El dinero se entregó a cambio de que un gobierno de AMLO tolerara a los Beltrán Leyva, cártel con el que trabajaba entonces La Barbie.
La investigación no logró establecer si AMLO aceptó o siquiera estaba al tanto de los recursos entregados por los narcotraficantes.
Por Tim Golden / ProPublica
Años antes de que Andrés Manuel López Obrador fuera elegido presidente de México en 2018, agentes antidrogas de Estados Unidos descubrieron lo que creían que era evidencia sustancial de que los principales traficantes de cocaína habían canalizado unos dos millones de dólares hacia su primera campaña presidencial.
Según más de una docena de entrevistas con funcionarios de Estados Unidos y México, así como documentos públicos revisados por ProPublica, el dinero se entregó a asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una administración de López Obrador facilitaría las operaciones criminales de los traficantes.
La investigación no logró establecer si López Obrador aceptó o siquiera estaba al tanto de los recursos entregados por los narcotraficantes. Pero los funcionarios dijeron que la investigación, que se basó en la amplia cooperación de un antiguo funcionario de la campaña de López Obrador y un informante clave sobre drogas, sí produjo evidencia de que uno de los colaboradores más cercanos de López Obrador había aceptado el acuerdo propuesto.
La acusación de que representantes del futuro presidente de México negociaron con criminales conocidos ha resonado desde entonces entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de política exterior de Estados Unidos, quienes durante mucho tiempo se han mostrado escépticos sobre el compromiso de López Obrador de enfrentar a los narcotraficantes.
El caso planteó preguntas difíciles de responder acerca de hasta dónde debería llegar Estados Unidos para enfrentar la corrupción oficial que ha sido esencial para el surgimiento de los narcotraficantes mexicanos como una fuerza criminal de alcance global.
Mientras algunos funcionarios sostienen que no es tarea de Estados Unidos erradicar la corrupción endémica en México, otros dicen que los esfuerzos por combatir el crimen organizado y construir un Estado de derecho serán inútiles a menos que los funcionarios que protegen a los traficantes rindan cuentas.
“La corrupción es una parte tan importante del de la manera en que el narcotráfico se ha entretejido con la vida pública en México, que no hay forma de perseguir a los narcotraficantes sin perseguir a los políticos, militares y policías que los apoyan", dijo Raymond Donovan, quien recientemente se retiró como dijo en una entrevista el jefe de operaciones de la DEA, la agencia para el control de la drogas del gobierno de Estados Unidos.
En su investigación, los agentes de la DEA desarrollaron lo que consideran una fuente de información interna extraordinaria después de que arrestaron al exfuncionario de la campaña de López Obrador por cargos de tráfico de drogas en 2010.
Para evitar la prisión federal, este exfuncionario ofreció una descripción detallada de las donaciones en efectivo de los traficantes, las que -según dijo- ayudó a entregar. También grabó subrepticiamente conversaciones con Nicolás Mollinedo Bastar, el colaborador cercano de López Obrador que, según el exfuncionario, había participado en el plan.
Junto con las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo Bastar estaba al tanto e involucrado en las donaciones de una de las mafias de la droga más grandes de México, según dijeron funcionarios actuales y anteriores familiarizados con el caso.
Pero algunos funcionarios sintieron que la evidencia no era lo suficientemente sólida como para justificar los riesgos de una operación encubierta extensa dentro de México. A finales de 2011, agentes de la DEA propusieron una operación encubierta en la que ofrecerían cinco millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a personas que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. Sin embargo, en lugar de ello, los funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos cerraron la investigación, en parte por temor a que incluso de resultar un proceso exitoso el hecho fuera visto por los mexicanos como una atroz intromisión estadounidense en la política interna de México.
“Nadie intentaba influir en las elecciones”, dijo un funcionario familiarizado con la investigación. “Pero siempre hubo el temor de que López Obrador pudiera dar marcha atrás en la lucha contra las drogas; que, si llegaba a ser presidente, podría cerrarnos”.
Retroceso sorprendente
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2018, López Obrador ha liderado un retroceso sorprendente en la lucha contra las drogas. Su enfoque, que resumió en el lema de campaña “Abrazos, no balazos”, se ha concentrado en programas sociales para atacar las fuentes de la criminalidad, en lugar de confrontar a los delincuentes.
Sin embargo, como la policía y las fuerzas militares generalmente evitan la confrontación con las mayores bandas de narcotraficantes, esas mafias han extendido su influencia por todo México.
Según algunas estimaciones, las bandas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional de México: operan abiertamente, imponen su voluntad a los gobiernos locales y, a menudo, obligan a las autoridades estatales y federales a mantenerse a distancia.
La violencia ha rondado niveles históricos, mientras que las extorsiones de las pandillas y otras empresas criminales han hecho metástasis en todos los niveles de la economía.
