasma del embajador entrometido, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicaba, el 29 de abril de 2026, la acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y hombre de Morena, junto con nueve funcionarios más. El documento es devastador en su precisión. No es rumor de pasillo ni denuncia de campaña. Es un expediente federal ante un gran jurado.
El texto es explícito: Rocha Moya sostuvo reuniones con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López para garantizar el respaldo del Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021. Los líderes de Los Chapitos ordenaron a sus miembros y a los ciudadanos que votaran por Rocha Moya. El día de las elecciones, siguiendo órdenes de Iván, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y, utilizando listas entregadas por cómplices, secuestraron a los opositores de Rocha Moya y los intimidaron para que se retiraran de la contienda.
Léase de nuevo, sin prisa. Secuestraron a los opositores. Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la alianza PRI-PAN-PRD, lo documentó en tiempo real. Narró el “Domingo Negro” del 6 de junio de 2021: operadores secuestrados, amenazas de muerte, comandos armados en las casillas, policías estatales con órdenes de no acercarse a los recintos electorales. Casi seis años después, el legislador lo resumió sin eufemismos: “La elección de 2021 en Sinaloa no fue un ejercicio democrático, sino un operativo criminal para imponer un gobierno. Nos robaron Sinaloa”.
En ese momento, nadie en el gobierno federal parpadeó. No hubo reforma constitucional. No hubo urgencia legislativa de 22 horas. No hubo convocatoria a las plazas. Hubo, como siempre ante la complicidad, silencio administrativo.
Morena tiene una reforma para proteger las elecciones de periodistas extranjeros. No tiene ninguna para protegerlas de sicarios con ametralladoras. Esta asimetría no es un olvido legislativo. Es una política de Estado.
Pregunta que flota sin respuesta sobre los pasillos de San Lázaro: ¿dónde está la reforma constitucional para anular elecciones por injerencia del narco? ¿Dónde el inciso que establezca que si un cártel secuestra representantes de un partido, roba urnas y obliga a ciudadanos a votar bajo amenaza de muerte, esa elección es nula de pleno derecho? La respuesta es el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier tribuna, que cualquier discurso sobre la patria, que cualquier marcha convocada desde el poder. Porque ese silencio tiene nombre y apellido, y lleva licencia de gobernador.
Cuando el DOJ presentó las acusaciones contra Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum no cuestionó los hechos ni ofreció explicación sobre los vínculos documentados. Hizo lo único que le quedaba: cuestionar las intenciones de quien acusaba. Convocó al Monumento a la Revolución y preguntó, con la solemnidad de quien cree estar diciendo algo profundo: “¿Es realmente un interés legítimo por ayudar a México? ¿O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?”. Y después, el eslogan que lo resume todo: “México no es piñata de nadie”. Bonita frase. Lástima que nadie le haya explicado que la piñata ya fue fabricada, decorada y colgada desde adentro, por los propios funcionarios que hoy salen a defenderla.
Estados Unidos no acusó a México. Acusó a Rubén Rocha Moya. No acusó al pueblo sinaloense. Acusó al hombre que, según el expediente federal, negoció su gubernatura con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, mientras sicarios armados con ametralladoras garantizaban el resultado. Esos dos enunciados no son lo mismo. Confundirlos es el truco más viejo del autoritarismo: proclamar que el ataque al príncipe es un ataque al reino, que la acusación al funcionario corrupto es una agresión a la patria, que cuestionar al poder es traicionar al pueblo.
La presidenta argumentó, con cara de Benito Juárez, que “¿quién elige a los gobernadores? El pueblo”. Correcto. El problema es que el pueblo de Sinaloa no eligió libremente en 2021. Le robaron las urnas. Le secuestraron a sus representantes. Le pusieron una metralleta en el argumento. Y cuando esa elección manchada de sangre y complicidad criminal es finalmente señalada por una fiscalía extranjera, el gobierno de México no sale a defender al pueblo sinaloense. Sale a defender al gobernador acusado.
El lúcido y hoy fallecido Porfirio Muñoz Ledo, quien conoció a Morena desde adentro y terminó siendo uno de sus críticos más implacables, lo dijo con la claridad de quien ya no tiene nada que perder: “Hay un paquete de poder y ese paquete es una alianza entre el narco y el gobierno. Entiendan que el contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar”. Lo acusaron de exagerado. La Fiscalía de EE.UU. llegó a darle la razón, póstumamente. Así funciona la clarividencia cuando el poder que la persigue termina probándola.
