Ignacio García Miércoles, 26 de Julio del 2023, 10:00
Foro Público
Han transcurrido casi nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en iguala, Guerrero, y hasta el momento este hecho no ha sido esclarecido en su totalidad, pues el gran poder del país—el Ejército—ha decidido encubrir su participación en un hecho que será recordado como uno de los casos más indignantes de la violencia del Estado mexicano.
Después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de dar carpetazo con el caso al fabricar la denominada “verdad histórica” que pronunció el ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pero de inmediato los familiares de los jóvenes rechazaron esa versión y las presiones públicas se incrementaron.
Las movilizaciones masivas que se reprodujeron por la desaparición de los estudiantes normalistas fueron históricas, pues se replicaron en distintas ciudades del país, e incluso en otras naciones, convirtiéndose en el hecho que mayor indignación generó durante el presente siglo.
En su momento el gobierno de Peña Nieto descartó que el Ejército mexicano estuviera implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pese a la cercanía del 27 Batallón de Infantería de Iguala al lugar donde los estudiantes fueron retenidos por integrantes de “Guerreros Unidos” y de la policía municipal.
En esa ocasión el gobierno federal acusó al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el principal responsable de la desaparición de los normalistas, pues supuestamente ordenó el secuestro de los estudiantes al trabajar coludido con el cártel de los Guerreros Unidos, pero posteriormente las autoridades federales recularon y señalaron que los jóvenes fueron confundidos como integrantes de la banda contraria, “Los Rojos”.
Ante las presiones de la opinión pública, arribaron a México un año después el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que esclarecería lo que ocurrió en ese momento, pues distintos periodistas cercanos al gobierno de Peña Nieto comenzaron a publicar reportajes, documentales y libros en los que reforzaban la visión de la verdad histórica relacionada a que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados en el río, aunque las pruebas científicas descartaron esa posibilidad.
El caso Ayotzinapa fue una loza que Peña Nieto nunca pudo quitarse, y que se reforzó con los distintos escándalos de corrupción que lo acompañaron durante su sexenio, por lo cual parecía que al finalizar ese gobierno no habría ninguna respuesta favorable para los familiares de las víctimas.
Las investigaciones del gobierno federal pasado fueron tan endebles que se comprobó que incurrieron en tortura para obligar a personas detenidas a asumir la culpa por los hechos de Iguala, y varios de estos aprehendidos fueron liberados con el tiempo.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, la promesa de esclarecer el hecho de Ayotzinapa revivió, pues el nuevo mandatario federal aseveró que se daría a conocer a los responsables del crimen y para ello se creó la comisión de la Verdad.
Aunque Alejandro Encinas como presidente de este organismo reveló que las investigaciones demostraron que los estudiantes no fueron trasladados al basurero de Cocula y fueron llevados al batallón militar, demostrando la colusión del crimen organizado con las fuerzas armadas, las investigaciones se obstaculizaron.
El propio funcionario federal reconoció que han enfrentado obstáculos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para esclarecer en su totalidad los hechos ocurridos en Iguala, y esta información fue profundizada por el GIEI que decidió abandonar el caso, ante las negativas del Ejército mexicano de entregar estos datos.
Así, se demuestra que el verdadero poder ha sido el Ejército, por lo que sin importar el cambio de gobierno, la impunidad prevalecerá, pues la institución castrense no está dispuesta a colaborar en esclarecer un caso que indignó a México y pasará a la historia como uno de los hechos más lamentables en la historia reciente comparado en muchos casos con la masacre estudiantil de Tlatelolco en 1968.
Nota aparte: El Estado debe asumir su responsabilidad, pero entre los poderes fácticos del país, el Ejército ha mostrado ser el más intocable que constantemente ha violado los derechos humanos.