El portavoz del presidente de México, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a numerosas solicitudes de comentarios de ProPublica.
Los efectos del tráfico de drogas para Estados Unidos nunca han sido más devastadores. El fentanilo, la mayor parte del cual se produce o se contrabandea a través de México, alimenta la crisis de consumo de drogas ilegales más letal en la historia de Estados Unidos. Las 109 mil muertes por sobredosis estimadas registradas en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con el fentanilo, superaron las muertes por violencia armada y accidentes automovilísticos combinados.
La administración de Joe Biden se ha mantenido firme en su negativa a criticar las políticas de seguridad de López Obrador, evita la confrontación incluso cuando el presidente mexicano ha atacado públicamente a las agencias del gobierno de Estados Unidos, al calificarlas de mendaces y corruptas.
La explosión del consumo de fentanilo, si bien es una creciente preocupación política en Washington, sigue siendo menos crítica para las perspectivas de reelección de Biden que el bloqueo de inmigrantes en la frontera sur, un desafío en el que la cooperación de López Obrador es esencial.
Después de afirmar repetidamente que México no tenía nada que ver con el fentanilo, López Obrador recientemente ha tomado algunas medidas modestas para renovar la cooperación antidrogas. Sin embargo, su gobierno continúa ignorando las solicitudes estadounidenses de captura y extradición de importantes traficantes, mientras que los funcionarios de Washington describen la relación en términos optimistas. Al final de una reunión con López Obrador en noviembre, Biden se volvió hacia él y le dijo: “No podría tener un mejor socio que usted”.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar los detalles de la investigación de la DEA sobre las campañas políticas de López Obrador, citando una política interna de esa agencia que existe desde hace muchos años.
Pero añadió que la DEA “respeta plenamente la soberanía de México y estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de la droga responsables de tanta muerte y destrucción en nuestros dos países”.
Durante décadas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos han evitado investigar a funcionarios mexicanos sospechosos de proteger a las mafias de la droga, diciendo que perseguir esos casos es complicado en un país que es singularmente sensible a la interferencia estadounidense.
Las agencias estadounidenses se han mostrado aún más reticentes a investigar la participación de las bandas de narcotraficantes en la política electoral, aun cuando se han convertido en una fuente clave de financiamiento para las campañas mexicanas y han asesinado a decenas de candidatos a cargos de elección popular en los ámbitos municipal, estatal y nacional.
En el caso de López Obrador, la DEA tardó en actuar ante la información sobre la posible colusión de su campaña de 2006 con traficantes, dijeron varios funcionarios. Cuando la agencia finalmente comenzó a investigar en 2010, fue en gran parte por iniciativa de un pequeño grupo de agentes basados en México, que trabajaban con fiscales federales en Nueva York.
La fuente inicial de los estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado de 28 años que se presentó en la embajada de los Estados Unidos en 2008 y pidió hablar con alguien de la DEA. Los dos agentes que bajaron de sus oficinas del cuarto piso escucharon una historia convincente: durante los años anteriores, les dijo López Nájera, había sido una especie de abogado interno de uno de los traficantes más notorios de México, Edgar Valdez Villarreal.
El gánster nacido en Texas había sido apodado Ken y luego Barbie cuando jugaba como apoyador en un equipo de futbol americano de la secundaria a la que asistió en Texas. Notable por su mandíbula cuadrada y cabello rubio. A mediados de la década de 2000, se había convertido en uno de los ejecutores más brutales del hampa mexicana. También era un importante traficante y trabajaba con una mafia más grande dirigida por los hermanos Beltrán Leyva, quienes, a su vez, formaban parte del Cartel de Sinaloa. En el lado mexicano de la frontera, Valdez Villarreal era conocido como La Barbie.
Según López Nájera, Valdez Villarreal insistió en que comenzara desde abajo, lavando los autos de los traficantes y haciendo otras tareas menores antes de que le confiaran tareas más importantes.
Con el tiempo logró algunos contactos políticos, pagó sobornos a comandantes de policía y políticos. También supervisó envíos de cocaína a través del aeropuerto de Cancún. Sin embargo, después de varios años, López Nájera comenzó a tener diferencias con su jefe, quien lo consideraba algo holgazán, dijeron los funcionarios de la DEA.
En 2007, regresó de unas largas vacaciones en Cuba y descubrió que su hermano había desaparecido, aparentemente víctima de la ira de La Barbie. López Nájera pasó a la clandestinidad y comenzó a planear su venganza.
López Nájera rápidamente estableció una relación de buena fe con los estadounidenses, diciéndoles que la banda de los Beltrán Leyva había colocado un topo, es decir, a un informante dentro de la embajada.
