Rodolfo Soriano-Núñez Viernes, 24 de Mayo del 2024
El riesgo para México en 2024 es que una supermayoría de Morena en el Congreso restaure la presidencia imperial.
La elección general de 2024 en México ocurre en un escenario nacional y global marcado por severos riesgos para el futuro de la democracia. Una supermayoría de Morena los agrava.
Por Rodolfo Soriano-Núñez
Lo que está en juego en la elección de 2024 no es la presidencia de la República. En ese cargo podría haber un cambio en las tendencias que actualmente muestran la mayoría de las encuestas, al redactar estas líneas a principios de abril, pero veo difícil que pudiera ocurrir una sorpresa.
Lo que está en juego es si Andrés Manuel López Obrador podrá o no heredar a Claudia Sheinbaum Pardo una supermayoría o mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Esa supermayoría garantizaría incluso que el propio López Obrador pudiera ser él mismo quien envíe al Congreso las reformas de la Constitución General que la imprudencia, arrogancia e indisposición a dialogar que caracterizó a su gobierno hicieron que fuera incapaz de lograr, a pesar de su victoria en 2018.
Sería una suerte de minisexenio, semejante a aquella pesadilla que vivió México en los últimos tres meses de la presidencia de José López Portillo, en 1982. Sin negar las muchas diferencias, el resultado sería similar: cambios radicales logrados gracias al dominio total de las mayorías absolutas necesarias para aprobar reformas constitucionales a capricho de la presidencia.
Aunque el gobierno de López Portillo acabó en un abucheo, en las elecciones de julio de 1982 poco o nada estuvo en realidad en juego. Miguel de la Madrid Hurtado del Partido Revolucionario Institucional se impuso con relativa facilidad a Pablo Emilio Madero, candidato de Acción Nacional. Ello le permitió a López Portillo nacionalizar la banca con relativa facilidad y proceder con las medidas de control de cambios, devaluación del peso y brutales recortes al gasto público del gobierno federal que acompañaron el final de su administración.
El minisexenio que asoma el rostro en 2024 no iría acompañado de medidas económicas similares, pero sería posible gracias a una presidencia con un poder absoluto, del que no se desprendió del todo en los últimos 35 años y que volvería a hacer del Ejecutivo la clave de todo el sistema político en México.
Aunque al momento de redactar estas líneas todavía no hay suficientes encuestas que den cuenta de la posible integración futura del Congreso, en las que conozco sobre esa dimensión, no hay evidencia de que Morena y sus aliados puedan hacerse de una mayoría de ese tipo, aunque los riesgos persisten.
La urgencia de López Obrador por lograr esa supermayoría se puede apreciar no sólo en la manera en que viola repetidamente la así llamada “veda electoral”, el presidente que más lo ha hecho en el breve periodo en que ese dispositivo de control de los poderes ejecutivos en los tres niveles de gobierno se creó. No duda en usar cualquier cosa, incluso el ataque contra la embajada de México en Quito, para hacer campaña por sus candidatos y lograr la anhelada mayoría calificada.
Minutos antes de que terminara este texto, supe de la manera en que el Partido Verde Ecologista de México había celebrado algún acuerdo de último momento con los restos del Partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, que dirige Hugo Eric Flores, exfuncionario de gobierno de la capital de la República, a pesar de que ejerce también como ministro de una congregación evangélica. Es difícil imaginar que un partido que no pudo conservar su registro sea tan importante para la coalición que preside sólo de nombre la señora Sheinbaum y, sin embargo, el apuro por amarrar hasta el último voto disponible llevó al PVEM a este acuerdo que, en cualquiera de los casos, no servirá para resucitar al PES de Flores.
Una desesperación similar se ve en los operativos de la campaña digital de Morena. Ellos hostigan a quien publique puntos de vista contrarios a lo que López Obrador proclama desde Palacio Nacional. La virulencia de los ataques recuerda a lo que se ve en las redes sociales argentinas, donde incluso venerables figuras de la farándula de Buenos Aires como Mirtha Legrand, evitan responder preguntas en una entrevista por miedo a las agresiones de los fieles de Javier Milei en redes sociales. En México, esas agresiones son todavía mayores contra los medios que publican reportes que dan cuenta del fracaso de las políticas en materia de seguridad pública o que vinculan a López Obrador y sus operativos, actuales o previos, con los grupos de narcotraficantes que siguen siendo responsables del grueso de la violencia que padece México.
Desde que ProPublica difundió, a finales de enero de este año, un texto en el que se daba cuenta de las relaciones peligrosas de los cercanos a López Obrador en 2006 con operadores del Cartel de Sinaloa es difícil que pase un día en el que no haya quejas y reproches de López Obrador a ProPublica. La paradoja, además, es que esos ataques presenten a esa entidad como al servicio de la Agencia para el Control a las Drogas de Estados Unidos, que es la que le regaló a López Obrador, su única victoria real en materia de transparencia y rendición de cuentas: el arresto, juicio y condena a prisión de Genaro García Luna.
Sólo en el México de López Obrador se le puede reprochar a ProPublica una presunta relación oscura con la DEA y, al mismo tiempo, celebrar todos los días como propia la captura de un personaje a cargo de la DEA.
Sin la supermayoría de Morena y sus aliados, el gobierno de López Obrador terminaría sin el “cheap thrill”, la emoción barata, del minisexenio. Él se convertiría en un presidente sólo en nombre a partir del 3 de junio y quien aparece como su sucesora ya no podría actuar como emperatriz en espera. Tendría que negociar cualquier cambio a la Constitución.