La reforma de injerencia extranjera no es un accidente legislativo ni un exceso de celo patriótico. Es el eslabón más reciente de una cadena cuya lógica resulta ya difícil de ignorar. Académicos internacionales, reunidos en seminario en la UNAM en abril de 2026, ubicaron a México como un “ejemplo paradigmático” de erosión democrática: control simultáneo del Ejecutivo y el Legislativo, cooptación del Poder Judicial mediante una elección de juzgadores operada por Morena, desaparición de organismos autónomos, y ahora el rediseño de las reglas del juego electoral.
El INE, construido con décadas de lucha ciudadana para que ningún partido volviera a ser juez y parte, fue vaciado de autoridad progresiva y metódicamente. El TEPJF fue primero desacreditado, luego intervenido. Los organismos electorales locales, en proceso de desaparición. El financiamiento a partidos pequeños, en reducción. La representación proporcional, en la mira. El exconsejero Marco Baños lo diagnosticó con precisión: las reformas de Morena buscan cerrar cualquier espacio institucional que no esté bajo control del partido en el poder. Un Congreso sin representación real de las minorías más un árbitro electoral debilitado equivalen a un sistema donde un partido dicta las reglas del juego que él mismo juega. Esto tiene nombre en la ciencia política. No es una democracia perfectible. Es una autocracia en construcción.
Ese partido, conviene recordarlo, gobernó Sinaloa en 2021 mientras el Cártel de Sinaloa operaba en las casillas. Y hoy nos explica, muy serio, que el verdadero peligro para la democracia mexicana es que un periodista extranjero publique un artículo incómodo.
Sheinbaum convocó a sus militantes a salir a las plazas con el mensaje de que “¡La patria no se vende!”. Es un buen eslogan. Tiene ritmo, tiene historia, tiene el eco de héroes que murieron de verdad por algo. Lástima que nadie le haya explicado que la patria ya fue vendida, pedazo a pedazo, en cada reunión documentada entre un político de Morena y un líder de cártel. Que la soberanía no la viola el fiscal estadounidense que presenta evidencias ante un gran jurado. La viola el funcionario que negocia urnas y votos con sicarios armados.
Rubén Rocha Moya no es México. Los diez funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico no son el pueblo mexicano. Son, en todo caso, su problema. Son la razón por la que madres buscan fosas en el desierto sinaloense. Son la razón por la que Sinaloa vivió meses de guerra entre facciones de un cártel que se sentía tan dueño del Estado que peleaba por él como si fuera una plaza más, porque en los hechos, lo era.
La soberanía que hoy Morena defiende con marchas y reforma constitucional no es la soberanía del pueblo mexicano. Es la soberanía de la impunidad. El derecho a ser juzgado sólo en casa, donde los jueces ya fueron cooptados, donde el INE ya fue vaciado, donde el TEPJF ya no muerde. El derecho a que nadie, nunca, desde ningún punto cardinal, pueda señalar que el rey está desnudo y armado con un AR-15.
El truco es tan antiguo como el poder mismo. México lo vio aplicado durante setenta años de PRI. La diferencia es que el PRI tardó décadas en perfeccionarlo. Morena lo tiene listo en seis. Eficiencia, hay que reconocerlo.
La dictadura rara vez llega con tanques y toque de queda. Llega con reformas constitucionales solemnes leídas desde una tribuna con bandera al fondo. Llega desmantelando uno por uno los organismos que impedían que el poder hiciera lo que quisiera. Llega poniendo en la Constitución causales de nulidad que sólo aplican contra sus enemigos, jamás contra sus aliados. Llega, sobre todo, cuando la ciudadanía acepta que el blindaje de la democracia es compatible con el silencio cómplice ante un gobernador que negoció su elección con sicarios y hoy es defendido como si proteger su impunidad fuera defender la patria.
México no está en la antesala de una dictadura. Lleva ya varios pasos adentro. La pregunta no es si esto está pasando. La pregunta que cada ciudadano debe hacerse es cuánto más está dispuesto a que pase antes de que el costo de revertirlo sea mayor que el costo de haberlo impedido.
Esa pregunta no la puede responder ningún fiscal extranjero. Sólo la puede responder el pueblo. Ese que, según nos dicen, eligió a los gobernadores.
Con voz propia