El hombre resultó ser un empleado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que tenía amplio acceso a información de inteligencia sobre los criminales mexicanos buscados por Estados Unidos. Atraído al área de Washington, DC, con el pretexto de un viaje de entrenamiento, fue arrestado y acusado de delitos federales de drogas antes de aceptar cooperar, dijeron los funcionarios.
La DEA trasladó a López Nájera a los Estados Unidos y lo interrogó exhaustivamente. Según los entonces nuevos parámetros de la colaboración entre ambos países, bautizados entonces como el Acuerdo o la Iniciativa de Mérida, los funcionarios estadounidenses invitaron a sus homólogos mexicanos a entrevistar a su preciada fuente.
Nombre clave: Jennifer
Los documentos judiciales mexicanos resultantes identificarían a López Nájera sólo con el nombre en clave Jennifer. Sus revelaciones se convertirían en el motor principal de la así llamada Operación Limpieza, un esfuerzo que acaparó los titulares por parte del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa para purgar a funcionarios corruptos de las agencias federales de aplicación de la ley y del ejército.
La DEA tardó algo más en aprovechar al máximo a su informante. No fue hasta la primavera de 2010, más de dos años después de que López Nájera comenzara a cooperar con la agencia, que ésta comenzó a centrarse en una de sus revelaciones más sorprendentes.
En una entrevista en San Diego, California, que agentes de la DEA organizaron para un alto funcionario de la entonces Procuraduría General de la República de México, López Nájera describió cómo La Barbie lo había convocado a una reunión en enero de 2006 en un hotel en el centro turístico de Nuevo Vallarta, Jalisco, en la costa del Pacífico.
El hombre que había organizado la reunión era Francisco León García, de 38 años, hijo de un empresario minero del norteño estado de Durango. Conocido como Pancho León, aspiraba a ser senador como parte de la coalición de izquierda de López Obrador, en ese entonces amparada en las siglas del Partido de la Revolución Democrática.
Era amigo de uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villarreal Barragán, un imponente expolicía estatal conocido como El Grande, y los dos hombres pensaron que podrían ayudarse mutuamente, les dijeron a los agentes.
Otro empresario se unió a León en la reunión. Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y apoyo de López Obrador, relató López Nájera. A cambio de una inyección de efectivo, dijo León, la campaña prometió que un futuro gobierno de López Obrador seleccionaría funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los traficantes.
Según relatos de la negociación que los investigadores estadounidenses finalmente recopilaron a partir de varios informantes, a los traficantes se les dijo que podrían ayudar a elegir comandantes de policía en algunas ciudades clave a lo largo de la frontera. Lo más importante, dijeron funcionarios estadounidenses, es que a los traficantes también se les dijo que López Obrador no nombraría a un fiscal general que consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaría un veto sobre el nombramiento.
La Barbie aceptó el trato y asignó a López Nájera para que se reuniera con funcionarios de campaña en la Ciudad de México y organizara los pagos. (López Nájera no respondió a numerosos intentos de contactarlo). Poco después, dijeron los funcionarios, le presentaron a Mauricio Soto Caballero, un empresario y operador político que encabezaba un equipo de avanzada bajo el mando del jefe de logística de la campaña, Nicolás Mollinedo Bastar.
En tres entregas durante los siguientes meses, se le dijo a la DEA, la organización de La Barbie le dio a Soto Caballero y a otros en la campaña de López Obrador alrededor de dos millones de dólares en efectivo.
A medida que el traficante se involucró más, dijo López Nájera, también brindó apoyo de otras maneras: durante las últimas semanas de la campaña de ese año, López Obrador viajó dos veces al estado de Durango para grandes y bulliciosos actos de campaña organizados por Pancho León, a los que el cartel de narcotraficantes hizo grandes donaciones. Uno de los actos de campaña fue tan fastuoso, con una banda de renombre y miles de partidarios transportados en autobuses desde pueblos y aldeas periféricas, que los políticos rivales exigieron una investigación sobre el financiamiento de la campaña de León.
La carrera presidencial de 2006 terminó en un empate. Cuando el tribunal electoral de México declaró vencedor a Calderón por medio punto porcentual, La Barbie se enfureció, dijo López Nájera.
Al narcotraficante se le ocurrió un plan improvisado para secuestrar al presidente del tribunal y obligarlo a revertir la decisión. Se envió un convoy de hombres armados para asaltar el tribunal, y sólo regresaron cuando descubrieron que tropas del Ejército de México custodiaban la zona.
Tras insistir en que era el legítimo ganador, López Obrador reunió a miles de sus partidarios en la Ciudad de México para un plantón de un mes que cubrió una franja del centro de la capital. Según López Nájera, La Barbie donó fondos para ayudar a alimentar a los manifestantes.
Los agentes de la DEA que escucharon el relato de López Nájera comprendieron que no sería fácil construir un caso penal, dijeron varios funcionarios. Incluso si pudieran verificar las acusaciones, los casos de corrupción de alto nivel casi siempre eran difíciles de probar.