De las reformas que López Obrador presentó el 5 de febrero de 2024, que se pueden consultar aquí, las tres más importantes, si uno se atiene a las referencias que hace a esos temas durante eso que él llama sus “conferencias de prensa” en Palacio Nacional son, la que busca transferir el control de la Guardia Nacional a la esfera de responsabilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa reforma fue frenada por uno de los principales blancos del encono presidencial: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No debe sorprender que la segunda reforma tenga que ver con una reconfiguración brutal del Poder Judicial de la Federación, que analicé de manera somera en un texto publicado en Los Ángeles Press, que aparece vinculado inmediatamente antes de este párrafo y los correspondientes de las 32 entidades de la República. Plantea la elección de los jueces, magistrados y ministros de esos poderes. La tercera recicla uno de los trucos más frecuentes de los políticos populistas a escala global: reducir el número de los escaños en las cámaras del Legislativo. Otra más, fusila al Instituto Nacional Electoral, el órgano responsable de la organización de las elecciones, que regresarían a la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo, justo como todavía ocurría en tiempos de López Portillo.
La clave es que, si hay una supermayoría legislativa para Morena como resultado de las elecciones de junio próximo, se materializan esas y cualquiera de las otras 17 reformas. Lo que es peor, quebrados los equilibrios que existían hasta ahora, una vez avasallada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cielo es el límite. No habría límite para la “creatividad” de la señora Sheinbaum.
Una supermayoría de Morena abre el camino a una amplia reconfiguración de los equilibrios entre los poderes, garantiza que desaparezcan todos los organismos autónomos del Estado, incluidos los que no aparecen explícitamente señalados para el matadero en el texto de la propuesta del 5 de febrero de 2024: el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, e incluso las universidades autónomas y cualquier vestigio de alguna contención del poder, de otro modo omnímodo, de la presidencia mexicana.
Y quien crea que es una exageración incluir a las universidades autónomas, le remito a los ataques de López Obrador, primero como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, contra la Universidad Autónoma Metropolitana. Luego, ya como presidente, contra la Nacional Autónoma de México, además de la manera en que evisceró al Centro de Investigación y Docencia Económicas, además del ataque indirecto a la educación superior en su conjunto, materializado en la creación de un nuevo sistema de universidades públicas, que nombró en honor de su héroe favorito, pero carente de los mecanismos de control de la gestión propios de la educación superior autónoma.
Los riesgos que una supermayoría de Morena en la elección de 2024 plantea al futuro de la seguridad pública y de los poderes Judicial y Legislativo son el resumen ejecutivo de los riesgos que enfrentaría el país en el escenario de una supermayoría de la coalición que hizo de la señora Sheinbaum su candidata.
Con una supermayoría en el Congreso de la Unión, sumada a la mayoría que ahora tienen Morena y sus aliados en los congresos de los estados (ver el mapa 1) muchos de los peores instintos de la dirigencia de Morena podrían aflorar y las consecuencias de ello podrían ser de muy larga duración y difíciles de desandar incluso en el mediano y largo plazos.
Mapa 1. Partido mayoritario en los congresos locales de las 32 entidades.
La “vieja nueva” presidencia imperial
Sería, en más de un sentido, la restauración del PRI de finales de los cincuenta del siglo pasado, sin el lastre de las imágenes de los errores y excesos del PRI y los próceres de ese partido que, sumidos en el descrédito durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo hicieron inviable fuera de la coalición en la que ahora comparte créditos con sus antiguos rivales del PAN y el PRD.
No basta con evitar la supermayoría de Morena para que los problemas de México se resuelvan. Lejos de ello, una supermayoría así de abrasiva, así de dominante sería peligrosa en cualquier escenario. Sin embargo, frenar la supermayoría de Morena sería el primer paso de un proceso de más largo aliento orientado a redefinir los objetivos de la democracia en México: qué queremos lograr con ese modelo de gobierno y cómo queremos lograrlo.
Si México libra lo que parece ser una suerte riesgo vital a la democracia, sería necesario plantear mecanismos para ofrecer respuestas serias a otros problemas: cómo se inserta México en un escenario internacional cada vez más inestable y complejo; cómo se responde a nuevos retos internos, que eran impensables todavía hace cuarenta años, como el que México se encuentre con una tasa de natalidad menor a la mínima de reemplazo, por ejemplo.
El riesgo de que se materialicen esas reformas y sus efectos negativos se incrementa porque, como argumenté y creo haber demostrado hace tres años en el volumen precedente de esta serie, en el texto que titulé “Elecciones y presidencialismo populista en México”, la presidencia mexicana es populista por diseño. Es claro que las reformas para embridarla efectivamente le arrancaron algo de su poder. Sin embargo, se conservaron los impulsos y algo del diseño institucional proclive a configurar un modelo aparentemente simple que concentra poder en las manos de un caudillo bueno.
Esa tentación a darle forma con excusas identitarias e incluso racistas a un modelo liderado por un caudillo bueno ha sido exacerbada por la oleada de populismo global. López Obrador, suele usar argumentos identitarios para justificar su indisposición a actuar en materia de prevención del narcotráfico en México. Lo hace frecuentemente en sus actividades matutinas con ideas absurdas que presentan a Estados Unidos como carente de una cultura de solidaridad familiar.
Esa supuesta ausencia de una solidaridad familiar en Estados Unidos, la construye al tiempo que exagera las supuestas ventajas de lo que, en estricto sentido, es el viejo familismo mexicano que, lejos de ayudar a nuestro país, es uno de los pretextos para justificar el nepotismo y otras prácticas corruptas. Son ideas que pueden ser útiles para ganar votos, pero que sólo demuestran qué tan ignorante es respecto de la cultura estadunidense y la mexicana.
