Rosario Martínez De la Vega Lunes, 29 de Julio del 2024, 23:40
La auditoría a PROFECO reveló pagos a "aviadores" y un fallecido, bajo la administración de Miguel Angel Armenta Galván.
Por Rosario Martínez De la Vega
Guanajuato.- De acuerdo con la auditoría 06/2021 realizada a PROFECO por el Órgano Interno de Control de la SFP, se identificaron diversas inconsistencias en la “Dirección General de lo Contencioso y Recursos”, encabezada en ese momento por Miguel Ángel Armenta Galván, y quien hoy es el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Según los documentos a los que este medio tiene acceso, tras la visita del organismo se detectaron pagos a aviadores, a un empleado fallecido, la creación de puestos no autorizados en el estatuto, e inconsistencias en los reportes de Juicio de Nulidad, lo que resultó en la no aplicación de multas.
Aviadores y un fallecido
Se localizaron 67 personas en el centro de trabajo, de las cuales 18 servidores públicos no estaban en funciones, potencialmente “aviadores”. Solo se comprobó la ausencia de 7, con justificantes irregulares.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO, del personal ausente, 3 presentaron recetas particulares, en lugar de licencias médicas del ISSSTE. En uno de estos casos, un familiar presentó un documento del ISEM (Instituto de Salud del Estado de México) que indicaba que el pariente tenía Covid; sin embargo, no se presentó prueba de laboratorio ni dictamen de vulnerabilidad. Ninguno de los funcionarios acreditó su falta con un documento oficial.
Asimismo, en la revisión de la nómina se detectó la falta de pago a 4 personas, mientras que 9 funcionarios públicos contaban con 16 registros activos. Los pagos continuaron durante el periodo de pandemia (entre 2020 y los primeros meses de 2021), sin que se justificara el destino de los recursos, que se cargaban a las nóminas.
Este problema fue “aclarado” posteriormente en el “seguimiento a la observación” emitido en la respuesta de PROFECO a la SFP; sin embargo, no se resolvió la falta de pago a cuatro de los funcionarios.
Asimismo, se identificaron pagos a un funcionario fallecido; no obstante, la auditoría no proporciona más datos sobre este caso, ni se menciona que se haya investigado a algún funcionario en particular.
Creación de Puestos No Autorizados
El documento también señala que se crearon puestos de dirección sin estar acreditados en el estatuto orgánico de la paraestatal. Dos funcionarios registrados en la “Dirección General de lo Contencioso y Recursos” ostentaron cargos no autorizados. Se trata de Omar Francisco Ríos García y Julio César Hernández Monjaraz, quienes se desempeñaban como directores de Recursos Administrativos y de lo Contencioso, respectivamente.
Inconsistencias en juicios de nulidad para no aplicar multas
En el caso más grave de la auditoría, se observó que múltiples procedimientos presentaban inconsistencias y varios servidores públicos estaban involucrados en irregularidades, lo que resultó en un fallo desfavorable para PROFECO y la no aplicación de multas en los juicios de nulidad.
Por este concepto, se determinó un daño de 9 millones de pesos en perjuicio de la paraestatal por 7 procedimientos administrativos. Se trata de los expedientes PFC.D.B.9/000697-2020, PFC.D.B.9/001093-2020, PFC.D.B.9/00116-2020, PFC.D.B.9/000404-2021, PFC.D.B.9/000005/2020, PFC.D.B.9/001923-2020 y PFC.D.B.9/002786-2020.
Incluso la SFP sugirió realizar una estadística al área emisora de los actos de impugnación, respecto a las causas por las que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió sentencias desfavorables a PROFECO.
Entre las irregularidades también se incluye que la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de PROFECO jamás presentó los expedientes correspondientes a los juicios de nulidad del periodo 2020 y primer trimestre de 2021, a pesar de que estos fueron requeridos por la SFP.
En la auditoría, se instruyó a la paraestatal a realizar apercibimientos por escrito al personal involucrado, advirtiendo que el incumplimiento de sus funciones y la inobservancia de la normatividad aplicable afectaban la adecuada operación y resultados de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos, llamando a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, esta observación fue considerada como no cumplida en el documento.
En 2022, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández reveló un esquema de “moches” que operaba desde PROFECO, conocido como “La Vacuna”, en contra de empresarios gasolineros, quienes supuestamente eran obligados a pagar hasta 50 mil pesos en efectivo a funcionarios de la paraestatal.