Los funcionarios mexicanos utilizaron intermediarios para aislarse de los traficantes que les pagaban. Los políticos y los criminales a menudo se protegían unos a otros; los testigos que lo corroboraban generalmente se mostraban reacios a testificar.
La mayoría de los delitos relacionados con las drogas también tenían un plazo de prescripción de cinco años. Cuando la investigación se puso realmente en marcha, algunos de los acontecimientos clave que describió López Nájera habían ocurrido cuatro años antes.
El fiscal mexicano que asistió a la entrevista de López Nájera transmitió las acusaciones a funcionarios de mayor rango en la Ciudad de México. Pero el gobierno de Calderón pensó que un caso así tendría una carga política antes de las elecciones de 2012, dijeron exfuncionarios consultados.
Los agentes de la DEA tuvieron mejor suerte con el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la poderosa fiscalía federal con sede en Manhattan. La jefa de la unidad internacional de narcóticos de la oficina, Jocelyn Strauber, les dijo que pensaba que valía la pena seguir adelante con el caso, dijeron funcionarios actuales y anteriores. Strauber, que ahora dirige el Departamento de Investigaciones de la ciudad de Nueva York, declinó hacer comentarios.
Si bien el la Fiscalía del Distrito Sur rara vez se había ocupado de casos de corrupción de drogas en México, la determinación de Calderón de trabajar más estrechamente con Estados Unidos dio a los investigadores cierta esperanza. Los agentes estadounidenses tenían mayor libertad que nunca para operar en México.
Las operaciones conjuntas contra los traficantes se habían convertido en algo habitual. Las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos habían ayudado a las autoridades mexicanas a arrestar o matar a figuras destacadas de algunas grandes mafias de la droga, incluida la organización Beltrán Leyva.
En mayo de 2010, México finalmente extraditó a Estados Unidos a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien finalmente se declaró culpable en Nueva York de canalizar más de 19 millones de dólares en sobornos de traficantes a través de cuentas estadounidenses.
Oportunidad inusual
Los investigadores también reconocieron que López Nájera presentaba una oportunidad inusual. Aunque llevaba más de dos años fuera de México, pensaron que podría conectarlos con Soto, el exfuncionario de campaña de López Obrador a quien le había entregado las donaciones en 2006.
Soto era un consultor empresarial sociable y emprendedor con sus propias ambiciones políticas. Había trabajado dentro y fuera del gobierno, encontrando ángulos y solucionando problemas con la burocracia. López Nájera dijo que se habían hecho amigos y que Soto Caballero lo había ayudado con tareas no relacionadas con la campaña: actuar como testaferro para la compra de un apartamento en el elegante barrio Polanco de la Ciudad de México y ayudarlo a alquilar una oficina y alquilar un segundo apartamento que La Barbie utilizaba cuando visitaba la Ciudad de México.
Según López Nájera, Soto también le había presentado a miembros del equipo de seguridad de la campaña de 2006, conexiones que luego resultaron útiles cuando algunos de los hombres pasaron a puestos de seguridad del gobierno. En un momento, recordó López Nájera, Soto le dijo que podría estar interesado en ganar dinero con el tráfico de drogas si surgiera la oportunidad adecuada.
Mientras López Obrador preparaba su segunda candidatura a la presidencia, Soto se mantuvo cerca de Mollinedo, quien todavía estaba entre los asesores más confiables del candidato, dijeron los funcionarios.
Nico, como se conocía a Mollinedo, era una especie de celebridad mexicana. Dondequiera que había ido López Obrador durante sus cinco años como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Mollinedo Bastar había estado a su lado, al volante del sedán Nissan blanco que López Obrador convirtió en un símbolo de su desprecio por los excesos tradicionales de la política mexicana. El padre de Mollinedo había sido un amigo cercano y partidario de López Obrador desde sus días como joven activista en su estado natal de Tabasco.
Mollinedo también había sido objeto de uno de los primeros grandes escándalos políticos de López Obrador, que estalló en 2004, con informes de que el conductor del jefe de gobierno ganaba el salario de un subsecretario del gabinete del entonces Gobierno del Distrito Federal.
López Obrador restó importancia a Nicogate, como lo llamaban los medios locales, pero dejó en claro que Mollinedo era mucho más que un chofer. Era el asistente personal y coordinador de logística de López Obrador y trabajaba con su equipo de seguridad. Mollinedo también actuó como guardián en ocasiones, filtrando a las personas y las propuestas que clamaban por la atención del alcalde.
A principios de 2010, una serie de funcionarios mexicanos habían sido arrestados por el testimonio de López Nájera, incluido un exfuncionario de alto rango de la entonces PGR que solía ser responsable de casos de narcotráfico, así como varios altos funcionarios policiales y militares.