Además del propio López Obrador esta oleada nos ha dado—entre otras figuras más o menos conocidas a escala global—a Donald Trump, a Viktor Orban, Giorgia Meloni, Narendra Modi y a Javier Milei. Ha servido para que líderes que ya estaban presentes en la escena pública global legitimen sus excesos, así como los abusos de los derechos humanos de sus críticos y de minorías étnicas en sus países. Es el caso de Recep Tayyip Erdoğan en Turquía, quien—de hecho—fue uno de los heraldos a escala global de este tipo de liderazgo. También lo es de Vladimir Putin en Rusia, que también fue de los primeros en impulsar esta manera de entender la política.
Este tipo de líderes responde a un deseo, uno podría asumir que común a distintos países, de encontrar a un líder o caudillo bueno y de abandonarse a la voluntad de ese líder. En México, sin embargo, esa tentación de apostarle al líder o caudillo bueno el futuro de país forma parte del melancólico destino que ha llevado a otras generaciones de mexicanos a apoyar a figuras que ahora reciben críticas y tomatazos, pero que en su momento fueron vistas como salvadoras de la patria. Fue así como ví a mi país abandonarse al deseo de la generación de mis padres de creer que tendríamos que aprender a administrar la abundancia, según el diagnóstico de José López Portillo.
Lo viví yo mismo cuando mi generación construyó expectativas fuera de toda realidad respecto de la capacidad de Carlos Salinas de Gortari para gobernar, que estallaron en miles de pedazos gracias a la crisis con la que se despidió su gobierno. Lo volví a ver a principios este siglo, cuando—de manera poco sensata—se construyeron expectativas igualmente irrealizables de que Vicente Fox Quezada terminaría con el PRI y lo que ese partido representaba en ese entonces.
Y, en el colmo de la contradicción, fui testigo de la fascinación que provocaba en personas más jóvenes que yo el retorno de ese PRI al poder, gracias a una narrativa que tuvo como una de sus protagonistas a una actriz de telenovelas, Angélica Rivera.
El deseo, la aspiración de encontrar al líder “bueno” que resuelva de una vez los problemas fue un factor determinante del respaldo que se le dio a Andrés Manuel López Obrador en la elección de 2018 y creo que es lo que explica—todavía ahora—el que en algunas encuestas, las que sólo preguntan por la popularidad o la aprobación de su gobierno en una sola dimensión sea tan popular como lo es.
Es necesario, sin embargo, señalar que salvo Peña quien acabó su gobierno, como López Portillo, en medio de un abucheo, todos los presidentes de la República en México, desde que hay algún registro de ello, son muy populares. A diferencia de la voluble opinión pública estadunidense, que muy rápidamente se manifiesta crítica de su presidente, la opinión pública mexicana le suele ser extremadamente leal a su presidente.
Que López Obrador acabe su sexenio con la tasa de aprobación que tiene, a pesar de hacerlo bañado por la sangre de las miles de víctimas que han muerto por su mal manejo de la seguridad pública no debe sorprender a quien tenga memoria. Igual ocurrió con Felipe Calderón, quien—bañado en la sangre de las miles de víctimas que su pésimo manejo de la seguridad pública provocó—también acabó su sexenio con una muy alta tasa de aprobación.
Gráfica 1. Aprobación presidencial, México 1989-2024.
La excepción ha sido Peña. Es difícil formular una “ley general de la aprobación presidencial en México” pues, en estricto sentido, nuestro registro histórico es menor al estadunidense, que tampoco es muy antiguo, pues difícilmente llega a mediados del siglo pasado con todo tipo de dudas acerca de qué tan comparables son aquellos datos con los actuales. Lo que es un hecho es que los mexicanos tienden a ser extremadamente leales a sus líderes sin importar qué tan violentos sean sus sexenios.
Los únicos dos casos de presidentes con baja aprobación son los primeros dos años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y los últimos tres del de Peña. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y López disfrutaron de muy altas calificaciones, lo que no impidió—por cierto—que sus partidos perdieran elecciones locales e incluso presidenciales, como en los casos de Zedillo y Calderón y que en el caso de las encuestas que—como las que levanta Alejandro Moreno para El Financiero—tienen el cuidado de preguntar por la aprobación según tópicos más específicos, la supuesta popularidad absoluta de AMLO caiga por tierra.
No hay o al menos no me es posible dar con alguna correlación que explique por qué presidentes con un récord tan pobre en materia de seguridad pública como lo han sido en su momento Calderón Hinojosa y López Obrador conservaron, a pesar de esa notable falla en su desempeño, tan altos márgenes de aprobación, popularidad o simpatía.
Gráfico 1. Homicidios por año, 1990-2024.
Y lo peor de estas muy altas tasas de aprobación presidencial que a lo largo de los años no hayan servido para otra cosa que no sea la adulación del líder en turno, algo en lo que López Obrador tampoco tiene la exclusiva. Toda esa popularidad, ese entusiasmo y su correspondiente capital político, habían servido hasta ahora para construir mejores diseños institucionales. No será caso si se construye esta supermayoría de Morena.
Lo propio del presidencialismo mexicano, incluso antes de López Obrador y antes de la ola de populismos que enfrentamos a escala global ha sido la preservación de la imagen del presidente como caudillo bueno, como mesías o redentor. Es cierto, se le acotó, pero nunca lo suficiente como para poder pasar a retiro la idea de la presidencia imperial que es en lo que sí se ha distinguido al actual gobierno.
