Una nueva demanda acusa al gobierno de Trump de concentrar contratos del muro en dos firmas, sin competencia real. Una de las empresas seleccionadas ha enfrentado problemas legales y acusaciones de realizar obras de construcción de mala calidad.
Por Sam Karas / Perla Trevizo / Misty Harris
Cuando Tommy Fisher se propuso construir un tramo del muro fronterizo en el sur de Texas durante la primera administración de Donald Trump, el proyecto quedó rápidamente envuelto en controversia. Expertos advirtieron sobre una construcción deficiente y señales de erosión.
Además, la empresa de Fisher había recibido financiamiento de We Build the Wall, una influyente organización conservadora sin fines de lucro que tenía entre sus integrantes de la junta directiva a Steve Bannon, entonces estratega político de Trump. Algunos de sus líderes terminaron en prisión por su participación en esa iniciativa.
Incluso el propio presidente llegó a descalificar el proyecto.
“Estuve en desacuerdo con hacer esta sección muy pequeña del muro, en una zona complicada, por parte de un grupo privado que recaudó dinero mediante anuncios”, escribió Trump en X, en respuesta a una investigación de ProPublica y The Texas Tribune publicada en 2020, que documentó problemas en la construcción del muro.
Donald Trump descalificó en 2020 el tramo privado del muro construido por Fisher Sand & Gravel con fondos de We Build the Wall; después, esa misma constructora recibió nuevos contratos federales.
“Solo se hizo para hacerme quedar mal”, agregó en esa publicación.
Pero nada de eso impidió que la empresa de Fisher obtuviera nuevos contratos para construir el muro fronterizo, incluso por parte del estado de Texas. Ahora, el gobierno federal le adjudicó a su compañía más de 9 mil millones de dólares para construir más infraestructura fronteriza, incluido un contrato de 1.2 mil millones de dólares en la región de Big Bend, en Texas, donde residentes han seguido exigiendo respuestas sobre los planes del gobierno dentro y alrededor de uno de los parques nacionales más grandes del país.
Y, como ocurrió durante el primer mandato de Trump, el trabajo de Fisher vuelve a generar controversia. Una empresa constructora con sede en Nueva York demandó a la administración Trump después de que esta adjudicara la mayor parte de los nuevos contratos del muro fronterizo en Texas a Fisher Sand & Gravel, con sede en Dakota del Norte, y a otra compañía.
La demanda de Posillico Civil Inc., presentada el 13 de mayo ante el Tribunal de Reclamaciones Federales en Washington, D.C., ofrece una de las primeras miradas públicas al proceso de contratación en la frontera de Texas. La demanda sostiene que, de los 11 proveedores precalificados para los proyectos del muro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos otorgó casi 14 mil millones de dólares —alrededor del 73% del valor de los contratos— a solo dos empresas: la firma de Fisher y Barnard Construction, con sede en Montana. Los trabajos también incluyen proyectos de muro en los alrededores de El Paso, Laredo, Del Rio y el Valle del Río Grande.
La administración Trump ha sido objeto de escrutinio por otorgar contratos sin licitación y por la falta de transparencia en torno a sus planes acelerados de construcción del muro fronterizo, medidas diseñadas para ayudar al presidente a cumplir una de sus principales promesas de campaña: asegurar la frontera.
Durante su primer mandato, las decisiones de Trump también enfrentaron críticas. Una investigación de 2020 de ProPublica y The Texas Tribune encontró que el gobierno estaba otorgando contratos antes de adquirir los títulos de propiedad de los terrenos, lo que derivó en millones de dólares en costos relacionados con retrasos. Una revisión de datos de gasto federal realizada por ambas organizaciones también reveló cómo la primera administración Trump hizo cientos de modificaciones contractuales que incrementaron en miles de millones de dólares el costo del proyecto del muro fronterizo.
La administración no ha dado señales de frenar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos obtuvo 46.5 mil millones de dólares para construir el muro fronterizo en 2025, gracias a la One Big Beautiful Bill Act.
Contar con contratistas precalificados no es inusual, pues el sistema está diseñado para ayudar al gobierno a avanzar con mayor rapidez en los proyectos. Sin embargo, no está pensado para eliminar la competencia, explicó Charles Tiefer, una autoridad en derecho de contratación federal y exintegrante de la Comisión sobre Contrataciones en Tiempos de Guerra en Irak y Afganistán.
El Departamento de Seguridad Nacional “está eligiendo contratistas por lealtad y por la confianza de que cumplirán sus instrucciones, en lugar de hacerlo, como lo ha hecho cualquier otra administración, con base en el mejor valor”, dijo Tiefer, en referencia a reportes de que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, adjudicó un contrato de campaña publicitaria por 220 millones de dólares a una firma con la que tenía vínculos. En respuesta a la investigación de ProPublica, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la dependencia “no tiene participación en la selección de subcontratistas” y que no controla ni influye en las contrataciones que realizan sus proveedores.
