Las armas pasaban a México por los puertos de San Diego-Tijuana y por varios puertos de Arizona, pese a la vigilancia los elementos de la SEDENA.
Los Ángeles Press
SAN DIEGO – Keith Octavio Rodríguez Padilla, un prolífico traficante de armas, fue sentenciado este lunes en un tribunal federal a 19.5 años de prisión por su papel en el suministro de armas y municiones al Cártel de Sinaloa. Este caso forma parte de una investigación de largo plazo dirigida contra la Organización Criminal Transnacional Valenzuela (TCO), un importante componente del cártel, conocido por ser uno de los mayores importadores de cocaína a Estados Unidos.
Rodríguez Padilla, de 39 años, fue identificado como el principal proveedor de armas de fuego, incluyendo rifles de calibre .50, subfusiles, lanzagranadas y pistolas, así como decenas de miles de cartuchos de munición. Estas armas fueron adquiridas en Estados Unidos, principalmente en California, Arizona y Nevada, y luego introducidas de contrabando a México a través de los puertos de entrada en San Diego y Arizona, a pesar de la constante vigilancia de las autoridades mexicanas, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)..
En noviembre de 2020, durante la vigilancia de un depósito de camiones en Otay Mesa, San Diego, agentes federales incautaron más de 20,000 cartuchos de munición de calibre .50, además de drogas, vehículos y grandes sumas de dinero en efectivo. Según los fiscales, Rodríguez Padilla compró esta munición para la TCO.
La investigación ha conducido a cargos contra 109 personas y a la incautación de aproximadamente 2,000 kilogramos de cocaína y fentanilo, además de más de 16 millones de dólares en efectivo y 21,000 rondas de munición. En esta investigación trabajaron 14 agencias de seguridad estadounidenses.
Autoridades como la fiscal estadounidense Tara McGrath y el agente especial de HSI San Diego, Shawn Gibson, destacaron que el tráfico de armas y municiones a México alimenta la violencia de los cárteles y afecta directamente la seguridad tanto en los Estados Unidos como en México.
El caso es parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Enfrentamiento de Criminales Organizados (OCDETF), que involucra a múltiples agencias de ley federales, estatales y locales en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