Esta restauración se quiere justificar en que los ochenta y noventa estuvieron marcados por políticas de mercado que objetivamente han tenido efectos preocupantes para la distribución del ingreso en México, América Latina y el resto del mundo. Angus Deaton, premio Nobel de economía 2015, publicó a principios de 2024 un texto breve, pero contundente que, en lo sustantivo, hace ver que los que practican su profesión, la economía, frecuentemente hicieron de ella una licencia o excusa para el saqueo.
No podría estar más de acuerdo en lo que dice Deaton. Sin embargo, no puedo creer que la crítica de las políticas de mercado deba servir para justificar la restauración de los poderes omnímodos de la presidencia imperial mexicana de los sesenta. Hacerlo, como trata de lograrlo López Obrador, equivale a no entender por qué el país debió acotar los poderes omnímodos de sus predecesores en el cargo. La mitología maniquea de López Obrador lo explica todo a la manera de una lucha épica entre los fifís, sumados a los neoliberales o conservadores, según ande de ánimo ese día y el pueblo bueno que él dice representar.
A pesar de que en su imaginación se cree un conocedor de la historia de México, es incapaz de ver los ejemplos históricos, mexicanos y de otros países, de lo riesgoso que es apostarlo todo a la bondad del caudillo. No reconoce el hecho que no hay garantía de que las reformas que lograría una supermayoría legislativa de Morena evitaran la tentación autoritaria que llevó a los priístas de los sesenta, por ejemplo, a justificar la así llamada Guerra Sucia.
Lejos de reconocer que si hubo una Guerra Sucia en México fue por la concentración brutal del poder en la figura del presidente en turno, le apuesta a restablecer eso de lo que él dice haber sido víctima. Pensar que se puede tener la presidencia omnímoda de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez e incluso de Carlos Salinas de Gortari, sin operadores políticos dispuestos a reprimir e incluso desaparecer a quien quiera que se les opusiera, que era la tarea de personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, es desconocer la realidad misma de lo que fue aquel México del que López Obrador siempre se manifiesta nostálgico.
Mutatis mutanda, pensar que sólo Zedillo, Fox o Calderón, los villanos favoritos del gobierno sean culpables de actuar de esa manera, es—en el mejor de los casos—miope, sino es que un atentado contra la verdad. Borracho de nostalgia, López Obrador desconoce, olvida o ignora de manera estratégica que sin los contrapesos que se construyeron a lo largo de tantos años para proteger tanto derechos humanos clave como un cierto respeto por los “fundamentales de la economía” se corre el riesgo de una regresión.
La regresión podría ser, al menos, en dos temas clave. El primero y el más grave es a los actos masivos de represión, como el 2 de octubre de 1968. Es cierto que en tiempos de la presidencia acotada ocurrieron hechos como los de Ayotzinapa en septiembre de 2014, pero el hecho mismo que López Obrador haga todo lo posible por borrar uno y otro, como lo demuestran el acoso a los defensores de los derechos humanos que tratan de desentrañar la verdad respecto de ambos hechos, deja ver qué tan presente es el riesgo de una regresión autoritaria.
El otro, es el de una regresión en el manejo de la economía que lleve a restaurar, por ejemplo, los poderes de la presidencia en materia de tipo de cambio y otros “fundamentales de la economía” que llevaron, entre otras cosas, a las devaluaciones de los cincuenta, los setenta y los ochenta y que sólo se evitaron en los sesenta porque la presidencia imperial se comprometió con un tipo de cambio fijo (el de los 12.50 pesos por dólar) que no resistió los cambios de la economía global de principios de los setenta.
Tentaciones
¿Cómo podría una presidencia imperial restaurada en sus poderes absolutos renunciar a las tentaciones que hicieron inviable a la presidencia imperial a principios de los ochenta? Siendo consciente y habiendo aceptado la totalidad de la crítica de Deaton a los excesos del capitalismo en los últimos 50 años, no encuentro manera de justificar la restauración de la presidencia imperial que lo apuesta todo a la mesiánica llegada de un caudillo bueno que, en nombre de su compromiso con las causas populares concentre cuotas ingentes de poder.
Mis reservas ante una reconfiguración de la presidencia imperial mexicana no tienen que ver sólo con el escenario nacional o con la personalidad de la señora Sheinbaum. Hay un contexto global proclive a los autoritarismos de distinto signo. En algunos casos, los sistemas políticos se han convertido en entidades muy inestables con una marcada tendencia a violar los derechos humanos de sus ciudadanos. El mejor ejemplo de ello es Perú, que acumula ocho distintos presidentes en los últimos diez años: Ollanta Humala, 2011-6; Pedro Pablo Kuczynski, 2016-8; Martín Vizcarra, 2018-20; Mercedes Aráoz, 2019; Manuel Merino, 2020; Francisco Sagastegui, 2020-1; Pedro Castillo, 2021-2 y Dina Boluarte, desde 2022. Ahí, la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos es una realidad constante.
Otros, en cambio, han logrado estabilidad a cambio de acallar la crítica, incluso por medio del uso de la violencia y a pesar de la alegada existencia de sanciones internacionales en su contra, como en los casos de Venezuela y Nicaragua con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, respectivamente.
Pero incluso países que no caen en alguno de los extremos descritos en el párrafo previo, ofrecen evidencia que no debe subestimarse como síntomas de un malestar en el manejo de la cosa pública que las instituciones democráticas encuentran difícil procesar, pero que no hay razón para suponer que el capricho de caudillos populistas pudieran resolver de mejor manera. El caso más notable es el de los resultados a todas luces desastrosos de la elección argentina, donde la represión es ya algo diario e incluso se usa para golpear a legisladores nacionales que—en principio—están protegidos por mecanismos similares al fuero en México.