Sin embargo, su identidad seguía siendo un secreto bien guardado y confiaba en que Soto Caballero creía que todavía estaba trabajando para los narcos. Se habían reunido por última vez en San Diego, a finales de 2009, cuando agentes de la DEA grabaron su conversación sobre si Soto podría querer participar en uno de los negocios de drogas que López Nájera decía que estaba organizando.
Tenía sentido que López Nájera pudiera crecer por su cuenta. La Barbie se había quedado con los hermanos Beltrán Leyva en lo que había sido una guerra de dos años con otras facciones del Cartel de Sinaloa. Pero ahora, mientras los sinaloenses tomaban la delantera, La Barbie y los Beltrán Leyva peleaban entre sí. La violencia acaparó los titulares de la prensa mexicana casi todos los días.
Mientras los agentes escribían sus mensajes, López Nájera comenzó a enviar mensajes de texto a Soto Caballero, dijeron funcionarios familiarizados con el caso. En julio de 2010, se conocieron en un hotel de Hollywood, Florida. Acompañado por un agente encubierto de la DEA que se hizo pasar por un proveedor colombiano de cocaína, López Nájera expuso su discurso: Tenían algunos acuerdos en marcha. Quizás necesiten inversores. La recompensa sería grande.
Soto Caballero dijo que estaba interesado.
Diez kilos
Semanas después de la reunión en Florida, Soto Caballero voló a la frontera entre México y Estados Unidos, para discutir un posible acuerdo con el supuesto traficante colombiano y otro agente encubierto en McAllen, Texas. Cuando regresó a McAllen. En octubre, los dos agentes encubiertos le dijeron que tenían diez kilos de cocaína listos para él. Pero Soto Caballero se resistió, dijeron personas familiarizadas con el caso, insistiendo en que no estaba listo para vender las drogas en Estados Unidos.
Necesitados de algún mecanismo para atraer a Soto Caballero nuevamente a su plan, los agentes encubiertos lo presionaron para que salvaguardara la cocaína durante varios días hasta que pudieran enviarla a otro comprador. Como recompensa le darían un kilo, valorado entonces en unos 20 mil dólares.
La droga estaba en un auto estacionado cerca, dijo uno de los agentes, entregándole a Soto Caballero un juego de llaves del auto, aunque no había cocaína real. La conversación fue grabada en su totalidad.
En algún momento después de las 2 de la mañana siguiente, Soto Caballero regresó a su habitación en un Courtyard Marriott. Los agentes de la DEA lo estaban esperando.
En el lado equivocado de la frontera, sin abogado ni conexiones políticas, Soto Caballero no tardó en aceptar cooperar. “No era el tipo de persona que estaba dispuesto a ir a la cárcel”, dijo un funcionario familiarizado con el caso. Más tarde ese día, después de que Soto Caballero renunció a su derecho a ser procesado en Texas; lo trasladaron a la ciudad de Nueva York en un avión comercial, atrapado entre un par de agentes en la última fila.
A partir de entonces, Soto Caballero se convertiría en una fuente confidencial de la DEA, conocida en el expediente del caso como CS-1. A solicitud de la DEA, ProPublica acordó no identificarlo a él ni a otras fuentes en el caso. Sin embargo, Soto fue nombrado en un artículo en español sobre el caso publicado por uno de los noticieros de la Deutsche Welle, la cadena de televisión estatal alemana.
Después de reconocer inicialmente los mensajes de un periodista de ProPublica, Soto Caballero no respondió a preguntas detalladas sobre su papel en la investigación estadounidense.
A lo largo de varias entrevistas con fiscales del Distrito Sur de Manhattan, Soto Caballero confirmó que había recibido dos entregas de dinero en efectivo de López Nájera para la campaña de 2006 y que una tercera entrega había sido realizada por otro enviado de La Barbie.
Soto Caballero dijo que las tres contribuciones ascendieron a algo menos de los dos millones de dólares que López Nájera había reclamado, una discrepancia que los agentes atribuyeron a la costumbre de desnatar. Soto dijo que entregó el dinero a Mollinedo, dijeron personas familiarizadas con el caso.
En Nueva York, Soto Caballero consultó con un abogado designado por el tribunal antes de aceptar los términos del gobierno: si continuaba trabajando en secreto y hablando sinceramente con los investigadores, se le permitiría regresar a México.
Su condena penal permanecería sellada y eventualmente sería sentenciado “al tiempo que había cumplido” bajo custodia federal: los varios días que pasó en McAllen y Nueva York. Soto Caballero fue presentado ante un juez federal y se declaró culpable de un cargo único: conspiración para distribuir cocaína.