“Recibieron enormes cheques en blanco y quieren firmarlos lo más rápido posible”, dijo Tiefer.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios para esta historia. Un portavoz de CBP dijo en una declaración escrita que el proceso de licitación ha sido justo. “Los contratos adjudicados se basan en las cualificaciones del contratista para realizar el trabajo de manera oportuna y a precios considerados justos y razonables”, escribió el portavoz, al señalar que ni CBP ni el Departamento de Seguridad Nacional tienen afiliación con We Build the Wall.
Un abogado de Posillico declinó hacer comentarios. La empresa ya había construido 43 millas de muro federal en el sur de Texas y también ganó un contrato para construir secciones del proyecto fronterizo estatal del gobernador Greg Abbott. El proyecto estatal experimentó muchos de los mismos retrasos de construcción y sobrecostos que el muro fronterizo de Trump.
Posillico alega en la demanda que incurrió en “costos sustanciales de preparación de ofertas y propuestas” para elaborar planes destinados a licitaciones federales que “no eran oportunidades competitivas genuinas”.
Aunque por ahora se trata solo de alegaciones, Scott Amey, experto en contratación pública y asesor general del grupo de vigilancia Project on Government Oversight, dijo que los contratos del muro fronterizo han sido durante mucho tiempo controvertidos y han generado dudas sobre lo que el gobierno obtiene a cambio del costo, así como sobre las conexiones políticas de algunos contratistas. Amey siguió de cerca las contrataciones del muro fronterizo durante la primera administración Trump.
“Hay preguntas sobre costos, ética y contratación que surgen cada vez que se menciona algo relacionado con el muro fronterizo”, dijo Amey.
Representantes de Fisher Sand & Gravel y Barnard no respondieron a solicitudes de comentario. Barnard se ha presentado como interviniente en el caso, lo que significa que no es parte de la demanda, pero busca participar en el proceso.
Aunque la gran mayoría de los nuevos fondos se está destinando a Fisher y Barnard, varias otras empresas obtuvieron porcentajes menores de los contratos: Spencer Construction LLC, Granite Construction Co. y Southwest Valley Constructors, que recientemente ganó otro contrato por 1.7 mil millones de dólares para la construcción de barreras dentro y alrededor del Parque Nacional Big Bend. Representantes de las otras compañías no respondieron a solicitudes de comentario para esta historia.
La demanda de Posillico sostiene que los contratos otorgados a las otras empresas fueron más allá del alcance original de los trabajos de construcción del muro que el gobierno federal dijo a los licitantes que estaba buscando.
En el proyecto del sector Big Bend de CBP, por ejemplo, finalmente se exigió a los contratistas instalar cercas para ganado y guardaganados, algo que, según la demanda de Posillico, no formaba parte de lo que el gobierno había solicitado originalmente a los posibles contratistas. Si el gobierno hubiera sido más claro sobre el alcance del proyecto, argumenta la demanda, la empresa pudo haber tenido una mejor oportunidad de ganar un contrato.
Como parte del nuevo alcance de trabajo, los contratistas ganadores, incluido Fisher Sand & Gravel, también deberán trabajar con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la agencia federal que administra los tratados relacionados con el Río Grande y la frontera física con México.
Fisher ya había tenido conflictos con esa comisión. En 2019, la comisión presentó una demanda en la que afirmó que Fisher había violado un tratado binacional de aguas entre Estados Unidos y México después de que la empresa construyera cercas en el sur de Texas. La investigación de ProPublica y The Texas Tribune encontró que un tramo de tres millas de muro fronterizo construido por Fisher en las riberas del Río Grande estaba en riesgo de colapsar si no era reparado. La empresa también construyó un segmento del muro fronterizo en Sunland Park, Nuevo México, sin seguir los procedimientos correspondientes. Ambos proyectos involucraron a We Build the Wall, la organización sin fines de lucro.
Al final, cuatro de los principales líderes de esa organización, incluido Bannon, fueron arrestados por cargos de fraude y otros delitos relacionados con el esquema de recaudación de fondos. Tres hombres, entre ellos un veterano de la Fuerza Aérea, fueron declarados culpables y sentenciados a prisión. Trump indultó a Bannon, quien esperaba juicio.
Fisher y el gobierno alcanzaron un acuerdo en 2022, mediante el cual Fisher Sand & Gravel aceptó realizar inspecciones trimestrales, mantener una compuerta existente y conservar una fianza de 3 millones de dólares durante 15 años o hasta que la propiedad fuera transferida al gobierno, con el fin de cubrir gastos en caso de que la estructura fallara.