En Chile, la incapacidad de las élites de la política para dialogar ha hecho imposible aprobar alguna versión de su nueva constitución en los últimos tres años. En Colombia, aunque Gustavo Petro entendió bien el cansancio de su sociedad con las soluciones militarizadas a la conflictividad social, no entendió la necesidad de hacerlo sin caer en las mismas trampas de la corrupción que han ahogado antes a Colombia y a otros países de la región.
No en balde, uno de los mejores ejemplos de esta apuesta a que el caudillo bueno resuelva los problemas de la cosa pública se encuentra en El Salvador que, como México, está afectado por muy altos índices de violencia. Sería infantil negar que efectivamente, el régimen de Nayib Bukele ha reducido de manera drástica los índices de homicidios que plagaban a esa nación de América Central, pero sería igualmente erróneo olvidar que esa reducción de los índices de homicidios es el resultado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de una porción importante de la sociedad salvadoreña.
Incluso al otro lado del Pacífico, en Filipinas, se ven estos patrones. Rodrigo Duterte llegó a la presidencia de ese país en 2016 con la promesa de acabar de un golpe con muchos de los problemas del archipiélago. Su discurso recordaba en más de un sentido a aquel que usó Alberto Fujimori en Perú en los ochenta. A pesar de las violaciones a los derechos humanos y otros excesos que perpetró su gobierno, los problemas siguieron ahí. Lo que es peor, su gobierno no ofreció una mejora sustantiva. Más bien, en cambio, abrió la puerta a lo que podría, eventualmente, llevar a una restauración de la dinastía de los Marcos, pues Bongbong, el hijo del dictador Ferdinando Marcos, ganó la elección para suceder a Duterte.
El caudillo bueno
¿Tiene sentido restaurar los poderes de la presidencia imperial mexicana en un contexto así? Tristemente hay quienes en México están más que dispuestos a realizar ese trueque por el que un caudillo bueno somete desde el ejecutivo de a los otros poderes para ejercer un liderazgo sin límites. Y esa tentación autoritaria no es exclusiva de México. Uno la ve, aunque camuflada en el deseo de un sector de la sociedad canadiense de romper la unidad de aquel país para sumarse al Make America Great Again de Donald Trump y sus aliados. No hay duda de que existe en Estados Unidos y ni siquiera Uruguay o Costa Rica, que solían ser los ejemplos de que la democracia era viable en América Latina, están exentos de variedades de este apetito por las soluciones populistas, autoritarias a sus problemas.
Las tentaciones autoritarias no son exclusivas de “los políticos”, ni siempre tienen que ver con el afianzamiento de los privilegios de una casta de privilegiados de la economía. En la misma América Latina, es paradigmática la manera en que la jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua apuntaló lo que todos sabían que se encaminaba a convertirse en una dictadura a cambio de que el caudillo bueno, en ese caso Daniel Ortega, prohibiera el aborto. Ortega aderezó el intercambio con concesiones al cardenal Miguel Obando y Bravo.
Jesuitas en Nicaragua: una nueva vuelta de tuerca
Ello le dio al entonces arzobispo de Managua un protagonismo en la vida pública difícil de comprender cuando uno recuerda las pugnas entre el propio Obando y los sandinistas de los setenta del siglo pasado. Gracias a su reencarnación como caudillo bueno, con la bendición y venia de Benedicto XVI, Obando recibió todos los laureles habidos y por haber, al tiempo que bendecía la construcción de una dictadura que encontró una de sus justificaciones en prohibir—como otros países de América Central—el uso del aborto como procedimiento médico.
Ortega se ha cobrado caro el intercambio perverso en el que la jerarquía católica nicaragüense participó. Lejos de que se cumpliera el sueño guajiro de Obando de haber ungido al Constantino de Centroamérica, el cardenal se convirtió en el proverbial tonto útil de un modelo que le ha costado la existencia misma, la personería jurídica, a la Compañía de Jesús y a muchas otras órdenes religiosas en ese país de América Central.
Debería quedar claro que no es posible pactar con un caudillo bueno o, de manera más precisa, que la idea misma del caudillo bueno es contraria a la naturaleza misma de la democracia. Esa naturaleza es siempre “a término”, está sometida a reglas que pueden parecer difíciles de cumplir pero implica, sin embargo, el reconocimiento de derechos fundamentales, que los populismos niegan, por ejemplo, a las minorías, tanto en el caso de los populismos de derechas (Meloni, Orban, Erdoğan, Trump, Le Pen, Abascal, etc.) que hacen de las minorías étnicas o sexuales enemigos a los que permanentemente linchan, como de los que apelan a algunas categorías del discurso de la izquierda de la postguerra, pero que en sus bocas, a sabiendas de la manera en que se enriquecen con los bienes del Estado que han capturado, no pasa de ser un discurso hueco, como en el caso de Maduro, Ortega y, en más de un sentido, los regímenes chino y cubano.
Lo que me parece que tendría que convenirse, aunque no creo que haya la disposición a hacerlo, es que la idea misma de apostar en cambio a la bondad de un caudillo como la vía para la solución de los problemas que enfrentan distintos países en la actualidad, aunque enraizada en antiquísimas tradiciones como la que permitía a la República Romana nombrar a un dictador por un cierto plazo, que le hiciera frente a los problemas, está condenada al fracaso como lo demuestra la historia misma de Roma.
La fragilidad de la apuesta a la bondad de un caudillo que concentre poderes no es exclusiva de México. Basta considerar la discusión actualmente en curso en Argentina para ver los temores que concita el que el titular del Ejecutivo allá, Javier Milei, pretenda concentrar los poderes de la presidencia y del Congreso Nacional como lo han planteado las dos versiones que ha presentado hasta ahora del Decreto de Necesidad y Urgencia el actual gobierno de ese país.