Serios riesgos
Los funcionarios estadounidenses entendieron que el acuerdo planteaba serios riesgos. Si Soto Caballero informaba a sus colegas en México que era parte de un intento para tenderles una trampa (o incluso si simplemente dejara de devolver las llamadas telefónicas), la única ventaja de los estadounidenses sería exponer su declaración de culpabilidad y tal vez emitir una orden internacional para su arresto. Pero Soto Caballero sí podría exponer su investigación.
El plan de los agentes era confirmar la evidencia que habían reunido sobre las donaciones de los traficantes en 2006 y luego recrear una versión de ese plan con la incipiente campaña de López Obrador de 2012, esta vez con dispositivos de grabación instalados. Llamaron a la investigación Operación Polanco.
Para desplegar a Soto Caballero en el extranjero como fuente encubierta o “fuente de nombre protegido”, en el léxico de la agencia, la DEA tuvo que presentar su plan de investigación a un grupo de funcionarios del Departamento de Justicia del gobierno federal de Estados Unidos y la DEA conocido como Comité de Revisión de Actividades Sensibles, un SARC, por sus siglas en inglés.
Un SARC es un proceso de selección similar al trabajo que hace un escuadrón antiexplosivos. Los miembros del panel examinan las operaciones encubiertas que involucran la entrega de drogas o dinero a traficantes o la investigación de funcionarios extranjeros corruptos; los abogados intentan desactivar los planes que podrían hacer que el proceso fracasara.
Aunque apuntar a la campaña de López Obrador era una propuesta de alto riesgo, el SARC aprobó provisionalmente el plan a finales de 2010, según dijeron los funcionarios consultados. Los agentes y fiscales tendrían que regresar al SARC o comité al menos cada seis meses para una revisión más exhaustiva, y el escrutinio se intensificaría a medida que avanzaran.
Cinco millones
Los agentes querían hacer algo grande. Propusieron ofrecer a la campaña cinco millones de dólares en efectivo a cambio de promesas de que un gobierno de López Obrador dejaría en paz a los traficantes.
Si Mollinedo u otros miembros de la campaña estaban de acuerdo, los agentes ofrecerían un pago inicial, tal vez de cien mil dólares. Luego entregarían el dinero para obtener pruebas contundentes de la complicidad de la campaña.
Algunos funcionarios estadounidenses pensaron que era un momento propicio para un caso así. En agosto de 2010, los marines mexicanos habían capturado a La Barbie. Dos semanas después, detuvieron a El Grande, su lugarteniente, que había asistido a la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta.
Ambos hombres habían sido acusados de cargos federales en Estados Unidos y, de ser extraditados, podrían verse incitados a cooperar a cambio de una reducción de sus sentencias.
En una breve conversación después de su captura, El Grande le dijo a un agente de la DEA que estaba dispuesto a compartir información sobre funcionarios mexicanos corruptos, pero solo después de que lo trasladaran a Estados Unidos, según muestran documentos revisados por ProPublica.
Pero incluso cuando se reunieron nuevas piezas de la investigación, la administración de Barack Obama estaba cada vez más preocupada por las consecuencias de otra operación encubierta, lo que se conoció como Rápido y furioso.
Sin informar a los funcionarios mexicanos, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia permitieron que cientos de armas de alto poder fueran enviadas ilegalmente a México para poder rastrearlas y llevarlas a manos de bandas de narcotraficantes.
Sin embargo, el rastreo fracasó y las armas fueron posteriormente vinculadas con tiroteos que mataron o hirieron a más de 150 mexicanos, así como con el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. El gobierno de Calderón estaba indignado y las tensiones parecían amenazar una vez más la cooperación bilateral.
“Las cosas pasaron a un nivel diferente de escrutinio después de Rápido y furioso”, dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia. “En ese momento, todo el mundo estaba en modo de autoconservación”.
A pesar de ello, los funcionarios estadounidenses tenían razones para esperar que los funcionarios del gobierno de México aprobaran (y mantuvieran en secreto) su investigación. Su objetivo final, López Obrador, era el odiado rival político de Calderón. El jefe de la DEA en Ciudad de México informaría al jefe de inteligencia del presidente, a quien consideraba particularmente digno de confianza, y le pediría que discutiera el caso sólo con Calderón.
La siguiente fase de la investigación comenzó bien. Los agentes de la DEA supieron que el empresario que había acompañado a Pancho León a la reunión de Nuevo Vallarta de 2006 viajaba a Las Vegas.
Al ser confrontado por agentes en el Bellagio Hotel & Casino, el empresario confirmó gran parte de lo que habían dicho Soto Caballero y López Nájera. Incluso mencionó un detalle llamativo que había notado López Nájera: en la reunión de 2006 en Nuevo Vallarta: León le había hecho un regalo a La Barbie. Al enterarse de que el traficante coleccionaba relojes, trajo un Patek Philippe de 20 mil dólares como muestra de su respeto.
