Madre de César Freyre, víctima de Isabel Miranda, fallece sin justicia por el falso caso Wallace

Por Guadalupe Lizárraga

In memoriam

María Rosa Morales Ibarra, víctima de Isabel Miranda Torres y madre de César Freyre Morales, falleció el 10 de julio, a las 2 de la tarde, a causa de un infarto cerebral y neumonía, en un hospital de la Ciudad de México, sin que le permitieran a César un permiso humanitario para asistir al funeral. 

Se trata del segundo miembro de la familia de César Freyre que fallece sin justicia y sin haber logrado verlo en libertad pese a su inocencia y en lucha contra la sentencia de 131 años de prisión por un crimen que no sucedió. La primera fue su hermana Julieta Araceli Freyre Morales, quien falleció a la edad de 40 años, dejando a dos menores en orfandad, a causa de un infarto cerebral el 22 de octubre de 2010, el mismo día en que torturaron a César, en El Altiplano, por segunda ocasión en ese mes, previo a que le otorgaran el Premio Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda.

En 2006, María Rosa Morales y su hija Julieta Freyre sufrieron durante año y medio la prisión injusta por falsas denuncias de extorsión por parte de Isabel Miranda, con el objetivo de presionar a César Freyre para que se declarara culpable del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.

La madre de César Freyre, ya en libertad, también sufrió el acoso y la intimidación de Isabel Miranda de manera sistemática. Una de las agresiones fue el 20 de febrero de 2019, después de que Miranda se enterara de que César Freyre había revelado a esta periodista que algunas de las torturas sufridas las había cometido directamente Isabel Miranda Torres, acompañada de agentes de la SEIDO Osvaldo Jiménez Juárez y Braulio Robles Zúniga, dentro del penal federal El Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.

A través de una misiva, Freyre señaló a Renato Sales Heredia –entonces comisionado nacional de Seguridad de Enrique Peña Nieto, hoy alcalde de Campeche por Morena–, de ser uno de los funcionarios que permitieron las torturas durante su gestión de 2015 a 2018, y la entrada a discreción de Miranda al penal, en complicidad con Jazmín Borbón Ochoa, quien fungía como directora de ese penal y hoy se encuentra al frente del penal El Rincón de Tepic Nayarit.

La última entrevista que María Rosa Morales dio a Los Ángeles Press fue para denunciar el acoso telefónico de Miranda.

“A mí me quitaron mi libertad, así –dice la madre de César Freyre en entrevista telefónica–. Yo me presenté para ver a mi niño en el arraigo, y allí me quitaron mi libertad. Y a mi hija igual, ya ve que ella falleció a consecuencia de eso. La verdad ahorita, yo no le tengo miedo a la señora, es como yo le digo, yo no le tengo miedo por tanto daño que me ha hecho. Es que la señora no me deja vivir en paz, si ya lo tiene ahí, ¿qué más quiere?”.

Después de la entrevista, Morales Ibarra puso una denuncia formal ante la FGR y de inmediato recibió una segunda llamada de Isabel Miranda para intimidarla de nuevo.

María Rosa Morales fue encañonada dentro de su casa por agentes ministeriales de SEIDO-PGR, el 26 de septiembre de 2016, y desde allí los ministeriales le hablaron por teléfono a su hijo César poco antes de tener un careo judicial ante el Juez Décimo Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, para que se incriminara por segunda ocasión del falso secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, e incriminara a sus coprocesados.

Después de las dos torturas del 2 y 22 de octubre de 2010, fue obligado a escribir una carta con la confesión y es la que presenta Isabel Miranda a los medios de comunicación como prueba para sostener el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto.

Los hechos fueron denunciados ante Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y se puso la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, institución que abrió la investigación penal contra Isabel Miranda Torres, desde el 11 de diciembre de 2018, y dos años después, el 16 de noviembre de 2020 determinó el no ejercicio de la acción penal, omitiendo los actos de tortura y secuestro en grado tentativa contra esta periodista y las víctimas en prisión, argumentando que los delitos de falsedad de declaración habían prescrito.