Y es cierto que cuando quien aspira a concentrar esos poderes es una persona con el tipo de problemas que tiene Milei, resumidos por uno de sus aliados en la televisión argentina recientemente como de “bulimia emocional”, hay más temor. A pesar de ello, sería absurdo suponer que, porque la señora Sheinbaum es mujer, dice ser de izquierda, aunque no haya prueba fehaciente de ello y diga ser “científica”, y aparentemente no esté afectada por el tipo de problemas emocionales que atacan a Milei, no sea necesario preocuparse. Incluso si ella fuera todo lo que dice la propaganda de Morena y los medios que paga el gobierno de México en la actualidad para replicar su mensaje, sería necesario preguntarse qué ocurrirá en 2030 cuando su periodo concluya.
Hay naciones, Estados Unidos una de ellas, que admiten la posibilidad de que las leyes sean aprobadas con una cierta caducidad pactada de antemano. Eso no existe en el caso de México. Las reformas que se pudieran pactar como resultado de una supermayoría de Morena y sus aliados estarán con nosotros hasta que se conforme una mayoría suficientemente sólida para revertirlas.
El factor Trump
A esos factores, se debe sumar, más cerca de México, el riesgo de que Trump vuelva a ser electo presidente de Estados Unidos. No me es posible considerar las causas y posibles efectos que tendría para Estados Unidos una segunda presidencia de Trump, pero el hecho mismo de que el riesgo esté presente ahí debería ser suficiente causa de preocupación. No creo que todos los electores estadunidenses de Trump sean imbéciles racistas, desesperados por enfundarse un uniforme del Ku-Klux-Klan. Esos existen, no tengo la menor duda de ello. Pero tengo claro también que, para un sector de la sociedad estadunidense, el que se siente excluido de los alegados beneficios del tipo de reformas impulsadas por los gobiernos de su país, Trump es—dadas las restricciones institucionales a la existencia de algún tercer partido estable ahí—la única manera de expresar insatisfacción con los errores que objetivamente afectan también a los gobiernos demócratas.
Lo que es un hecho es que México depende de Estados Unidos mucho más, por ejemplo, de lo que depende Canadá o cualquier otro socio comercial de nuestro vecino al norte. Si el gobierno de López Obrador ha logrado sortear como lo ha hecho su manejo de los efectos económicos de la pandemia, ha sido gracias al así llamado “nearshoring”, que ha mantenido al tipo de cambio del peso frente al dólar estable y aparentemente “fuerte”.
Esa aparente “fortaleza” no ha impedido que México se vea afectado por la inflación en dólares a la que la integración económica con Estados Unidos y Canadá nos expone cada vez más. Muchos precios de productos básicos están virtualmente alineados. Salvo los servicios que tienen un componente muy alto de mano de obra no calificada o de baja calificación en México, el resto de los precios en México cada vez se alinean más con los de Estados Unidos y llegan a ser superiores acá. Al escribir este párrafo el 13 de abril de 2024, consulto el precio de 3.78 litros de leche, un galón en el sistema imperial, en Walmart México y el valor que me arroja es de 76 pesos.
En Sacramento, California, Walmart Estados Unidos vende un galón de leche entera en el equivalente a 57.25 pesos o 3.44 dólares, como se puede ver en la imagen que aparece un poco después de este párrafo. A ese precio de la leche seguramente habría que agregar algún impuesto pues en EU, a diferencia de México los comercios no incluyen los impuestos en los precios que publican. En todo caso, incluso si fuera un dólar más de impuesto, que no lo es, hay precios de productos que están iguales o más caros en México que en Estados Unidos. Si había alguna ventaja para la mano de obra más barata en México el mercado no se enteró de ello. Quien crea que México no se ha visto afectado por una inflación en dólares de productos de consumo generalizado que llegan a ser incluso más caros en México que en Estados Unidos, vive en una realidad que yo desconozco.
Imagen 1. Precios de la leche entera en la Ciudad de México y Sacramento, California.
La paradoja es que, a pesar de que Estados Unidos tiene mejores salarios y menores precios, la elección en México no sea una elección centrada en el funcionamiento de la economía, sino en la fidelidad a quien dice ser un caudillo bueno, pero que quiere heredar a su sucesora todavía más poder del que él ha ejercido hasta ahora.
Sorprende que mientras Joe Biden ha tenido que ejercer al máximo los poderes de la presidencia de su país para, por ejemplo, encontrar debajo de las piedras algún mecanismo que le permita condonar la deuda de quienes pidieron préstamos para estudiar el equivalente a una licenciatura en América Latina, en México se asuma que todo está bien porque el tipo de cambio del peso frente al dólar muestra una fortaleza que, cuando se revisa el desempeño de la economía mexicana resulta difícil de aceptar.
Y no es que la situación económica en Estados Unidos sea perfecta porque la leche sea más barata allá. Recientemente, algunos de los medios de ese país daban a conocer cómo se han popularizado las llamadas al número 211, un número de teléfono que, de manera similar al 911, ofrece ayuda a quienes lo marcan. La diferencia es que el 211 la ofrecen a quienes simplemente no logran sobrevivir a pesar de tener trabajos y salarios. El constante deterioro en las condiciones de vida incluso en sociedades prósperas como Estados Unidos, ha hecho viable a Trump ya desde 2016 y alimenta el temor que muchos tenemos a las posibles consecuencias de alcance global de una segunda presidencia suya a partir de enero de 2025.