Los fiscales inicialmente pensaron que no tenían pruebas suficientes para arrestar al hombre, por lo que los agentes lo dejaron regresar a casa después de que prometió ser testigo en cualquier futuro juicio penal.
Los investigadores no tenían esperanzas de llegar a León: en febrero de 2007, meses después de perder la elección como senador por Durango, desapareció: el rumor era que había sido víctima de un asesinato de la mafia de las drogas.
En la Ciudad de México, agentes de la DEA ensayaron con Soto Caballero, le colocaron un dispositivo de grabación y, en abril de 2011, lo enviaron a hablar con Mollinedo Bastar.
Fue un desastre. “Estaba aterrorizado”, recordó un exfuncionario. No estaba claro si Soto Calderón manejó mal el equipo o lo apagó deliberadamente, pero regresó con una grabación truncada que a menudo era ininteligible debido al ruido de fondo.
Segundo intento
Un segundo intento el mes siguiente produjo aproximadamente una hora de grabación. De esa conversación quedó claro que Mollinedo Bastar sabía sobre la transacción de 2006, dijeron personas familiarizadas con el caso. Parecía preocupado por dos exmiembros del equipo de seguridad de la campaña, que habían sido encarcelados recientemente y podrían ser presionados a revelar lo que sabían sobre las contribuciones de los traficantes. Los funcionarios dijeron que Mollinedo también mencionó a amigos en la oficina del fiscal general de México que podrían ayudar a protegerlo a él y a Soto.
Aunque estaba claro que los dos hombres estaban hablando de las donaciones de 2006, Soto no presionó a Mollinedo Bastar para que fuera más explícito o se incriminara a sí mismo más directamente. “Él nunca dijo: 'No sé de qué estás hablando' o 'No conozco a ninguna de esas personas'. No se dijo nada que lo absolviera", dijo un exfuncionario sobre Mollinedo Bastar. “Pero la grabación no sirvió para refrescar la conspiración tanto como era necesario”.
En una entrevista, Mollinedo Bastar negó haber recibido alguna vez donaciones de narcotraficantes y cuestionó la idea de que López Obrador alguna vez toleraría tal corrupción. “No administramos el dinero”, dijo, refiriéndose a su equipo de logística, y agregó que solo manejó fondos que le dieron para gastar en transporte y otros gastos de campaña.
Después de revisar las grabaciones, los fiscales de Nueva York quedaron decepcionados, dijeron exfuncionarios. Para un caso tan delicado y arriesgado, sintieron que las pruebas debían ser casi irrefutables.
No obstante, los agentes propusieron seguir adelante con la operación encubierta dirigida a Mollinedo Bastar y otros colaboradores de López Obrador. La forma en que procedieron a partir de ahí (y si debían de perseguir a López Obrador y otros políticos en su órbita) dependería de lo que aprendieron los agentes.
Cuando el SARC se reunió nuevamente para revisar el caso, justo antes del tercer jueves de noviembre de 2011, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Justicia y de la DEA en Washington, DC, se reunieron por videoconferencia con agentes de alto rango de la DEA en Ciudad de México y Nueva York. Esta vez, sin embargo, las preguntas fueron más precisas, dijeron varias personas familiarizadas con la reunión. Incluso si los funcionarios de la embajada de Estados Unidos informaran sólo a funcionarios mexicanos de confianza, la información podría filtrarse fácilmente, dijeron algunos funcionarios, y podría ser explosivo.
Los representantes de la DEA en la reunión enfatizaron que no buscaban afectar las elecciones mexicanas, dijeron funcionarios familiarizados con la reunión. Pero también señalaron que, si México elegía a un presidente que llegara al poder endeudado con poderosos narcotraficantes, las consecuencias podrían ser catastróficas para la asociación de aplicación de la ley de los dos países.
Poco después de la reunión, el enlace de video a la Ciudad de México se cortó, algo común con la tecnología de la época. Sin el grupo principal de la DEA, el tono de la discusión cambió, dijeron dos personas presentes. Los abogados del Departamento de Justicia hablaron de los enormes riesgos de la operación, las pruebas inciertas y las todavía volátiles consecuencias del escándalo provocado por Rápido y furioso, que había llevado a algunos republicanos en el Congreso a pedir la dimisión del fiscal general Eric Holder.
Los agentes y fiscales se enteraron de la decisión del SARC días después: la operación estaba siendo cesada.
En mayo de 2012, el gobierno mexicano extraditó a El Grande. Cuando los agentes pudieron preguntarle en suelo estadounidense sobre las donaciones a la campaña de López Obrador, confirmó que La Barbie las había hecho después de la reunión en Nuevo Vallarta, dijeron dos funcionarios.
El papel estelar de López Nájera como Jennifer en Operación Limpieza duró poco.
