Trump ha rechazado las órdenes judiciales argumentando que le corresponde a El Salvador, y Bukele dice que no está autorizado para liberar a Abrego García.
Por Rebecca Boone
Una jueza federal declaró el martes que la administración Trump está ignorando órdenes judiciales, obstruyendo el proceso legal y actuando de “mala fe” al negarse a proporcionar información sobre las medidas que han tomado —si es que han tomado alguna— para liberar a un hombre deportado por error que se encuentra en una prisión de El Salvador y devolverlo a Estados Unidos.
“Durante semanas, los demandados se han refugiado tras afirmaciones vagas y no fundamentadas de privilegio, usándolas como un escudo para obstruir el descubrimiento de pruebas y eludir el cumplimiento de las órdenes de este Tribunal”, escribió la jueza de distrito Paula Xinis en la orden emitida el martes. “Los Demandados saben, al menos desde la semana pasada, que este Tribunal requiere fundamentos legales y fácticos específicos para respaldar cualquier reclamo de privilegio. Sin embargo, han seguido basándose en afirmaciones genéricas. Eso se acaba ahora”.
La jueza dio a la administración hasta las 6 p.m. del miércoles para presentar dichos detalles.
La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó hace casi dos semanas a la administración Trump que facilitara el regreso de Kilmar Abrego García desde una notoria prisión salvadoreña, rechazando el argumento de la Casa Blanca de que no podían traerlo de vuelta tras haberlo deportado por error.
Los funcionarios de la administración Trump han rechazado las órdenes, argumentando que le corresponde a El Salvador decidir —aunque el presidente salvadoreño también ha dicho que no tiene el poder para devolver a Kilmar Abrego García. Además, la administración ha sostenido que la información sobre las acciones que ha tomado, o podría tomar, para traer de vuelta a Abrego García está protegida por el privilegio abogado-cliente, leyes de secretos de Estado, privilegios gubernamentales generales u otras normas de confidencialidad.
Pero la jueza Xinis afirmó que esos argumentos, sin hechos concretos que los respalden, reflejan una “negativa deliberada y de mala fe a cumplir con las obligaciones de descubrimiento de pruebas”.
No es la primera vez que la administración Trump recibe duras críticas por parte de un juez federal debido a su enfoque hacia los casos de deportación.
La semana pasada, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito reprendió a la administración, afirmando que su alegato de que no puede hacer nada para liberar a Abrego García “debería ser escandaloso”. Ese fallo se produjo un día después de que un juez federal en Washington, D.C., encontrara causa probable para considerar en desacato penal a la administración Trump por violar órdenes judiciales que prohibían el envío de aviones con deportados a El Salvador en otro caso legal distinto.
Tanto demócratas como expertos legales afirman que el presidente Donald Trump está provocando una crisis constitucional, en parte por ignorar los fallos judiciales, mientras que la Casa Blanca sostiene que el problema son los jueces.