Lo que se trata de enfatizar, en todo caso, es que hay un contexto de creciente fragilidad económica y política que hace más arriesgado el que se restauren, como lo desea López Obrador, los poderes omnímodos de la presidencia imperial que lo decidía todo. En la realidad concreta de 2024, el riesgo de que se establezca en México un régimen de esas características va de la mano del triunfo de la señora Sheinbaum y, sobre todo, del eventual logro de una supermayoría de Morena en las elecciones legislativas de este año.
Conceder esa mayoría absoluta o supermayoría sería legitimar el deseo de López Obrador de que la presidencia mexicana avasalle a los otros dos poderes, así como a los órganos autónomos del Estado. Y ello, dado el contexto global, no desentonaría con lo que ocurre en el resto de América Latina y los otros dos referentes de la cultura política mexicana: Estados Unidos y Europa.
Javier Corral: corrupción y venganza
Los argumentos que ha seguido López Obrador para justificar ese regreso a la presidencia omnímoda, sin contrapesos institucionales, son tan falaces como peligrosos. Se reducen a culpar de todos los males a los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, sin reconocer las cuotas de poder que él mismo ejerció desde el Partido de la Revolución Democrática.
Ello sin perder de vista la manera en que él mismo ha reclutado siempre que la oportunidad se le presenta a figuras de esos dos partidos como los exgobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (ver el recuadro inmediatamente después de este párrafo con un mensaje del Hernández en la red social antes conocida como Twitter) o del Estado de México, Eruviel Ávila, en el caso del PRI, o Javier Corral Jurado de Chihuahua, en el caso del PAN, que o son candidatos de Morena o se pasean de la mano de la candidata presidencial de Morena.
Ello sin perder de vista que la capital de la República, el espacio sobre el que López Obrador ejerció mayor influencia en los últimos 23 años, no estuvo libre en modo alguno de los males que López Obrador imputa de manera exclusiva a sus enemigos. Ahí están la participación de connotados miembros de las élites de Morena en escándalos de corrupción como los asociados a la construcción, del todo accidentada, de la Línea 12 del Metro, además de los efectos cada vez más evidentes del mal desarrollo urbano, que hace que algunos barrios de la Ciudad de México sean ya más caros, en términos de rentas, que algunas ciudades de Europa y Estados Unidos. En esos asuntos, López Obrador y Sheinbaum, una de sus sucesoras en la jefatura de gobierno de la capital, no asumen responsabilidad alguna y toda la transfieren a una entelequia: el mítico PRI-AN.
La paradoja, sin embargo, es que en el tema de la violencia que es el que motiva dos de las más peligrosas reformas que AMLO trata de forzar, el actual gobierno refrenda algunos de los peores supuestos que siguieron los gobiernos del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional. López Obrador cree superar la contradicción al culpar a esos dos partidos de haber impulsado “reformas neoliberales”. La acusación se basa en una verdad parcial.
Es cierto, el PRI y el PAN impulsaron reformas de mercado que ahora pueden ser vistas como (neo)liberales, pero esas reformas—sin importar qué tan erróneas hayan sido—sólo afectaron los mecanismos por medio de los cuales se asignan algunos recursos y no la manera en que, por ejemplo, se persigue a los criminales. La “solución” que AMLO ofrece para explicar por qué le es fiel a las recetas que en materia de seguridad pública siguieron los gobiernos del PRI y del PAN es la de culparlos de ser fifís, neoliberales y la catarata de sin sentidos que han habitado lo que sea que el ahora presidente celebre cada mañana en Palacio Nacional.
En otras palabras, si la militarización de la seguridad pública en México fracasó con Zedillo, Calderón o Peña, no es porque la militarización no sea la respuesta a los problemas del país, es porque la militarización la perpetraron los fifís y neoliberales que le aborrecen a él y al pueblo.
El riesgo que plantea la solución que López Obrador trata de dar al principal problema de la sociedad mexicana es que se niega a reconocer la abrumadora evidencia acopiada a lo largo de los últimos 25 años, al menos, de respuestas militarizadas a los problemas de seguridad pública. Aunque esas respuestas se pueden rastrear a la manera en que el gobierno de México tradujo las demandas del gobierno de Richard Nixon cuando decidió, el 17 de junio de 1971, declarar la así llamada “guerra contra las drogas”, es necesario limitarse a la decisión de Zedillo de crear con unidades tomadas de las fuerzas armadas la Policía Federal Preventiva, el 4 de enero de 1999.
Aunque desde ese momento y hasta ahora, la participación de las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública, de manera directa o encubierta, ha sido mayor, con cada vez mayores recursos materiales y simbólicos a su favor y con cada vez menores controles, los resultados han sido contrarios a los que los gobiernos del PRI (Zedillo y Peña), del PAN (Fox y Calderón) y de Morena (López Obrador mismo) han expresado.
Salvo la reducción observada durante la mayor parte de los seis años de gobierno de Vicente Fox, cada iteración de la doctrina mexicana de militarización de la seguridad pública ha ido acompañada de un fracaso de esa doctrina, como lo demuestran las cifras, de por sí maquilladas, de homicidios, que se presentaron párrafos arriba, en el gráfico 1.
Lamentablemente, aunque las fuerzas armadas han sido las principales actoras y beneficiarias de esas iteraciones de la doctrina mexicana de militarización de la seguridad pública, ellas siguen siendo percibidas por amplios sectores de la población en México como eficaces y capaces. Todas las encuestas disponibles así lo señalan y cuando sus críticos hacían ver a Calderón Hinojosa o López Obrador los efectos desastrosos de sus políticas, ambos se abanicaban con los resultados de estudios como las encuestas nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que dejan ver la fe ciega que la opinión pública mexicana tiene en las fuerzas armadas.