Cuando el gobierno de Calderón fue reemplazado en diciembre de 2012, no fue por López Obrador y su alianza izquierdista sino por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido político que había mantenido al país bajo un control corrupto y autoritario durante más de 60 años hasta que 2000. El nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, rápidamente abandonó la estrecha cooperación policial de su predecesor con Estados Unidos.
Parte de ese cambio fue un esfuerzo del procurador general de Peña, Jesús Murillo Karam, para desacreditar y revertir los procesamientos de funcionarios corruptos por parte de la administración anterior.
Según tres funcionarios familiarizados con los hechos, los fiscales mexicanos continuaron entrevistando a López Nájera en Estados Unidos, pero ahora intentaron explotar las lagunas y contradicciones en su testimonio. Le pidieron que corroborara nuevos detalles de los hechos que había descrito, sugiriendo a veces fechas específicas, sólo para que otros testigos presentaran coartadas para las fechas que López Nájera había confirmado.
Una avalancha de noticias mexicanas, muchas de ellas impulsadas por aparentes filtraciones del gobierno, atacaron a López Nájera como un mentiroso bien pagado por el régimen anterior.
Proceso, la principal revista de investigación del país, reveló su identidad con una fotografía de portada que, según funcionarios estadounidenses, provenía de la fiscalía general de México. Prácticamente todos los funcionarios encarcelados en la Operación Limpieza fueron liberados después de que se retiraron los cargos en su contra.
Proceso, la revista de investigación líder en México, reveló en 2013 que el informante más conocido del gobierno era un exabogado especializado en drogas llamado Roberto López Nájera.
Lo que no se hizo público fue que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes de Estados Unidos adoptaron la opinión opuesta.
Si bien notaron que López Nájera había sido inconsistente o equivocado en algunos puntos de sus declaraciones, casi todo lo demás que les había dicho se mantuvo. Entonces, aunque López Nájera se convirtió en un símbolo en México de las fallas del sistema de justicia, la DEA lo consideró creíble y continuó trabajando con él.
Incluso antes de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, los funcionarios estadounidenses comenzaron a revisar la información de la investigación de la DEA como parte de su esfuerzo por evaluar la voluntad del nuevo presidente de trabajar con ellos contra las mafias, dijeron personas informadas sobre el esfuerzo. Pero el nuevo líder mexicano pronto respondió él mismo a esa pregunta.
Primero, marginó a los equipos de comandos mexicanos que habían sido el socio más confiable de las agencias de inteligencia y aplicación de la ley de Estados Unidos. Luego cerró una unidad de la policía federal que la DEA había entrenado y examinado para trabajar con los estadounidenses en casos clave de tráfico de drogas.
Cuando agentes de la DEA arrestaron en Estados Unidos al exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, por cargos de corrupción de drogas en octubre de 2020, López Obrador se volvió contra la agencia con aún más fuerza. Mientras el alto mando militar presionaba al presidente para que actuara en defensa de Cienfuegos Zepeda, los funcionarios mexicanos dejaron en claro que la cooperación antidrogas estaba en riesgo.
Después de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, abandonara el caso y repatriara al general, López Obrador declaró “muerto” la Iniciativa de Mérida e impulsó nuevos límites estrictos sobre cómo los agentes estadounidenses podían operar dentro de México.
Las promesas que López Obrador venía realizando desde hacía muchos años de llevar a cabo una cruzada contra la corrupción política casi no han producido resultados significativos. Aunque al principio de la administración se anunciaron algunos cargos de corrupción (casi todos contra adversarios políticos del presidente), casi ninguno fue procesado con éxito.
Sin embargo, López Obrador sí cuestionó el descrédito de la Operación Limpieza por parte de la administración anterior. En agosto de 2022, su gobierno arrestó a Murillo Karam acusado de ayudar a encubrir las desapariciones de 43 estudiantes en 2014 en el estado de Guerrero. Meses después, el gobierno anunció que el exfiscal general también enfrentaría cargos de corrupción en relación con más de un millón 300 mil dólares por ingresos no declarados y contratos ilícitos de los que se decía que se había beneficiado durante su mandato. Murillo Karam ha negado los cargos.
El excolaborador cercano del presidente, Mollinedo Bastar, abandonó el lado de López Obrador después de la campaña de 2012 para dedicarse a sus negocios. Más tarde se unió a Soto Caballero para intentar crear un nuevo partido político, MasXMex, centrado en el medio ambiente. El esfuerzo fracasó al cabo de un año.
Mollinedo dijo a ProPublica que sigue siendo profundamente leal al presidente. Aunque él y su familia han sido acusados de enriquecerse gracias a sus conexiones políticas, dijo que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos.
Traducción y edición en español: Rodolfo Soriano-Núñez.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en el portal de ProPublica.
