Juan Alberto Vázquez Martes, 27 de Agosto del 2024, 23:00
La Corte Suprema se ha visto envuelta en varios escándalos de corrupción por viajes financiados a jueces por empresarios multimillonarios.
Congresistas democrátas intentan que sea al menos discutida la reforma a la Corte Suprema.
Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York
Debido a que ha “anulado precedentes legales establecidos”, “desmantelado las protecciones de los derechos civiles”, “quitado a la mujer el derecho de elegir”, “otorgado a los presidentes inmunidad frente a delitos cometidos” y llevado al público a “cuestionar su imparcialidad e independencia debido a escándalos éticos” de los jueces, el presidente Joe Biden anunció a finales de julio “un plan audaz para reformar la Corte Suprema” de los Estados Unidos.
Se supone que la propuesta de ley ya reposa en el escritorio de congresistas demócratas, y se buscará que sea al menos discutida antes de que Biden abandone el cargo, el 20 de enero de 2025.
Uno de esos congresistas, el representante demócrata por California, Adam Schiff, miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, recibió con beneplácito el plan de Biden:
“En los últimos años, hemos sido testigos de cómo nuestras libertades retroceden y los poderes presidenciales se expanden drásticamente a través de las acciones de una Corte Suprema dispuesta a dejar de lado todos los precedentes en favor de su agenda reaccionaria”, señaló en un comunicado Schiff, horas después de que Biden entregara su plan a través de una conferencia de prensa.
Aunque el anuncio del presidente se realizó a finales del mes pasado, hoy toma relevancia luego de que su embajador en México, Ken Salazar, criticó el jueves 22 de agosto a través de un comunicado y en una conferencia de prensa un intento similar del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de reformar el poder judicial, sobre todo en el intento de que los magistrados puedan ser elegidos por voto ciudadano. “Nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial del Gobierno de México”.
El martes 27, el senador demócrata y líder de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Ben Cardin, junto a sus homólogos Tim Kaine y el republicano Marco Rubio, se sumaron al llamado de Salazar y, a través de un escrito, compartieron su “profunda preocupación” por el intento de reforma judicial en México.
La reforma propuesta, dicen, “socavaría la independencia y transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones”.
Biden también quiere reformar
Justo la corrupción de los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos es uno de los temas que más preocupa al presidente saliente Joe Biden.
Por lo mismo, su reforma incluiría la creación de un “Código de conducta vinculante para la Corte Suprema”, en el que se exija a los jueces revelar obsequios, abstenerse de actividades políticas públicas y abstenerse de participar en casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo.
Las sospechas en este punto surgieron luego de que el medio ProPublica descubriera a través de una serie de reportajes dados a conocer a partir de la primavera de 2023 cómo el juez Clarence Thomas, en diversas épocas, tomó vacaciones de lujo financiadas por un importante donante republicano, las cuales no plasmó en los formularios de declaración financiera.
Por su parte, el juez Samuel Alito también viajó con un grupo de amigos a un albergue de pesca de Alaska por cortesía de un ejecutivo de un fondo de cobertura cuya firma tenía asuntos pendientes ante el tribunal federal. Además, Virginia “Ginni” Thomas, la esposa del juez Thomas, participó en la campaña “detener el robo” surgida tras la mentira de Donald Trump de que le había “robado las elecciones” de 2020.
“Que (Trump) no ceda. El ejército que se está reuniendo para defenderlo necesita tiempo”, escribió Ginni al jefe de la oficina de la presidencia de Trump, Mark Meadows, en los días posteriores a que se había nombrado al ganador de la elección presidencial.
Cuando asuntos relacionados con Trump han llegado a la Corte Suprema, el juez Thomas se ha negado a excusarse debido al conflicto de intereses evidente.
Otro de los puntos que Joe Biden propone modificar es el de quitar la inmunidad para los delitos que un expresidente haya cometido en el cargo. La propuesta viene de la resolución que la Corte Suprema votó a principios de julio, donde confirió a Donald Trump “inmunidad” por delitos “realizados” en el ejercicio de su encomienda.
Y finalmente, Biden busca imponer un límite al mandato para los jueces de la Corte Suprema. En este instante, los Estados Unidos son la “única democracia constitucional importante que otorga escaños vitalicios a sus jueces de la Corte Suprema”, se queja el presidente.
En este momento, la percepción pública estadounidense sobre el actuar de los jueces se encuentra en su punto más bajo. Según la encuesta periódica que realiza la empresa Gallup (junio de 2024), el índice de aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos está en su nivel más bajo, con un mínimo casi récord del 43 % de los estadounidenses que dicen que aprueban la forma en que la Corte está manejando su trabajo, frente al 52 % que lo desaprueba.
Además del asunto de la corrupción de algunos jueces revelada por la prensa, el descontento se remonta a años anteriores. Primero, cuando los jueces se negaron a bloquear una drástica ley antiaborto en Texas en 2021, pero sobre todo con su decisión de revocar la histórica Roe v. Wade en junio de 2022, cuando se permitió a muchos estados decretar sus propias leyes antiaborto.
“Hace casi 250 años, nuestros fundadores crearon un orden constitucional en el que los presidentes no eran reyes y nuestra nación estaría sujeta al estado de derecho. A medida que esta Corte Suprema partidista y desbocada nos aleja aún más de estos principios fundamentales y fundacionales, la necesidad de una reforma nunca ha sido mayor”, insiste el congresista Schiff.
“Tenemos una Corte corrupta y sin ley que, liderada por su mayoría conservadora, se ha colocado por encima del sistema constitucional como árbitro exclusivo del significado constitucional”, acusa el analista Jamelle Bouie en un editorial publicado en The Washington Post en los días posteriores al anuncio de Joe Biden.
Por cierto, dicho rotativo se unió a las críticas al intento de reforma judicial en México con una columna firmada por su consejo editorial titulada “El Estado de derecho en México está en peligro. Estados Unidos tiene razón en intervenir”. Ahí desarrollan la idea de que con dichas reformas se pone en juego “la integración económica de América del Norte” al estar en juego “la independencia judicial y el Estado de derecho en un país que ha sabido muy poco de ambos durante su larga historia”.