No encuentro alguna razón que explique, por ejemplo, qué puede hacer que personas en ciudades que no son costeras y que están a cientos de kilómetros de la costa más cercana, como Nogales, Sonora o Piedras Negras, Coahuila, califiquen de efectivo el desempeño de la Secretaría de Marina-Armada de México en la edición de diciembre de 2023 de ENSU. En Nogales, el respaldo fue de 93.7 y en Piedras Negras del 96.3, como se puede apreciar en el mapa 2. Lo único que lo puede explicar esos resultados es el fracaso de las estrategias de seguridad que distintos gobiernos federales y estatales, además del miedo que provoca la violencia y los mitos de la superioridad de las fuerzas armadas por sobre las policías civiles, así como el de su alegada incorruptibilidad. Si esos números se presentaran en algún puerto mexicano del Pacífico, el Golfo o el mar Caribe, estaría más dispuesto a creer que la confianza de la que da cuenta ENSU trimestre a trimestre pudiera tener alguna base, pero no es así.
Mapa 2. Resultados para la Secretaría de Marina-Armada de México en ENSU-diciembre 2023.
Esos mitos son valiosos. A pesar del odio que se profesan mutuamente Calderón Hinojosa y López Obrador, o del desdén con el ambos tratan a Peña, ellos tres comparten las ampulosas profesiones de fe en las fuerzas armadas, su disposición a exculpar cualquier posible exceso perpetrado por sus efectivos.
Para confirmarlo basta ver el esfuerzo de López Obrador para rescatar al secretario de la Defensa Nacional de Peña, general Salvador Cienfuegos Zepeda, arrestado por el gobierno de Estados Unidos el 16 de octubre de 2020. Parte del interés quedó de manifiesto en el silencio que López Obrador asumió como postura luego de la elección del 3 de noviembre de ese año.
Ese silencio se mantuvo hasta el 15 de diciembre, cuando era ya imposible desconocer el triunfo de Joe Biden. Esa actitud se extendió, quizás como testimonio de la disposición de López Obrador a serle fiel a Trump. Hay quienes estiman que la disposición del presidente de México a preservar la ficción de que en la elección presidencial en Estados Unidos se había cometido un fraude monstruoso tiene que ver con una suerte de intercambio por la disposición de Trump a enviar de regreso a México a Salvador Cienfuegos.
Eso es imposible de probar, pero es un hecho que todavía en enero de 2021, cuando los grupos más radicales de la extrema derecha neofascista estadunidense, los más leales a Trump, intentaron una asonada que López Obrador se hizo a un lado y, en los hechos, jamás ha condenado de manera explícita las acciones de quienes todavía ahora insisten en que Trump ganó la elección de su país en 2020.
¿Qué implicaría una presidencia de Sheinbaum sin supermayoría legislativa?
Creo que la ventaja de ello sería que se le daría la oportunidad a la exjefe de Gobierno de la Ciudad de México de construir una mayoría que le diera sólo las reformas constitucionales que lograran un consenso suficiente.
No puedo adelantar alguna opinión sobre cuáles serían esas reformas, pues es claro que si Morena y sus aliados integran una coalición dispar, la que da forma a la candidatura de Xóchitl Gálvez es más dispar aún. Al lado de la exsenadora están personajes vinculados a la extrema derecha más radical, intransigente e irresponsable, como Cecilia Romero, al lado de priístas como Beatriz Paredes o Alejandro Moreno, que no se caracterizan por ser ideológicos en uno u otro sentido, además de los residuos de lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, que fue desfondado por la migración de sus cuadros y bases a Morena y cuyo futuro se juega en más de un sentido en esta elección.
En todo caso, si se evita el riesgo de la restauración de la presidencia omnímoda, todavía quedaría pendiente la recomposición del sistema político. Si en México no hemos asistido a un desprendimiento del PAN en la lógica del populismo racista, homófobo, contrario—entre otras muchas cosas—al uso del cubrebocas y a la aplicación de las vacunas, no es porque el PAN carezca de cuadros afectados por ese grado de irresponsabilidad. Fue simplemente porque el espacio de la irresponsabilidad política lo ocupó López Obrador y el resto de los líderes de Morena que, como en el caso del ahora difunto gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, mostró qué tan peligroso puede ser el populismo cuando en un arrebato dijo en plena pandemia, el 27 de marzo de 2020, que el coronavirus se curaba “con un plato de mole”.
Sólo eso le ahorró a Acción Nacional y al PRI el espectáculo de ver a sus líderes actuar como lo hicieron los líderes otros partidos de la derecha latinoamericana, que embrutecidos por los ejemplos de Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, así como del cardenal y arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, retaron al virus.
No podía ser de otra forma. Siempre que le fue posible López Obrador apostó a soluciones que iban de lo mágico a lo religioso, como cuando presumió su “Detente”, en una de las actividades que organiza cada mañana en Palacio Nacional. Incluso fue la señora candidata de Morena, que presume ser científica quien, como jefe de gobierno de la Ciudad de México cayó en la trampa de la ivermectina, un medicamento de origen veterinario, como remedio al coronavirus.
Es posible que en un futuro todos podamos reír y ver estos episodios como parte de la picaresca de la política nacional en México. Yo todavía no puedo hacerlo porque veo con miedo y aprehensión el riesgo de restaurar el poder omnímodo de la antigua presidencial imperial mexicana en manos de quien estuvo dispuesta a usar la ivermectina para curar el coronavirus (en español ver aquí y aquí también).
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