Residentes locales protestaron en marzo contra la nueva infraestructura del muro en Presidio, Texas.
“Las reglas realmente no aplican”
La demanda de Posillico ofrece una inusual mirada detrás del velo del mundo multimillonario de la construcción del muro fronterizo, una industria que ha crecido durante la última década en respuesta a la recurrente promesa de campaña de Trump de construir un muro.
El proceso de contratación ha sido especialmente opaco en torno a las adjudicaciones del muro fronterizo, debido a que Noem eximió a la totalidad de la frontera sur de decenas de leyes que regulan la transparencia financiera y la competitividad en las contrataciones gubernamentales. Esa decisión marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos que esas exenciones se aplicaron a las 1,954 millas de la frontera entre Estados Unidos y México.
En su demanda, Posillico dejó claro que no impugna el uso de exenciones para acelerar la construcción del muro.
Para los residentes de las comunidades fronterizas, esas exenciones han significado que el Departamento de Seguridad Nacional haya difundido muy poca información sobre los enormes proyectos de infraestructura que llegarán a sus comunidades. Esta primavera, el Center for Biological Diversity presentó dos demandas en tribunales federales relacionadas con la construcción del muro en el área de Big Bend, específicamente por la falta de respuesta del Departamento de Seguridad Nacional a una serie de solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información sobre documentos relacionados con el proyecto, y para cuestionar la autoridad de la agencia para suspender leyes sin aprobación del Congreso. El gobierno aún no ha presentado respuestas a las demandas, con plazo hasta el 1 de junio para la queja relacionada con la solicitud de información, y hasta inicios de junio para la demanda sobre la autoridad del Congreso.
En la demanda de Posillico, el Departamento de Seguridad Nacional pidió sellar documentos del caso, incluidas declaraciones y testimonios jurados. El juez David A. Tapp autorizó la moción.
Ante la falta de solicitudes de propuestas publicadas públicamente y de comunicación directa desde Washington, los residentes de la región de Big Bend han estado dependiendo de un mapa en línea publicado por CBP, que dice rastrear los contratos conforme son adjudicados. Las líneas en el mapa han cambiado drásticamente durante los últimos meses, lo que ha generado preguntas sobre qué planea construir realmente el gobierno. La agencia retiró brevemente el mapa de su sitio web, casi al mismo tiempo en que las protestas por la posibilidad de un muro físico en el Parque Nacional Big Bend alcanzaban su punto más álgido. Cuando el mapa fue restaurado, parecía mostrar una combinación de “barreras vehiculares” y “caminos de patrullaje” planeados, en lugar de muros de acero dentro de los límites del parque.
Actualmente, Fisher Sand & Gravel está programada para construir un proyecto relacionado con el muro en el Parque Estatal Big Bend Ranch, colindante con el parque nacional hacia el oeste, aunque no ha divulgado públicamente ningún plan sobre cómo podrían verse las barreras fronterizas alternativas. Propietarios de tierras en comunidades adyacentes al parque aún se preparan para enfrentar procesos de dominio eminente por parte del gobierno federal.
Barnard trabaja en un proyecto fuera de los parques. Documentos incluidos en la demanda de Posillico revelaron que CBP ha identificado secciones del muro en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio para construcción “acelerada” por parte de esa empresa. Para respaldar esos trabajos, una granja de nueces cerca de la pequeña comunidad ganadera de Lobo comenzó a despejar una franja de tierra para instalar un campamento con capacidad para 500 personas y solicitó al distrito local de conservación de agua autorización para utilizar agua de pozos agrícolas en el proyecto.
Amey, el experto en contratación, dijo que la administración Trump parece querer convertir la excepción en regla, considerando prácticas controvertidas como la decisión de Noem de otorgar el enorme contrato publicitario fronterizo y el hecho de que el gobierno haya suspendido tantas reglas de contratación para acelerar la construcción del muro.
“Parece que esta administración, especialmente esta vez, decidió que las reglas realmente no aplican”, dijo.
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Rob D’Amico, de Big Bend Sentinel, contribuyó con reportería.
Sam Karas es periodista de Big Bend Sentinel. Puede contactarse en [email protected].
Nota del editor: Rob D’Amico, editor de Big Bend Sentinel, fue anteriormente integrante de la junta de Friends of the Ruidosa Church, organización involucrada en una demanda que impugna proyectos del muro fronterizo en la región de Big Bend. D’Amico se abstuvo de votar cuando la organización decidió sumarse como demandante y renunció a la junta directiva.
Fuente: ProPublica.org
